En estos días se está presentando el documental “Las cloacas de Interior”, un trabajo de investigación que desentraña las maniobras de guerra sucia y persecución de los oponentes políticos en el seno del Ministerio de Interior del gobierno del PP.
Nueve meses de trabajo de producción y dos años de investigación, se resumen en los 80 minutos del documental “Las cloacas de Interior” que, producido por Mediapro, recoge el trabajo de los periodistas de Público Patricia López y Carlos Enrique Bayo. Con la realización de Andrea Ferrando, guión de Jaume Grau y dirección de Jaume Roures, entre las muchas entrevistas que se recogen en la película, están las de cuatro policías que por primera vez hablan a cámara. Se trata de Marcelino Martín Blas, ex jefe de Asuntos Internos de la Policía; el comisario Jaime Barrado, el más condecorado funcionario de la policía española; el sargento de la Guardia Civil José Oreja y un funcionario del Ministerio del Interior que permanece en el anonimato y que en el documental oculta su rostro con una máscara. Algunos de los destinatarios de las maniobras de intoxicación, dosieres falsos, difamaciones, etc., también dan su testimonio en el documental, como es el caso de los políticos Pablo Iglesias, Xavier Trias o el magistrado Baltasar Garzón.
En la sede de Mediapro Barcelona acudimos a un pase de prensa donde pudimos recoger los testimonios de Jaume Roures y Carlos Enrique Bayo. Por la tarde, más de mil personas asistieron al pase en el cine Aribau para ver un documental que, hasta la fecha de escribir esta crónica, ninguna televisión de ámbito estatal quiere emitir. Sí alguna televisión autonómica, también se proyectará en el Parlamento Europeo y está pendiente su exhibición en el Parlamento español, aunque hasta la fecha, los grupos políticos del mismo no se han puesto de acuerdo. Cuando termine su recorrido comercial, el documental será de libre acceso en la red.
Podemos decir que la guarra sucia y la utilización de las fuerzas de Seguridad del Estado como una policía política y al servicio de amiguetes, poderosos y las grandes fortunas, no comienza con el actual gobierno del PP. Desde la siniestra Brigada Político Social del franquismo (BPS), hasta en los gobiernos de UCD, PSOE y del PP, se han dado estas prácticas. El primer gobierno del PSOE, por ejemplo, se negó a renovar la cúpula policial y las estructuras heredadas del la dictadura franquista. Esta falta de ruptura con el franquismo es para muchos la causa de muchas de las prácticas antidemocráticas de hoy en día, que no sólo se dan en la policía o Guardia Civil, sino que se extiende entre fiscales, jueces y demás miembros de la judicatura; y cómo no, entre los medios de comunicación y periodistas que, a cambio de prebendas y discutibles exclusivas, colaboran con los policías corruptos. Claro que el primer gobierno de Felipe González dio un paso más, cuando bajo su mandato se creó el grupo parapolicial GAL, que practicó Terrorismo de Estado a cuenta de los fondos reservados, fondos que hoy también se utilizan para comprar testigos falsos, operaciones ilegales, montajes como lo del “Pequeño Nicolás” o los presuntos pagos a María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola o al empresario Javier de la Rosa. Lo grave es que, en casos tan flagrantes de corrupción como lo son los del clan familiar del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, las prácticas ilegales de esta policía paralela o brigada política, pueden hacer que las causas abiertas sean desestimadas por defectos de forma. Para Jaume Roures:
“Las libertades democráticas están siendo atacadas desde todos los sitios y en este país que, desgraciadamente, tiene poca cultura democrática; los recortes que nos dejamos hacer de las libertades continuarán si nadie es consciente del nivel al que están llegando”.
Aunque el documental arranca con el caso que destapó Público sobre las escuchas telefónicas al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que en conversación con el exjefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso en junio de 2016, se desprenden las maniobras para desprestigiar a los dirigentes políticos catalanes que propugnan el referéndum sobre la independencia de Catalunya, en el film se abordan otros casos como el Interligare -contratos de adjudicación a la empresa que da nombre al caso a la que pertenecían antiguos mandos de la policía. El ministro del Interior de entonces era Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE-; Elisa Pinto –caso del presunto acoso sexual del empresario Javier López Madrid (amigo del rey Felipe VI y yerno del poderoso empresario Juan Miguel Villar Mir) a esta dermatóloga que sufrió amenazas y dos apuñalamientos cuando quiso denunciar. Entre los investigados por las amenazas y los apuñalamientos están varios policías, entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo, que trabajaba para López Madrid; informe Veritas –otro trabajo de Villarejo que consistió en la elaboración de falsos dosieres para desprestigiar al juez Baltasar Garzón que estaba investigando las actividades del GAL-; la trama de espionaje dentro del PP de la Comunidad de Madrid, la Operación Catalunya; Caso Palau; el informe PISA, sobre la financiación de Podemos; el caso de la agencia de detectives Método 3 de espionaje a políticos. Lo que demuestra un modus operandi que socaba los mismos cimientos de la democracia. Baltasar Garzón nos dice:
“El informe Veritas era el síntoma de una enfermedad, corrosiva, interna, cancerígena, que era la mala praxis de los servicios de información, de contrainteligencia, de un modo de hacer y de actuar desde aparatos del Estado que estaban corrompidos desde sus propias bases”.
Baltasar Garzón, que sabe de esto como cuando le tocó a él aplicar la Ley Antiterrorista y cerrar periódicos y desatender denuncias por torturas, por cierto, aunque reconoció que… «Quizás nos sobrepasamos en la aplicación de Ley Antiterrorista», como ahora se está haciendo en el Caso Alsasua, por cierto.
Pero ¿Quiénes son los verdaderos antisistema?
CASO TRIAS
Al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, miembro del CDC, hoy en el PDeCAT, partido impulsor del referéndum por la independencia de Catalunya, se le relacionó con una cuenta en Suiza opaca a la hacienda española; información que resultó ser falsa. Sobre ello nos cuenta Carlos Enrique Bayo:
“En la conversación entre el ministro de Interior y De Alfonso, el ministro insiste una y otra vez en que la información, falsa, sobre Trias tiene que salir a la luz…, tiene que ser filtrada en el plazo de una semana máximo. Justo antes del proceso participativo no vinculante del 9 de noviembre de 2014 en Catalunya. Con el objetivo de desacreditar a los promotores de dicha consulta”.
Por su parte, el propio Xavier Trias da su opinión:
“Es esperpéntico escuchar al ministro hablando de Xavier Trias como si fuera un amigo y resulta que está tramando una manera de acabar con una persona que se dedica a la política. Te quedas escandalizado. Siempre digo lo mismo, yo sabía que el señor Fernández Díaz era deshonesto, pero gracias a la publicación de estas conversaciones, todo el país se entera que es profundamente deshonesto. El único que no se ha enterado es el presidente del gobierno, Mariano Rajoy”.
El periódico El Mundo fue el elegido para filtrar las falsas acusaciones contra Trias:
“Tuve un careo a través de una radio con el director del El Mundo y le anuncié que les pondría una querella. Al día siguiente su diario publicaba en portada el número de mi supuesta cuenta en Suiza. Fue una suerte para mí, ya que eso me permitió ir al banco suizo para que me hicieran un certificado donde se demostraba que yo nunca tuve una cuenta en dicho banco”.
Incluso los números no correspondían a los utilizados por dicho banco. La noticia de El Mundo se publicó el 27 de octubre de 2014 y la firmaban Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro. Se han acreditado más de 200 comunicaciones entre la cúpula policial y los periodistas del El Mundo, entre ellos con el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, José Villarejo y el comisario, conocido como “El Gordo”, Enrique García Castaño, todos ellos presuntos miembros de una policía política al servicio del gobierno de turno. El periódico ABC también recibió la misma información, pero no la publicó por considerarla poco fiable. A mediados de noviembre de 2016, el juez que instruía la querella presentada por Xavier Trias contra los tres citados informadores de El Mundo apreció caracteres de delito en la actuación de los periodistas. Los redactores de El Mundo dejaron muy claro ante el juez que la información que publicaron sobre Xavier Trias procedía del Ministerio del Interior. Hace poco se supo que el funcionario Fuentes Gago viajó a Suiza a investigar sobre Xavier Trias, con la oposición del fiscal. Y que Interior fletó un avión a Ginebra, que pagamos todos, buscando cuentas del exalcalde. La actividad del entramado político-policial no se limita al territorio español. Los testimonios cruzados de los hermanos Cierco (propietarios de Banca Privada de Andorra) con Martín Blas, revelan maniobras ilegales para conseguir las cuentas opacas del clan Pujol. El exjefe del gobierno andorrano y exabogado de los hermanos Cierco, Jaume Bartumeu, denuncia presiones y coacciones por parte de la policía española y una actuación que viola la soberanía de un país extranjero. Dice Bartumeu:
“Mediante el procedimiento informático de vaciado de archivos, se llevaron todos los archivos de todas las cuentas de los clientes de Banca Privada de Andorra”.
LA OFICINA SINIESTRA
En el documental, como ya dijimos, hay un testimonio de un anónimo funcionario de Interior:
“Mi decisión de salir en una entrevista, y denunciar, si se puede llamar así, es por la situación enquistada en la Dirección General de la Policía de manipulación política que se está dando últimamente”.
La periodista de Público, Patricia López, nos dice que actualmente hay una caza de brujas para detectar a los funcionarios que están colaborando para destapar todo este entramado. Por ello este funcionario se ve obligado a esconder su rostro y distorsionar su voz. Nos sigue contando:
“La competencia del ministro de Interior es la coordinación y dirección policial, pero no la de encargar investigaciones a la carta o por interés partidista”.
¿Se puede hablar de una brigada política?
“Es una brigada política compuesta por mandos policiales de la máxima confianza del ministro –actualmente exministro Jorge Fernández Díaz-. Por ejemplo, el Director Adjunto de Operativos (DAO), Eugenio Pino, para este tipo de operaciones que se podían denominar “alegales”, se sirve de inspectores jefes de su máxima confianza, como Fuentes Gago, Bonifacio Díaz, etc., luego hay otra rama que dirigía el comisario Villarejo, y una tercera rama que se ha denominado “La Oficina Siniestra”, que está ubicada en la calle Rafael Calvo de Madrid, junto a la sede de la Dirección General de la Policía. A esta oficina se le ha atribuido la realización de una serie de informes, que bien se han elaborado y dirigido para defender a personas que son afines a esta brigada, o para atacar a compañeros o funcionarios que se han atrevido a denunciar lo que está ocurriendo en la policía, como es el caso de los ataques al comisario Jaime Barrado”.
EL “PEPITO GRILLO” DE LA POLICÍA
El multicondecorado y hoy jubilado, comisario Jaime Barrado, movido por la “repugnancia” de las cosas que ha visto en los últimos años de ejercicio de su profesión, declara:
“En mis cuarenta años de policía, en mi vida había visto, o había sospechado, que un grupo de policías se dedicaran a proteger a los malos en contra de las víctimas de los delitos”.
Para Barrado está claro quién está detrás de este entramado:
“A la mano negra yo le pongo nombre, es Villarejo”.
En los años noventa, el secuestro de la joven Anabel Segura conmovió a la sociedad española. El comisario Barrado, después de una larga investigación, fue el responsable de la detención de los autores del secuestro y asesinato de la joven. Patricia López habla sobre Barrado:
“Jaime Barrado es el policía constante, cabezota, obcecado, que hasta que no resuelve un caso no para. Él en el grupo de secuestro, se dedicó a investigar muchos asesinatos sin resolver o que no se encontraron los cadáveres. Aún hoy, sigue en contacto con las familias de las víctimas y sigue dándole vueltas a estos casos para poder acabar lo que en su momento no pudo cumplir”.
El comisario Barrado también fue víctima de la brigada política, sufrió represalias cuando investigaba el “Caso Interligare”:
“Interligare era la investigación de la corrupción policial. Eran tres comisarios que habiendo estado metidos en empresas, no pagaban a Hacienda o a la Seguridad Social. Nos pusimos a tirar del hilo hasta que descubrí que los malos estaban siendo advertidos por José Luis Olivera Serrano, que era mi jefe más inmediato”.
Jaime Barrado propuso la detención de los tres comisarios implicados, Luis Luengo, (exdirector general de infraestructuras del Ministerio de Interior cuando lo dirigía Rubalcaba –PSOE-); Miguel Ángel Fernández Rancaño, (comisario exjefe superior de Policía de Madrid) y Gabriel Fuentes González (excomisario general de Información). A los tres días el comisario Barrado fue cesado y destinado a la comisaría de Chamartín. Fue allí donde Barrado se dedicó a la investigación del acoso y apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto. Barrado trató de tomar declaraciones a Javier López Madrid. Nos cuenta:
“Ahí empezó eso que, para un policía, te incentiva, que es cuando empiezas a recibir llamadas extrañas y contestaciones raras y mentiras. Por ejemplo, el señor López Madrid tenía que ver con la empresa OHL, del Grupo Villar Mir, pues evidentemente, por ello me pongo en contacto con el jefe de seguridad de la empresa. Y me dice el jefe de seguridad, no quiero decir su nombre, que… “López Madrid es desconocido total en esta empresa”.
La agresión física que recibió la doctora, advirtiéndola que dejara en paz a Javier López Madrid, fue denunciada en la comisaría de Chamartín. Nos cuenta Barrado:
“Preparo un juego de fotografías, lo que hacemos todos los policías, para levantar un acta de reconocimiento fotográfico, que es la previa. Entre varias fotografías de individuos con las mismas características físicas, pongo la foto del individuo éste, conocido como José Villarejo, y Elisa Pinto lo reconoce sin ningún género de dudas. Es tan observadora esta mujer, que me dice que en esa fotografía estaba muy joven, es ese, pero tiene más años cuando me apuñala. Yo entrego al jefe superior de la policía de Madrid las diligencias donde, presuntamente, está implicado un comisario de policía como autor de varios delitos y, a los dos días, me cambian de comisaría y me destinan a una comisaría conflictiva, la de Carabanchel. Nadie me dice por qué (…). El sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes”.
También le abrieron un expediente al comisario Barrado que terminó con la suspensión de empleo y sueldo. Presentó un recurso, y la Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó a su favor diciendo que la credibilidad del comisario Jaime Barrado estaba fuera de toda duda. ¿Y la mano negra?
UN MALVADO NECESARIO
En la historia reciente de España tenemos ejemplos de esos personajes oscuros que maniobran entre las cloacas sirviendo a oscuros intereses, como los policías José Amedo y Michel Domínguez, el espía Francisco Paesa, Luis Roldán, el corrupto político exdirector de la Guardia Civil en la época del gobierno del PSOE, etc. Ahora, casi como una estrella mediática, tenemos a un comisario que, curiosamente, no está adscrito a ninguna comisaría, pero pertenece a la DAO, aunque esto también está en duda. Nunca firma sus informes como es preceptivo, con su número de carné profesional, se trata del antiguo miembro de la BPS y del Sindicato Profesional de Policía, José Villarejo, implicado en los falsos dosieres contra Garzón donde se relacionaba al exjuez con narcotraficantes. Ofreció sus servicios extrapoliciales para tapar el asunto del ático de Ignacio González, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid por el PP, y en prisión por el “Caso Lezo”, la trama de corrupción del Canal de Isabel II. Villarejo también participó en el caso del “Pequeño Nicolás”, el presunto apuñalamiento de Elisa Pinto, “Operación Catalunya”, etc.; además de ser un empresario millonario, aunque él dice que su entramado de empresas tiene “un objetivo policial”. En algunas de sus empresas, como Schola Iuris, que imparte máster a estudiantes de derecho, sus profesores son altos mandos de la policía, la Guardia Civil y sobre todo, magistrados y fiscales. Ahora podemos entender la red de impunidad que rodea a este sujeto. Cada vez que un policía quiere investigar a este hombre, como le pasó a Barrado, termina suspendido o trasladado.
Sobre José Villarejo dice Barrado en el documental:
“Es un auténtico mafioso”.
Uno de los empresarios utilizados en la “Operación Catalunya” contra Xavier Trias fue Javier de la Rosa, que presuntamente cobró por ello.
LA “MORTADELA” DE JAVIER DE LA ROSA
José Villarejo, para contactar con el empresario Javier de la Rosa y utilizarlo como testigo en el caso Pujol y Trias, utilizó una de sus identidades falsas, como Manuel Pérez Villar, abogado. Con otra de las testigos, María Victoria Álvarez Martín, Vicky, se presentó como Javier Hidalgo, periodista. Todo ello sin control judicial, ya que el trabajar con identidades supuestas está regulado por la ley 5/99, que es la norma para agentes encubiertos. En las conversaciones intervenidas entre Villarejo y De la Rosa se deduce un acuerdo, el empresario dará información sobre el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y Villarejo solucionará sus problemas legales y económicos. De la Rosa sólo cobró una parte del dinero prometido, dinero que en parte salió, según unos wasap entre el pequeño Nicolás y De la Rosa, del presunto sindicato Manos Limpias, con lo que el círculo de la mafia político policial se cierra. Javier de la Rosa, en comunicaciones con el pequeño Nicolás –Francisco Nicolás Gómez Iglesias- siempre le está reclamando su “mortadela”, la mortadela que le han dejado a deber. Al parecer, José Villarejo le prometió 400.000 euros al empresario y sólo le pagó la mitad. De la Rosa le dijo al pequeño Nicolás al recibir el primer pago que de todas formas pasaría por la “Charcutería de Manos Limpias”.
¿Y la fiscalía? ¿Ha abierto diligencias ante estos hechos delictivos? Cuanto menos, citando sólo el caso de los seguimientos ilegales en las disputas internas del PP de Madrid… ¿No hay una malversación de fondos públicos por intereses de partido? Pues hasta ahora no hay medidas de la fiscalía, es más, los grupos parlamentarios del PP, PSOE y C’s pactan liquidar la comisión de investigación sobre la cloacas de Interior, como ha informado recientemente Público. Esto es un albañal que pone en cuestión el estado democrático de España.
