El canon del agua es un impuesto proporcional a la cantidad consumida. Fue establecido en Cataluña por la Generalitat en abril de 2000, y su recaudación se dedica al mantenimiento de las infraestructuras de producción y transporte del agua para consumo humano, así como del óptimo estado de los acuíferos y ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, su importancia es fundamental para garantizar la calidad de un servicio básico; más aún, de un derecho de todos los ciudadanos que la mayoría de la sociedad civil catalana prefiere ver confiado a la titularidad pública, para librarlo de cualquier tentación especulativa.
En junio de 2014 se supo que la Generalitat de Cataluña cederá la recaudación del canon del agua pagado en la conurbación barcelonesa al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), agrupación administrativa de municipios que reúne a unos tres millones y medio de habitantes y gestiona una red de espacios públicos, infraestructuras y transportes comunes. A cambio de la cesión, la AMB pagará a la administración autonómica unos 800 millones de euros.
Una privatización encubierta
La AMB no asumirá directamente la administración del impuesto, sino que cederá esta, a través de una compañía mixta, a la multinacional Aguas de Barcelona (Agbar). A pesar de su nombre, Agbar tiene como accionista más que mayoritario a la corporación francesa Suez (99,49 %), a través de la compañía Hisusa Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A.
La sufragánea encargada del cobro del canon y la gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas del territorio metropolitano responde a la razón social de Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S. A. Fue constituida en agosto de 2014 y está participada en un 85 % por Agbar y en el 15 % restante por la AMB.
Pagar dos veces, ¿para qué?
Gran parte de las instalaciones que pasarán a control de Agbar fueron sufragadas en su día con fondos de cohesión europea, que se reciben a fondo perdido, sin devolución por parte del beneficiario (en este caso, la administración autonómica). El resto de las infraestructuras concernidas ha sido costeado por la Generalitat con fondos del erario público. Así pues, los vecinos del área metropolitana pagarán dos veces por las segundas, puesto que los 800 millones procedentes de la AMB saldrán igualmente de sus tributaciones, y no extrañe a nadie que este sobreprecio se amortice a golpe de recibo, con una subida de tarifas o gravámenes.
Pero a la extraña transferencia de fondos y bienes entre administraciones se suma una financiación no menos problemática a ojos de muchos. Para asumir el coste de la operación, Agbar creó en julio de 2014 una compañía filial, Aigües de Barcelona Finance, encargada del lanzamiento de una emisión de bonos a 30 años por valor de 800 millones de euros, que generarán una cantidad similar en concepto de intereses financieros. Un dineral que irá a manos de inversores especulativos y que también, cómo no, habrá que abonar con los beneficios devengados por un bien común transmutado en negocio privado por arte de birlibirloque.
Un modelo arriesgado, por insostenible
La cesión del canon supone un golpe muy grave, quizá mortal, para la Agencia Catalana del Agua (ACA), instancia pública reguladora del servicio de aguas, un tercio de cuya financiación depende de dicha tasa (perderá unos 150 millones de euros anuales). Con semejante merma presupuestaria, parece muy difícil que la ACA pueda mantener la totalidad de su personal, y deberá hacer juegos malabares para seguir con sus tareas de planificación hidrológica, control de la calidad del agua, saneamiento, etc. En el resto del territorio catalán.
Con el cambio de jurisdicción, y aparte de la sangría económica ya comentada, se teme que la cesión del canon a Agbar repercuta en un empeoramiento de la calidad del servicio (la compañía, fuertemente endeudada por la emisión de bonos, procurará reducir costes de todo tipo), con posible perjuicio social y ambiental. Y se rumorea que la única razón para el trueque del canon por dinero es la necesidad de la Generalitat de tapar un agujero de 2.300 millones de euros en su presupuesto de 2014 (la operación le reportaría una tercera parte de dicha cantidad).
Petición ante la cámara europea
A principios del mes en curso, la organización catalana Aigua és Vida presentó un escrito ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en el que se denunciaban distintas irregularidades en el proceso de constitución de la sociedad mixta propiedad de Agbar y AMB. Entre otros defectos, la asociación hacía hincapié en la ausencia de un proceso de licitación pública para la adjudicación del servicio, que fue sustituido por una “adjudicación por invitación”; la vulneración de la libre competencia; la participación de Agbar en los pliegos de la concesión; la ausencia de contratos de servicios en una veintena de municipios de la AMB; la duración injustificada de la concesión hasta 2047; y una posible revalorización de los activos privados de la nueva empresa –aportados por Agbar– combinada con la infravaloración de los activos públicos en más de 50 millones de euros.
Un procedimiento escandaloso
Lluís Rabell, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), considera que la cesión del canon a la AMB “es uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos. Se ha dado una auténtica confiscación del bien común por parte de intereses privados, bajo la responsabilidad de lo que podríamos llamar la sociovergencia”, puesto que las dos formaciones políticas mayoritarias de comunidad autónoma, Convergència i Unió y Partit dels Socialistes de Catalunya –pero también Esquerra Republicana y el Partido Popular– estuvieron de acuerdo en poner en marcha la operación. “Todo este proceso ha coincidido con los preparativos de una campaña de la FAVB por la remunicipalización del servicio de aguas, inspirada en la experiencia de París”, ciudad pionera en esta iniciativa, “donde fue posible la mejora del servicio, unida a la contención de precios”.
El caso se agrava ante el hecho de que Agbar –lo asegura Rabell, escudándose en varias sentencias judiciales– operaba el servicio de aguas de Barcelona sin contrato, lo cual en sí mismo supone una irregularidad administrativa intolerable. Opacidad total para una empresa que funciona como “un cementerio de elefantes”, es decir, otro refugio para los políticos que reciben su recompensa por los servicios prestados, y no precisamente al bien común.
