El encarcelamiento del presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tras ser acusados por sedición, ha sido condenado por Amnistía Internacional, entidad que ha calificado los cargos de ‘’excesivos’’ y que ha pedido la liberación inmediata de los presos. Hablamos con Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Catalunya.
Ya hace cinco días que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se encuentran en la prisión de Soto del Real después de que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretase prisión provisional para ambos en considerarlos los principales promotores de las protestas pacíficas que tuvieron lugar el pasado 20 y 21 de septiembre ante la sede de la Conselleria de Economia de Barcelona, en desacuerdo con la macrooperación policial que el Gobierno español llevó a cabo para intentar frenar la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Amnistía Internacional emitió el pasado miércoles comunicado condenando la respuesta judicial, que calificó de ‘’desproporcionada’’ por no acogerse al derecho internacional al no respetar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y pidió la retirada de cargos y la liberación inmediata de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural.
Los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica, recogidos en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los artículos 20 y 21 de la Constitución Española, respectivamente, contemplan que las personas u organizaciones puedan expresar opiniones en cualquier momento y de forma individual o colectiva. En este marco, declara Ribas, ‘’la restricción en este caso de imponer cargos por un delito tan grave como es el de sedición y una pena privativa de libertad como es la prisión es excesiva y no encaja con el marco del derecho internacional’’, y explica que la decisión lo que ha hecho, en cambio, es ‘’traspasar una línea roja que no se debería traspasar en ningún momento’’, teniendo en cuenta que el papel de las autoridades debería ser precisamente el de ‘’proteger estos derechos de los particulares’’, prosigue.
Ante la denominación de ‘’presos políticos’’ que ha causado tanta confrontación a la hora de definir a los Jordis, Ribas explica que desde la organización no utilizan nunca el término ya que no existe una definición internacional que aclare su significado. Utilizan, en cambio, el de ‘’presos de consciencia’’, que Amnistía Internacional define como ‘’aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma’’. Esta sí que cuenta con reconocimiento internacional, pero Ribas determina que es demasiado pronto para adoptarla, pues los hechos son aún muy recientes.
‘’Hay abierto un proceso judicial donde quedan por determinar elementos y circunstancias que pasaron el 20 y 21 de septiembre y con los cuales tendríamos información para determinar si podemos considerarlos presos de consciencia o no’’, declara, remarcando, por otro lado, que en el contexto actual ‘’la información y los hechos pasan de forma muy rápida’’ pero que en momentos como este ‘’es fundamental investigar, documentarse, contrastar diferentes fuentes, visionar imágenes y hablar con testimonios’’, y que eso requiere tiempo. ‘’Realizar una denuncia por una violación de derechos humanos’’, añade, es ‘’gravísimo’’, por lo que no hay que precipitarse a ‘’las urgencias y la inmediatez’’ de estos días y esperar a tener suficiente información.
Hoy el Gobierno español pondrá en marcha el artículo 155 de la Constitución del que tanto se ha hablado pero cuyo contenido es tan poco preciso. Después de un Consejo de Ministros extraordinario se harán públicas las medidas que el gobierno va a tomar. Ante el desconocimiento total de un artículo que nunca se ha aplicado, observa Ribas, desde Amnistía Internacional contemplan que se puedan dar escenarios de movilizaciones en los próximos días, una cuestión que les preocupa por la posibilidad de que se incumpla de nuevo el derecho a la reunión pacífica imponiendo restricciones o sanciones en manifestaciones pacíficas.
Entre las medidas que podría tomar el gobierno en el marco de la aplicación del artículo 155 se ha hablado ya de la posible intervención de consellerías como Interior, Economía y Ensenyament, y de organismos como los Mossos d’Esquadra o la radiotelevisión pública, hasta de la posible inhabilitación de cargos políticos y la disolución del Parlament, además de que se prevé la convocatoria de elecciones para el próximo enero. En este sentido, Ribas remarca que desde la organización no tienen comentarios respeto a la aplicación del artículo en tanto que ‘’forma parte de una organización territorial de un estado y de la distribución competencial’’ y ‘’no afecta intrínsecamente a los derechos humanos’’, pero reconoce la posibilidad de que haya consecuencias para estos, con más detenciones o penas excesivas. Aun así, reclama no adelantarse a los acontecimientos, y manifiesta la importancia de hacer análisis de las situaciones que se puedan dar caso por caso.
Desde que la crisis catalana endureció su tono, a partir del día 20 de septiembre, cuando se dieron una docena de detenciones y hubo registros en consellerías de la Generalitat, la gestión del Gobierno español ha estado marcada por dos hechos principales. Uno ha sido la detención de los Jordis y el otro las duras cargas policiales que tuvieron lugar durante la jornada del 1-O. Ribas afirma que ‘’las cargas policiales haciendo uso excesivo de la fuerza contravienen también de forma tajante el derecho internacional y vulneran los derechos humanos’’, y manda un mensaje a las autoridades para que recuerden: ‘’esto es un conflicto político que se tiene que resolver en el ámbito político. Ahí es donde se va a llegar a la resolución, si no el conflicto puede dar paso a más violaciones de los derechos humanos’’.
Son múltiples las denuncias que Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones, ha hecho al Gobierno español por incumplir con el derecho internacional. En materia migratoria, de vivienda, de seguridad o de violencia de género son solo algunas de una larga lista que nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto un país supuestamente avanzado y democrático se compromete con el respeto a los derechos más fundamentales.
‘’El estado español tiene muchos frentes abiertos en materia de derechos humanos’’, lamenta Ribas, que remarca, en este sentido, la importancia del trabajo de identificación, denuncia, sensibilización e incidencia política para ‘’conseguir cambios y que se reviertan estas percepciones de que los derechos humanos no son tan importantes como para tener que respetarlos’’, y se atiendan por lo que son, ‘’cuestiones prioritarias’’.
(Sabadell, 1995). Estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y escribe sobre cultura, género y política. Actualmente, trabaja como escritora, traductora y Community Manager "freelance".
