El asesinato por parte de un preso -que luego se suicidó- de una trabajadora de la cocina en un Centro Penitenciario catalán hace unas semanas ha sido el desencadenante del conflicto en las cárceles catalanas. El equilibrio entre la defensa de los DDHH en las cárceles y la seguridad de los funcionarios de prisiones centra el eje del debate.
El conflicto estalló hace unas semanas con la muerte de Núria López, la encargada de la cocina de la prisión de Mas Enric, asalariada del CIRE (Centre de Iniciatives per la Reinserció y la Rehabilitació), la empresa pública que ofrece trabajo y formación profesional para, según la empresa, facilitar la reinserción laboral de los presos cuando salgan en libertad. No había ocurrido nunca en ninguna cárcel catalana ni en las del Reino de España que un preso matara a un trabajador o trabajadora dentro de la cárcel. En el trasfondo de esta tragedia hay un debate que viene de lejos y que ahora se ha puesto encima de la mesa social y mediáticamente: ¿Cómo hacer que los derechos de las personas presas (pp en adelante) no se vean amenazados y conculcados en su vida en prisión, y por lo tanto puedan ser ejercidos, a la vez que las y los funcionarios de prisiones (fp en adelante) puedan trabajar en un entorno seguro?
Solo puede darse una de las siguientes dos situaciones al parecer de la que escribe: 1) o se defienden, se amplían y respetan todos los derechos fundamentales en las cárceles, a excepción de los que se vean limitados por el juez o la jueza mediante la sentencia impuesta, con lo cual las pp deben disfrutar de todos los demás derechos de los que disfrutamos las personas no encarceladas. Teóricamente esto es lo que debería suceder tal y como está definido en la legislación penitenciaria o 2) se atienden las reivindicaciones de los fp, quienes defienden – entre otras medidas de tenor más sindical como un aumento de plantilla – que para su seguridad y, con sus palabras, “poder hacer bien su trabajo”, deben dotarse de más medios coercitivos (como los aerosoles pero también se han planteado las pistolas táser), así como pasar a tener la consideración de “agente de la autoridad”, lo cual significa que lo que hasta ahora podía ser tipificado y sancionado como una “falta” regulada en el régimen sancionador en la legislación penitenciaria, pasaría a considerarse delito de “atentado a la autoridad”, con lo que permitiría al fp abrir una vía mediante denuncia penal a una nueva causa contra la pp, causa que se le sumaría a las causas o causa por las que está en prisión. Y como última reivindicación de los fp, piden eliminar ciertas circulares emitidas por la Conselleria de Justícia por medio de la Secretaria de Mesures Penals que, según ellos, limitan su libertad de movimiento y de acción a la hora de decidir en situaciones conflictivas o les “atan de manos” jurídicamente al no poder actuar como ellos creen que hay que hacerlo. Circulares que tildan de “garantistas” o “bonistas” hacia las pp. Todo este conjunto de “reivindicaciones”, además, debe pasar por la dimisión de los máximos responsables de la Conselleria de Justícia y de las prisiones catalanas, en quienes se ha personificado la “deriva garantista” que tiene lugar en los CP catalanes.
A todo esto y como es sabido, el medio de lucha que han utilizado los fp para ejercer sus reivindicaciones, y por el que han obligado a tomarse el problema en serio a las y los responsables de la administración correspondientes, son los “cierres” de los centros penitenciarios (CP en adelante). Un cierre significa que un piquete de fp se planta delante del acceso -carretera, vía pública, etc.- a un CP y no permite ni la salida ni la entrada de nadie ni nada que el piquete no autorice. Principalmente se “impide” el relevo del turno entrante de mañana, que releva al turno saliente de noche de los fp. Aunque se ha permitido más o menos en función de los CP la entrada del personal sanitario, de algunos fp para determinadas funciones específicas, así como de camiones sanitarios o ambulancias y algunas excepciones más, como el personal del CIRE de las cocinas – la empresa pública que tiene prácticamente el monopolio de la actividad económica en los CP catalanes y de la que hablaremos más adelante-, lo que pretende el cierre de un CP es alterar la vida interna del CP en tal medida que las pp no puedan ejercer su vida normal y las rutinas que ejercen en su vida en prisión: salidas a visitas externas médicas, salidas a destinos determinados, trabajar en los talleres de los CP, acudir a visitas de abogados, salidas a juicio, asistir a la escuela, etc. Es la medida de presión más fuerte hasta ahora que se puede ejercer por parte del colectivo de fp. Las huelgas han demostrado que no sirven de nada. Hay más personal trabajando en los servicios mínimos que en un día normal.
Este método de lucha ha sido criticado por las asociaciones de familiares de presos, asociaciones de defensa de los derechos humanos, etc. y con toda la razón: ¿Por qué tienen que verse limitados los derechos fundamentales de las pp por una reivindicación laboral de los fp? Mientras dura el cierre, los fp están decidiendo sobre los derechos fundamentales de personas vulnerables debido a su situación en prisión, las cuales no pueden dar a conocer lo que les ocurre mientras estos derechos son conculcados. Durante el cierre, ¿reciben las pp todas las prestaciones de las que son usuarios y toda la atención socio-sanitaria, del equipo de tratamiento?; ¿se atienden sus demandas, sus necesidades y las de los familiares, abogados, vistas en juicios, etc.? En definitiva, ¿pueden ejercer sus derechos no limitados por sentencia dentro de la prisión? No, no pueden ser atendidas si no está todo el personal del turno correspondiente para atender dichas necesidades. En la mayoría de los casos se han tenido que quedar cerrados en sus celdas al no haber funcionarios disponibles para atender las rutinas diarias. Para eso son los cierres. Puede leerse como se quiera, pero se ha utilizado a las pp como moneda de cambio para las reivindicaciones de los fp.
Moneda de cambio que se ha vuelto a utilizar esta pasada semana cuando un sector de los fp contrarios a las negociaciones entre sindicatos y administración si no se producen las dimisiones de los dos máximos cargos de la Conselleria y de las prisiones catalanas, han vuelto a intentar cerrar dos CP. Las peleas por las diferencias tácticas entre los diferentes sectores del colectivo de fp también se las han querido hacer pagar a las pp. Aquí se ve la hipocresía de los fp: públicamente declaran que las reivindicaciones redundarán también en beneficio de la seguridad de las pp si se aumenta la seguridad de los funcionarios, pero les importa un bledo dejarlos encerrados en las celdas, sin poder ver a sus familias, ni hablar con sus abogados, ni poder asistir a la escuela, ni a los destinos laborales, etc. para poder ejercer sus reivindicaciones.
Por su parte, los fp se quejan, y las estadísticas oficiales lo confirman, que las agresiones hacia ellos han aumentado y no paran de crecer, es decir, trabajar en los CP cada vez es más peligroso. Es cierto. Según ellos, la manera de reducir si no acabar con las agresiones es atender a sus demandas. Por ello no se cansan de decir que quien mejor conoce a las pp y los patios de los módulos son ellos y ellas, las de “azul”- el color del uniforme- y son quien mejor sabe lo que hay que hacer en un momento conflictivo por lo que las circulares que se elaboran en los despachos de la Conselleria de Justícia por personas desconocedoras de la situación, es decir, de la realidad del día a día en los CP, ponen en peligro a los fp por ser demasiado “garantistas” con las pp, con lo cual se desprotege o limita la autoridad de los fp, redundando todo ello en un empeoramiento del orden y la convivencia dentro de las cárceles según los criterios de los fp. Que cada uno saque sus conclusiones sobre la manera de razonar de los fp y por extensión, nunca hay que olvidarlo, de los sindicatos de prisiones, tanto los de clase como los corporativos.
Pero es cierto que, objetivamente, a nadie le gusta trabajar en un entorno donde se puede tener que hacer frente a peleas entre bandas en un módulo de un CP o que a uno le puedan clavar un pincho a la hora del recuento o recibir un puñetazo de una pp joven y bien formada físicamente que se pasa horas levantando pesas.
Y aquí reside el meollo del problema. Es legítimo que los fp quieran trabajar con el mínimo peligro para su integridad. Todo el mundo quiere llegar a casa de una pieza después de la jornada laboral, pero, y esto es lo definitivo, las reivindicaciones que plantean como solución a sus problemas de “seguridad”, exceptuando la del aumento de plantilla, son reivindicaciones reaccionarias. Pedir más medios coercitivos y eliminar los pequeños avances que se han hecho hasta ahora en materia de defensa de los derechos fundamentales en las cárceles por parte de la Conselleria de Justícia actual y anterior, por parte de las demandas de las organizaciones de defensa de los DDHH, que incluyen la introducción en los CP de los estándares y legislación de la Unión Europea en materia de prevención de la tortura y defensa de los derechos humanos y, como resultado de todo ello, limitar las actuaciones y/o posibles arbitrariedades de los fp, no son reivindicaciones progresistas en el sentido de hacer avanzar la sociedad en algún sentido.
Veámoslo con un ejemplo: Reivindicar salarios más altos para un colectivo laboral, léase la plantilla de una fábrica, de un sector productivo, mejora la situación de aquel colectivo puesto que intrínsecamente la reivindicación está pidiendo una distribución más igualitaria de la riqueza. Además, esa lucha puede ayudar a crear lazos fraternales de clase útiles para posteriores luchas. Es una reivindicación fértil que supone un paso en un sentido progresista y transformador de la sociedad hacia otra menos injusta y desigual. ¿Qué tiene de fértil en un sentido progresista y fraternal pedir más medios materiales y jurídicos para poder reprimir y coaccionar sin las “trabas” que quieren eliminar a las personas privadas de libertad por parte del colectivo de los fp y de sus representantes sindicales? ¿Qué tipo de sindicalismo, de reivindicación laboral, es este?
Llegados aquí, hay que preguntarse también: Si los fp quieren trabajar con más seguridad, pero al mismo tiempo se deben respetar y ampliar la defensa de los DDHH en las cárceles, ¿Qué hacer? ¿Cómo combinar todo ello?
Está claro que la respuesta no saldrá de las negociaciones que ahora empiezan entre los sindicatos representativos de prisiones, tanto los corporativos como los de clase, aunque nada diferencia a unos de otros cuando se trata de pedir más “seguridad” en los CP. Además, los sindicatos aprovecharán para negociar condiciones laborales más allá del problema de la seguridad, cosa que ya se estaba haciendo cuando empezó el conflicto, con lo que los derechos fundamentales en las cárceles pueden volver a ser moneda de cambio en la mesa de negociación. La petición de dimisión de los dos cargos más importantes, la Consellera y el Secretari de Mesures Penals, responden a este intento de endurecimiento de las condiciones de seguridad en los CP que demandan los sindicatos. Los fp quieren gente al mando con una línea más dura.
El debate para dar respuesta a la pregunta de ¿qué hacer? más arriba planteada va más allá y trasciende las paredes de las cárceles y el objetivo de este artículo. No creo que se pueda dar una respuesta inmediata y concreta a la pregunta. Lo que sí está claro es que, de momento, mientras existan las cárceles, habrá violaciones de los derechos humanos, en mayor o menor medida. Las reivindicaciones de los fp en cuanto a seguridad aumentarán en proporción al aumento de la aplicación y el ejercicio de los derechos fundamentales en las cárceles, como al revés, cuanta más “seguridad” consigan los fp, menos se respetarán los derechos fundamentales en los CP. Por lo tanto, todo esfuerzo para sacar a la luz la realidad de las cárceles y denunciar los abusos que tienen lugar en mayor o menor grado por parte de los fp, de la Administración de Justicia, del CIRE con sus condiciones de explotación laboral hacia las pp, es necesario y urgente.
Por otro lado, como parte de la solución a la pregunta y aunque de momento sólo sea un deseo, también se debe procurar dar pasos para que entren menos personas en las cárceles. Pasos, por ejemplo, en el sentido de modificar el código penal, la LOGP (Ley Orgánica General Penitenciaria) y el Reglament Penitenciari en Catalunya en la línea de reducir las penas privativas de libertad para sustituirlas por trabajos en beneficio de la comunidad, tipificar como faltas algunos de los delitos actuales, aumentar los permisos, los terceros grados. Lo más concreto y reciente en el camino de avanzar hacia una mejora de la situación de las pp es la propuesta de resolución de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular), aprobada por el Parlament de Catalunya no hace mucho y que puede consultarse aquí.
Como última reflexión, no hay que olvidar que la cárcel es sinónimo de pobreza, marginación y miseria en las vidas de la inmensa mayoría de las pp antes de entrar en prisión. Por muy manido que esté no se puede dejar de repetir que modificar las condiciones socioeconómicas en la calle y proporcionar una existencia digna de ser vivida evitaría que muchas personas entraran en prisión. A este respecto, dentro de los CP las pp pueden trabajar asalariadamente. Es un derecho recogido en la legislación penitenciaria y regulado por un Real Decreto. En la calle, el trabajo asalariado es considerado un valor para la autorrealización y la socialización; en la cárcel es tratado como un valor para la reinserción. Aunque dichas “virtudes” del trabajo asalariado no se cumplen ni en la calle ni en la cárcel, las condiciones laborales del CIRE y las arbitrariedades a que son sometidas las pp en cuanto a derechos laborales, ya no digamos sindicales -son inexistentes porque las pp tienen prohibida cualquier actividad colectiva encaminada a defender sus derechos laborales dentro de los CP-, de seguridad en el trabajo, son de una explotación que en algunos casos no tienen nada que envidiar a las condiciones de países del tercer mundo. Se vanagloriaba en una entrevista en la televisión catalana hace unos años una anterior directora del CIRE afirmando que, gracias a esta empresa pública, un empresario catalán que tenía su empresa en China había podido volver a casa y contratar a pp en lugar de seguir lejos de casa con trabajadores chinos y así, además, ayudaba a la reinserción. La mano de obra presa seguramente es la más barata del mercado después de la esclava. Incluso alguna vez ha tenido el Síndic de Greuges que parar los pies al CIRE por utilizar pp como rompe-huelgas en alguna fábrica en lucha. Este es el buque insignia de la reinserción en Catalunya.
Por todo lo anterior, una Renta Básica podría tanto ayudar a evitar la entrada en la cárcel al tener unos mínimos para garantizar la existencia de una vida que aleje la necesidad del robo, delito principal por el que se entra en las cárceles, como esquivar la explotación laboral del CIRE, único recurso de las pp para ganar algún dinero en la cárcel, no ya para comprar los productos que, por supuesto, ofrece el CIRE en sus tiendas dentro de las cárceles y a precios abusivos no pocas veces, sino para ayudar a sus familias en la calle, muchas de las cuales dependen de los ingresos de las pp para subsistir.
*Esmeralda Campins es periodista, trabajadora social y voluntaria en diversas asociaciones de defensa de los DDHH
*Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/alguna-reflexion-sobre-el-conflicto-en-las-carceles-catalanas
