Este martes se ha sabido que, con una interlocutoria fechada ayer lunes, el Juzgado número 7 de Barcelona ha aplicado la nueva Ley de amnistía a 46 policías nacionales a quienes se investigaba por las cargas policiales del 1-O en Barcelona. Se trata de agentes que estaban pendientes de juicio acusados de dar golpes, empujones y patadas a ciudadanos que querían votar al referéndum sobre la independencia celebrado el 1 de octubre del 2017. Algunos de estos agentes habían pedido a través de sus abogados acogerse a la ley, peticiones a las cuales se oponían acusaciones como Irídia, Òmnium y la ANC, que ya han anunciado que presentarán recurso.
El juez les aplica la amnistía y archiva la causa al considerar que los hechos serían, como mucho, posibles delitos de lesiones, y no llegan a superar «el umbral de gravedad necesario» para considerarlos delitos contra la integridad moral y los derechos humanos, una de las excepciones que contempla la ley de amnistía: «La amnistía se tiene que aplicar a los investigados en el presente procedimiento porque las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez conseguida, sin que se prolongaran en el tiempo más allá de la misma maniobra policial de entrada y salida de los diferentes colegios electorales», dice el juez.
Quien se ha mostrado muy satisfecho con esta amnistía es el sindicato policial mayoritario en España, Jupol, que se ha opuesto «desde el primer momento» a amnistiar a los encausados independentistas. En un comunicado, afirman que defienden «la honorabilidad y la inocencia» de todos los agentes que participaron en los operativos contra el referéndum: «Actuaron en cumplimiento de las órdenes legítimas de sus superiores en cumplimiento de un mandato judicial y con el único objetivo de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana».
Este sindicato ha dicho que los policías fueron «objeto de acoso y difamación» por parte de los independentistas, que los convirtió en «chivos expiatorios de la violencia que ellos mismos generaron».
Recurso contra la amnistía a policías
Bien al contrario, las acusaciones representadas, el colectivo por los derechos humanos Irídia y las entidades independentistas Òmnium Cultural y ANC, han dicho que interpondrán un recurso a esta amnistía a policías. En un comunicado conjunto, estas tres entidades han dicho que alegarán que «la brutalidad policial» de las cargas contraviene el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales: «La ley de amnistía no puede beneficiar, en ningún caso, los responsables de la violencia policial».
En este sentido, afirman que amnistiar los policías vulnera el Convenio, porque su actuación sí que puede representar «delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes». Por eso consideran que supera el umbral de gravedad fijado a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cosa que lo excluye de la ley de amnistía.
Enviados a juicio por la Audiencia de Barcelona en febrero
Los 46 agentes de la Policía Nacional que se han beneficiado de la amnistía participaron en las cargas contra los votantes del 1-O en varios colegios electorales de Barcelona. A comienzos de febrero, la Audiencia de Barcelona validó la decisión del titular del juzgado 7 de enviarlos a juicio, porque consideró que la calificación de los hechos iba «más allá de los simples delitos de lesiones». También afirmó que había bastantes indicios que indicaban que se podrían haber cometido abusos policiales contra las personas que se concentraban a los lugares de votación. Este junio, dos días después de la aprobación de la ley de amnistía, 10 de los 46 policías ya habían pedido que los lo aplicaran en esta causa, petición a la cual se opuso Irídia.
