La abogada Ana Messuti es un de la profesionales que hoy trabaja en las querellas que se están presentando contra los crímenes del franquismo en un tribunal argentino. En ese marco estuvo de visita en Barcelona para trasmitir información y contactar a algunas de las víctimas que se harán parte del proceso.
Cuenta que gran parte de la motivación para comenzar con esta campaña vino luego de lo sucedido al juez Baltazar Garzón, sin olvidar que hechos como la detención de Augusto Pinochet en Londres, o la condena al represor argentino Adolfo Scilingo por parte del Tribunal Supremo de España, fueron un incentivo para intentar poner fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
Hoy los procesos están a la espera que en septiembre la jueza María Servini de Cubría se instale en la embajada argentina en Madrid y, dependiendo de la cantidad de denunciantes que existan en Catalunya, se traslade luego a Barcelona.
¿Cuál es la motivación central para este proceso?
Los temas están abiertos y por lo mismo existe la necesidad de aclararlos. Hace poco tuve una discusión en ese contexto con un colega en Salamanca, un chileno que me decía, a propósito del homenaje que se le hizo en Chile a Pinochet, que en el marco de la libertad de expresión teníamos que dejar que se hiciera. Yo le respondía que ese homenaje es un delito, pues se trata de una forma de apología a los crímenes. El homenajeado ha sido declarado judicialmente genocida y autor de crímenes contra la humanidad, por lo tanto es un homenaje a un asesino.
Por ello es importante que la impunidad no gane gracias al tiempo trascurrido, pues un sistema jurídico que no es capaz de hacerse caso de enjuiciar tan graves crímenes, es un sistema viciado y pierde credibilidad.
Ahí Ana hace hincapié en la importancia del derecho y del principio de proporcionalidad de las penas “si no castigamos a quien atenta contra la vida de alguien o a quien roba un niño a su madre, el sistema esta viciado, y por lo tanto, tampoco podemos juzgar a quien roba un auto, que es un delito bastante menor.
Por eso, no es sólo memoria histórica, es una memoria activa.
Yo justamente hice un trabajo que decía ¿qué le pide la memoria al derecho? Y lo que le pide es que haga algo concreto; que haga justicia”.
¿Cómo se ve el panorama hacia el futuro?, ¿es posible el “nunca más” al constatar la percepción que va teniendo el resto de la población en torno a estos delitos y sus juicios?
Esa reflexión es muy importante y no se hace mucho. Hoy mismo y frente a la crisis que esta viviendo España, una parte de la población no tiene una opinión muy favorable de estar removiendo estas cosas.
En cambio, hay muchos otros que tienen el tema muy arraigado, que han sufrido mucho y que desde hace tiempo están luchando para que se reconozca que fueron víctimas de crímenes.
También hay una gran cantidad de gente, une enorme cantidad de gente que quiere participar y existen tres formas de hacerlo. Como querellante, como denunciante o como adherente.
En general la gente decide involucrarse desde el punto de vista más activo que es como querellante.
Los adherentes son quienes firman un documento de apoyo a la querella. Esas adhesiones las estamos reuniendo a través de una red de asociaciones y que integran entre treinta y cuarenta entidades ligadas a la memoria histórica, colectivos de represaliados, como los de La Comuna, que es una asociación de ex presos políticos de los años finales del franquismo u otra asociación de ex presos más antiguos.
Mucha gente tiende a pensar que éste es un conflicto que se remite a la Guerra Civil y sus años inmediatos, pero el gobierno franquista terminó en los setenta, entonces. ¿Hasta cuándo se suman querellas?
El período que abarca esta causa se extiende desde 1936 hasta 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. Durante todo ese tiempo se ejecutó un plan sistemático para aterrorizar a los españoles que tuvieran determinadas ideas políticas; las contrarias al régimen. Ese es el marco cronológico, no solamente la Guerra Civil, sino todo lo que vino después.
Y la recepción de casos, ¿Quiénes son los querellantes?
Los dos primeros querellantes son Darío Rivas, quien tiene hoy noventa y dos años y es hijo de Severino Rivas, alcalde republicano de Lugo asesinado en 1936, e Inés García Holgado, quien reside en Argentina y tiene tres parientes ejecutados en ese período. A ellos se sumaron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España y muchas otras relacionadas a los derechos humanos en Argentina.
Luego se fueron incorporando otras personas desde España y cuyos casos en general corresponden a familiares que buscan justicia para sus padres, tíos o abuelos.
Posteriormente lo hicieron asociaciones como La Comuna que incluso se presentó, a través de sus representantes en el juzgado argentino, a declarar ante la jueza.
Es decir, el ámbito temporal es amplio y no remoto.
Y respecto a los victimarios ¿hay responsables vivos aun?
Hay muchos. Por supuesto la investigación se facilita bastante cuando el caso es más reciente y la víctima lo ha sufrido en carne propia.
El querellante tiene que ser una víctima directa o tener una relación de parentesco con la víctima. En el primer caso, las víctimas suelen recordar a sus torturadores, y muchos de ellos aún viven. Por eso no es una cosa tan remota como tú ya decías, algo que pasó hace mucho tiempo, sino que es algo que está latente, todavía está la víctima y todavía el verdugo y se pueden encontrar.
Pero en otros casos, los más antiguos, si la víctima vive aún, o sus familiares, todavía está la memoria, todavía quedan abiertas las heridas. Por eso es fundamental que la justicia le gane su combate al tiempo.
¿Quiénes se pueden hacer parte de este proceso?
Este caso no es sólo para los argentinos o los españoles de Argentina como muchos han creído, es para todos quienes han sido víctimas del franquismo.
¿Y porque surge en argentina esta iniciativa?
No se trata de devolver los favores que España le ha hecho a la Argentina, entiéndase por ello el juicio de Scilingo, sino que los temas de derechos humanos son un tema universal. En este caso Argentina está ejerciendo la jurisdicción internacional pues lo que determina la internacionalidad de la jurisdicción es la gravedad de los crímenes. Es decir, para otro tipo de casos en derecho internacional hay puntos de conexión que pueden ser la nacionalidad de la víctima, del autor o el lugar de comisión del delito. Ahí entran en juego todos los parámetros de derecho internacional para determinar a qué tribunal le corresponde. Pero en cambio, cuando la gravedad de los crímenes es tal, ya no necesitamos puntos de conexión, se ejerce la jurisdicción internacional y se ejerce bajo el principio de concurrencia de jurisdicciones.
Entonces, si ahora un tribunal español comenzara a juzgar el mismo caso, no tenemos por qué suspender la causa argentina. Podemos trabajar simultáneamente y los problemas que pueden resultar son solamente prácticos y se resuelven entre los juzgados cuando hay voluntad de juzgar.
Y respecto a ese punto, la voluntad de juzgar ¿cómo esta la recepción de los tribunales españoles al trabajo que están realizando ustedes?
Todo depende mucho de quién se trate. Hay grupos de abogados jóvenes y no tan jóvenes que tienen una actitud muy positiva.
Con respecto a los tribunales no sabemos. Sabemos sólo lo que nos dice la fiscalía cada vez que se manda un exhorto y que en el último que fue enviado, España nos ha respondido que la justicia ya se está ocupando del tema. Se refieren al auto de Garzón de octubre del 2008 sin referirse a lo que pasó en diciembre cuando se revocó ese mismo auto. La actitud respecto a esta causa es bastante incomprensible. Hay sobre ello un informe muy interesante de Amnistía Internacional.
Con eso se logra, además de hacer desaparecer a las víctimas, hacer desaparecer a los victimarios y eso es terrible.
Y respecto a los victimarios. ¿Se ha logrado entrevistar a alguno, tomar declaración?
Todavía no. Por el momento mi trabajo consiste en contactar a los querellantes, recibir el poder notarial, redactar las querellas y luego las mando a Buenos Aires.
Hay personas que han tenido que esperar décadas, más de cincuenta años. ¿Cómo es hoy para ellos enfrentarse al tema?
Es muy emocionante, no sé, cuando la gente me agradece pienso que soy yo quien tiene que agradecerles por poder ejercer mi profesión en una causa como ésta.
Por ejemplo, hay un caso de una señora a quien le fusilaron a su padre, lo que ha sido muy traumático para ella. Su hija nos contactó y es ella quien se querella por su abuelo.
La señora, su madre, que tiene casi noventa años padece alzhéimer y lo único que recuerda es el momento en que se llevan a su papá; he podido hablar con ella por teléfono y la hija le pregunta “mamá, ¿qué pasó con el abuelo?” y ella responde “se lo llevaron”, y “¿quiénes se lo llevaron?” y la señora responde “los francos”.
Y muchos otros casos tan conmovedores como ese. Muchas personas sienten que mediante las querellas ante la justicia argentina hoy pueden cumplir con su deber frente a sus familiares.
Hasta el momento ¿Cuántos casos tienen contabilizados?
Aproximadamente cien casos y eso ha sido impresionante pues hasta febrero apenas contábamos con los dedos de las manos los casos que teníamos, pero luego que el Supremo dio el portazo, la gente se decidió. Incluso hoy hay algunos que dudan si presentar el caso con nosotros por si se les llega a abrir luego la puerta de la justicia española y les decimos que la jurisdicción universal es concurrente por lo tanto admite que se puedan juzgar esos graves crímenes en distintos foros.
¿Y la recopilación de información para los casos?
Tenemos mucha información, casos exhaustivamente documentados. Sin embargo hay otros casos en que no consta nada en papel. Entonces ahí uno no puede ponerse exquisito exigiendo documentos que muchas veces no existen, porque hay que enmarcar esto dentro de un contexto de crímenes contra la humanidad, de genocidio.
Además estos crímenes suelen ir acompañados del ocultamiento del crimen y de sus pruebas, como en el genocidio nazi donde se buscaba, además del atropello a la vida y los derechos fundamentales, esconder las pruebas que pudieran incriminar a los culpables.
Por eso, no hay que autocensurarse ante la falta de pruebas, la jueza ponderará cada caso.
Recién me hablabas de lo emocionante que resulta hablar del tema a las víctimas ¿Cómo están las redes de apoyo para el tema psicológico?
Eso fue planteado precisamente hoy, pues en una reunión surgió el tema. Hay asuntos latentes, no estamos tratando cualquier cosa, afloran situaciones muy traumáticas en esta causa.
Sin embargo, hay muchos que prefieren no tomar una actitud victimista, por ejemplo los que dicen: a nosotros nos encarcelaron y nos torturaron porque nosotros teníamos una postura activa de lucha por la libertad.
Pero sobre todo hay una fuerte motivación para enfrentar a la impunidad.
¿Cómo se puede invitar a que más gente se sume?
En este caso las asociaciones cumplen una función muy importante. A través de ellas muchas personas se han unido a la querella. No obstante, es necesario que se informe a la gente de esta posibilidad que tienen hoy para recurrir a la justicia.
Me surge una duda, en el caso de países donde se han vivido atrocidades mucha gente puede tender a minimizar su sufrimiento en comparación a otro, es decir, quien fue golpeado o detenido siente que en comparación a otros que han sufrido la desaparición o el fusilamiento de familiares su caso se minimiza.
Tienes razón. No se trata de que las personas se autoexcluyan por con considerar menor sus grados de sufrimiento. Si una persona fue golpeada por la policía, eso ha constituido un atropello a sus derechos. No debe pensar que su caso queda excluido.
Por eso es importante informarse y darse cuenta que denunciar puede transformarse en un deber para que la justicia haga su trabajo y desde ahí poder decir que “el nunca más” pueda creerse, pueda construirse sobre la base de una verdad y una justicia que llegue a las víctimas, si no, tal como señalaba, el sistema esta viciado y no puede hacerse cargo de delitos mucho menores en comparación a los graves atropellos a los derechos humanos.
