Mientras los eventos extremos se suceden con más fuerza y asiduidad que nunca, y los indicadores claves del cambio climático empeoran año tras año, las empresas y actividades que más contribuyen a esta situación reciben grandes cantidades de dinero público, según denuncia Greenpeace en un estudio titulado De subvenciones tóxicas a inversiones responsables. Cómo poner el dinero público al servicio del bienestar.
Para 2023 se analizaron un total de 88 tipos de subvenciones por valor de 32.075 millones de euros (2,14% del PIB). 42 eran estatales, 27 autonómicas y 19 locales. Para 2024, las ayudas estudiadas fueron 72 tipos con un valor de 27.096 millones (1,7% del PIB), de las que 29 eran estatales, 24 autonómicas y 19 locales. Los sectores estudiados han sido el agrario, el de transporte y el de vivienda “por ser responsables del 50% de las emisiones y claves para la transición ecológica”.
El sector agrario concentra la mayor cantidad de subvenciones con 29 tipos de ayudas con un valor de 12.805 millones de euros (47,3% del total); seguido del sector transporte, con 28 tipos de ayudas por valor de 10.293 millones (38%); y el sector vivienda (consumo energético), con 15 tipos de ayudas valoradas en 3.998 millones (14,8%). En cuanto al tipo de ayuda, un 53% son directas –a cargo de fondos presupuestados– y un 47% indirectas o ayudas fiscales –la mayoría a modo de desgravaciones, según Greenpeace–. Del total de ayudas para 2024, que asciende a 27.100 millones de euros, 23.330 millones (el 86%) son completas (subvenciones marrones) o parcialmente (subvenciones naranjas) dañinas para el medio ambiente.
Greenpeace señala que este «dopaje fósil» se intensificó tras la pandemia y la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania, siguiendo la tendencia de la UE y otros países. A nivel europeo, señalan, “las subvenciones dañinas al medio ambiente han alcanzado unos 400.000 millones de euros”. En este sentido, la ONG alerta de que “las ayudas marrones frenan la transición ecológica, engordan los beneficios de las corporaciones más contaminantes y alimentan el negacionismo climático promovido por administraciones bajo tutela de la extrema derecha”.
Sector agrario
Además del daño medioambiental, Greenpeace alerta de que el 92% de las subvenciones “tóxicas” son también regresivas: “No benefician a los más vulnerables ni a las pymes con dificultades, o simplemente no logran equidad social”, lamentan. Al combinar el análisis ambiental y social, el estudio señala que el 81% de los tipos de subvenciones analizados son ambientalmente dañinas y socialmente regresivas. Las subvenciones sostenibles que son tanto beneficiosas para el medio ambiente como para las personas más vulnerables serían solo el 3% del total analizado.
El mayor ejemplo de este doble ‘daño’ es el sector agrario, con la Política Agraria Común (PAC) como principal responsable a través de sus 7.344 millones al año. Para Greenpeace, “un pequeño agricultor (5 hectáreas) recibe 76 veces menos recursos que uno grande (más de 250 ha)”. Además, recuerdan, “las ayudas al gasóleo y los agroquímicos, que suman unos 2.300 millones al año, perjudican el medio ambiente y no ponen el foco en la agricultura familiar y social”. Consideran que con estos recursos “se podrían sostener las rentas de estos grupos más desfavorecidos y promover una transición agroecológica frente al cambio climático, la crisis de biodiversidad y los shocks energéticos”.
El 62% de las subvenciones agrarias analizadas serían directas, a cargo de transferencias, y el 38% indirectas o beneficios fiscales. Según Greenpeace, todas las ayudas que recibe este sector son total o parcialmente nocivas para el medio ambiente y regresivas. Del total, un 61% proceden de Europa (a través de la PAC y el PERTE Agroalimentario, principalmente) y el 38% del Estado. A nivel de gestión le corresponde un 58% a las autonomías, de nuevo por la gestión de los fondos de la PAC, y un 42% al Estado.
Sector de la vivienda
En el sector de la vivienda, el 46% de las subvenciones estudiadas serían directas y el 54% indirectas o beneficios fiscales. Del total, un 76% de las ayudas del sector son total o parcialmente nocivas para el medio ambiente y un 56% regresivas. En cuanto al origen, un 21% proceden de Europa, de los fondos de recuperación y resiliencia, y un 78,6% del Estado. A nivel de gestión, un 16% de los recursos dependen de las comunidades autónomas, un 5% de las administraciones locales, y el 80% restante lo gestiona el Estado.
Casi la mitad de las subvenciones en la vivienda se atribuyen al IVA reducido al 10% a la electricidad, que ha estado vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. También suponen una parte importante los bonos sociales para calefacción y de electricidad.
Desde Greenpeace lamentan que la inversión en renovación de viviendas es seis veces menor de lo necesario y las ayudas no llegan a quienes más las necesitan por trabas burocráticas.
Sector transporte
En cuanto al sector transporte, un 45% de las subvenciones serían directas y un 55% indirectas o beneficios fiscales. Acorde al estudio, el 72,5% de las subvenciones del sector son total o parcialmente nocivas para el medio ambiente y el 95% regresivas.
El transporte aéreo es el que acumula más ayudas públicas dañinas para el clima y la biodiversidad: un 25% se atribuye al IVA reducido a los billetes de avión y un 17,7% a las exenciones al queroseno (el combustible que usan los aviones).
Respecto al transporte por carretera, el estudio señala que una de las subvenciones encubiertas identificadas es el diferencial entre el gasóleo y la gasolina en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) por valor de unos 1.000 millones de euros y que representa casi un 10% del total. Y en relación con la transición hacia el vehículo eléctrico, el informe lamenta que haya ayudas que reman en el sentido opuesto: por un lado, los profesionales del transporte reciben una devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos en el gasóleo de uso profesional por un valor de unos 5,2 millones anuales, y por otro lado, hay ayudas a la movilidad sostenible y eficiente de flotas por 19,4 millones junto con las ayudas existentes al coche eléctrico. “Es importante dar coherencia y las mayores facilidades posibles para este colectivo”, pide la organización.
La parte positiva, afirma la ONG, es el aumento del uso del transporte público gracias a subvenciones verdes, si bien consideran clave avanzar hacia su garantía en las zonas peor conectadas, “al tiempo que es necesario un abono único a precio asequible en todo el Estado y que tenga tarifas específicas para algunos colectivos”.
Repsol, Moeve, Ryanair…: las grandes beneficiarias
«Frente a la doctrina de la motosierra, la evasión fiscal de grandes fortunas y el despilfarro militar, la mejor forma de defender el dinero público es invertirlo responsablemente”, pide Carlos García Paret, coordinador de Incidencia Política de Greenpeace.
El informe también destaca cómo a pesar de sus compromisos internacionales, el Gobierno carece de una estrategia clara para eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Por ello, la ONG “exige al Gobierno y a las administraciones que pongan fin a las subvenciones tóxicas, especialmente las que terminan en los bolsillos equivocados”.
El estudio también señala a empresas como Repsol, Moeve (antigua Cepsa), Naturgy, Fertiberia, Iberia o Ryanair, que “reciben ayudas y se benefician de un modelo de subvenciones que genera un consumo dependiente del gas, carburantes y agroquímicos mientras, generan beneficios récord y se escaquean de pagar por el daño ambiental generado”.
Una de las más beneficiadas es, precisamente, Repsol, empresa que más contribuye al calentamiento global en España y una de las 50 responsables históricas a nivel global. El estudio sostiene que la petrolera se ha beneficiado directamente de subvenciones para 278 proyectos en los últimos cinco años. En total, suma más de 180 millones de subvenciones sin contraprestación (60 millones en 2023 y 120 en 2024), cantidades a las que hay que añadir los más de 1.000 millones de fondos públicos que ha recibido en créditos en condiciones favorables en 2023 y 2024.
Fuente: https://climatica.coop/asi-subvenciona-espana-crisis-climatica-estudio-greenpeace/