Plaza Catalunya sigue hablando. Sigue actuando. La lucha social que en 2011 ocupó el centro neurálgico de Barcelona vuelve este fin de semana a plantar sus tiendas para hacerse visible y buscar nuevos apoyos. No se trata ahora de las reivindicaciones globales y masivas del 15-M sino de un proyecto puntual, surgido de aquellos encuentros: la demanda de una Renta Garantizada Ciudadana (RGC). Integrantes de diversos movimientos de trabajadores en paro, sindicatos, partidos y organizaciones sociales de Catalunya han constituido una plataforma para la promoción de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que inste al gobierno de Artur Mas a buscar una solución para las más de dos millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en esta comunidad.
El proyecto de ley por una Renta Garantizada Ciudadana fue presentado, después de un año de trabajo y con la moción de respaldo de 26 ayuntamientos, en enero de 2013 ante el Parlamento catalán. Muy a pesar del gobierno de CIU, que interpuso un informe de oposición para frenarla, la ILP fue admitida a trámite el 12 de marzo y ahora es necesario conseguir 50 mil firmas para que la ley se debata. Esta es la misión que persiguen los miembros de la plataforma impulsora de la iniciativa con un ayuno y una serie de actividades informativas en el centro de Barcelona durante tres días.
Catalunya ya cuenta con una ayuda para quienes no disponen de ingresos suficientes, la Renta Mínima de Inserción (RMI), pero en consonancia con su política de recortes sociales, el Govern sacóun Decreto en agosto del 2011 que limita su acceso. “Ya no es suficiente demostrar que estás sin empleo, ahora un asistente social tiene que constatar que eres una persona con `dificultades de inserción social y laborales añadidas’. ¿Qué quiere decir eso? Lo único que está claro es el objetivo: impedir que los parados puedan acceder a ese derecho” explica Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP por la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Ante la previsión de un incremento considerable de las demandas de RMI a raíz de la crisis económica y el disparo de la tasa del paro, el gobierno de Mas decidió cerrar el grifo y supeditar la ayuda a los presupuestos de la Generalitat. Mediante el Decreto 7/2011, la Renta Mínima de Inserción ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en una ayuda que sólo se otorgará si hay dinero. “Tenemos más de 5 mil expedientes aprobados que no cobran la prestación porque dicen que exceden el presupuesto de la Generalitat” denuncia Toledano.
La propuesta de la ILP supondría la aplicación de un artículo (el 24.3) que ya está presente en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, por el cual se establece como derecho la percepción de una renta garantizada para quienes se encuentren en situación de pobreza. A diferencia de la prestación vigente, la RGC que las organizaciones sociales están exigiendo no limitaría la duración de la ayuda a 5 años, aumentaría la cuantía de 426 euros para toda la unidad familiar a 664 para cada miembro desempleado y, principalmente, restauraría a este subsidio la condición de derecho inapelable.
Mientras que desde la Generalitat se estima en 3.600 millones de euros el costo de la implementación de la ILP, el informe elaborado por el Catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, Jordi Arcarons, cifra en 2 millones de euros el dinero público que habría que destinar para esta ayuda. “La Consellera de Bienestar Social de la Generalitat considera que no se dispone de dichos recursos, pero nosotros creemos que es un problema de voluntad política. Este subsidio más que un gasto es una inversión para reactivar la maquinaria de consumo y producción” afirma Isidro Marías, miembro de otra de las agrupaciones que promueven la ILP, la Asamblea de Derechos Sociales de Sant Cugat. “Me indigna que sobre de todo en las tiendas, que en esta comunidad haya recursos más que suficientes y, sin embargo, se deje a gente con hambre” concluye este activista que atiende una de las mesas informativas instaladas en Plaza Catalunya.
Ayuno por la Renta Garantizada Ciudadana
El lema del ayuno es “Rescatemos a las personas” en contraposición a la política que la plataforma promotora de la ILP denuncia como beneficiaria exclusiva de intereses financieros. “Mientras que los gobiernos obedecen a las directrices de la Troika y utilizan los recursos públicos para rescatar a los bancos, es hora de actuar colectivamente para poner en el centro de la acción política las necesidades fundamentales de la ciudadanía” reclaman los portavoces de la iniciativa.
Según Diosdado Toledano, la verdadera motivación de los recortes sociales es la paulatina devaluación de los salarios “para forzar a la gente a que trabaje por nada”. Por eso, su demanda no es sólo la implementación de una Renta Garantizada, sino una política que asegure trabajo digno para todos. Así lo sostiene también, Joan Mestres, miembro de la Asamblea de parados de Barcelona, que este fin de semana acampa en Plaza Catalunya para apoyar la promoción de la ILP. “Llevo 4 años sin empleo y ya he agotado todas las prestaciones. Mi mujer también está en el paro y tenemos un hijo a cargo. No podemos vivir con los 426 euros del RMI que nos da la Generalitat, así que aquí estamos, luchando junto a todos los que se encuentran en la misma situación para revertir un drama social que en este país es cada vez más grave”.
