En octubre de 1934, la unidad de anarquistas, comunistas y socialistas permitió que las Alianzas Obreras se adueñasen del poder durante dos semanas en un alzamiento que en el resto del Estado español (a excepción de Catalunya) fracasó por la falta de convicción del PSOE que fue el partido que lo organizó y desencadenó, a espaldas del PCE y con la indiferencia de la CNT. La revolución de octubre fue un acontecimiento que enseña bien a las claras la singularidad de Asturias, donde se consiguió la tan anhelada unidad mientras Barcelona capitulaba después de declarar efímeramente la República catalana y en Madrid se fingía una insurrección que no llego a ser tal. Setenta mil trabajadores pusieron en jaque a las fuerzas de la derecha que gobernaban la República, demoliendo las conquistas que los gobiernos de Azaña habían conseguido para las clases populares en un país singularmente atrasado. Esa voluntad combativa se pagó cara: un millar de muertos y cerca del doble de heridos entre militares, mineros y población civil donde los cuerpos de seguridad del estado aportaban el menor número, evidentemente, y una cruelísima represión posterior a la rendición pero dejó una huella indeleble en el imaginario de los trabajadores de todo el Estado y también, cómo no, en los miembros de la oligarquía y la reacción. La amnistía de los presos de octubre de 1934 fue uno de los reclamos y compromisos electorales del Frente Popular, que ganaría las elecciones en febrero del 1936.
Tras la victoria del golpe de estado militar y durante la dictadura franquista las organizaciones obreras se encuentran desarticuladas e ilegalizadas y sus miembros asesinados, encarcelados o huidos. Sin embargo, la huelga de 1962 había tenido antecedentes (en 1957 y 1958) que hacen que la “huelgona” no sea algo totalmente incomprensible. Esta movilización es otro jalón glorioso en la larga lista de confrontaciones entre la clase trabajadora de la minería asturiana y el poder del estado. En este caso, la protesta se inicia en solidaridad con unos pocos trabajadores despedidos por reivindicar un aumento de sus salarios. El carácter pacífico es lo que define esta huelga -difícilmente podía utilizarse otra táctica teniendo en cuenta el potencial represivo demostrado por la dictadura franquista y las dificultades de mantener una confrontación armada con el estado como demuestra el desmantelamiento de las guerrillas por parte del PCE- y se generaliza en base a unos códigos de solidaridad y compañerismo de clase que trascienden la exigua base militante organizada de las cuencas. Así, la huelga se extiende y se generaliza hasta sumar a más de 60.000 trabajadores asturianos a partir de un hecho concreto y logra buena parte de sus objetivos (aumento salarial, mejoras en las pensiones y liberación de los detenidos) por la presión social que señala a aquellos que rompen la consigna de seguir la huelga, nadie quiere ser excluido de la comunidad.
Remarcable es también la aportación de la experiencia activista de los mineros en las luchas contra el franquismo tardío y especialmente en la oleada de huelgas de 1976. Después ya vino la Transición y el sindicalismo de pacto y paz social y la progresiva decadencia de la minería.
Pero incluso en el siglo XXI y con una situación muy compleja y adversa que intentaremos retratar en estas páginas, los mineros asturianos han sido capaces de reavivar la memoria colectiva de la clase trabajadora con imágenes que creíamos desaparecidas de nuestra retina colectiva y de nuestro mundo capitalista occidental. Desde finales de mayo hasta principio de agosto, temporada habitualmente baldía en información política, todos los medios de comunicación del Estado daban las noticias de los encierros mineros y de la huelga general subsiguiente. Volvíamos a ver a mineros encapuchados levantando barricadas, respondiendo a la represión de la policía con fuego y voladores y exigiendo al gobierno estatal solución a las necesidades económicas del sector.
LA HUELGA DE 2012: UNA DERROTA Y UN SINTOMA
El 19 de abril de 2012 el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, anuncia, en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, un recorte de un 63% de los fondos destinados a las ayudas a la producción del carbón y a la reactivación socioeconómica de las comarcas mineras. Concretamente, las ayudas a empresas pasaron de 301 a 111 millones de euros, las de infraestructuras de 167 a 101,6 millones de euros, para formación y becas que contaban con 56 millones de euros y se quedan en apenas dos millones, además de un recorte del 76,6% para proyectos empresariales, donde se pasa de 167 millones a 39 millones. También el Gobierno acordó un recorte del 100% en materia de seguridad minera, donde la partida de 12 millones de euros prevista quedaba anulada al completo. Por último el Instituto del Carbón baja el 39,1 % su dotación hasta los 656 millones desde los más de 1.078 con los que contaba.
Como respuesta, se convocan cuatro jornadas de huelga que empiezan el 23 de mayo en días no consecutivos. El 28 de mayo se encierran siete mineros dos pozos de HUNOSA y el día 30 ya se convierten los paros en huelga indefinida tras la reunión en la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón. El 22 de junio se inicia la marcha negra hacia Madrid que llega a la capital el martes 10 de julio y que es recibida por el pueblo madrileño que también secunda a los mineros en una gran manifestación de más de 10.000 personas al día siguiente que finaliza delante de la sede del Ministerio de Industria.
Después de esa gran traca final, y apenas nueve días después la derrota se hace patente: el gobierno del PP no cede ficha y sindicatos y patronal firman un documento en el que asumen el recorte del 63% de las ayudas al sector previsto en los Presupuestos estatales de 2012, siempre y cuando esta reducción se compense en los ejercicios posteriores; sin embargo, la respuesta del ministro Soria es tajante: «Sobre si podemos compensar la disminución, decimos que no. La realidad es la que es y de donde no hay no se puede compensar». Y a partir de ese momento se suceden los emplazamientos dirigidos al gobierno instándole a negociar y la desmovilización.
Pero, ¿qué pasó realmente en esas movilizaciones? En primer lugar se da una división sindical desde el minuto cero de las movilizaciones pero que solo se hace manifiesta para el gran público después de la marcha negra cuando el secretario general de la Federación minera de CCOO en Asturias, Maximino García, acusa al SOMA de «romper los acuerdos» para realizar movilizaciones conjuntas y reconoce que «el diálogo entre ambas formaciones está roto». Las diferencias entre las dos grandes centrales sindicales vienen dadas por motivos tácticos y de protagonismo: “la posición de CCOO es que el SOMA lo que hace es precipitar una medida extrema [encierros en las minas] que no se puede sostener durante mucho tiempo y por lo tanto agotar la posibilidad de esa vía de lucha”. Sobre los encierros, que desencadenan la huelga indefinida en el sector y disparan todo el resto de acciones, SOMA-UGT niega que hubiera ninguna orden de encierro a sus afiliados pero todo parece indicar lo contrario; según José Luis Fernández secretario de técnicos y cuadros de SOMA-UGT: “en un momento dado compañeros del pozo de Candín y Santiago deciden hacer un encierro en los pozos. En el pozo de Candín coincide que eran todos afiliados a nuestra organización y en el pozo de Santiago habían afiliados del SOMA y de CCOO. CCOO decidió retirar a los compañeros que se habían encerrado porque no lo habían consultado con la dirección del sindicato y nosotros decidimos seguir apoyando a los compañeros.” Incluso, desde miembros del 15M de Mieres esa posición pública del SOMA de desligarse de la responsabilidad en el inicio de los encierros se recibe con hilaridad: “Los que se encerraron en los pozos son hombres de confianza [de José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA-UGT desde 1979] y cuando del encierre van a sacar algo en beneficio. No hubo nada durante este conflicto que no estuviese calculado”.
Pero no solo la ruptura de la unidad sindical tuvo que ver con el poco exitoso final de una de las luchas mineras más potentes de las últimas décadas, lo que realmente destrozó la combatividad obrera e hizo aflorar las diferencias entre sindicatos que se habían mantenido relativamente alejadas de la opinión pública (como reconoce Adrián Redondo, de CCOO, todas las movilizaciones estatales se negociaron desde Madrid para evitar que no se rompiera absolutamente toda la unidad de acción entre CCOO y SOMA-UGT) fue la voluntad férrea del gobierno, y del ministro Soria, de no ceder un ápice ante las reivindicaciones sindicales. Todo el mundo en Asturias tiene muy presente el precedente de Inglaterra, con una Margaret Tatcher resistiendo el asedio de los sindicatos mineros y finalmente quebrando el espinazo del movimiento sindical inglés, desde el 15M de Mieres se ve con gran claridad: “Tatcher se cargó a los mineros porque eran un emblema. Estos gilipollas van también en esa dirección.” En las movilizaciones de junio y julio estaba en juego algo más que las estrecheces inmediatas de la minería, ambas partes, gobierno y sindicatos lo tenían claro: “el gobierno sabe que la vanguardia que supone ahora el movimiento minero en España y, por las repercusiones que ha tenido a nivel mundial, sabe que si consigue doblar el brazo al gobierno estamos abriendo camino y eso no lo puede permitir. Es una cuestión de clase sin más, esa es la lucha”.
El gobierno no cedió y los sindicatos se vieron obligados a recular porque “las cajas de resistencia han quebrado, las familias tienen una serie de deudas que no han podido pagar y porque Soma-UGT tenía gente encerrada y llegaba el período de verano (agosto 2012)”. En esa estrategia de desgaste del sector más emblemático de la clase obrera también pesó lo suyo la represión desencadenada que, como se reconoce desde el lado de los mineros, ha sido la más fuerte de las últimas décadas con detenciones y hostigamientos no solo sobre los mineros comprometidos con la lucha sino también sobre la población ajena al conflicto y con acciones espectaculares propias de escenarios de guerra como ocupaciones literales de pueblos en las cuencas mineras por parte de la Guardia Civil como relatan desde el 15M: “como no podían pillar a los mineros en el monte van a por la población. Yendo a por las familias funciona como un elemento disuasorio. Saben muy bien dónde van, como en el caso de Ciñera, en dos ocasiones, una toma militar del pueblo, con inhibidores de señales, con cortes de electricidad, entrando por el monte y gente que son militares, los G.R.S. son militares”. Y una vez pasado el ruido de los cortes de carreteras, de las barricadas, de las cargas policiales se evidenció el uso generalizado de otro elemento de represión como son las multas, que tienen el doble objetivo de disuadir y desgastar porque como reconoce Adrián Redondo: “no hay posibilidad de ninguna caja de resistencia de ninguna organización de estar pagando un montón de multas de todo el mundo. Además no solo es la multa en sí, sino los juicios, las costas procesales etc.”. Y es que desde el movimiento sindical lo tienen claro: “la represión viene de las fuerzas del estado y van a machacarnos.”
EL DINERO DE LOS PLANES DEL CARBÓN
Sin embargo, las relaciones entre el estado y las grandes centrales sindicales en Asturias no vienen marcadas por la represión y la confrontación sino en contadas ocasiones en las últimas décadas. Desde 1990 con el primer “plan del carbón” que entonces se denominó Plan de Reordenación del Sector del Carbón 1990-1993 se ha sucedido tres planes más hasta el año 2012 que han contado con el acuerdo entre sindicatos, patronal y el Ministerio de Industria. En ese período de tiempo se han invertido en Asturias 24.000 millones de euros como contrapartida por la reducción del consumo garantizado de carbón por parte de las empresas eléctricas y por la reducción de empleo. Dinero que tenía como fin promover la reactivación de las comarcas mineras, con la finalidad de impulsar en estos territorios economías distintas a la de la minería del carbón, además de ayudas directas a la producción, prejubilaciones, indemnizaciones, medidas para garantizar la compra por las empresas eléctricas de la producción nacional de carbón, etc. Aunque como afirma Xuan Cándano, director de la revista asturiana Atlántica XXII y profundo conocedor de los entresijos de la política y la sociedad del principado, por debajo del discurso y los documentos oficiales y en palabras sencillas y claras: “los fondos mineros fueron un cheque millonario que se le dio a Asturias para liquidar el carbón.” Y en esas estamos.
Los planes de reactivación de las comarcas mineras apostaron básicamente por tres ejes: ayudas al desarrollo de las infraestructuras, apoyo a proyectos de inversión empresarial y formación y becas. El resultado de todo el dinero invertido en esas prioridades es más bien pobre y planea sobre todo el proceso la sombra del clientelismo y la corrupción. Marcos Cienfuegos, coordinador de IU de Mieres, hace un buen análisis del uso efectivo al que se destinaron los presupuestos para la reactivación de las comarcas mineras: “Los fondos mineros tienen sus luces y sus sombras, en este caso más sombras que luces. Los fondos mineros fundamentalmente fueron creados con el objetivo de generar un tejido económico alternativo a la minería, con el fin de crear empleo. […]Al final toda la filosofía inicial de los fondos mineros se distorsiona y se manipula intencionadamente, porque al final esos fondos complementarios adicionales que tenían un fin concreto de creación de empleo y de cultivo económico alternativo acaban sufragando inversiones ordinarias, desde el arreglo de una barriada minera, las fachadas de los edificios, aceras, mobiliario urbano hasta la creación de infraestructura de carreteras. Es creación de empleo, sí, pero distorsiona claramente el principio del origen de los fondos mineros. Se acaban convirtiendo de un parche, un cubre todo. Y todo eso con la connivencia del gobierno del Principado de Asturias como del gobierno de Madrid. […] Y aparecen empresas salvapatrias y se ponen encima de la mesa un montón de subvenciones y líneas de ayuda, y se descubre al final quienes realmente eran, filiales de empresarios y conocidos que forman parte del parque empresarial español y que tienen relación muy directa con gobernantes. Vienen, se llevan las subvenciones pero pasan dos o tres años y acaban cerrando y eso no ha tenido ningún tipo de responsabilidad ¿Dónde está la responsabilidad de controlar, de vigilar, de que se cumplan los compromisos iniciales?”
Adrián de CCOO también plantea críticas a la inversión hecha en las comarcas mineras: “Lo que se han hecho es mejorar las infraestructuras, donde se han dilapidado parte importante del dinero, pero no se ha conseguido regar un cambio del modelo productivo en esas cuencas. […] Y en las cuencas mineras hay un montón de ejemplos de empresas que han sido levantadas con fondos mineros y que han cumplido el acuerdo que tenían con los ayuntamientos o con el Principado y luego se han marchado. Son muchas que no han conseguido generar empleo una vez que ellos han cumplido sus mínimos. Lo que han hecho ha sido llevarse sustancioso dinero a base de acuerdos malos con los gobiernos. Y eso es innegable”.
Ejemplo paradigmático por sobradamente conocido, gracias a la revista Atlántica XXII, de esa “distorsión” de los fondos y de esos “malos acuerdos” es el caso de la empresa Alas Aluminium. En el artículo Denuncian ERES fraudulentos con fondos mineros, de Idoya Rey, Fernando Romero, Luis Feás y Xuan Cándano, sobre “posibles expedientes de Regulación de Empleos (ERES) fraudulentos en la empresa langreana Alas Aluminium», se habla de que «había incluso cuotas sindicales de contratación, que aparecían en los ordenadores de la empresa: 125 colocados a través de UGT y 70 a través de CCOO».
Otro pequeño escándalo estalló también en julio cuando el secretario confederal de acción sindical de USO, José Vía Iglesias, en rueda de prensa, molesto por las diferencias estratégicas con los dos sindicatos mayoritarios a la hora de resolver el conflicto de junio y julio, declaró que el rechazo de los sindicatos a la propuesta del Ministerio se debe «a que una parte de las ayudas que se tendrían que trasvasar para garantizar el cobro de los salarios de los trabajadores, son las que ahora el Gobierno destina a financiar al SOMA y a CC OO mediante fondos de formación y el pago de gastos corrientes en las sedes de los sindicatos, incluido el salario de alguna secretaria» y fue más allá acusándolos de «financiarse, poner alcaldes y comprar votos» con los fondos mineros.. Tamaña indiscreción fue rápidamente respondida con amenazas de querella por parte de los sindicatos denunciados e incluso USO pidió a Jose Via que rectificase.
En relación con la mala gestión de los fondos y en su uso para fines particulares, es vox populi en las cuencas que CCOO y UGT consiguen la contratación de sus respectivos afiliados en las empresas beneficiarias de ayudas a proyectos empresariales y en las empresas mineras, especialmente la pública HUNOSA. Desde el 15M de Mieres explican así este papel de agencias de colocación de los sindicatos: “Se puede ser afiliado de SOMA de muchas maneras. Tú cuando entras a trabajar en la mina, para el proceso de selección tiene que recomendarte alguien de algún sindicato. Tú entras a trabajar en la mina y el sindicato va a organizar tus condiciones de trabajo dentro de la mina y muchos aspectos de tu vida fuera […]. El porcentaje de afiliación a Hunosa está próximo al 100%. Es que no se concibe no estar afiliado, porque si no estás afiliado no estás dentro”.
A nadie se le escapa que en una época de crisis como la que estamos viviendo, controlar cuotas de contratación en empresas en las cuencas otorga un gran poder a los sindicatos. Un poder que alcanza los partidos y, a través de ellos, a las instituciones municipales y regionales. “El entramado de corrupción es total, puesto que los ayuntamientos son votados y son puestos por el SOMA, puesto por los sindicatos, manejaron los fondos para formación, no hay que excluir a CCOO de esto… Todos fueron partícipes.” Xuan Candano nos dice, aclarando el papel fundamental del SOMA-UGT en la vida asturiana que éste: “ejerció el poder político en Asturias hasta hace bien poco y eso explica que tenga esa red clientelar tan enorme, porque estamos hablando de la familia socialista que controlan ayuntamientos, instituciones y fondos públicos”.
Así, partidos y sindicatos participan tanto en la generación de una red clientelar de largo alcance como en la falta de control del destino de las ayudas ya que, por ejemplo, la Comisión de Seguimiento del Plan 2006-2012 estaba integrado por representantes de UGT y CCOO, de la patronal del sector, CARBUNION y de organismos públicos. En este sentido, Adrián reconoce que “nosotros no hemos sido lo suficientemente beligerantes de presión, de presión social y sindical. Eso es un “debe” que tenemos, también tenemos una responsabilidad y hay que admitirla y asumirla, por haber participado en la planificación y no haber presionado para que se ese dinero fuera donde tenía que ir.” Menos autocrítica se observa en el SOMA-UGT, en palabras de José Luis Fernández: “Nuestra función, la de los sindicatos, fue traer el dinero, fue negociar en Madrid el dinero, luego la responsabilidad de gestionar esos recursos es de los gobiernos regionales.”
Evidentemente, el futuro de las cuencas mineras sería mucho peor sin el dinero recibido de los sucesivos planes del carbón. Pero, ¿ese dinero ha garantizado una subsistencia digna a toda esa población en un escenario sin minería? Seguramente no. Habrá que ver cuánto dinero está dispuesto poner sobre la mesa el gobierno del PP para el Plan 2013-2018 y qué mecanismos de control efectivos se implementan para garantizar su correcto uso; será una oportunidad más para apostar realmente por el futuro de las cuencas y seguramente será la última oportunidad. Desde Ecologistas en Acción también apuntan hacia la necesidad de revisar todo lo relacionado con el destino del dinero público en las comarcas mineras, es una propuesta que parece de sentido común y que es condición básica para evitar cometer los mismo errores y beneficiar a los mismo actores: “A pesar de las grandes sumas de dinero público dedicadas al efecto desde hace años, la reconversión industrial de las comarcas mineras se ha hecho mal, o eso se deduce cuando en las propias comarcas afectadas se dice que no tienen alternativa al carbón. Es necesario por tanto analizar qué se ha hecho mal, para no repetir los mismos errores, y depurar las correspondientes responsabilidades por este fracaso.”
¿HAY FUTURO EN EL SECTOR DE LA MINERÍA?
Pero en Asturias, más allá de los últimos conflictos y de un pasado glorioso, encontramos una realidad socioeconómica que se ha ido transformando en las últimas décadas y que ya no gravita alrededor del azul y negro de la mina. El sector minero ha ido perdiendo peso progresivamente tanto en la generación de ocupación como en la aportación a la riqueza del principado: si en el año 1990 los trabajadores afiliados al régimen especial de la minería del carbón eran casi el 8% del total, en 2010 ya apenas representaban un 1%. y la producción de carbón en Asturias a lo largo del 2010 supuso escasamente un 1% del PIB regional. En ese proceso de desmantelamiento del sector de carbón estatal, el Plan del Carbón 2006-2012 contemplaba un escenario para el final de ese periodo de una reducción del 36% en el número de trabajadores y una disminución en la producción del 24%. Y es que la Unión Europea en la decisión del Consejo de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2010 relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas establece que éstas deben cerrar a más tardar el 31 de diciembre de 2018 y si no lo hacen deberán devolver las ayudas recibidas. Es, a todas luces, la sentencia de muerte del sector.
La viabilidad del sector en términos económicos no puede disociarse del debate sobre, por una parte, la contaminación que produce la quema del carbón, y, por otra parte, sobre el papel que puede jugar el carbón como recurso estratégico en el abastecimiento energético de un territorio como el peninsular extremadamente dependiente del mercado internacional.
La apuesta desde el ecologismo es clara: “dejar de utilizar carbón, la fuente que más emisiones de gases de efecto invernadero genera”. En 2011, el sector de generación eléctrica, responsable del 52,8% de las emisiones de CO2 en el estado español, registró un aumento del 24,2%, fundamentalmente por un incremento del 88% en generación con carbón. En el documento: “Propuesta ecologista de generación eléctrica para 2020”, EeA plantea un escenario para ese año en el que se podría prescindir del carbón, fuel y nucleares en base a una reducción del consumo eléctrico y al uso de energías renovables.
Sin embargo, desde el mundo del trabajo y de los sindicatos se responde con una defensa cerrada del mantenimiento de las explotaciones para asegurar la soberanía energética. Y es que las centrales térmicas convencionales, altamente contaminantes, podrían seguir funcionado, paradójicamente, sin carbón nacional pero quemando carbón de importación; ahora mismo hay 20 centrales térmicas en funcionamiento en el estado español, de las cuales diez consumen obligadamente carbón nacional con objeto de cumplir lo establecido en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 todas las centrales, incluso las que más carbón nacional usaban, están usando grandes cantidades de carbón importado. Así que, sin ningún plan a la vista de cierre de estas centrales, como dicen desde el 15M de Mieres: “ese volumen de contaminación procede de las térmicas y esas empresas van a seguir operando aunque se cierren las minas del carbón.”
Con intención de superar este debate entre ecología y minería, Daniel Mari Ripa, investigador predoctoral en el Departamento de Psicología Socia) de la Universidad de Oviedo introduce una tercera vía que puede superar un escenario de futuro con el sector de la minería finiquitado en Asturias y en el resto de comunidades extractoras sin reducción efectiva de la contaminación: “Se puede defender una minería de ámbito local para desarrollar fuentes de energía en proximidad mientras se defiende el cierre de centrales térmicas y la reducción del carbón importado para reducir radicalmente las emisiones. Pero la defensa de la minería en Asturias no puede servir como excusa para obscurecer el problema de las emisiones de CO2 y de la exportación de energía.”
En definitiva, si no se logra acordar una estrategia independiente de los dictados de la troika que garantice la continuidad de la minería en Asturias después de 2018 en la dirección que plantea Ripa, la problemática del sector continuará ya que su fin supondrá un duro golpe para la sociedad asturiana a causa del fracaso de la reindustrialización de las cuencas y a la ausencia de un proyecto viable de diversificación empresarial. En contrapartida, su continuidad significaría la pervivencia de un sector agonizante que evitará afrontar el tan necesario debate sobre si podemos permitirnos seguir encastillados en un modelo energético altamente contaminante y dependiente como el español.
Pero detrás de las grandes palabras y de los altos conceptos se oculta quién sufrirá directamente las consecuencias de la falta de visión a largo plazo de partidos y sindicatos y de la dejación de funciones de las instituciones y poderes públicos en la inversión y fiscalización de las ayudas, y que, como siempre, serán los trabajadores y la población de las cuencas mineras. Los trabajadores y trabajadoras, como Araceli, ayudante de minero, que cobran mil cien euros por bajar a la mina y que ven como sus esperanzas de prosperar en su tierra se desvanecen tras intereses opacos. Porque trabajar en la mina ya no es el “chollo” de otras épocas como explican desde el 15M: “los mineros que actualmente están en plantilla tiene unas condiciones salariales semejante a cualquier otro trabajador, poco más que mileuristas. En el privado es bastante más penoso pero en el sector público, de la gente que está entre 30 y 40 años estamos de sueldo de 1.200 euros”. En palabras de Xuan Cándano: “El problema va a estar en que la plantilla de la minería en general es joven y cuando les llegue el 2018 ¿qué va a pasar con esa gente?”
Y es que las condiciones laborales y salariales en la minería se han ido degradando mientras los más veteranos iban deponiendo su combatividad conforme se retiraban con prejubilaciones doradas. Así que, como es de esperar en estos tiempos de capitalismo triunfante y corrupción rampante, sino hay una toma de conciencia social en Asturias y una transformación profunda de los instrumentos de clase actuales serán los trabajadores y las trabajadoras las que pagarán las consecuencias de los desmanes en la minería asturiana.
