Las amenazas y asesinatos de periodistas han encendido la luz de alarma en Brasil. Según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el gran coloso emergente de América Latina también es el cuarto país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, solo superado en este ranking por Siria, Somalia y Paquistán. Cuatro periodistas fueron asesinados en el país en 2012. Desde 1992, ya son 24.
El 70% de los crímenes contra periodistas ocurridos desde 1992 permanece sin resolver
Para analizar este deterioro de la situación se reunía esta semana en Brasilia el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos de los Profesionales del Periodismo, organismo creado el año pasado ligado al Consejo de Defensa de los Derechos de las Personas Humanas (CDPH). El objetivo de sus trece miembros es elaborar un diagnóstico de la situación y proponer las medidas necesarias de actuación. Para ello tienen seis meses de trabajo por delante y el análisis de unos 50 expedientes, en su mayoría relativos amenazas a periodistas queinvestigaban presuntos casos de corrupción.
Entre los casos analizados por el grupo están los de Mario Randolfo Marcos Lopes y Décio Sá, dos de los periodistas asesinados en 2012. Ambos comparten el mismo perfil de vulnerabilidad que caracteriza a la mayoría de las víctimas registradas: desempeño del trabajo en localidades relativamente pequeñas y ejercicio del periodismo a través de blogs independientes, sin la cobertura de los grandes medios.
Randolfo trabajaba en el pequeño municipio de Vassouras, en el estado de Río de Janeiro. Allí había fundado la web Vassouras na net desde donde denunciaba numerosas actuaciones de funcionarios corruptos. Una de sus más destacadas investigaciones fue la existencia de una supuesta red de sicarios vinculada a un ex responsable policial. El periodista sufrió el primer ataque en julio de 2011, cuando un pistolero entró en la redacción donde trabajaba y le disparó un tiro en la cabeza. Sin embargo, tras permanecer tres días en coma Randolfo sobrevivió a un atentando por el que ninguna persona llegó a ser detenida.
Una vez recuperado de sus heridas decidió trasladarse a la localidad de Barra do Piraí, a unos 25 kilómetros de Vassouras. Desde allí continuó con su línea de denuncias públicas, hasta que la noche del 8 de febrero de 2012 él y su compañera María Aparecida Guimarães fueron secuestrados por unos sicarios. A la mañana siguiente sus cuerpos aparecían en una autopista tras haber sido ejecutados. Hasta la fecha las pesquisas policiales no han dado frutos. Algo nada extraño, por otro lado, si se tiene en cuenta que el 70% de este tipo de crímenes ocurridos desde 1992 permanece sin resolver. De hecho, según el CJP, Brasil ocupa el puesto número 11 mundial en impunidad para esos sucesos.
Los autores materiales e intelectuales del asesinato de Décio Sá, por el contrario, sí fueron detenidos. En este caso, el hecho de que Sá trabajase también en un periódico de gran tirada en el estado de Maranhão sirvió para dar mayor transcendencia mediática a su muerte. Sin embargo, no fue su trabajo en el diario O Estado do Maranhão, propiedad de la todopoderosa familia del presidente del Senado, José Sarney, el que provocó la reacción de sus asesinos. Sus investigaciones más comprometidas eran difundidas en el Blog de Décio, blog independiente que fundó en 2006. Serían sus exclusivas sobre el asesinato de un empresario local a manos de una red de prestamistas con lazos en el gobierno local y la policía, lo que le pondría en el punto de mira.
Sá cayó asesinado a tiros en la terraza del bar Estrela do Mar de São Luis en la noche del pasado 23 de abril. En junio eran detenidos como responsables del crimen José Alencar y su hijo Glaucio, líderes del grupo de prestamistas investigado por el periodista, así como otras cinco personas, entre ellas un capitán de policía que supuestamente habría facilitado el arma al ejecutor.
Otros periodistas han tenido más suerte durante el pasado año. Como Mauri Köning y André Caramante, que estos días también han prestado testimonio ante los trece miembros que componen el Grupo de. Ellos han conseguido eludir las amenazas mediante el recurso del exilio o la ocultación. Así, Köning ejercía la profesión en el diario Gazeta do Povo, en el estado de Pará. Desde esas páginas comenzó a publicar una serie de reportajes sobre diferentes casos de corrupción que afectaban a la Policía Civil. Al poco tiempo comenzó a recibir anónimos y amenazas de muerte. Ante estas presiones el periodista ha decidido ocultarse junto con su familia en un lugar seguro.
Por su parte, André Caramante escribe en el influyente Folha de São Paulo. Allí elaboró un reportaje en el que señalaba que el ex comandante del controvertido cuerpo de élite de la Policía Militar paulista, Paulo Telhada, recién elegido concejal, utilizada su cuenta en Facebook para incitar a la violencia. Poco después Caramente comenzó a recibir amenazas telefónicas. Ante esta situación, el diario optó por trasladar al periodista a trabajar fuera.
Pero las amenazas no son el único problema que tienen que afrontar los periodistas brasileños. De hecho, según Reporteros Sin Fronteras, el país ha perdido 41 posiciones en el ranking de libertad de expresión, pasando a ocupar el puesto 108 en una lista de 179 países. A la violencia, se le suma una sutil “censura judicial” provocada por las querellas interpuestas contra periodistas por supuestos ataques a la privacidad, que en la práctica suponen cortapisas al ejercicio profesional. Según las estimaciones realizadas por CPJ, durante el pasado año los tribunales brasileños dictaron 191 órdenes obligando a eliminar contenidos publicados, generando así, a juicio de muchos periodistas, una auténtica “inseguridad legal”.
Mientras el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos de los Profesionales del Periodismo elabora sus conclusiones, no son pocas las voces que reclaman medidas más urgentes. Una de ellas es la definitiva aprobación del proyecto de ley PL 1078/2011 por el que los crímenes contra los periodistas que no se esclarecieran en 90 días pasarían a ser competencia de la justicia federal. Sin embargo, la tramitación de la propuesta sigue sin avanzar en la Cámara de Diputados. En este sentido, tanto los representantes de la Federación Nacional de Periodistas como de la Federación Interestatal de Trabajadores de Radiodifusión y Televisión han insistido en la necesidad de impulsar actuaciones concretar que permitan revertir la situación.
Por lo pronto, desde el Gobierno insisten en su voluntad de afrontar el problema. Así lo subrayaba estos días la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Maria de Rosario, quien ha destacado el seguimiento especial que el grupo de trabajo constituido tiene previsto realizar de los casos denunciados. La ministra admitió que en muchos de estos hechos están implicados elementos del Estado y defendió la necesidad de apartar de sus funciones y depurar a los funcionarios que se vean involucrados. Además, De Rosario señaló que se darán instrucciones a los responsables policiales para que estos crímenes sean prioritarios en las investigaciones.
En cualquier caso, mientras se concretan las medidas, no pocos periodistas independientes, perdidos por pequeñas localidades brasileñas, trabajan bajo la presión de las amenazas.
