Tras una noche convulsa en Cataluña, en Lleida nos despertábamos el día dos de octubre con la primicia de la detención del máximo responsable del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en la ciudad, el presidente de la Diputación, Joan Reñé i Huguet. En el marco de la Operación Boreas, agentes de la Unidad Central Anticorrupción de la división de investigación de los Mossos d’Esquadra entraban a primera hora de la mañana en el palacio del ente provincial con el objetivo de recabar información e interrogar a varios altos cargos del ente.
Joan Reñé fue detenido en su casa de Fondarella (municipio del Pla d’Urgell del que es alcalde desde 1987) y trasladado a su despacho del Palacio Provincial, donde los policías incautaron diversa documentación y volcaron los discos duros. Paralelamente, otras 26 personas -entre altos cargos y empresarios- fueron detenidas, pero fueron puestas en libertad con cargos a las pocas horas a la espera de comparecer ante el juez. La operación anticorrupción, coordinada por del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, se desenvuelve por diversos delitos contra la Administración Pública como cohecho, malversación de dinero público, soborno, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de dinero, delitos societarios y fraude en la contratación pública. También se investigan donaciones a la fundación CatDem.
Una vez puesto en libertad, el todavía presidente de la Diputación de Lleida compareció ante los medios de comunicación explicando que se había negado a declarar por imperativo de sus abogados. También lamentó haberse enterado de que estaba detenido por la radio, por lo que afirmó estar “indignado” con esta operación que consideró ser “extremadamente espectacular”. Joan Reñé, quien dejó claro que no se plantea dimitir, aprovechó también para defender la legalidad de todas las contrataciones remarcando que “así lo acreditan los informes favorables de intervención y de la secretaria general de la Diputación”.
No obstante, según El País, que cita fuentes policiales, los concursos públicos amañados fueron formalmente impecables, puesto que los empresarios conocían previamente los requisitos técnicos y pactaban las ofertas, de forma que cualquier competidor quedase fuera, en muchas ocasiones por oferta temeraria, al presentar un presupuesto muy por debajo del resto de todos los adjudicatarios. Las empresas se presentaban a los concursos solas, formando UTE con otro de los implicados, e incluso organizando falsas UTE, según las mismas fuentes de la investigación.
Mordidas de 11.000 euros bimensuales
La Fiscalía de Lleida sospecha que Joan Reñé y su mano derecha en la Diputación, la jefa de organización y gestión, Marlen Minguell, habrían cobrado durante años retribuciones en metálico a cambio de adjudicar contratos a dedo. Según ha trascendido, el porcentaje de las mordidas oscilaba entre el 3% y el 8% de la adjudicación, y entre las empresas involucradas se encontrarían MJ Grúas (Alguaire) e Ingeniería Inalba (Mollerussa), sociedades que también habrían realizado suculentas donaciones a CatDem. En este caso, la policía detuvo al gerente de MJ Grúas, José María Grúas en la estación del AVE cuando estaba a punto de salir de viaje, y a su sobrino Miquel Turmo Grúas en su domicilio. Por su parte, el responsable de Inalba acudió a prestar declaración a la comisaría de los Mossos de Mollerussa.
Los investigadores habrían constatado que Joan Reñé y Marlen Minguell, habrían cobrado de forma bimensual hasta 11.000 euros cada uno. Singularmente, Reñé tenía reservada para comer una mesa fija en un conocido restaurante de la calle Democracia de Lleida, donde se reunía asiduamente con un amplio círculo de colaboradores, algunos de ellos también detenidos en la operación policial.
Cabe destacar que Minguell fue exculpada la semana pasada de la acusación de acoso laboral junto con otro alto cargo de la Diputación, el coordinador de Nuevas Tecnologías, Gerard Serra. En este caso el juez desestimó que los acusados hubieran llevado a cabo “actos hostiles graves o vejatorios» contra dos funcionarios del ente provincial.
La Fiscalía de Lleida inició la investigación en el año 2015 por la deriva de una denuncia anónima presentada en 2010 en la que se revelaba que Reñé y Minguell habrían cobrado hasta 500.000 euros por la adjudicación de la gestión de seis depuradoras del Pla d’Urgell durante 15 años cuando ambos estaban al frente del Consell Comarcal de dicho territorio. La operación suponía para las empresas la adjudicación de un contrato por valor de 22 millones de euros. Un año después, Reñé y Minguell llegaron a la Diputación por lo que la investigación se trasladó al entorno del ente provincial.
La operación se ha llevado a cabo después que la Audiencia Nacional imputara el pasado 27 de julio al PDeCAT como partido heredero de Convergencia en el caso 3%, la investigación sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública en Cataluña. El juez José de la Mata atribuye a ambas formaciones la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Reacciones políticas
Tras la detención de Reñé los partidos políticos representados en la Diputación de Lleida mostraron su preocupación. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) emitió un comunicado en el que reclama al equipo de gobierno de la Diputación que “asuma las responsabilidades necesarias para preservar la institución” debido a la “magnitud del caso y la dimensión de los hechos investigados”. ERC también lamentó que «la Diputación se vea salpicada por la sombra de la corrupción». Por su parte, el PSC ha anunciado que también pedirán «responsabilidades políticas» pero «solamente en caso de que se acabe demostrando la corrupción del PDeCAT en la Diputación».
Jacobo Piñol Fontova
