Cuando se habla de lucha contra los abusos hipotecarios, no hay duda, el referente en el estado español es la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca (PAH). Si bien es cierto que irrumpieron en el plano mediático sin previo aviso, incluso llegando a concebir a la que ahora es la alcaldesa de Barcelona, parece que recientemente se ha dejado de hablar de su labor. Y no precisamente porque hayan cesado en su empeño. De hecho, han ampliado su batalla a las ejecuciones por impago de alquileres, a la regulación de las ocupaciones e, incluso, al corte de suministros a las familias que no pueden pagarlos. Hace menos de un año consiguieron que en Catalunya se implantara una Ley para regular toda esta situación. Ahora, su misión, es que esta ley se aplique.
Todo empezó, hace unos años, con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a nivel estatal. Consiguieron millón y medio de firmas y, por ende, un cambio de postura en la mayoría de partidos políticos. Excepto en el PP, quien, con su mayoría absoluta, bloqueó la iniciativa. Se planteó entonces lo que internamente apodaron la “batalla por Romper desde abajo”, dirigida a actuar en el ámbito local. Empezaron por una campaña para que se aplicara la Ley Catalana del Derecho a la Vivienda -vigente desde 2007- para poder sancionar a los bancos por tener pisos vacíos.
“Tuvo un éxito relativo”, narra el representante de la PAH, Carlos Macías, “se puso en la agenda política y mediática que aquello existía y que, al final, había falta de voluntad política; se aprobó en muchos municipios catalanes en cosa de un mes, y algunos Ayuntamientos sí que empezaron a sancionar; pero, a nivel práctico, en la mayoría de sitios supuso algo más simbólico que una voluntad real de aplicación”.
Y es que, de hecho, la acción política estatal que precedía a la ILP, se reducía al Fondo Social de Viviendas prometido por el PP; Una “patraña” –en palabras de Macías– que crea Rajoy, por la que prometen poner pisos al alcance de los desahuciados. “6.000 pisos en todo el estado para 600.000 familias en proceso de desahucio” explica el representante de la PAH. “Al final, de todo esto, en tres años, sólo se han formalizado 2.000 contratos de alquiler social, porque, como todo lo que ha hecho el PP, es de cara a la galería; luego, la letra pequeña [de este fondo] implica cumplir unos criterios económicos y sociales que restringen la ayuda a que se esté en la más absoluta miseria: ni ingresos, ni avaladores con ingresos… ni siquiera tener una casa en ruinas en un pueblo lejano”.
Por el contrario, explica el mismo Carlos Macías, la PAH ha realojado a 3.000 personas en los últimos años a través de su obra social, mediante dos fórmulas: la negociación con la entidad a través de la presión para conseguir dación en pago y alquiler social o recuperar pisos o edificios vacíos en manos de entidades financieras y realojar a las familias para empezar una negociación con administración o propiedad para pedir la conversión en un alquiler social. “Si cogemos datos oficiales –imprecisos y poco fiables– nunca han dejado de crecer los desahucios” explica Macías “trimestre tras trimestre y comparativamente con el año anterior han ido creciendo”.
Con todo esto como precedente y referencia, impulsan la ILP antes mencionada, que plantea, no sólo parar desahucios, deuda y demás, sino hablar de una vivienda digna – a parte de techo, tener suministros básicos garantizados– a través de tres innovadoras propuestas: un mecanismo de segunda oportunidad, un cambio de lógica y establecer el principio de precaución.
En primer lugar, como no se podía garantizar la dación en pago por restricciones en el marco legislativo catalán, se inspiran en herramientas usadas en Alemania y Francia como el mecanismo de segunda oportunidad. Que no es otra cosa que entrar en un proceso extrajudicial para llegar a un acuerdo para liquidar la deuda o acceder a un proceso judicial con el mismo fin. Y, además, librar a los avales de su responsabilidad.
En segundo lugar, “por el lado de los desahucios aplicamos un cambio de paradigma, que dice que, a partir de ahora, la entidad que realice un desahucio está obligada por ley a hacer un alquiler social a aquella familia durante 3 años”, explica Macías, “Y cuando hablemos de alquileres entre particulares, como entendemos que ellos no han generado la crisis y que no podrían soportar esta carga, que la Administración mande ayudas a la familia que no pueda pagar y, en caso de que sean insuficientes, obligatoriedad de la Administración de realojar”.
Por último, aplicar la misma lógica con el corte de suministros. “Hasta ahora están cortando y, como mucho y con suerte, preguntan después” prosigue el representante de la PAH “Nosotros establecemos el principio de precaución: A partir de ahora [las suministradoras] deberán preguntar en servicios sociales por la situación de la familia en cuestión, y si la familia se encuentra, efectivamente, en situación de incapacidad de pago, no se podrá cortar el suministro”.
Y todo ello, se aprobó por unanimidad en el Parlament de Catalunya, el julio pasado. “Ahora mismo tenemos la ley más avanzada en toda Europa en protección de derecho de vivienda” explica Carlos Macías, “De hecho, en breve nos vamos a Berlín a contar a colectivos de allí como adaptar este cambio legislativo a su realidad”.
El cambio de partido en el Ayuntamiento de Barcelona, no dudan en decirlo, supuso un cambio notable en la labor de la PAH. Empezaron a ir representantes de la Administración Pública a los desahucios a través de una unidad creada para ello y se reactivó el Consell Social del Habitatge a Barcelona, que forzó la aparición en el plano mediático y político de la realidad de la ocupación.
Y a partir de la creación de la Ley 24/2015 surgida de la ILP y a la buena conjunción con el consistorio barcelonés, empieza un proceso de colaboración estrecha con la Generalitat en la que se elaboran guías para los usuarios con derechos y pasos a seguir, guías de cómo aplicar la ley, guías de aplicación para la banca y las suministradoras, así como formaciones en toda Catalunya a funcionarios de la Administración Pública y formación interna a las PAHs. “Nosotros tenemos una voluntad, y es que se acaben los desahucios” explica Macías “no queremos vivir toda la vida parándolos”.
Fue por eso mismo que, en su momento, enviaron una carta abierta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para pedir “pasos más acelerados” y que, recientemente, han mandado otra parecida al nuevo President de Catalunya, Carles Puigdemont. En ella piden ver si esto es una prioridad y lo interpelan con los puntos mencionados arriba, dejando claro que deben empezar a moverse rápidamente. A pesar de que el President no contesta la misiva, reciben feedback de parte de la Consellera de Governació, Meritxell Borràs, con la que mantienen un par de reuniones en las que se pone de manifiesto que, a pesar de “ir con buena voluntad”, no se habían materializado ni cuerpo ni compromisos públicos. Se centran ahora, en este sentido, en apretar para conseguir que todo esto tire hacia delante.
Y, en cuanto al resto, las otras PAHs de España están intentando que sus Gobiernos autonómicos imiten los pasos de Catalunya, aprobando la ILP igual que han hecho los propios colegas de partido en Barcelona. Y, a pesar de que todo son propuestas en niveles muy iniciados, ya ha habido un caso destacado: Hace un par de semanas, en el Parlamento de Andalucía se sometió esta ILP al primer trámite para pasar a ser ley, votar si se aceptaba la discusión. Podemos e IU dijeron que sí. PP y C’s se abstuvieron. Pero PSOE votó en contra y quedó bloqueada la propuesta. “Hizo lo que ni el PP se había atrevido a hacer a nivel estatal” culmina Carlos Macías “Puso de excusa que esta ley está desfasada, cuando es la ley más avanzada alrededor de este tema, tanto que nos llaman desde el resto de Europa para que la expliquemos”.
