En el debate de presupuestos, el gobierno obedece la ley de estabilidad del Gobierno de Rajoy y se niega totalmente a modificar los apartados de los impuestos, para empezar, las cifras que con las que se trabaja se encuentran limitadas no solamente por los dictados de Madrid y Bruselas, sino por los intereses de clase de la burguesía que defienden el gobierno de JxS.
No se da una respuesta a las necesidades sociales (ni Renta Garantizada, ni suficiente ampliación de la RMI, ni Planes de Ocupación…), ni se empiezan a revertir los recortes (Sanidad, Enseñanza), pero en cambio se aumentan las privatizaciones (en todos los departamentos pero muy especialmente en Asuntos Sociales). Es difícil calcular los datos exactos porque hay un gran número de partidas en las que se ocultan la financiación a la empresa privada y porque en el capítulo 2 (gasto en bienes y servicios) que acostumbra a utilizarse para comparar con el 1 (personal propio), también se encuentran la luz, el agua, pero es cierto que señalan la tendencia. Para ver solo un ejemplo, el gobierno catalán para eliminar la desviación que se ha producido en Salud respeto los de 2015, los gastos de personal suben un 9,5% mientras las del capítulo 2 casi el doble: más del 17%. Por lo tanto los presupuestos no revierten las privatizaciones: desde el 2009, los bienes y servicios han crecido más del 44% mientras el sector público lo ha hecho 5,6%!!.
De esta manera, Puigdemont-Jusqueras siguen transfiriendo fondos públicos a manos privadas, maltratando así así la riqueza conseguida con uñas y dientes sin contemplar ni siquiera que quién más tiene más pague. Se tendría que haber paralizado los presupuestos en su conjunto exigiendo su retirada y que se vuelvan a presentar asegurando la cobertura de las necesidades más urgentes. Aunque no se aprobaron, en su momento, las enmiendas a la totalidad, la necesidad de otros presupuestos sigue siendo la misma y no se puede aplazar. Como mínimo no pueden dejarse pasar, tal como están, los presupuestos de Salud, Enseñanza, Trabajo y Asuntos Sociales y el de los Fondos No departamentales –donde está la deuda- que dependen de Vicepresidencia y Economía. Todo y las limitaciones de partida , hace falta seguir la lucha para cambiarlos Departamento a Departamento para que empiecen a cubrirresponder a las necesidades sociales, a revertir los recortes y que se paren las privatizaciones.
Esbozamos las propuestas urgentes para atender las necesidades más vitales en cada uno de ellos.
Hay que dar cobertura con la RMI de todos los hogares donde no entra ningún ingreso.
Las cifras del pasado mes de noviembre mostraban que sólo se atendía, por algún medio, el 30,1% de los hogares con este problema, cosa por la cual los 70M destinados a incrementarla son totalmente insuficientes y habría que triplicar la cifra del total de ayudas de este tipo del 2015 que era de 173M, y actualizar los 500 euros a 640 que piden, como mínimo, los impulsores de la RSG –y que sigue quedando por debajo del SMI 2017-, llegando a los 674,7M. Es decir se necesitan más de 466,7M lo que debe comportar el bloqueo inmediato del presupuesto del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, así como la inclusión en la Ley de acompañamiento de la ampliación de criterios de adjudicación de la RMI como transicional hasta la entrada en vigor de la Ley de la RGC que hay que aprobar en el primer trimestre 2017. Para poder garantizar su aplicación, se debe abrir una Partida extraordinaria en los Fondos No departamentales para cubrir la diferencia entre la RMI aquí definida (674,7M) y el coste aproximado fijado por la Plataforma de la ILP (2.100M): 1.425,3M.
La pobreza energética recientemente comportó la muerte de la abuela de Reus, que no te precio. Este problema se aborda incrementando las partidas de dinero público para suavizar las pérdidas que comporta a las compañías (se le dedican 10M).
Hay que incorporar a la Ley de Acompañamiento la prohibición del corte energético por motivos de impago debidos a necesidad social avalada por los servicios municipales y el coste total a cargo de la Compañía. Gas Natural, con sus lustrosos beneficios (1.052 millones a 2015) y La Caixa (814M, un 31,5% más que el año anterior) deben cubrir la emergencia y no el dinero público. En caso contrario, hay que aplicarles una multa millonaria primero y cambio de compañía a contratar por parte de la Administración en caso de reincidencia.
La RMI y la RSG no son más que paliativos de emergencia frente a una situación estructural a la que hay que dar salida: paro y pobreza laboral.
Hay que elaborar un mínimo Plan de Ocupación que se inscriba en los Fondos No Departamentales para distribuir entre los diferentes departamentos con objeto de garantizar ofertas con diferentes perfil y formación al alcance de todo el mundo. La Generalitat propone crear 6.923 dotaciones, los docentes reclaman otros 4.800 (además de las 1.200 reales que crea Enseñanza) para recuperar los recortes y atender el incremento de alumnado. Hacen falta otros 8.277 de contratación directo para llegar a los 20.000 puestos de trabajo destruidos por las administraciones públicas, a distribuir en otros servicios que no impliquen el mismo perfil de titulación: construcción, mantenimiento, dependencia… o incluso, si se tercia, con transferencias a entes locales para completar la oferta de los perfiles, edades y género. Esto podría implicar, haciendo una media del coste laboral de un puesto de trabajo público, del orden de 22M de euros. Hay que crear una Partida extraordinaria dentro de los Fondos No Departamentales para eliminar las percepciones por debajo del salario mínimo en la misma Administración producto de los fraccionamientos de jornada (como por ejemplo los tercios de jornada en enseñanza que sólo en el curso 13-14 representaron el 10% de los más de 23.000 nombramientos), el pago por horas o de un día –como algunas sustituciones a sanidad- que forman parte de la lacra de la pobreza laboral.
Esto supone 1,51M de euros en el caso de enseñanza y al que habría que añadir otros 1,5M para sanidad que tendrían que acompañarse de la oferta de plazas suficientes para reducir drásticamente la precariedad en el Sector público garantizando el puesto de trabajo a interinos, temporales y sustitutos. Esta segunda medida, no tiene coste –la gente ya tiene el trabajo- sólo hay que incluirlo en la Ley de Acompañamiento para que lo apliquen los diferentes Departamentos. Hay que prohibir expresamente y recoger en la misma Ley las percepciones menores al SMI y aplicada a todas las cláusulas de condiciones.
Hay que paralizar el presupuesto de Salud para ampliar la partida para la reducción de las listas de espera.
Se destinan 45M en lugar de los 103M que el propio Gobierno considera que son necesarios para reducir un 10% para una intervención quirúrgica y un 50% el tiempo medio de espera en pruebas diagnósticas y en primeras visitas al especialista. Hay que añadir los 45M que faltan como mínimo, en el camino de recuperar el gasto del Departamento de 2012, para lo cual faltarían 1.044M más.
En Enseñanza también hay que paralizar los presupuestos que aumentan las partidas de conciertos y no revierten los recortes.
Hay que empezar por congelar los conciertos que pasan de 1.020 millones el 2015 a 1.075 ahora: esto nos da 50M. Ampliar las partidas para responder a las demandas del sector de mejora de la atención y reversión de los recortes a la escuela de todos, la pública: sustituciones desde el primer día, regreso al horario lectivo del profesorado y dos horas de reducción de los mayores de 55 años… todo ello, a tenor de lo que señalan los sindicatos del sector, significan 142M, descontando los conciertos se genera un déficit de 92M de euros. Todo esto como mínimo para recuperar el gasto público por alumno que es demoledor: 3.620 euros en los presupuestos 2017 ante los 4.215 euros de 2010.
En Trabajo y Asuntos Sociales también hay que parar los presupuestos: bloqueo de todas las partidas que van a empresas del Tercer Sector -30,5% del presupuesto, ante el 6.07% del personal propio para dar el servicio- con la obligación de de mantener el servicio y los y las trabajadoras en las mismas condiciones en que las tenían (no aprovechando además para incrementar su negocio con ERES encubiertos cómo trata de hacer la patronal de FASI). Absorción inmediata de toda empresa que no lo haga con subrogación de todas las trabajadoras a la Administración Pública. Ampliación inmediata de las partidas de la DGAIA para atender, como mínimo, las indicaciones del Síndic de Greuges de 2014 (….). Desde el 2011 hasta los presupuestos de 2017 los gastos de personal propio no llegan a multiplicarse por dos -y eso teniendo en cuenta que se ha traspasado personal que estaba en Empresa y Ocupación y ahora está en Trabajo y Bienestar Social-. En cambio, los gastos del Capítulo 2 se han multiplicado por más de 7, y la “Prestación de servicios con medios ajenos” ha pasado de 84 millones a 604 : ¡¡¡un 612% ! ! !…
Todas las plazas nuevas en el sector de la dependencia (los 67M para nuevas plazas concertadas y por nuevos centros residenciales y diurnos) y en la DGAIA (210 comprometidas más las otras 190 necesarias como mínimo, en centros pequeños y con agrupación de problemáticas como piden los profesionales del sector) y otros sectores sociales, han de ser públicas y de gestión directa, así como la recuperación de todas aquellas con gestión delegada (como por ejemplo CRAEs y algunas además con escándalos como el del Petit Princep). Hay recoger en la Ley de Acompañamiento el carácter de las nuevas plazas, las condiciones por este año para las concertadas y el traspaso de la gestión de las delegadas, junto con el compromiso de hacer un mapa de empresas del Tercer Sector y de las puertas giratorias con los cargos públicos y acompañarlo de un plan de reversión de servicios empezando por las que facturan más de 5 millones, sean de ámbito catalán o superior y/o que tengan más de 250 trabajadores. Esto significa paralizar la aplicación del III Plan del Tercer Sector que firmó el Gobierno de JxS con las empresas, y que apoyaron también la CUP-CC y CSQEP en el Debate de Política General, para hacer uno para el Sector Social con presencia de los movimientos, de los y las trabajadoras y los usuarios, en lugar de las patronales.
Sacar el dinero de donde está: JxS se ha negado a grabar la injusta distribución de la riqueza que se ha profundizado con la crisis, pero además sigue anteponiendo los intereses de los bancos a las necesidades de la gente.
La deuda pública sigue siendo la segunda partida más importante del presupuesto (5.996M euros), porque además cuando más pagamos más debemos y crece la deuda pública total (77.495M de euros). Junqueras quiere pagar los 799,3M de intereses y los 5.999M, de cancelación de créditos con los bancos a cambio de nuevos créditos con el FLA lo que nos hace todavía más dependientes del Estado español, mientras le permite a este “justificar” el seguir vaciando dinero de la hucha de las pensiones y no aumentarlas con el coste de la vida a niveles dignos, ni garantizar su mantenimiento. Aparte de lo que saca de la hucha –quedan 25.000M de euros-, el 100% de su patrimonio está invertido en deuda pública española, estrangulando absolutamente el sistema de pensiones. En los dos últimos años, con Junqueras se ha incrementado la dependencia del estado que ya té 7 de cada 10 euros de deuda pública catalana. ¡Gran avance hacia la desconexión!
Es necesario un Plan de lucha para garantizar un nuevo presupuesto
Hay que paralizar la partida de Fondos no Departamentales para reducir el pago de la deuda y añadir los Planes de Ocupación y las Partidas Extraordinarias contra la precariedad y pobreza laboral y la de la RSG. Porque hay dinero dejando de pagar intereses y amortizaciones de deuda pública empezando por los bancos. Y es posible porque es imprescindible. ¡Paremos la sangría de la deuda!
La movilización conjunta del Movimiento por la Renta Garantizada, de la Marea de Pensionistas o la de Enseñanza ha de tener continuidad. Porque es posible conseguir otros presupuestos. Las previstas huelgas de maestras y profesores son escalones que permiten decir que sí, que se pueden cambiar.
Nosotros creemos que lo mejor hubiera sido una enmienda a la totalidad y que el Gobierno los tuviera que rehacer parar responder a las reivindicaciones. Pero, como no ha sido así, la lucha tiene que seguir porque se puede tumbar uno a uno el presupuesto de cada Departamento en los debates de Comisión en la segunda quincena de enero y es imprescindible, y se puede lograr, imponer otro gasto social. Esperar a que se voten de conjunto en la primera semana de febrero es ponérnoslo mucho más difícil porque es apostar a una sola carta y a una enorme movilización general capaz de hacer retroceder al gobierno. O puede a ser la maniobra de quienes no quieren cambiarlos.
No podemos esperar si queremos realmente ganar. Hay que movilizarse ahora, y si hace falta el mes de febrero … o más allá porque las necesidades, si no son atendidas seguirán pendientes y hará falta que, con o sin debate de presupuestos, sigamos exigiendo respuestas. Porque las necesidades de la gente trabajadora no pueden ser moneda de cambio, ni por los réditos políticos de la denuncia, ni por el chantaje del referéndum.
Puigdemont amenaza que sin sus presupuestos no habrá referéndum. Pero que no nos engañen, son las voces de su partido y de la patronal catalana quienes lo cuestionan. Si Puigdemont-Junqueras se echan atrás en el referéndum no será porque estos presupuestos no se han aprobado, sino porque la burguesía catalana (patronal y PDeCat) traicionan las aspiraciones de libertad del pueblo de Catalunya. Y al contrario, si los presupuestos recogen las necesidades sociales de la clase trabajadora, será una señal ineludible que la República Catalana será una nueva oportunidad para las clases populares. Y esta es la mejor campaña para forzar y garantizar el referéndum y pedir el sí.
