El Parlament ha aprobado los primeros presupuestos de la legislatura, tras prorrogar durante el 2013 los del año anterior. Las cuentas para el 2014, y la ley asociada, contaron con el único -y suficiente– apoyo de la alianza de gobierno CiU-ERC.
El Parlament ha aprobado los primeros presupuestos de la legislatura, tras prorrogar durante el 2013 los del año anterior. Las cuentas para el 2014, y la ley asociada, contaron con el único -y suficiente– apoyo de la alianza de gobierno CiU-ERC. La oposición insistió en las críticas ya realizadas durante la tramitación de las cuentas, y lamentó que, de las más de 1.000 enmiendas presentadas, ni una sola fuese aceptada. El nuevo presupuesto consolida la política de recortes, seguida por las anteriores cuentas, para las que CiU contó con el soporte de PP, y mantiene a Mas– que, al igual que Junqueras, ni siquiera acudió al debate- a flote y con el rumbo puesto hacia el 9 de noviembre.
El acuerdo entre Convergència i Unió y Esquerra -el llamado “pacte per la Llibertat”– permitió la aprobación de unos presupuestos, por mayoría absoluta, que la oposición contempla con una incomodidad evidente y que se presentan con varios enigmas, más allá de de las partidas destinadas a la consulta prevista para el 9 de noviembre. El mayor interrogante aparece en el capítulo de ingresos, en el que se prevé recaudar unos 2.300 millones de euros a través de unas privatizaciones y una venta de patrimonio que quedó, una vez más, sin concretar. A estos ingresos se unirán, al menos sobre el papel, la recuperación de algunas tasas sobre el impuesto de sucesiones, la aplicación de un tributo sobre el tráfico de vehículos pesados -”euroviñeta”– y una ampliación de las imposiciones fiscales sobre medio ambiente.
Tanto CiU como ERC justificaron los presupuestos como los únicos posibles por la ausencia de soberanía y la falta de control fiscal sobre todos los recursos. En esta línea de argumentación, avanzaron que, una vez se haya realizado la consulta, “se superaran las limitaciones”, sin explicar donde deja eso a un Estado del Bienestar muy tocado por los ajustes y con un plan de privatizaciones aún sin desarrollar por la Generalitat en su totalidad.
Todo el arco de la oposición, desde los populares hasta la CUP, coincidieron en considerar los presupuestos como antisociales. En este sentido, el portavoz del PSC, Maurici Lucena, contradijo el discurso oficial de la mayoría al recordar, con datos, que la inversión en gasto social ha caído a niveles del 2004. Un retroceso de 10 años que se ha llevado por delante el 80% de lo presupuestado en los últimos ejercicios. Para el PSC el presupuesto para este año es “muy similar a los que pactaron en 2010 y 2011 el PP y CiU”. Lucena dejó así en la “irrelevancia” la aportación de ERC a las cuentas del 2014 en un paso que les ha dejado con “muy poquito de izquierda”.
Iniciativa juzgó el presupuesto como “irreal” al descender todas las partidas y críticó la “propaganda” de la Generalitat y sus socios de ERC con el decreto de pobreza energética como ejemplo evidente de una política que solo aplaza y no soluciona los problemas de la ciudadanía. La CUP lee las cuentas del 2014 con una perspectiva parecida. Y dejaron un dato, uno más, sobre la sangría ocasionada por las condiciones impuestas desde Berlín. La Generalitat paga en intereses por la deuda seis millones de euros al día.
Pero fue la previsión de ingresos de 2.318 millones de euros el punto sobre el que giró buena parte del debate final de presupuestos. La Generalitat pretende conseguir esta cantidad a partir de la concesión de algunos servicios, la privatización de otros y la venta de inmuebles. La falta de concreción en este capítulo motivó las quejas de toda la oposición. Así el PP, también obediente a la hora de cumplir los compromisos exigidos desde la Comisión Europea, consideró que se incumplirían los objetivos de déficit, y se unió a PSC y a Ciutadans en el ataque contra la subida de tasas y, especialmente, con lo que calificaron de “obsesión por la consulta del Govern de la Generalitat”.
