El International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS) ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona que reconsidere su postura de cerrar clubes cannábicos de la ciudad. Según esta entidad favorable a estas asociaciones cannábicas, el modelo de Barcelona es pionero en el mundo y ha permitido asegurar un consumo responsable y seguro. El ICEERS critica al alcalde, Jaume Collboni, y al teniente de alcaldía de Seguridad y regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, por su postura «prohibicionista».
En los últimos días, alrededor de 30 asociaciones han recibido notificaciones remitidas por el Ayuntamiento con propuestas de sanción que oscilan entre multas económicas y el cese temporal de actividad, que alcanza periodos de seis meses a dos años. Esta situación, según ICEERS, refleja una «estrategia persecutoria» del consistorio barcelonés, que parece que se dirige hacia el cierre total de estos «espacios de reducción de riesgos» en la ciudad.
En enero, ICEERS remitió una carta al Ayuntamiento con el apoyo de 179 expertos y representantes de instituciones de más de 53 países, defendiendo el modelo de los clubes cannábicos en Barcelona, pionera en la creación de este tipo de espacios de consumo compartido. Pese al apoyo internacional y de la petición formal de una reunión, no se produjo respuesta ni apertura al diálogo por parte del Ayuntamiento, que ahora ha intensificado su persecución administrativa, «sin la transparencia ni el rigor que se tendrían que esperar por parte de las administraciones públicas».
Esta coyuntura coincide, paradójicamente, con la apertura del primer club social de cannabis con plenas garantías legales en Alemania. Simultáneamente, en Barcelona se emiten órdenes de clausura, «evidenciando un retroceso significativo en las políticas de drogas locales, alineadas con enfoques prohibicionistas que el mismo partido gobernando rechazaba hace solo unos años».
Según la entidad, el contexto actual presenta una combinación de factores estructurales y circunstanciales que complican todavía más la situación de los clubes cannábicos en Barcelona. A pesar de que hay más de 200 asociaciones de este tipo en la ciudad, «el tejido activista se ha visto desmembrado por años de represión policial y judicial, la ausencia de apoyo por parte de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y la irrupción de actores con intereses comerciales». «Esta situación se ha agraviado con la llegada de líderes políticos como Albert Batlle, la carrera de los cuales se ha caracterizado por una visión conservadora y prohibicionista», dicen.
Mientras tanto, el modelo de Barcelona ha servido de inspiración en otras partes del mundo, donde se valora el enfoque en la reducción de daños y el autocultivo regulado. En países como Uruguay, Suráfrica, Malta y Alemania, estos espacios ya operan bajo marcos legales. Aun así, en Barcelona, el movimiento parece retroceder, puesto que la reciente estrategia municipal amenaza de desmantelar este modelo.
Según ICEERS, esta medida no solo afectará negativamente los CSC, sino que también «podría aumentar la inseguridad y el mercado no regulado, contraviniendo los principios de salud pública y derechos humanos».
Òscar Parés, director adjunto de ICEERS, dice que «la actual estrategia del Ayuntamiento de Barcelona no solo amenaza la existencia de los CSC, sino que también socava más de dos décadas de progreso en la creación de un modelo autorregulado y seguro que ha servido como ejemplo para el mundo. Solicitamos que el consistorio reconsidere su postura y opte por un enfoque más dialogante y basado en la evidencia».
Por eso, ICEERS hace un llamamiento al Ayuntamiento de Barcelona para reconsiderar la postura y abrir un diálogo constructivo que permita el desarrollo de políticas de drogas más «justas y efectivas». «Por el bien de la salud pública, es importante que se reconozca el valor de los CSC y se trabaje en conjunto hacia un futuro donde se respeten los derechos de los consumidores, se establezcan medidas de reparación y equidad social, y las políticas públicas se basen en la evidencia científica, velando así por el bien del conjunto de su ciudadanía», dice. «Los clubes sociales no solo proporcionan un entorno seguro para el consumo de cannabis, sino que también educan sus miembros sobre el uso responsable y reducen los riesgos asociados al mercado no regulado. El cierre de estos centros podría comportar un aumento en el consumo descontrolado, con más riesgos y adulteraciones, y sin supervisión, exacerbando los problemas de salud pública en vez de mitigarlos», añade Parés.
