El informe destaca la regresión y el retroceso en libertad de expresión en España, la sobreprotección de la monarquía y la pasividad del Estado español en relación a las denuncias procedentes de organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Debido a la publicación del último estudio de Amnistía Internacional 2017/2018, Rambla ha querido entrevistar a uno de los miembros de la organización internacional en Barcelona. Se trata de Dani Vilaró, portavoz de Amnistía Internacional de Barcelona.
Desde el año 2015 con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana se ha detectado un aumento de sentencias de enaltecimiento del terrorismo. Hay más sentencias de este tipo ahora que antes del alto al fuego de ETA. “Nosotros desde Amnistía Internacional estamos denunciando desde hace varios años que hay una regresión y un retroceso en libertad de expresión en el estado español desde hace bastante tiempo y esto va a más y va aumentando”, confirmaba Vilaró. Para el portavoz de esta organización, lo que está pasando en Cataluña en el contexto social es una tendencia en todo el Estado español. Existen una regresión clara en materia de libertad de expresión y de reunión pacífica en el contexto de estas reformas legislativas que tuvieron lugar en 2015. Como consecuencia, esto está provocando problemas, a la hora de protestar o de realizar su trabajo, a cualquier persona indiferentemente del cargo que tenga, sindicalistas, periodistas…. La ley mordaza ha sido referenciada en este informe anual con el caso de una periodista de Catalunya Radio, que se saltó un cordón policial y como resultado tuvo que hacer frente a una multa de 600 euros. El portavoz de Amnistía mostraba su preocupación por los delitos relacionados con el enaltecimiento del terrorismo, sobre todo porque éstos se están atribuyendo a conductas que no tienen nada que ver con el terrorismo, canciones de rap, tweets, expresiones en redes sociales, etc…. “Lo que se busca con estas medidas no es combatir el terrorismo porque ya no está presente, lo que se busca contener la protesta social, es decir limitarla o reducirla, que la gente tenga miedo a protestar, que la gente tenga miedo de poner un tweet, o de elaborar una canción crítica” explicaba Vilaró.
A partir del año 2011, con el movimiento social 15 M y las crisis económicas, se han producido más movilizaciones en las calles de nuestro país. Siempre que hay una acción, hay una reacción y como en España en general la gente sale más a protestar, el Estado ha reaccionado con una legislación restrictiva. Dani Vilaró explicaba que la ley mordaza y la reforma del código penal por temas de enaltecimiento del terrorismo es una legislación a la carta para frenar el miedo que tienen a las protestas que surgieron a partir del 15M. Asimismo, añadía que por la ley mordaza decide un juez y no un funcionario. De esta forma se abre la puerta a la arbitrariedad de un funcionario o de un policía que considera que le has insultado o le has faltado el respeto…, cualquier cosa que les sirva para poner la multa, con lo cual buscan limitar todas estas actuaciones. “Desde Aministia venimos diciendo, que desde hace algún tiempo hay una regresión muy clara en este tema en España”, señalaba Vilaró.
Una monarquía intocable
El portavoz de Amnistía Internacional en Barcelona destacaba la inmunidad de la monarquía en España, “está sobreprotegida jurídicamente”. Lo mismo señala el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El organismo, no obstante, admite que eso no debería ser así. Debido al carácter global de Amnistía Internacional, Vilaró quiso dejar constancia de que el ataque a la libertad de expresión en España supone también un ataque a la libertad de expresión en todo el mundo. “Todas estas tendencias que vemos, lo que buscan es limitar la libertad de expresión en todo el mundo, esto es una tendencia bastante global y España no escapa a esta tendencia tan preocupante”. A nivel mundial es preocupante, pero a nivel europeo también lo es. Hay países en la Unión Europea que están teniendo una deriva autoritaria muy preocupante, según Amnistía. Un ejemplo de ello es Polonia, que está haciendo intentos por controlar el poder judicial. Hubo un cambio de ley para que el gobierno pudiera nombrar a dedo a los miembros del poder judicial. “Hungría también está teniendo derivas xenófobas, son países de la Unión Europea con una deriva autoritaria clara”, informaba el portavoz de Amnistía.
“Devoluciones en caliente”
Las “devoluciones en caliente” son expulsiones sumarias de personas, algo que es ilegal, según el derecho internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo dictaminó en una sentencia en octubre y la respuesta del Estado español no sólo ha rechazado esa sentencia, sino que sigue realizando devoluciones ilegales en la frontera. Para Amnistía Internacional, esto es una vulneración clara de derechos humanos y así tiene que ser señalada. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueden ser ignoradas sin consecuencias. “Lo único que se puede es denunciar junto a otras organizaciones todo lo que está pasando, pero es un escándalo lo que ocurre en la frontera sur”, manifestó Vilaró.
El portavoz exponía que las devoluciones en caliente son prácticas muy habituales por la policía de frontera en Ceuta y Melilla. Ellos reciben órdenes de que cuando entra alguien se les devuelva de forma inmediata a Marruecos con el agravante de que se los devuelve a un país donde son objeto de vulneración de derechos humanos (son golpeados, torturados…) con lo cual todo es aberrante. Además, él mostraba su indignación porque según Amnistía Internacional, la Unión Europea parece no importarle que España esté haciendo de policía de su frontera sur y no hacen nada por evitarlo, porque no ha habido ninguna reacción por parte de otros países por lo que está haciendo España con las devoluciones en caliente. “Esta es una de las principales vulneraciones que nosotros destacamos en el informe”, confirmó Dani Vilaró.
Refugiados en España y la estigmatización de los activistas.
“La escasa llegada de refugiados a España no es consecuencia de la falta de empatía por parte de España sino que es falta de compromiso”, afirmó el portavoz. Explicaba además que, el Estado tiene la obligación y tiene todo un sistema de asilo que debe activarse cuando tiene a personas que están llamando a su puerta. España se comprometió a acoger 17.000 personas y no ha llegado ni el 15 % en 2017. “Este año han llegado 50 personas, es decir, el ritmo es vergonzoso”, se quejaba Vilaró. Mostraba su indignación porque España no está cumpliendo con sus obligaciones y está ignorando totalmente sus compromisos. También quiso poner de manifiesto que existe otra tendencia que es preocupante, la estigmatización a nivel europeo de todas las organizaciones que trabajan en temas de refugio. Tanto las organizaciones que están en el mar haciendo salvamento, como otras que realizan otras funciones. A todas ellas se las está criminalizando, se las acusa de tráfico de personas. “En España está pasando más de lo mismo, se está criminalizando a activistas o a organizaciones que están tratando de sacar a gente del mar como el caso de Elena Maleno, que fue claramente estigmatizada y criminalizada por su trabajo. Esta tendencia es europea, pero en España también la estamos viendo” apuntó el portavoz.
Asilo de refugiados en España
Aclaraba Vilaró que el asilo en el sistema español no funciona, está bloqueado. España antes de la gran crisis de refugiados, era un país que recibía pocas peticiones de asilo, la gente prefería ir a otros sitios (Alemania, Reino Unido…).”El sistema de asilo español es poco eficaz, todo son trabas burocráticas, estaban acostumbrados a tener 500 o 1000 peticiones de asilo y ahora tiene 15 veces más”. No sé dan respuestas a las peticiones, esto está provocando que la obligación de dar respuesta para dar asilo que tenía que ser de pocos meses, se acaba eternizando. Vilaró ponía el ejemplo de un caso que conocía, “conozco el caso de una mujer que vino Libia huyendo de la guerra y que ha estado durante 3 años en el limbo, hasta que lo ha conseguido”. También explicó que, las organizaciones que trabajan allí dando acogida hacen lo que puede, pero no tienen más recursos, con lo cual el sistema está en colapso. No da ni solución ni respuesta a todas estas peticiones.
Estas personas pueden estar en España, porque tienen permiso. A pesar de su estancia, su situación queda estancada, porque su expediente no avanza. Los refugiados no pueden trabajar ni pueden pagar un alquiler. “Es como una rueda, pueden estar aquí, pero solo viven de la ayuda”, declaró el portavoz.
Tarjeta sanitaria retirada a los migrantes. Cataluña y Euskadi la excepción.
El entrevistado explicaba que ya en su momento Amnistía Internacional se opuso al real decreto como otras organizaciones, porque era una medida que excluía a un grupo de gente que no tenía regularizada su situación en España. La consecuencia fue unas 700.000 personas expulsadas del sistema sanitario con alguna excepción como son las urgencias. La reacción de algunas comunidades autónomas ha sido desarrollar algún tipo de ordenanza para intentar limitar el efecto del decreto, han sido los casos de Euskadi y Cataluña. El Estado español ha recurrido al Tribunal Constitucional estas medidas y ya las ha tumbado en Euskadi. En el caso de Cataluña no está tumbada, pero si está recurrida. Las medidas tomadas por estas comunidades están vinculadas al padrón. No son personas con una situación regularizada, pero sí que están empadronadas, de esta forma se le da acceso al sistema. “No es una medida ideal, porque lo ideal es ir al escenario anterior del decreto de 2012. Se están limitando de alguna forma los efectos negativos de este decreto” confirmaba, Vilaró. El gobierno no ha rectificado ese decreto, éste sigue vigente y con consecuencias terribles para las personas y lo que le preocupa a Amnistía Internacional es la situación de las comunidades autónomas que han intentado limitar el efecto del decreto. Estas regiones están viendo como el Constitucional le echa hacia atrás las medidas que mitigaban esos efectos negativos.
El procés está siendo escenario de la vulneración de derechos
Como se puede leer en el informe anual, que es global, se ha destacado como uno de los principales puntos, las limitaciones de la libertad de expresión y de reunión pacífica en Cataluña en el marco del procés y del referéndum. Dani Vilaró apuntó que estas restricciones se han visto claras en dos episodios, una es el 1-O donde hubo un ataque muy claro al derecho de reunión pacífica o manifestación; allí había gente que iba a votar de forma pacífica y se encontró con un dispositivo policial que acabó con el uso de la fuerza. Luego hubo también otras prohibiciones para hablar del referéndum. Justo antes del referéndum se prohibieron actos en Madrid, Vitoria o Castelledfels. Este último caso es una limitación clara a la libertad de expresión.
Los Jordis y los consellers
Vilaró también aportó información en relación a los Jordis. Para Amnistía Internacional, ellos como ciudadanos y como miembros de la sociedad civil tenían todo el derecho del mundo a organizar una manifestación, algo legal. Otra cosa es si existió bloqueo o no a la actuación policial en la consellería de Economía de la Generalitat. Lo que Amnistía pretende comprobar es si a raíz de lo ocurrido se les puede acusar de sedición, el delito es totalmente desproporcional. Desde Amnistía denuncian que esa acusación de sedición debe quedar fuera. La organización quiere conocer de qué se les acusa, de desorden público, desobediencia…Amnistía considera que los Jordis deben salir de prisión, pues en el caso de que se les acuse de desorden público no tienen por qué ir a la cárcel. Nosotros queremos saber la proporción clara de lo que pasó y la acusación. El portavoz de la organización internacional en Barcelona, apunta que la prisión provisional es una medida que directamente afecta a su derecho de libertad de expresión o reunión.” Amnistía Internacional pide las retiradas de cargos por sedición y salida inmediata de la cárcel. Lo que nos preocupa a nosotros es que todo esto ocurrió en el contexto de una manifestación y esto para nosotros es sagrado. En una manifestación pacífica no puede pasar nada y pasó”, apuntaba Vilaró.
Dani Vilaró indica que desde Amnistía Internacional no ven con buenos ojos que los consejeros estén acusados de rebelión, porque no se ha hecho uso de la violencia, pero sí que es cierto que ellos hicieron una serie de actuaciones, desobedecieron al Tribunal Constitucional, y esas actuaciones pueden tener consecuencias o responsabilidades. Amnistía quiere cerciorarse de que se va a realizar un juicio justo, “si se les acusa de rebelión es porque tienes pruebas de ha habido violencia, ¿cuáles son estas pruebas?, nosotros cuando veamos el expediente podremos decir usted les acusa de rebelión, ¿por qué? Enséñeme las pruebas, si no hay pruebas no habrá un juicio justo, si hay una condena no habrán recibido un juicio justo”, explicó Vilaró.
Lo importante ahora es ver cómo avanza el proceso judicial para el tema de los presos políticos o presos de conciencia. “La etiqueta de presos políticos o de conciencia es una etiqueta que Amnistía no ha puesto”, aclaró Dani Vilaró.
El caso del cantante de rap Valtónyc y ARCO
En relación al cantante de rap Valtónyc, Vilaró comentó que una persona no debería ir a prisión por escribir canciones o por twittear. El problema es que en este caso se han juntado muchos delitos. Se está abusando de esta fórmula del enaltecimiento del terrorismo para vincular a conductas que no tiene nada que ver con el terrorismo. Otra cosa son las amenazas o los insultos, eso no puede ser perseguido con penas de prisión, sino con multas o con otro tipo de castigo. “En este caso se han unido enaltecimiento y las injurias a la corona. Todo en conjunto ha resultado una pena de 3 años en prisión”, expuso el portavoz.
En relación a la polémica relacionada con la feria internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, Dani Vilaró señaló que Amnistía solo tiene en cuenta los ataques de libertad de expresión por parte de instituciones públicas o gobiernos. No obstante, el portavoz quiso señalar que es algo preocupante dentro del contexto que nos ocupa. Es un punto más de este contexto generalizado de amenaza de libertad de expresión en España. Forma parte de todo el contexto que estamos viendo. “Desde Amnistía no podemos denunciar que ARCO haya decidido quitar esas obras”, destacó el entrevistado.
Violencia machista
Amnistía está trabajando en relación a este tema. El portavoz de AI nos explicaba que en España hay una ley que hace poco cumplió 10 años, “Ley integral de atención a las víctimas de violencia de género”. Se trata de una ley que no ha terminado de desplegarse. Vilaró señaló que tenemos un instrumento que en teoría es bueno para combatir la violencia de género, pero ni las cifras ni las muertes marcan una mejoría. AI ha incidido en que esta ley tiene que desplegarse bien, eso toca mucho al sector judicial, a los que tienen que perseguir el delito. Además, el entrevistado manifestaba que no hay una formación específica para la gente que juzgan cuestiones de violencia de género. “Si no tienen esta formación específica como van a juzgar bien estos casos”, manifestó Vilaró. No hay una formación específica para los agentes de policía. El entrevistado ponía como ejemplo que cuando una víctima va a denunciar hay una serie de protocolos que no se aplican. Se requiere de una formación específica para los abogados, para todos los sectores…Todo esto no se lleva a cabo y eso explica mucho que no hayamos notado un progreso. Añadía el entrevistado otros factores que impedía una mejoría. Uno de ellos son los fasos mitos, como las denuncias falsas. “Es un tema que no se está tratando bien a nivel estructural, judicial y policial”, apuntó Vilaró. Otro factor que influye en el empeoramiento de esta situación ha sido el recorte a la administración de justicia, al haber menos recursos para justicia provoca que todo esto quede en el aire. “En los juzgados ha habido unos recortes brutales, todo eso tiene un impacto en el despliegue de leyes de este tipo”, expresó Vilaró.
La impunidad del franquismo
Quiso Vilaró enfatizar en un tema, la impunidad del franquismo en España. Para Vilaró es un escándalo que se olviden las víctimas del franquismo. Hay muchas personas que desaparecieron y su familia no sabe dónde está. “Son personas afectadas que tienen derecho a conocer la verdad, justicia y reparación. Son los tres ejes a los que toda víctima de abusos graves de derechos humanos como los de los que estamos hablando” manifestó el entrevistado. Según Dani Vilaró, son crímenes contra la humanidad, que nunca prescriben y que nunca deberían prescribir. AI señala que se deberían investigar los crímenes del franquismo. Hay que señalar que actualmente existe una ley del año 77 que no permite la investigación y la resolución de los casos. No obstante, Vilaró declaró que, si esta ley no lo permite, deberían dejar a otros países investigar, como México y Argentina. Asimismo, el portavoz apuntó que desde México se pide colaboración y no se facilita ayuda porque la ley de Amnistía anteriormente citada no se lo permite.” España no está investigando los crímenes del franquismo, ni deja a otros países investigar sobre ellos” puntualizó, Dani Vilaró.
Billy el niño está imputado por la justicia argentina. La tortura es otro delito que nunca prescribe porque es un crimen contra la humanidad y por ello debería ser perseguido y juzgado. “Hubo 19 personas citadas por la jueza argentina, uno de ellas era Billy el niño, y España no colaboró con ella”, recordó Vilaró. Amnistía Internacional sobre todo hace hincapié en casos relacionados con torturas, desapariciones de bebes y desapariciones de personas en el contexto de fusilamientos.
