Los funcionarios son el hermano mayor de los trabajadores. Los odiamos en público, pero muchas veces los envidiamos en secreto. Odiamos su seguridad laboral, sus vacaciones generosas, sus horarios precisos y su ocasional acomodamiento. Y envidiamos su seguridad laboral, sus vacaciones generosas, sus horarios precisos y su ocasional acomodamiento. El trabajador autónomo que mira al funcionario trabajar tras su ventanilla se hace una pregunta esencial: ¿Qué preferimos, libertad o seguridad? Ahora, estos provocadores de preguntas se han encerrado en sus oficinas y protestan contra el gobierno. Ese gobierno que les daba seguridad les ha congelado el sueldo y reducido la paga. Para los funcionarios, como para todos en la crisis, los cimientos han temblado. Ahora son ellos los que se hacen preguntas.
Alrededor de trescientos trabajadores de la función pública se encerraron ayer en diversas oficinas de la Generalitat en Barcelona para reclamar derechos laborales perdidos en 2012. Su protesta se remonta a los años duros de la crisis porque en 2012, a raíz de la crisis, como medida de ataje a la crisis, el Gobierno Central emitió un decreto ley según el cual a todos los funcionarios del estado se les debía recortar una paga de su salario. Ahora, según un nuevo decreto ley, este dinero retenido se ha de devolver. En marzo se devolvió un 25%, y ahora falta el resto. Pero la Generalitat, con unas cuentas que definen como “ahogadas”, y sumida en un ambiente preelectoral afirma que no puede devolver todo el importe de golpe. Tras tres mesas de negociación sin acuerdo alguno (y con acusaciones cruzadas de tozudez) las dos partes se han plantado y los funcionarios han decidido encerrarse para protestar.
Esta es la noticia. Una noticia que, cambiando sujetos y fechas, hemos oído más de una vez. Pero tras una rutinaria queja sindical se esconden muchos de los temas que están sacudiendo nuestra vida diaria desde hace unos años. Se esconde el viejo miedo a la inseguridad, y también la inseguridad que plantea la libertad. Se esconden también muestras de la economía de hoy, que sabe tanto de dinero como poco de personas. Y se agazapan muchos rastros de la política de hoy, que solo sabe de economía. Esta queja es el rastro de esta crisis, que nos dicen que hemos domesticado, pero que parece habernos sometido.
La noticia no se acaba. Las cuestiones laborales siempre son algo intrincadas. En 2012, mientras el gobierno de España emitía el decreto ley, la Generalitat llegaba a un Acuerdo de Gobierno con el que imponía un recorte del 5% en el sueldo de los trescientos mil funcionarios catalanes (el 10% del total del estado español) como medida para atajar la crisis. Este recorte no se impuso, ya que sumado al decreto ley del gobierno suponía un recorte excesivo en los sueldos de los trabajadores. Pero aunque no se acabó de imponer, nunca se derogó. Y ahora reflota en el conflicto.
La negociación es un cruce de dardos. Sumida en la precampaña, y sin gobierno de facto, la Generalitat dice que pagar la deuda de los funcionarios comprometería los presupuestos del gobierno entrante. Los funcionarios responden que lo que compromete al gobierno entrante son los muchos contratos de externalización de servicios, que se hacen a lustros vista. La Generalitat dice que los funcionarios se han cerrado en banda, y que no quieren negociar nada más allá de la devolución inmediata de sus salarios, y los funcionarios reclaman que ya van tres años de retraso, que tienen el sueldo congelado desde 2010 y que están dispuestos a pactar una devolución a plazos. La Generalitat dice que aunque están negociando, su intención es devolver el importe íntegro a deber, y los funcionarios dudan de ello, y por eso piden derogar el acuerdo del 5% para sentarse a negociar. La Generalitat opina que sus recortes son un ejemplo de cómo combatir una crisis económica. Y los funcionarios creen que los recortes que les han impuesto son otra muestra de que el gobierno de Catalunya legisla para los pocos que no se ven afectados por la crisis.
Tras encerrarse en siete sedes de gobierno (l’Institut Català de la Salut, el Consorci d’Ensenyament o la Direcció General de la Funció Pública, i delegaciones en Girona, Tarragona i Lleida), los funcionarios salieron ayer a manifestarse en la plaza Sant Jaume. El conflicto entre el trabajo seguro y los derechos decrecientes continúa.
