Mientras las revelaciones se propagaban en la red, De Alfonso comparecía en el Parlamento, sabiendo ya que la cámara catalana iniciaría los trámites para su revocación. Todos los grupos, a excepción del PP, votaron a favor de su cese, una destitución que se ratificará en el pleno de la próxima semana y que tiene el apoyo de parte de los trabajadores de Antifraude.
Antes de que la mayoría de fuerzas argumentaran la pérdida de confianza en el magistrado, De Alfonso construyó un discurso para presentarse como víctima en lugar de coprotagonista de una conspiración, perfectamente alineado con el ministro del Interior. «Someterme a un juicio sumarísimo es un acto de hipocresía», espetó a los diputados, a quien aleccionó y desafió. «Que tire la primera piedra quien esté libre de conspirar», expuso, convencido de que no ha cometido ninguna actuación delictiva. La ilegalidad, a su juicio, es la grabación y la propagación de su reunión con el ministro.
Ante la atenta mirada de Jaume Roures -el propietario de la cabecera que ha difundido el escándalo seguía la comparecencia en la sala-, el magistrado advirtió a los partidos que ha mantenido reuniones como las de Fernández Díaz con políticos «de todos los colores «porque resulta parte de su tarea dialogar de » temas sensibles «. Los populares, que exhibieron sintonía con el compareciente, animaron a hacer pública su agenda de reuniones. De Alfonso sólo reveló una, la que mantuvo con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. «Me dijo que me apoyarían si les daba algo», dijo a Inés Arrimadas, en una estocada a quien se presenta como rival para disputar votos al PP.
Desafortunado en el tono, tanto que las formas incluso incomodar a los populares, De Alfonso puso en duda el compromiso de los diputados en materia de transparencia. Añadió misterio cuando insinuó que se sentía perseguido, una tesis mantenida en conversación informal en los pasillos del Parlamento. Curiosamente, Carmen Forcadell se mostró «indignada» ayer por el mismo hecho, después de que la Cadena SER publicara que la policía española habría elaborado informes para criminalizar la ex del ANC y la entidad más representativa del soberanismo civil. En la cámara, la jornada fue definida como «esperpéntica» por algunos diputados. En el imaginario colectivo planearon episodios recientes, de La Camarga a la comparecencia maratoniana de Jordi Pujol Ferrusola. La campaña se cerrará hoy con algunas certezas: De Alfonso y Fernández Díaz están amortizados y el proceso tenía activadas las fuerzas reactivas del statu quo. Pero también quedan incógnitas por resolver: el precio que pagará Rajoy por la conjura urdida por su ministro y la adhesión que recogerá el independentismo. Parece claro que el escándalo tendrá recorrido más allá de los comicios españoles del 26-J.
El Parlamento está a un paso de registrar un hecho inédito, la revocación, por primera vez, de un cargo público. La comparecencia, ayer, del director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, para dar explicaciones sobre sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lejos de templar los ánimos de los diputados, dinamitó todos los puentes de entendimiento y confianza de la institución en él. Todos los grupos, con la única excepción del PP, aprobaron trasladar el caso al pleno para la próxima semana donde, probablemete, se selle el cese del director. Tanto enojó los mismos la intervención del director que, después de escucharlo, los diputados también aprobaron enviar el contenido de la declaración a la fiscalía para que evalúe si pueden haber indicios de delito. Mientras comparecía en el Parlamento, se dio a conocer un nuevo capítulo de las conversaciones, en las que De Alfonso propone sustituir a Mas para poner a Germà Gordó al frente de CDC, y así abandone el rumbo independentista.
Provocador y desafiante, el director de Antifraude se presentó a la comisión de Asuntos Institucionales para reñir a los parlamentarios, mostrarse como víctima y erigirse como el gran salvador y defensor de la lucha contra la corrupción. «No aparten de la oficina el único hombre que está haciendo algo contra la corrupción en este país», llegó a sentenciar. De Alfonso inició su intervención con un elogio a la «dignidad», «honradez» y «seriedad» con que actuó a lo largo de los años y al frente de la oficina, a pesar de los «intentos fallidos de torcer» su «voluntad». En ningún momento entró en el detalle de las conversaciones, tal como le habían reclamado con anterioridad los diputados. Al contrario, el director se aferró a la veracidad del encuentro con el ministro para asegurar que no era la única y que lo había hecho con muchos otros dirigentes de partidos que estaban representados ayer en la cámara. Como había hecho anteayer el ministro, De Alfonso también se mostró irritado porque unas conversaciones privadas salieran a la luz pública y recriminó a los diputados que se mostraran «indiferentes» ante una «vulneración de derechos fundamentales». «Ustedes me están haciendo un juicio sumarísimo», les repró. Y también, como hizo el ministro, aseguró que las conversaciones grabadas están fuera de contexto.
De Alfonso dejó con la boca abierta a muchos diputados al vanagloriarse de ser la persona «idónea» para dirigir la OAC y de haber recibido el apoyo de sus trabajadores. Sin embargo, un grupo de empleados hicieron una nota donde desmintieron haber pedido su cabeza. El responsable de Antifraude remarcó que el tono de encuentros como el que tuvo con Fernández Díaz obedecía a la voluntad de «generar empatía» con el interlocutor. Sólo se refirió al contenido concreto de estas conversaciones para decretar la nulidad judicial, por haber obtenido las grabaciones «de forma ilegal». «Aquellas cintas son nulas», repetía sin necesidad tampoco de negar ni matizar el objetivo de los encuentros ni una sola vez.
Su condición de víctima la redobló cuando, además de presentarse como el objeto de grabaciones ilícitas, añadió que había sido perseguido por dos grupos parlamentarios, amenazado, perseguido y que incluso el día antes habían intentado entrar en su casa. De Alfonso rechazó que se llamara su manera de actuar de «falta de ética». «Lo habría sido si me hubiera dejado influir pero, en cambio, ningún expediente de los que se citan en las conversaciones salió adelante», certificó el director.
«Herido» y «acorralado» son las palabras que utilizó la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para referirse al discurso del director de Antifraude. Para el PSC, De Alfonso no puede ejercer «ni un minuto más» el cargo, y Lluís Rabell, de Catalunya Sí se Puede, le acusó de dañar la confianza de los ciudadanos hacia la OAC. Rabell también recriminó la retahíla de «prejuicios un poco antiguos» que utilizó en un momento de la comparecencia, cuando puso en el mismo saco «gays, cocainómanos y borrachos». Para la izquierda independentista, De Alfonso es «el único responsable de su destitución» por haber practicado una «política de salón». La CUP acusó el alto cargo de «pervertir» la condición de sentirse español. «Declararse español no es un problema, lo es cuando esto se hace valer para practicar la guerra sucia», le espetó Ana Gabriel, en referencia a un fragmento de las conversaciones.
El acuerdo de la comisión de llevar la comparecencia de este alto cargo en la fiscalía se trasladará ahora a la mesa del Parlamento. Este será el órgano que lo tramitará el martes, y decidirá a qué fiscalía lo envía: si bien la comparecencia se ha hecho en Barcelona, las conversaciones que pueden ser constitutivas de delito se produjeron en Madrid y, por tanto, se debería hacer cargo la Fiscalía General del Estado. Paralelamente, ERC ya presentó ayer una denuncia en la fiscalía contra el ministro y el director de Antifraude por un presunto delito de prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias. Próximamente también lo hará el PSC, anunció el diputado Ferran Pedret.
