Cuando ya habíamos decidido no enviar un mensaje por estas fechas, a diferencia de lo que venimos haciendo desde hace muchos años, el Secretario General de la ONU, António Guterres, nos hizo cambiar de idea dado la coincidencia del análisis de la situación que hace en su alocución de Año Nuevo y al comprender que nuestro análisis desde al menos 2014 no está alejado de la realidad.
Llevamos 25 años haciendo un seguimiento continuo a la situación de derechos humanos en América Latina y nunca nos habíamos encontrado con un panorama tan desolador: la corrupción y el narcotráfico han pasado a ser paradigmas de la realidad en la práctica totalidad de los países, reemplazando los dogmas de la «seguridad nacional» y la persecución política y alterando profundamente las estructuras de poder y gobierno.
De las técnicas de exterminio de los años 80 del siglo XX se ha pasado a las formas de exterminio promovidas por organizaciones criminales, cuyos casos paradigmáticos son evidentes en México, donde el funcionamiento del crimen organizado especializado en narcotráfico, tráfico de personas y de armas ha penetrado en las estructuras del Estado. Lo mismo ocurre en Colombia, país en el cual las organizaciones paramilitares clásicas están siendo reemplazadas de forma sistemática por este tipo de organizaciones criminales.
Los indígenas son perseguidos o sufren el racismo más cruel y vergonzoso en casi todos los países, pero especialmente en Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Guatemala y México. El racismo hace parte tanto del discurso conservador como del progresista, sin más diferencias que la semántica del discurso.
En Chile continúa aplicándose desde hace años el estado de excepción a los mapuches de la Novena Región, quienes son víctimas de la arbitrariedad jurídica, como ha demostrado la reciente anulación de un juicio cuya sentencia había sido a favor de 11 mapuches.
En Bolivia, ni uno sólo de los principios constitucionales y legales que favorecen a los indígenas es de aplicación, ni en los tribunales ni por las autoridades políticas y/o administrativas. Durante 2017 se ha intensificado la estrategia de persecución contra los indígenas guaraníes agrupados en la Nación Guaraní, con el encubrimiento de las autoridades así como de las propias fiscalías y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que actúan como instituciones coloniales. La corrupción ligada al narcotráfico permea importantes sectores de las distintas ramas del poder y las consecuencias en materia de estado de derecho y derechos humanos son cada vez más preocupantes.
El fin del conflicto armado en Colombia, presentado como una luz de esperanza en los 54 años de guerra civil en ese país, se ha convertido en un singular retroceso en la aplicación del derecho internacional, dando luz verde sobre el papel a la impunidad de los responsables de actos de exterminio y otros crímenes contra la humanidad, permitiendo así a los paramilitares y sus organizaciones criminales quedar libres de investigación penal y de pena en términos judiciales ordinarios. Los tribunales de excepción constituidos en el marco de la calificada como justicia transicional, denominada Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, vician los principios del debido proceso y la doctrina procesal más elemental, alterando de manera profunda y perversa la aplicación de la justicia por parte de la jurisdicción ordinaria. Se crea así una situación que afectará durante varias generaciones a la organización de justicia, entendida ésta como contrato entre ciudadanos y Gobierno.
En Honduras el narcotráfico ha corrompido la sociedad y las estructuras de gobierno. Las últimas elecciones han sido el escenario trágico y esperpéntico de la utilización de este tipo de estructuras, hasta tal punto que la OEA se vio obligada a reconocer la falta de transparencia. La persecución contra defensores de derechos humanos, indígenas y activistas sociales queda reflejada en el crudo informe de COFADEH.
En Perú el caso Fujimori, que creíamos finalizado con la sentencia que responsabilizaba al expresidente de dirigir un plan criminal para cometer crímenes contra la humanidad, se vio alterado por el indulto injusto, arbitrario y contrario al derecho penal internacional otorgado por el protervo e indigno presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien negoció la cobertura de sus actos de corrupción con el grupo parlamentario fujimorista.
Guerra y paz
Aproximadamente en 2011 abrimos una sección de «paz» bajo el subdirectorio «peace». El número de guerras y/o conflictos armados superan en mucho nuestra capacidad humana y técnica de seguimiento informativo y documental, de modo que sólo estamos reflejando aquéllos que, a nuestro entender, representan un alto riesgo de convertirse en un enfrentamiento entre grandes potencias, con el consiguiente peligro de conflicto nuclear. Sobre éste último aspecto habilitamos una página específica, siendo conscientes de la contradicción evidente entre paz y guerra nuclear. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, habla de este riesgo en su mensaje.
Precisamente en diciembre de 2017 tenía lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York la reunión anual del órgano de gobierno de la Corte Penal Internacional, la Asamblea de Estados Parte; en el transcurso de la misma se procedió a activar la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión, definido en el proceso de Nuremberg como el crimen internacional supremo y la peor forma de uso ilegal de la fuerza. No obstante, esta activación se hizo sacrificando el ya de por sí limitado acuerdo de Kampala y tras ofrecer garantías a los estados recalcitrantes, principalmente a los únicos dos Estados del Consejo de Seguridad que han ratificado el Estatuto de la Corte, esto es, Reino Unido y Francia, de que sus máximos dirigentes no serán enjuiciados por la Corte por el hecho de planificar, preparar, iniciar o realizar guerras que no sean en legítima defensa, lo que consolidaría la inmunidad de los dirigentes de las grandes potencias a lo hora de atentar contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.
El barbarismo como política de estado
Viene a completar esta situación la realidad derivada de lo que hemos llamado organizaciones paramilitares islámicas internacionales en una página documental que muestra el horror del fanatismo más brutal instrumentalizado para desestabilizar Medio Oriente.
Estamos ante un enfrentamiento entre grandes potencias y ante lo que se denomina desde hace más de un siglo el «gran juego», esto es, la lucha por el control de uno de los extremos del «camino de la seda», para lo que países como Francia y Reino Unido, antiguas potencias coloniales, junto a Estados Unidos, no han dudado en utilizar el «barbarismo» como una política de estado.
Esta cuestión está presente en los conflictos en Siria, Iraq, Afganistán, Libia, Egipto, Mali y Filipinas (Mindanao).
