«Es inaceptable normalizar la situación de las personas sin hogar y no prever un dispositivo de acompañamiento social con alternativa de pernoctación que los ha dejado al raso», así empieza el comunicado oficial y unitario de la Taula d’Entitats del Tercer Sector y la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) después que la madrugada de este miércoles Mossos y Aena hayan protagonizado un operativo para expulsar un centenar de personas que dormían en las dos terminales del aeropuerto. También el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado este dispositivo «punitivo y cosmético de cara al Mobile World Congress» sin ofrecer alternativa habitacional. Las oenegés i el sindicato también piden que vuelvan los trabajadores sociales que, hace dos años, atendían a estas personas. Drets Socials se compromete a hacerlo a lo largo de este año.
Ninguna administración ha facilitado datos de balance del dispositivo que anoche expulsó a la calle un centenar de personas que dormían en el aeropuerto de El Prat. Fuentes conocedoras explican a este diario que nadie fue reubicado a ningún lugar alternativo, a pesar de que entre los afectados se encontraban personas mayores, enfermos y con discapacidad. Una realidad que ha enervado al conjunto del tejido social, que señala a las administraciones públicas. «Tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, y apuntamos que la situación de mejora económica no se está traduciendo en la mejora del bienestar de todas las personas», señala este comunicado conjunto de dos organizaciones que aglutinan más de 3.000 entidades sociales en Catalunya.
Y es que, a pocos días de que se celebre el Mobile World Congress, en el que se prevé la visita de 100.000 personas procedentes de 150 países, el Ejecutivo ha llevado a cabo un operativo para desalojar a las 180 personas sin hogar que pernoctan el Aeropuerto de Barcelona-El Prat —lugar en el que un gran número de asistentes al evento se llevará su primera impresión de la capital catalana—. De la intervención se encargó la madrugada del miércoles un equipo formado por los Mossos d’Esquadra, el Ayuntamiento de Llobregat y Aena, cuyo objetivo es reubicar a los indigentes apostados en las instalaciones —y que está previsto que se repita la madrugada del jueves—. Y aunque éste aseguró que no se forzaba a los allí presentes a abandonar el lugar y podían quedarse si así lo deseaban, algunos afectados lo niegan, señalando que no se les ha ofrecido alternativa habitacional.
El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha echado balones fuera atribuyendo a Aena la iniciativa del desalojo —que, a su vez, ha negado que la actuación se encontrase relacionada con la celebración del Mobile—. Mientras, los Mossos han apuntado como razón a una cuestión de «salubridad». En este sentido, los trabajadores del aeródromo llevan tiempo denunciando el clima de inseguridad que reina en las instalaciones. Atendiendo a su descripción, allí tienen lugar todo tipo de episodios conflictivos y violentos, incluyendo robos, agresiones físicas y, en ocasiones, asaltos sexuales. Todo ello ha sido denunciado por Comisiones Obreras, que ha demandado medidas urgentes para atajar el problema, a la par que ha alertado de existencia de bandas de ladrones organizados en estas infraestructuras.
Como es sabido, el Mobile World Congress es un evento de relevancia mundial sobre la telefonía móvil que se celebra en Barcelona desde 2006. Desde entonces, se calcula que su impacto económico en la ciudad ronda los 7.000 millones de euros. A los que se sumarían los beneficios que se obtengan este año, que se estiman en 550 millones —un 10% que en 2024—. Tras las turbulencias generadas por el ‘procés’, la sede barcelonesa parece haberse consolidado, y el consistorio ha redoblado los esfuerzos para que el evento discurra sin sobresaltos. No obstante, la celeridad del desalojo del Prat choca con otros pospuestos durante años, como es el caso de los asentamientos de Vallcarca, que, pese a su insalubridad, permanecen bajo el Viaducto del barrio desde hace una década.
