Dilma Rousseff enviará fuerzas federales de refuerzo a Rio de Janeiro para tratar de frenar la ola de violencia desatada en las últimas semanas en las favelas y que ya se ha cobrado la vida de cinco miembros de las Unidades de Policía de Pacificación (UPP).
Un comandante de UPP fue herido en una pierna por un disparo de fusil y otros tres puestos de estas unidades policiales fueron tiroteados por grupos ligados al crimen organizado. Tras estos últimos enfrentamientos, el gobernador de Rio, Sergio Cabral, reunió con urgencia un gabinete de crisis y decretó la máxima alerta de todas las unidades policiales. Además el pasado día 21 de marzo se entrevistó con la presidenta Dilma Rousseff para reclamar el apoyo del gobierno federal.
En la reunión también estuvo el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que al término de reunión destacó que «nuestra solidaridad es total con Rio». Por el momento, todavía no ha transcendido en qué se concretará el apoyo de las fuerzas federales a la ofensiva de la policía carioca. De hecho, esas medidas concretas terminarán de ultimarse el próximo lunes en una nueva reunión que se celebrará en Rio y en la que estarán el gobernador, el ministro de Justicia y el general José Carlos de Nardi, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
La ofensiva policial fue anunciada el pasado 14 de marzo por el coronel Frederico Caldas, comandante coordinador de las Unidades de Policía Pacificadora de Rio de Janeiro durante el entierro de uno de sus hombres, asesinado en una de las favelas más conflictivas de la ciudad, el Complejo del Alemão. «La respuesta será extremadamente dura», señaló. Sin embargo, la contundencia de las palabras no impidió que sólo unas horas más tarde otro policía militar adscrito al programa de UPP muriera tiroteado en otra de estas comunidades supuestamente «pacificadas».
Desde que comenzó el año cinco policías militares de UPP han sido asesinados, una cifra que ha encendido todas las alarmas en Rio, ya que representa casi la mitad de las bajas registradas desde que se implantó este proyecto hace seis años. Por lo pronto, las UPP más castigadas han recibido el refuerzo de 300 agentes durante el pasado fin de semana. El objetivo es detener a toda costa que, a poco más de tres meses para el inicio del Mundial de Fútbol de Brasil, las autoridades pierdan el control en las favelas de Rio, una las ciudades más emblemáticas del país donde no solo está previsto que se juegue la final de la Copa, sino que además será sede de las Olimpiadas de 2016.
Las UPP fueron impulsadas a partir de 2008 y pretendían ser un paso adelante en la integración de las favelas en la ciudad. Hasta entonces, la policía de Río se había limitado a realizar incursiones de castigo en las comunidades en la persecución de supuestos miembros de grupos criminales. Eran actuaciones tan violentas como efímeras, pues los agentes abandonaban la favela una vez terminado el castigo, lo que en la práctica las convertía en territorios al margen del Estado. Por el contrario, las UPP se planteaban el objetivo de ocupar la comunidad, pacificarla con operativos con un fuerte carácter militar y, posteriormente, permanecer en la favela transformadas en policía de proximidad. Para esto último, además de la acción policial, el programa prevé la puesta en marcha de las llamadas UPP sociales, que aborden los problemas de la comunidad y faciliten la implantación de servicios, así como la estructuración del tejido social.
Hasta el momento, se han implantado 38 UPP en las favelas de Rio de Janeiro. Todas ellas controlan un territorio de más de 9,5 millones de metros cuadrados donde viven 1,5 millones de personas. Para llevar a cabo sus objetivos cuentan con una dotación de 9.500 policías militares. Esta misma semana la policía ocupaba favelas de Vila Kennedy y Metral, dos comunidades en las que residen unas 34.000 personas, para crear una nueva UPP. El objetivo es poner en marcha otras dos UPP antes de que empiece Mundial de Fútbol y tener pacificadas todas las favelas de Rio de aquí a las Olimpiadas de 2016. El coste anual del programa supera los 400 millones de reales (unos 125 millones de euros), que se financia con fondos públicos y privados, donde no faltan aportaciones de grandes empresas como Coca Cola.
Aunque el modelo ha supuesto un avance incuestionable a la hora de garantizar la presencia del Estado en estas comunidades, lo cierto es que el programa no está exento de zonas oscuras. En este sentido, una de las principales críticas es que en su implantación se ha priorizado la creación de un cordón de seguridad que proteja la zona sur de Rio, área residencial de la clase media y alta y principal destino de los visitantes de la ciudad, frente a la necesidades objetivas de la lucha contra la criminalidad. Además, también se duda de que el modelo pueda ser exportado al conjunto de favelas al obligar a inmovilizar en las UPP a un gran número de efectivos policiales.
Wadih Nemer Damous, preside la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil y considera que este tipo de críticas no andan faltas de fundamento. En cualquier caso, a su juicio, la gran deficiencia del programa es que el Estado no esté apoyando las pacificaciones con inversiones paralelas en las comunidades en materia de educación, salud y servicios, más allá de unas UPP Social que la mayor parte de las veces permanece como simple retórica. Esto hace que, a su juicio, toda la responsabilidad de la pacificación recae en las UPP desde el punto de vista policial, hasta el punto de que, finalmente, «han acabado transformadas en fuerzas de ocupación militar».
Esta visión se ve reforzada por casos de violencia policial no pocas veces injustificada, e incluso de violación de los derechos humanos. Uno de los últimos casos ha sido la desaparición del albañil Amarildo de Souza tras ser detenido el pasado 14 de julio por miembros de la UPP en la favela de Rozinha bajo la sospecha de colaborar con narcotraficantes. Hasta la fecha se continúa sin tener rastro de Amarildo, pero unos 25 agentes de la UPP serán juzgados en las próximas semanas como sospechosos de haberle torturado, asesinado y hecho desaparecer su cuerpo. La socióloga y antropóloga Lívia de Cássia Godoi Moraes destacaba, además, que su caso podría no ser aislado, ya que algunos datos oficiales apuntan a que en las zonas pacificadas habría bajado el número de crímenes pero aumentado el de desaparecidos.
A ello se suman otros casos de brutalidad policial, y los casos de residentes fallecidos en circunstancias extrañas o en cruce de disparos. Incidentes que a menudo han dado origen a auténticas revueltas exigiendo que se clarifiquen las circunstancias de una muerte o denunciando la violación de derechos. Este mismo domingo, vecinos de la favela de Congonhas levantaban barricadas y cortaban varias avenidas en protesta por la muerte de Claudia Ferrerira da Silva. La víctima había sido herida por una bala perdida y para su evacuación, la policía militar colocó su cuerpo encerrado dentro del maletero del coche en el que patrullaban. En el trayecto, el maletero se abrió, el cuerpo de Claudia se salió, pero quedó enganchado por la ropa al vehículo, muriendo tras ser arrastrado durante más de 250 metros por el asfalto. Para los vecinos se trata de una muestra más del desprecio con que son tratados los habitantes de las favelas.
Damaus opina que, en cualquier caso, la implantación del modelo de UPP «representó un avance, trayendo mejoras en la calidad de vida de los residentes de las favelas». En su opinión, «con ellas salían de escena las incursiones esporádicas en las que la policía llegaba pegando tiros con los traficantes, victimizando a policías, delincuentes y vecinos. Se optó por una presencia permanente, de modo que las favelas dejaron de ser tratadas como territorio enemigo, a conquistar a sangre y fuego para después ser abandonado».
Sin embargo, la actual escalada de violencia amenaza con revertir esta situación, una situación generada por las propias contradicciones del modelo y por la presión del crimen organizado que en las últimas semanas estaría incrementando sus ataques a las UPP. Ataques que, según fuentes de los servicios de inteligencia de la policía, podrían estar planeándose y dirigiéndose desde las cárceles. En este sentido, el diario O Globo destacaba en una de sus últimas informaciones que la policía había logrado detectar una conversación telefónica en la que se ordenaba desde una prisión el asesinato de un comandante de UPP que debía ser ejecutado en los próximos días. En este sentido, el objetivo del crimen organizado sería recuperar el terreno perdido aprovechando la vulnerabilidad que supone la necesidad de asegurar la tranquilidad durante la Copa del Mundo de fútbol.
Pese a todo, el secretario de Seguridad del Estado de Rio, José Mariano Beltrame, descartó que la actual ola de violencia esté poniendo en peligro el futuro de las UPP y la pacificación de las favelas. En este sentido, subrayó que los principales problemas estaban limitados a las favelas de Rocinha y Alemão. «No tenemos una amenaza al programa -señaló-, lo que tenemos son algunos problemas en dos áreas, que son las más populosas, con más de 100.000 personas». En su opinión, «son problemas difíciles de solucionar por culpa de la topografía y de la tiranía de los traficantes que actúan con miedo a la policía al sentirse amenazados». Para Beltrane: «nuestro problema fue atrevernos a entrar en una auténtica megalópolis del crimen».
Mientras tanto, los enfrentamientos y el intercambio de disparos han sido una constante en estos primeros días de contraofensiva policial en las favelas. Pero lo que resulta más preocupante es la determinación de conseguir la pacificación a cualquier precio puesta de manifiesto por destacados responsables del gobierno estadual. En este sentido, fuentes oficiales insisten en señalar que detrás de algunas protestas en las favelas se encuentra la mano del crimen organizado. Más aún, el propio gobernador del Estado de Rio, Sergio Cabral, que casos como la desaparición de Amarildo o críticas sociales a las UPP son un intento de cuestionar los programas de pacificación de favelas. «¿Qué es mejor, continuar con las comunidades sin ninguna estructura y con el fusil del poder paralelo? ¿O es mejor tener a la policía presente garantizando al ciudadano de bien la pacificación, los negocios prosperando y el ayuntamiento y el gobierno pudiendo invertir en las comunidades?», se preguntaba Cabral.
Igualmente, los responsables del gobierno de Rio también están desacreditando las protestas vecinales que se registran estos días en algunas favelas por considerar que están siendo orquestadas y manipuladas por los grupos criminales. Precisamente fue en el transcurso de una protesta contra la desocupación de un edificio cuando se registró el tiroteo en el que resultó herido en una pierna el coronel de la UPP.
Sin embargo, desde el Observatorio de Favelas, una ONG que actúa y supervisa la situación de las comunidades, consideran que buena parte de la tensión existente se incubaba hace tiempo por la propia lógica del proyecto de las UPP, centrada, a su juicio, en la «pacificación militar». Frente a esto, consideran que el estado debe superar esa limitación y escuchar las necesidades de los moradores en estos territorios para «impulsar políticas que superen la lógica de la militarización y reconozcan que el derecho a la seguridad pública es demasiado importante para dejarlo sólo en manos de la policía».
