Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, dos de cada tres contratos públicos fueron adjudicados a dedo a través de procedimientos sin publicidad o bajo la fórmula de contrato menor.
El análisis de datos del Ministerio de Hacienda del Estado español realizado por The Objective revela que el peso de las adjudicaciones directas se mantiene estable, aunque ha habido un desplome en el número total de contratos, incluidos los menores y los negociados sin publicidad. Esto se debe a la falta de nuevos Presupuestos Generales y a la deficiente gestión de los fondos europeos, fundamentales en gran parte de la contratación, así como a la comparativa con un periodo electoral en el que las adjudicaciones suelen aumentar.
La estadística oficial muestra que, en el primer semestre del año, los ministerios y sus organismos afines otorgaron 28.138 contratos públicos por un valor de 8.000 millones de euros. Esto representa 14.379 contratos menos y 9.000 millones de euros menos que en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023. En los primeros seis meses del año se adjudicaron 18.236 contratos menores, unos 9.000 menos que en el periodo anterior. El 59% de estos contratos recayó en microempresas o pymes, con un valor económico total de más de 112 millones de euros para contratos inferiores a 40.000 euros en obras y 15.000 euros en suministros y servicios.
El contrato menor, utilizado en exceso por departamentos como Igualdad y Seguridad Social, y algunos organismos de Interior, Defensa y Transportes, evita el complejo proceso de licitación y puede ser adjudicado a cualquier empresario con capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria —art. 131 LCSP—. No obstante, estos contratos no pueden durar más de un año ni ser prorrogados.
La Ley de Contratos del Sector Público permite usar este tipo de contratos para obras con un valor estimado inferior a 40.000 euros y para suministros o servicios menores a 15.000 euros. Aunque limita las cuantías, las comunidades pueden reducir estos límites aún más, abriendo la puerta a prácticas de troceo de contratos para no superar los umbrales establecidos.
Otra fórmula que evita la concurrencia son los contratos públicos negociados sin publicidad. Aunque su número es bajo, su cuantía es significativa, y beneficia principalmente a grandes empresas tecnológicas, a menudo respaldadas por fondos europeos. En el primer semestre, el valor de estas adjudicaciones fue de 1.211 millones de euros, muy por debajo de los 4.388 millones de los últimos seis meses de 2023, y su peso sobre el total ha caído en más de diez puntos porcentuales.
En 2015 se abordó el abuso de los contratos negociados sin publicidad, una fórmula excepcional que restringe la participación y afecta principalmente a las pymes. Este procedimiento permite omitir el periodo de publicidad e invitar directamente a operadores para establecer condiciones, motivado por la imposibilidad de garantizar la competencia debido a factores del mercado o procesos previos fallidos.
Este procedimiento restringe la concurrencia, ya que impide la aparición de candidaturas no invitadas. Aunque el mínimo de invitaciones es tres, no se prevé un mínimo de participantes. Según datos de Gobierno Contratación, los contratos negociados con publicidad superan las tres candidaturas en promedio, mientras que los negociados sin publicidad se limitan a dos candidaturas por procedimiento.
El Ministerio de Defensa utiliza habitualmente los contratos negociados sin publicidad para adjudicaciones millonarias a empresas especializadas. Un ejemplo destacado es la adjudicación de casi 500 millones de euros a la compañía noruega Kongsberg Defence & Aerospace para la modernización del sistema de defensa antiaéreo avanzado de las Fuerzas Armadas españolas, uno de los contratos sin publicidad más importantes de los últimos años.
