“El espacio de inversión en alimentación y agricultura es una clase de activos incipiente con estrategias de activos múltiples en todo el espectro de capital […] El crecimiento experimentado en las dos últimas décadas es estupendo. Pero, sin embargo, creemos que el sector todavía se encuentra en las primeras etapas”. Así se expresa Valoral Advisors, asesoría luxemburguesa especializada en inversión en alimentación y agricultura en todo el mundo, en un documento de febrero de 2023. Una infografía en la que cuenta hasta 890 fondos de inversión especializados en el sector agroalimentario y en el que interés por tierras agrícolas representa el 30% de los activos.
El Informe 2024 sobre la estructura del suelo rústico en España elaborado por Cocampo, plataforma de anuncios de compra-venta de fincas rústicas en el Estado, va por el mismo camino: el campo español, y en concreto las fincas rústicas (inmuebles que pertenecen al campo y que deben trabajarse), interesa a los fondos de inversión. Y en el estudio de 2023 exponía los motivos: por la necesidad de alimentar a una población mundial que crece, por los cambios de hábitos en los consumidores (interés por alimentos ecológicos y auge de las dietas vegetarianas y veganas) y por el potencial de consolidación y transformación tecnológica, que facilita el trabajo en el campo. También para plantar campos de placas solares o molinos eólicos. En paralelo, el campesinado sufre para llegar a finales de mes y las tierras se abandonan por falta de relevo generacional.
Entre 2009 y 2020, Cataluña ha perdido 5.867 explotaciones agrarias y 55.317 hectáreas de superficie cultivada. La gran mayoría de los titulares de las explotaciones son varones (76%), mayores de 65 años y personas físicas (89% de los casos). Entre 2015 y 2020, la superficie trabajada por personas físicas se redujo un 4,6% mientras que la regentada por personas jurídicas aumentó un 14%. “El mercado dicta qué se consume y cómo”, asegura Marc González, coordinador técnico de la Asociación de Iniciativas Rurales y Marítimas de Catalunya (ARCA). Algunas comarcas leridanas han visto ya el auge y declive de la actuación de fondos de inversión con macroplantaciones de almendras.
El abandono progresivo del trabajo de payés, en Cataluña y en Europa, se enmarca en unas dinámicas que empezaron en los años 60 del siglo pasado, cuando progreso se equiparaba a tecnología y ciudad. Como González recoge en su tesis doctoral, las actividades agrícolas se industrializaron y el sector se capitalizó, hechos que provocaron la “desagrarización”. Los trabajos de campesinos y ganaderos se especializan, intensifican y tecnifican para satisfacer las demandas de la nueva industria y de los consumidores. Las dimensiones de las explotaciones cambian, “que alentadas por las políticas públicas, han aumentado los rendimientos y la productividad a cambio de adoptar una posición de mayor dependencia, perdiendo el control sobre los precios de los productos agrarios y los insumos necesarios para producirlos los”.
Explotaciones agrarias: El mercado manda
“En la era de la globalización, los regímenes alimentarios dictan qué es necesario producir y cómo producirlo a través de un modelo agroindustrial, que también en Cataluña, ha alentado la exportación, la desvinculación entre consumo y producción, el dominio de oligopolios distribuidores y grandes superficies de consumo, la erosión de los mercados locales y unos patrones alimenticios cada vez más uniformes”, narra González. La industria agroalimentaria catalana, que incluye la producción agrícola, el procesamiento de alimentos, la industria auxiliar, la distribución y el canal final, genera el 19,7% del producto interior bruto. “La modernización agraria ha comportado una dicotomía entre campesinado tradicional y un sector industrial que crece en las ciudades y necesita mano de obra. Así es como se expulsan a las familias del campo, sobre todo haciéndoles inviable su actividad, con una legislación que favorece a la industria”, precisa el técnico de ARCA.
“El acaparamiento de tierras es un proceso global”, coincide en Adrià Rodríguez, investigador de IDRA. “Básicamente, consiste en que grandes sociedades, fondos de inversión, grandes empresarios agroindustriales o sociedades financieras, privatizan tierras que habían sido comunales”, detalla. “Más del 50% de la producción agrícola catalana es para producir forraje y piensos: adquisición de tierra por la ganadería industrial”, especifica.
Tradicionalmente, las explotaciones agrarias de Cataluña han sido pequeñas y medianas, de entre 2 y 50 hectáreas. Pero como indica el Censo agrario 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde los años 80, las de más de 100 hectáreas han pasado de representar el 0,5% a ser el 3,5% el 2020, lo que se ha traducido con el control del 36% de la superficie cultivable del Principado.
“Se observa una progresiva profesionalización de la gestión empresarial de las explotaciones agrarias a medida que son mayores. De este modo, en las mayores explotaciones más a menudo nos encontramos con sociedades mercantiles, en detrimento de la situación habitual, en las que el jefe de explotación y el titular confluyen en la misma persona”, señala el INE. Con el paso de los años, la tierra se va concentrando en pocas manos, una situación que la política agraria común establecida por la Unión Europea, la PAC, favorece: “Se trata de incentivos económicos ligados a la superficie, que pasan por alto la dimensión productiva de la tierra y que, por tanto, pueden concederse haya o no actividad agraria real”, recoge en la tesis Marc González.
“Antes, la tierra marcaba mucho la vida familiar y comunitaria, pero el capitalismo lo separa: abstrae la tierra del contexto social y cultural para poder convertirla en una mercancía, y así es como las pequeñas explotaciones agrarias dejan de ser rentables”, sostiene González. “Las nuevas generaciones no quieren seguir haciendo de labrador, pero tampoco quieren desprenderse de las tierras porque mantienen ciertos vínculos culturales. Es una tierra que han vivido de pequeños y sienten una obligación moral de conservarla en la familia”, prosigue el miembro de ARCA. “Además, para las familias la tierra sirve para amortiguar posibles problemas económicos; imagina la especulación que puede haber en manos de un fondo de inversión”, añade el experto.
Bancos y registro de tierras
Para tratar de paliar el abandono progresivo de superficie donde desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos, entre 2013 y 2019 surgieron varios bancos de tierras en Cataluña, impulsados por administraciones públicas de distintos niveles. El primero fue el del Garraf, que ya no funciona. Después se crearon los del Baix Camp, el Priorat, Ebrebiosfera, Barcelona Smart Rural (que agrupa a los del parque agrario de Montserrat, la Baixa Tordera, Òdena, Mataró y Baix Llobregat), Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat o el del Penedès, gestionado por una cooperativa. “Los bancos de tierras son una intermediación entre propietarios de tierras y quien quiere explotarla. Somos facilitadores e intermediarios”, explica Pere Navarro, técnico de la Red de Bancos de Tierras de la Dirección Territorial Agraria de la Diputació de Barcelona.
La diputación barcelonesa inició este camino en 2019, “a raíz de propuestas vistas a Francia y al resto de España”, expone Navarro. “Es una metodología consistente en mover tierras: identificamos parcelas potencialmente interesantes para recuperar y empezamos a darlas a conocer para promover el campesinado profesional , no lúdico, para dinamizar el sector”. Con la pandemia por covid-19 nada más arrancar el proyecto, varias familias se interesaron por huir de ciudad. Pero los bancos de tierras de Barcelona Smart Rural están para poner en marcha iniciativas profesionales. “El 60% de las personas que nos contactan no vienen de formación campesina y el 40% son campesinos que quieren aumentar la explotación o gente con formación campesina”, recapitula el técnico.
“A la gente que no es campesina les decimos que lo piensen, les aclaramos las ideas, que maduren la idea de hacer de payés, que se formen y también les animamos a que hagan prácticas y vean si les gusta. Entonces, si todo funciona, buscamos un propietario por esa persona que busca un terreno”. A partir de aquí se pueden establecer cuatro contratos diferentes con el dueño de la tierra: arrendamiento rústico (un alquiler, el vínculo más habitual), masovería (intercambiar trabajo en el campo por vivienda), cesión de tierras para mantenerlas o aparcería (cesión de tierras a cambio de un porcentaje de la cosecha).
El pasado septiembre el Gobierno de la Generalitat aprobó el Registro de Tierras , una propuesta muy demandada por el sector primario, con el objetivo de “recuperar cultivos y pastos en desuso y facilitar la incorporación de personas a la actividad agraria”. Funciona de forma similar a los bancos de tierras, pero tiene capacidad para expropiar temporalmente el derecho de uso de la parcela si la propiedad se niega a alquilar una tierra adjudicada a un candidato.
*Fuente original: https://lafabricadigital.coop/el-35-de-les-explotacions-agraries-de-catalunya-controlen-el-36-de-la-terra/
