El largo litigio entre los antiguos pajareros de la Rambla de Barcelona —que ahora venden helados, recuerdos y gofres— y el Ayuntamiento de Barcelona podría llegar al final del camino. Varias resoluciones judiciales estos últimos días han dado la razón al consistorio, que reclama recuperar las llaves y cerrar las paradas.
Inicialmente, un juez estimó las medidas cautelarísimas de los vendedores y suspendió el procedimiento, pero recientemente ha levantado las medidas. Por este motivo, personal municipal ha notificado este jueves a los vendedores que tienen que entregar las llaves y ninguno de los once las ha entregado, según el ayuntamiento. Por eso, el consistorio solicitará en los próximos días autorización judicial por una ejecución forzosa del cierre de las casetas.
Lo ha explicado en declaraciones a los medios Manuel Mallo, director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, que ha detallado que ahora procede seguir los procedimientos que marca la ley y, por eso, el consistorio pedirá una autorización al juzgado para recuperar la posesión de las casetas «de manera forzosa».
Mallo ha destacado que hay unas veinte resoluciones judiciales. «En estos momentos los titulares no tienen ningún título para vender en las casetas y hasta cinco juzgados del contencioso–administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo han confirmado la legalidad de la actuación municipal», ha defendido Mallo. Según él, el proceso judicial de los últimos años ha sido «complejo» y ha intervenido muchos tribunales, pero todos han resuelto a favor del ayuntamiento. Por eso, dice, ahora al consistorio le corresponde ejecutar las decisiones judiciales.
Sin las llaves entregadas de forma voluntaria por los afectados, el consistorio tiene claro que el siguiente paso es pedir la autorización judicial para poder cerrar las casetas. A pesar de que desde el ayuntamiento prefieren no hablar de desahucio o desalojo, el tipo de autorización que se prevé solicitar al juzgado es una autorización de entrada a domicilio y, si no se van voluntariamente, hará falta una ejecución forzosa.
Un litigio que viene de lejos
Los antiguos pajareros se conocen así porque la concesión original que se les otorgó en 1971 era para vender aves, jaulas y pienso en la Rambla. Una concesión de actividad por un periodo de 50 años, es decir, hasta 2021.
La primera incidencia llega en 2003, cuando la ley catalana prohíbe la venta de animales en este tipo de establecimientos. Ante esto, los años posteriores el ayuntamiento busca una solución y en 2010 se les concede un nuevo tipo de licencias diferentes que les permiten seguir en la Rambla, pero haciendo una actividad diferente, como es la venta de helados o recuerdos.
Estas licencias, pero, son declaradas nulas de pleno derecho en 2023 por varios incumplimientos legales y procedimentales en la tramitación municipal. Además, según fuentes municipales, una diligencia de anteayer del Tribunal Supremo dice que la sentencia es firme y, por lo tanto, ya no hay más recorrido y no pueden vender helados, recuerdos, etc.
Entretanto, en 2021 se extinguen formalmente las licencias y un nuevo plan de ordenación de la Rambla decreta el fin de su actividad. Ante esto, los vendedores también presentan recursos y en 2022 presentan una ILP (iniciativa legislativa popular) para que el Mercado de los Pájaros de la Rambla de Barcelona se declare patrimonio cultural inmaterial de Cataluña. El Parlamento de Cataluña, pero, rechaza en 2023 tramitar la ILP, una decisión que los vendedores también llevaron a los tribunales.
En paralelo al litigio judicial para cerrar las casetas de los antiguos pajareros, se inició la reforma urbanística de la Rambla, que prevé que estas no estén y se libere el espacio para que los peatones tengan más espacio para andar. Eventualmente, por lo tanto, las casetas acabarán siendo desmontadas.
