Ermengol Gassiot (1972), secretario general de la CGT de Cataluya y doctor en Prehistoria, responde a esta entrevista en la nueva sede de la organización anarcosindical sentado frente a un viejo cartel que reza: “Tú, cualquiera de nosotros puede ser un terrorista. Sólo hace falta que el que manda así lo decida”. “Es de hace 40 años”, susurra él, con una sonrisa irónica. Con el caso de los 27 y més, a él y a otros 26 les piden entre 11 y 14 años de cárcel por la ocupación que tuvo lugar en 2013 en el rectorado de la universidad donde trabaja de docente, la Autónoma de Barcelona, en protesta por la subida de las tasas, un 66%. El compromiso en la lucha desde los márgenes le ha puesto últimamente en el centro del tablero: el 27 de febrero fue detenido tras negarse a ir a declarar. También a la CGT, pues esta organización, entre otras donde no estaban los sindicatos mayoritarios, dio a la exitosa protesta feminista del 8M cobertura de huelga general.
Al diseccionar la realidad actual, bien sea para hablar de la subida de tono de la represión, de política catalana, de los nuevos retos en el mundo laboral de los autónomos, de los precarios, del estado de la protesta en la calle, de las pensiones o de los movimientos sociales, este arqueólogo suele viajar mentalmente al pasado para reconocer flaquezas que impidan repetir errores. Y también, o al menos da esa sensación, como si el recordar lo mucho que otra gente ha andado ya en la lucha por los derechos laborales le sirviera para seguir avanzando sin miedo.
Hace hincapié, al hablar del caso de los «27 y més», en que no se le dedique más espacio que al resto de los encausados por el hecho de ser actualmente secretario general de la CGT. Pero también es cierto que en el suyo y en otros casos recientes, como el de su compañero Álex, despedido hace poco por Cacaolat, su propia organización subraya la militancia de ambos como causa subyacente por la que son perseguidos.
Yo por una parte soy docente, y soy un trabajador que participa activamente en una organización sindical que tiene un espacio de lucha relevante en el día a día en los centros de trabajo. En mi caso, en la Universidad Autónoma de Barcelona. A nadie se le escapa que, desde la lucha contra el plan Bolonia en el curso 2008-2009, en la CGT habíamos tenido un papel muy activo en las luchas universitarias. Una prueba es que, a nivel del comité de empresa, pasamos de ser la cuarta sección sindical a ser la primera en representación, creo que porque supimos ser la herramienta de un profesorado cada vez más castigado y descontento con la política de privatizaciones en la docencia y la investigación. Y estamos convencidos de que mi nombre aparece ahí por eso. De la misma forma en que diversos estudiantes con actividad de lucha conocida aparecen ahí también porque se les selecciona. En el sumario de los 27 y més hay cientos o miles de páginas que registran los seguimientos que realizó la Universidad Autónoma en su momento a profesorado, estudiantes y trabajadores de administración que tenían ese tipo de actividad. Los hacía el personal de seguridad, que en teoría no debería hacer ese trabajo. En el sumario sale que si un día el antiguo diputado David Fernández llegó, dio una charla, fue a tomar un café con no se quién. Luego, que si yo participé en una asamblea junto con estudiantes o trabajadores. Y ahí hay días y días. Eso, según equipo de gobierno que estaba en aquel momento, era prueba de la existencia de un complot criminal. La acusación lo aportó en el juicio. .
Pero al hacerlo, ¿no estaría la acusación dando muestra de que le estaban espiando?
Sí, pero supongo que, en el momento en que introdujeron eso, prevalece el interés de meternos en la cárcel. Sospechábamos que existía, pero cuando aparece en sumarios donde lo usan como herramienta represiva, se evidencia. A la inmensa mayoría de los 27 nos incriminan por una trayectoria de lucha sindical, estudiantil, etcétera. En mi caso, yo estaba en el secretariado permanente anterior de la CGT, con otra responsabilidad. Y ahora, soy secretario general. Me persiguen por ser un afiliado que lleva a cabo una práctica sindical, la que llevamos en muchos centros de trabajo en momentos de conflicto. De la misma forma que tenemos gente despedida en otros lugares, o que ha tenido juicios penales por huelgas. Incluso hay una compañera estuvo en la cárcel: Laura. De alguna forma, eso es parte de la actividad de confrontación al capitalismo que llevamos. En el caso de la universidad, de confrontación a la privatización y a los recortes.
Cuando entra el nuevo equipo de gobierno de la universidad, no sigue la línea de acusación del rector anterior, Ferran Sancho. ¿Les están dando la razón a ustedes?
No sigue la línea, pero no nos da la razón. Cuando la nueva rectora ganó las elecciones contra el equipo continuista, uno de los puntos de alarma o de debate en el campus era la represión inaudita que había habido. A lo mejor nos tendríamos que ir a los años 60 o 70 para ver ejemplos comparables. La rectora quedó en el compromiso de no tirar adelante con este tipo de políticas. Nosotros les solicitamos que retiraran a la universidad como acusación particular y la demanda responsabilidad civil, porque entendemos que hay formas de protesta en el campus que se han hecho siempre y nunca habían llevado a un juzgado. Y además, les pedimos que hicieran un posicionamiento de parte sobre esos cientos o miles de páginas que el anterior equipo de gobierno había llevado al juzgado. El hecho de que un estudiante hable con un docente no solo no es prueba de la existencia de un complot criminal, sino que debería ser parte del diálogo en la universidad. Retiraron la acusación particular, pero cuando fiscalía ya pedía penas de 11 años y cinco meses y 14 años de cárcel. Con lo cual, ya vamos a juicio. Y rebajaron la responsabilidad civil subsidiaria muy notablemente: de 300.000 a 12.000 euros. Pero al mantenerla, de alguna forma también ellos dicen que hay caso. Las detenciones que ha habido desde el día 7 de enero hasta ahora, empezando por el compañero Carles y terminando por Bárbara y por mí el 17 de febrero, ha vuelto a poner el problema encima de la mesa. Mientras ellos han judicializado una situación política, nosotros hemos politizado su acción judicial: el debate ha salido de nuevo, en la universidad y fuera de ella. Y parece que este equipo de gobierno está virando: antes hablaba de penas desproporcionadas. Ahora dice que debería archivarse el caso. Pero lo cierto es que hay una documentación ahí, en base a la cual el fiscal continúa actuando.
Le detienen tras no presentarse a declarar. ¿Qué quería decir cuando expresó públicamente que no sólo no iba a seguirles el juego, sino que además les iba a cambiar el tablero?
Cuando me citaron a declarar antes de que el fiscal formulara la acusación, mi nombre aparece en el sumario y fui a decirle al juez que no veía razón ninguna para que hubiera una acusación en contra mía en función de mi actividad en la universidad. Y resulta que el fiscal consideró que había cometido montón de delitos y que decide pedirnos una cantidad muy elevada de cárcel. Al leer el sumario, lo único que vimos es que mi nombre aparecía en las declaraciones de miembros del equipo de gobierno, en la documentación de seguimientos de la universidad y la referencia de que yo había participado en una rueda de prensa. Era el único hecho con relación al encierro en el rectorado. Con lo cual, a mí se me señala de la misma forma que a otras personas imputadas, por cosas como participar en la negociación, llevar una pancarta o un megáfono. Entonces, para entrar en la partida donde las cartas están marcadas, yo prefiero no entrar y denunciar que está habiendo una farsa judicial con una finalidad política. Lo hemos visto en el caso catalán: cuando lo único que hace un acusado es seguir el camino que le ha marcado el sistema judicial, se desactiva el motivo por el cual la persona es acusada y se entra únicamente en debates técnicos. En nuestro caso, yo prefiero hablar de sindicalismo, de recortes, de privatizaciones. Y asumo el riesgo que eso comporta.
Su caso y su manera de actuar tras la imputación tiene nexos evidentes con los de otros encausados recientes que han denunciado una criminalización de la disensión. Alfon, los chavales de Altsasu, los raperos Valtonyc y Pablo Hasel… Resulta impactante ese bucle en que los acusados denuncian la depravación del sistema que les juzga pasando después al momento en que el mismo sistema se la confirma poniéndoles esas condenas.
A hechos represivos equivalentes, se están dando respuestas equivalentes, fruto de reflexiones que estamos haciendo en un montón de espacios militantes comparables. No lo estamos realizando de forma organizada, pero sí en una misma dirección. El incremento de la represión ya viene de hace tiempo: en los años 90 empezamos a ver una gran represión con el movimiento okupa, con juicios a decenas de personas y penas exorbitantes. Yo mismo formé parte de un proceso así en Terrasa. Sí es cierto que a partir del periodo de 2010, con los primeros recortes de Zapatero, 2011 con el 15M, toda la sesión de protestas 2012-2013… a medida que se va fortaleciendo la protesta social, se endurece la respuesta represiva del Estado, tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado. Yo tengo la impresión de que hubo un montón de solidaridad con la gente encausada, pero la resolución seguía mecanismos relativamente individuales. Y siempre buscábamos resolverlo dentro de las pautas que ofrecía la situación judicial o procesal en cada caso. Si había una pena multa, presentábamos recurso. Si había un juicio, entrábamos a buscar una condena baja. Ahora la represión ha subido de tono, y en los espacios de izquierda radical o de lucha contra el capitalismo y el Estado estamos dándole una respuesta política. Y aún si eso conlleva asumir ciertos riesgos, por ahora, estamos poniendo esa represión sobre la mesa. Quizá conseguimos que se incrementen las condenas en una primera instancia, pero lo que buscamos es que la condena del hoy sea una victoria futura. Hay ejemplos paradigmáticos en la historia reciente, como el movimiento por la insumisión o el movimiento de mujeres por el aborto de finales de los 70, principios de los 80.
¿Comparte el diagnóstico de que la protesta social sigue bajando desde que los partidos del 15M están en las sillas de poder?
En 2013 comenzó un progresivo declive de la protesta social que se evidencia en 2014, tras el despegue de Podemos en las elecciones europeas. En Cataluña, antes: con la entrada de la Cup en el Parlament. La gente compartía el descontento, pero nos costaba plantear alternativas. Y la política institucional a la que se acercan algunos compañeros y compañeras de esas protestas es la válvula de escape. Se diseña una alternativa para canalizarlo y neutralizarlo a través del juego institucional.
Pero ha habido dos movimientos que han sorprendido últimamente: los jubilados y las mujeres.
Es lo que iba a decir: igual que el primer ciclo de protestas se agotó, el ciclo de la ilusión del espejismo institucional está perdiendo fuelle. Y estamos observando un renacer de la movilización al margen de ese espacio. Ya nadie cree que Podemos vaya a asaltar los cielos, ni que la Cup va a replantear o eliminar el capitalismo en Cataluña. Lo que vemos es gente nueva en las reglas del juego de toda la vida. A veces pienso en cómo se debía sentir la generación de nuestros padres, que estuvo luchando contra la dictadura y luego vio que algunos compañeros y compañeras se pasaron al establishment. Seguramente, la suerte que hemos tenido es que en los espacios alternativos hemos salvado un poco más los muebles que en la generación de los años 70. Teníamos ese ejemplo. Por ejemplo, con toda la complejidad y las múltiples lecturas que se pueden hacer del caso de Cataluña, el 3 de octubre lo que vimos es que el gobierno catalán, la inmensa mayoría de los partidos soberanistas y los sindicatos mayoritarios crearon la Taula per la Democràcia, que fue lo que captó la atención de los medios. Pero la huelga fue general. De hecho, según los datos de la CEOE, sólo en el sector privado, ese día se perdieron el 75% de horas de trabajo que se perdieron en la huelga de trabajo de noviembre de 2012 en todo el Estado. Eso es mucho y eso pasó al margen. Hubo un cabreo y la gente respondió. Y a lo mejor respondió mucha gente que en su barrio votó a Ciudadanos en las últimas autonómicas. Pero hubo una reacción en contra de una brutalidad y se canalizó por medios alternativos a los de la política oficial. El 8 de marzo ocurre algo semejante. Va a haber una movilización que hace el movimiento feminista y el anarcosindicalismo le da cobertura de huelga general. Pero lo hacemos diciendo “ahí va nuestra aportación, usadla como queráis”. Grupos de mujeres, de forma relativamente horizontal y sin una estructuración jerárquica, lo llevan a cabo en el conjunto del Estado. Comisiones Obreras y UGT, con el apoyo de los medios de comunicación, intentan «trolear» la movilización con una huelga de dos horas que en muchos lugares se reduces a la pausa por el bocadillo. Y les supera. Les supera ampliamente en la calle.
Aunque la jornada fue digna de celebrar, también hubo conflicto. Se denunció la desinformación por parte de UGT y CCOO, usted escribía en su Twitter “Hay quien actúa como si su tarea sindical fuese reventar las huelgas de otro/as”.
Los estados actuales actúan en función de dos posibilidades cuando ver una expresión de crítica colectiva que surge de los márgenes: represión directa o intento de asimilación. Que millones de mujeres se iban a movilizar el 8 de marzo, estaba claro. Y hombres, interpelados en la crítica al patriarcado. Y se intentó cambiar lo que era referente de esa movilización en la que mucha gente se sintió llamada. Cuando se da tanta publicidad a las denuncias de artistas de Hollywood sobre la aberrante utilización del poder para obtener prebendas sexuales, se transmite esa problemática desde el punto de vista individualizado y de gente famosa que puede llegar a ser empresaria. En cambio, se ha intentado silenciar, pero en el discurso de la huelga estaba por ejemplo que la reforma de las pensiones penaliza a las trabajadoras, que tienen vidas laborales mucho más interrumpidas porque tienen que asumir las tareas de cuidados. Con la destrucción de los subsidios de paro, lo mismo. Eso se intentó silenciar porque el feminismo de clase, en la medida que es de clase, molesta tremendamente al poder. El poder reconoce que hay una movilización y entonces busca la versión que le es menos peligrosa para algunos de sus intereses. Pero también hay otra realidad que es sintomática de la fuerza que está teniendo el debate feminista en el Estado español. Cuando muere una mujer por violencia patriarcal sale en los medios. Cuando alguien muere –trabajadores y trabajadoras- por violencia del capital en los centros de trabajo, casi nunca sale en los medios, y muere más gente por este tipo de violencia. Lo que digo no es una crítica al feminismo, sino que creo que deberíamos pensar en cómo tener desde el movimiento laboral la capacidad de hacer de esto un problema. Lo que el feminismo ha conseguido, como sindicatos, no lo hemos conseguido todavía.
¿A dónde opina que están yendo los sindicatos mayoritarios?
A donde han estado desde hace mucho. Uno puede asumir que apostamos por el conflicto social o que apostamos por la concertación. La finalidad de Comisiones Obreras y UGT en los puestos de trabajo, en los acuerdos interconfederales, etcétera, es negociar acuerdos. Y la negociación de un acuerdo como objetivo político final implica el reconocimiento de un status quo. Terminan gestionando la realidad en que vivimos sin pretender cambiarla. Y el Estado se lo reconoce dándoles mecanismos legales y medios económicos. Nosotros aspiramos a generar conflicto porque entendemos que quien explota no va dejar de explotar por voluntad propia. La capacidad de referencialidad y de control del sindicalismo institucional está a la deriva. Es un proceso más lento que el político, porque de donde uno saca para poder comer –en el trabajo- se arriesga mucho menos. Pero es continua desde el 2010, como mínimo.
Aunque no sea de las imágenes más complejas de la política en Cataluña a partir del 1O, sí que resultó singular ver manifestarse el 3 de octubre a anarquistas con quienes apoyan sin fisuras a los políticos del establishment catalán.
Claro, en la huelga del 3 de octubre la CGT y el conjunto del movimiento libertario en Cataluña nos sumamos en una confluencia que no se había dado nunca, con un discurso antirepresivo y de defensa del espacio público. Ya habíamos dicho que para nosotros el referéndum no era una expresión democrática en el sentido que nosotros pensamos y que, como organización, no queríamos construir una República, aunque seguro que hay muchos afiliados y afiliadas que quieren. Y a pesar de eso, estuvimos porque entendíamos que había, y sigue existiendo, una situación de represión inaudita. En Cataluña y en el Estado Español. Estuvimos ahí de la misma forma en que estuvimos cuando ha habido huelgas generales convocadas por sindicatos institucionales que en muchos lugares facilitan que se despida a nuestra gente. Con nuestra postura, pero estamos. Y ahí hemos tenido otra situación compleja, con lo que llaman los presos políticos catalanes. Gente en la cárcel por motivos políticos, no ha dejado de haber desde el 78. El caso de Laura, los insumisos, y luego la gente que estuvo en la cárcel por el tema Pandora, Piñata… Los de ahora son mediáticos y son presos políticos con los que no coincidimos políticamente. Pero cuando hablamos de la represión fascista en la Europa de los 40, estoy seguro de que muchas de las víctimas que murieron en el gueto de Varsovia eran empresarios judíos que habían explotado a obreros. Y eso no hace que debamos dejar de criticar el fascismo. No luchamos por Joaquim Forn, teniente de alcalde de Barcelona cuando Can Vies, que nos mandaba a la policia a pegarnos. Luchamos contra un estado cada vez más abocado a un régimen paradictatorial. Contra eso, sí.
Para alguien que lucha por los derechos sociales y no reconoce los estados, ¿cómo es ver que la independencia de Cataluña y la unidad de España se apoderan continuamente de la agenda política? La protesta se habrá canalizado por vías alternativas, pero cuando en las últimas elecciones han ganado las derechas, de un lado y del otro.
La verdad es que en los cuatro últimos años no hemos sabido revertir eso, porque tanto en la burguesía catalana como en la caverna mediática española hay intereses políticos por que se focalice el debate ahí. ¿Cuándo lo hemos podido revertir? Cuando hemos tenido capacidad de abrir espacios de lucha. Can Vies fue un ejemplo. No lo hicimos como CGT pero sí lo hicimos desde los movimientos sociales. O como CGT, la huelga de la Fnac, O como trabajadores en lucha, la huelga de Movistar. Eso del procés ahora mismo está languideciendo, agonizando. Se van a ir abriendo espacios para otro tipo de debate público. Y ahí vamos a estar.
¿Qué respuestas encuentra su sindicato a las nuevas realidades del mercado laboral: las problemáticas de los autónomos, los falsos autónomos y la gente con trabajos precarios?
En nuestro sindicato puede haber autónomos, siempre y cuando no tengan asalariados a su cargo, porque entendemos que ahí hay una relación de conflicto y hay que ir con cuidado. Sí es cierto que nos cuesta mucho encontrar respuestas organizativas a esa realidad: al ser un sindicato que pretende ser horizontal y partir de la capacidad de acción de quienes se afilian, quien tiene que desarrollar la acción colectiva para los autónomos y autónomas son esas personas. Pero si no tenemos, es imposible. Ahí tenemos un problema, y lo mismo con los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, o con gente joven y precaria, que tenemos todavía un porcentaje demasiado bajo, aunque va creciendo. Quizá eso también se puede explicar en una parte del anarcosindicalismo en los años 90: por mucho que nuestra presencia en los comités de empresa fuera para vaciarlos de contenido y trasladarlo todas las asambleas de trabajadores, lo cierto es que vivíamos en una sociedad que se acostumbró a la cultura de la delegación, a que se profesionalizase la acción colectiva. Y entramos en una dinámica que en algunos casos se asemejó a la sindical mayoritaria. Ahora estamos intentando salir de eso. Claro, para un autónomo, ¿qué interés tiene un comité de empresa? Cero. ¿Y para una precaria? Muy poco.
¿Y cómo plantean tener presencia en el día a día de esas personas?
Intentamos fomentar espacios de organización en los centros de trabajo, pero también participamos en infinidad de movimientos sociales. Diría que la CGT, al menos en Cataluña, es el sindicato que mayor arraigo territorial tiene en eso que se llaman los nuevos movimientos sociales. Compartimos asambleas y campañas que van más allá del sindicalismo de empresa tradicional y que tratan de derechos básicos. El acceso a la vivienda, la persecución de la venta ambulante y la pobreza energética también son problemas de la clase trabajadora. Si hacemos un símil histórico, estamos superando todo el postfranquismo, en donde se dijo tenía que haber un sindicalismo sectorial y nos estamos yendo a intentar configurar la CGT como un movimiento, salvando mucho las distancias, asimilable a la CNT de antaño, que podía hacer una huelga de alquileres de la misma forma que hacía un conflicto dentro de una fábrica. Es una opinión estrictamente personal, pero yo creo que el futuro va a ser territorializar la acción sindical, con una mezcla de movimiento vecinal donde la gente que entra y sale del mercado de trabajo, que tiene relaciones muy poco reconocidas laborales, pero que existen, tendrá un espacio de movilización. Tenemos que estar en los barrios y en los pueblos, que la gente que tiene un problema sepa que puede llegar ahí y que podemos responder. Alguien muy precario puede desarrollar su lucha en el centro de trabajo o puede desarrollar la lucha desde la calle.
¿No cree que su puesto de trabajo duraría poco?
Si no tiene el apoyo externo. La huelga de Movistar la hicieron en parte autónomos y gente precaria de subcontratas de subcontratas. Y fue una movilización grande porque se busca la complicidad de mucha gente de la CGT, que tenemos muy pocos afiliados de subcontratas de Movistar. Desde la CGT socializamos esa huelga y Movistar sufrió una fuerte presión en el momento en que dejaron de funcionar un montón de fibras ópticas. Y una gente que no pintaba nada llego a poner contra las cuerdas a la multinacional más importante del Estado español. ¿Qué es lo que pasó? Que el sindicalismo mayoritario, a través del pacto, contribuyó a hacer bajar algo que podía haber ido creciendo. Y en conflictos pequeños y locales, por ejemplo, un caso reciente: una panadería en Sabadell tenía cuatro establecimientos y no pagaba a algunas trabajadoras. Hay una herramienta, y eso es una mezcla de sindicalismo y movimiento social de base vecinal, que es organizarle manifestaciones, señalar. Los trabajadores y trabajadoras están trabajando, ellos no tienen nada que ver con eso. Pero evidentemente se expresa que ahí hay un empresario mafioso que no paga lo que debería. Normalmente, siempre acaban pagando sin ningún coste para el trabajador. El sector servicios atrae clientela gracias a su imagen. Ahí se les puede presionar. No lo vamos a conseguir poniendo una demanda en inspección.
Me gustaría que nos hablara de los trabajos creativos. La gente que escribe, que diseña, que hace música, cine… Es un sector precarizado y bastante individual en el que mucha de la retribución es “espiritual”: a menudo el trabajo es a cambio de likes y visibilidad. ¿Cómo pueden actuar los sindicatos ahí y qué nivel de conciencia cree que hay entre esos trabajadores de la necesidad de asociarse?
En general, poco. Si tú hablas con un músico o, incluso, un profesor de universidad, la identificación es mucho más con el oficio que con la clase. Nos cuesta, cuando además quien trabaja está muy atomizado. Sí es cierto que, por ejemplo, ahora hemos crecido mucho en el sector de la informática, que a veces tiene un componente parecido al sector creativo: gente que trabaja aislada del mundo, en un ordenador desde su casa… El problema era: ¿Dónde está la sección sindical a donde la gente va? Hemos hecho la coordinadora de informática, que actúa como sección sindical donde además hay posibilidad de encontrar el espacio colectivo a través de redes, con comunicación a distancia. Es un debate lento, porque estamos acostumbrados a hacer lo de siempre, pero se va acelerando.
Antes hablábamos de los jubiliados como muestra –paradójica, por cierto- del rejuvenecimiento de la protesta en la calle. ¿Qué está ocurriendo con el tema de las pensiones?
El capitalismo tiene una gran capacidad para problematizar lo que deberían ser mejoras en el desarrollo de la humanidad. El desarrollo de la medicina nos permite vivir más, y en vez de hacer de eso una ventaja, sale la señora Christine Lagarde y dice que el problema es que vivimos demasiado. Pero que se muera ella, yo pienso que qué bien que la población se envejezca. ¿Y cuál fue uno de los primeros países que privatizó el sistema público de pensiones? El Chile de Pinochet, auspiciado por los economistas de la escuela de Chicago. Porque incluso antes de Thatcher y Ronald Reagan, el liberalismo empezó a ver que las pensiones, como ahora los vemos con otros servicios para la vida -la sanidad y en la educación- son negocios. A quién no le han dicho: “Ya tienes cierta edad. ¿Por qué no te planteas hacerte un plan de pensiones?”. Porque las pensiones en el Estado español son mucho más bajas que en el resto de la Unión Europea de los 15. Y de la misma forma que destruir la sanidad pública favorece que la gente contrate mutuas, destruir el sistema público de pensiones hace que nos vayamos a la compañía de seguros o al banco a contratar un plan de privado. Es un proyecto político que seguramente estaba implícito, paradójicamente, en el Pacto de Toledo. Se vendió como una forma de proteger el sistema público de pensiones, pero lo que se hace es quitarlo de los presupuestos generales del Estado. A lo mejor podríamos plantearnos por qué las pensiones tienen que salir del salario de los trabajadores y no salen de los beneficios del capital. Que haya un sistema de impuestos mucho más fuertes sobre la renta, especialmente, y sobre los beneficios de las empresas y que de ahí salga garantizar las pensiones. Alguien dirá: “es que es esa inversión no es productiva“. Bien que se financia la Iglesia y la casa Real con cargos a los presupuestos generales del Estado. Cuando se dice es que la caja de la Seguridad Social queda vacía, nos alarmamos. ¿Por qué no abrimos el cajón que permite rescatar los bancos? Y el Fondo de Garantía Salarial, ¿tiene que salir del pacto de Toledo? ¿Por qué permitimos que se use el Fogasa para liberar las obligaciones de los empresarios? Y cuando por ejemplo, en Cataluña ya hace mucho tiempo, con los trabajadores dependientes de la Generalitat, Comisiones Obreras y UGT impusieron que una parte de nuestra cotización de pensiones iba a un plan de pensiones de la casa, uno se pregunta qué otras complicidades había. Cuando uno investiga un poco, ese fondo de pensiones está gestionado por Comisiones y UGT.
Para cerrar, me gustaría volver a las luchas por la educación. Al tema de la privatización, pero también de eso que ahora se denuncia bajo el lema “Educació sense por” [Educación sin miedo].
Es indudable que el capitalismo está viendo la educación cada vez más como negocio, como forma de control social, de reproducción de una ideología y, evidentemente, de creación de mano de obra para lo que les interesa. Contra eso seguimos luchando, con avances y retrocesos. Está habiendo más privatización en la enseñanza, pero ya desde la Ley de la Educación de Cataluña, que ahora se critica muy poco, porque se focaliza todo en la LOMCE. La LEC ya introdujo lo que llamaban “autonomía de centres”, con la posibilidad de que en los centros se fueran privatizando las actividades complementarias o extraescolares. Un modelo cada vez más empresarial, ya a nivel de escuela de primaria. Si un AMPA tiene dinero porque sus asociados pagan, se pueden hacer complementos a la actividad, mientras que en las escuelas en barrios pobres, no. También lo vemos en los másters en la universidad, donde la mayoría son privados. Sí es cierto que, por ejemplo, en mi universidad, han tenido que desmontar algunas fundaciones que servían para gestionar actividades poco publicitadas como negocios o convenios con empresas. Aparte de eso, respecto a lo que mencionabas de “Educació sense por” , ahora en Cataluña hay dos situaciones preocupantes. Una promovida por el gobierno de la Generalitat y otra promovida por el gobierno del Estado. La promovida por el gobierno de la Generalitat es el plan Proderai: Protocolo de prevención, detección, e intervención de procesos de radicalización islamista en la escuela: un programa donde se focaliza la atención en aquellos alumnos sobre los que, por el color de su piel, por sus apellidos, se pueda intuir que provienen de países musulmanes. “Chaval adolescente marroquí que no consume Coca-Cola”. Eso podría ser un punto de alarma, de que se desenvuelve en un entorno islamista radical. No queremos que los maestros sean policías, ni queremos que se reproduzcan argumentos xenófobos dentro del aula. Lo hemos denunciado reiteradamente. Por otra parte, el departamento de educación lo ha silenciado, pero hay decenas docentes denunciados por delitos de odio que están siendo investigados y que pueden afrontar años de cárcel, con la inacción de la administración de la Generalitat en una defensa colectiva de eso. ¿Quién va abrir la boca ahora para decir en el aula “vamos a hablar de una carga policial, a ver qué os parece”?. Eso es delito de odio ahora. Se censura. El propio maestro por una parte actúa de policía y por otra parte de censor de sí mismo. Lo que se está buscando es cerrar mucho más el espacio de debate dentro de la educación.
