España es el noveno exportador mundial de armamento, pero el mantenimiento de su industria militar es una ruina económica.
Entre 2004 y 2013 se multiplicaron por diez las exportaciones españolas de armamento; la cifra de ingresos por venta de armas en 2013, 3.097 millones, supuso el doble de lo recaudado en 2012. España es actualmente la novena exportadora del ramo, encabezado por Rusia y Estados Unidos con una distancia abismal sobre sus competidores; las ventas españolas representan el 2,4 % del total mundial. Sin embargo, el Ministerio de Defensa acarrea una deuda creciente e insostenible. Son datos del Centre d’Estudis per la Pau J. M. Delàs, de la organización catalana Justícia i Pau.
El Centre Delàs estudia los temas relacionados con el militarismo y el comercio de armas, y organiza diversas actividades de concienciación en la cultura de la paz. Entre sus investigadores se cuenta Camino Simarro (Cuenca, 1983), educadora social y antropóloga, coautora junto con Tica Font y Eduardo Melero del informe Exportaciones españolas de armamento 2004-2013. ¿Promueve el gobierno exportaciones ilícitas de armamento?
Ruina pública, lucro privado
Preguntamos a nuestra interlocutora si el comercio de armas es el negocio más lucrativo a nivel mundial, junto con la trata de personas y el narcotráfico (suele creerse así). En el Centre Delàs no poseen datos para ponderar cuál de estas tres actividades va a la cabeza del ranking de la historia universal de la infamia de nuestro tiempo (parafraseando a Jorge Luis Borges), pero aseguran que el tráfico armamentístico sigue siendo una gran actividad lucrativa.
Los estados “parece que manejan los hilos, pero detrás hay particulares que influyen sobre las decisiones” que toman los gobiernos. Eso sí, dependiendo del país habrá mayor presencia de la propiedad pública o privada en la fabricación de armamento, “aunque se aprecia una corriente de privatización creciente. Un ejemplo es España, donde las empresas de armamento más rentables del sector público han sido privatizadas”. Entre tanto, la compañía Navantia, dedicada a la construcción naval militar, sigue bajo titularidad pública “con pérdidas millonarias año tras año (más de 900 millones en 2012)… Pero no sería extraño que pasara al sector privado si un día empezara a dar beneficios”.
Para el armamento no hay reconversión industrial
Muchos historiadores interpretan que la Segunda Guerra Mundial contribuyó decisivamente a la resolución de la gran crisis económica iniciada en 1929, debido a las enormes inversiones públicas en el sector industrial, principalmente en Estados Unidos. Con posterioridad, el gobierno del coloso americano ha recurrido en más de una ocasión al incremento del gasto militar para refrescar su economía. ¿Podría pensarse que la España en crisis hace parecidos esfuerzos de reanimación a través del sector militar? Parece que no ocurre exactamente así: “El Ministerio de Defensa está en quiebra, pero el gobierno concede créditos extraordinarios para el mantenimiento de industrias deficitarias y así impedir el cierre de las mismas, con lo que miles de trabajadores del sector público irían al paro y se incrementaría la conflictividad social en una situación muy delicada para el ejecutivo. Estos créditos se regulan mediante Real Decreto Ley, que no precisa de ratificación por parte del Congreso, y no están incluidos en los presupuestos generales del Estado.”
La memoria se remonta a la reconversión industrial de la década de 1980, con sus dramáticas consecuencias sociales, cuando tantas empresas públicas fueron cerradas… Todo un agravio comparativo.
A la coartada del conflicto social se añade otra consideración, esta de naturaleza política y militar: “Se considera un elemento de prestigio internacional que las fuerzas armadas de un país se equipen en buena medida con armamento y equipos de producción propia.” El atávico gusto de figurar, en su versión de ficticia superpotencia.
El lobby está en el gobierno
El dinero de los créditos extraordinarios antes referidos va destinado a la modernización de las fuerzas armadas españolas y no solo recae en las cuentas de la industria pública. También acaba embolsado en empresas privadas que abastecen de material al ejército. Un lobby poderoso es el que forman esos proveedores (medio millar de empresas), que seguirá beneficiándose del pastel del Estado –para ruina de este– presumiblemente durante largo tiempo.
Válida personificación de este lobby es el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, un reputado profesional del sector armamentístico privado. Explica Simarro que “él era consejero de Instalaza, una empresa aragonesa que vendió bombas de racimo al régimen de Gadaffi”, las cuales seguramente acabaron estallando sobre las cabezas de sus opositores. Pues bien, “después de que estas armas fueran prohibidas internacionalmente por el Tratado de Dublín (2008), el gobierno español recomendó el fin de su comercialización, por lo que Instalaza le reclamó una indemnización por cese de beneficio cuando Morenés ya era ministro de Defensa.” Aunque la indemnización propiamente dicha fue denegada, se supone que la empresa recibió compensación con nuevos contratos.
Encabezan el negocio armamentístico privado en España dos compañías que otrora fueron públicas: EADS-Casa, especializada en la construcción de aviones de transporte militar medio y ligero (el Estado mantiene en su poder un 5,5 % de las acciones), y General Dinamics Santa Bárbara, fabricante de artillería, fusilería y blindados, con de titularidad estadounidense. Otra gran empresa del sector, INDRA, tiene casi un 33% de su accionariado en manos privadas; el resto de su capital social pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
¿España necesita la industria armamentística?
El gobierno se felicita del crecimiento de las exportaciones españolas. Y me surgen algunas preguntas: ¿las cifras de la venta armamentística representan una parte sustancial de ellas? ¿Se vería tocada en su línea de flotación la economía del país sin esas transacciones? La respuesta es contundente: “La venta de armamento solo representa el 1,7 % de la balanza comercial española, por lo que resulta poco significativa. Sería totalmente prescindible si el gobierno se lo propusiera… Pero las empresas privadas del sector perderían mucho dinero”, ya que los contratos encargados por el Ministerio de Defensa son suculentos.
Dado el modesto volumen del ramo, parece increíble que no exista ningún estudio de conversión del sector para usos civiles. Simarro admite que esas industrias “podrían ser mucho más beneficiosas para la sociedad, y en condiciones de viabilidad”. Ni el ejecutivo ni las organizaciones pacifistas se han propuesto esa tarea de investigación. En cuanto al primero, conocidos son sus vínculos personales con las grandes corporaciones del país; así pues, no parece extraña su indiferencia. En cuanto a las segundas, cabe apuntarles una falla en sus actividades.
Un destino incierto
Los gobiernos tienen la obligación de controlar la producción privada de armas; todo contrato de exportación precisa de una autorización gubernamental expresa. Sin embargo, parece evidente que hay una sobreproducción, por así llamarla, que no pasa por este canal oficial y engrosa directamente el mercado negro armamentístico mundial. “Evidentemente, solo podemos hablar con datos fiables del comercio reconocido –admite Simarro–. Está entre nuestras metas llegar a estudiar ese otro tema, pero carecemos por el momento de herramientas para ello.”
Por supuesto, la ley conlleva su trampa. Un Estado exportador de armas puede tener como cliente a un gobierno, una empresa pública, una empresa privada o un particular. En este último caso, “a base de pequeñas compras de material bélico puede armarse legalmente un ejército privado, un cartel mafioso, una organización terrorista… Por supuesto, muchas veces se da el caso de que las transacciones dudosas las hacen los estados, pero a través de particulares”.
El destinatario del armamento costeado con los créditos extraordinarios concedidos al Ministerio de Defensa “son, en principio, las fuerzas armadas españolas”, en concepto de contribución a su modernización, “pero nada obliga a que en un momento dado pueda revenderse al exterior el material costeado”.
Exportaciones españolas bajo sospecha
¿Cuáles son las principales restricciones internacionales al comercio de armas? ¿Las cumple España? Responde nuestra interlocutora: “Existen tratados de restricción de la fabricación y el comercio de armas nucleares, químicas y biológicas, minas antipersona, bombas de dispersión, etc. En cuanto a las armas convencionales (aquellas que no son biológicas, químicas o nucleares), hay un mecanismo regulador internacional –no limitador– recién aprobado, el Tratado de Comercio de Armas, que entrará en vigor en diciembre de 2014”. A nivel de la Unión Europea contamos con la “Posición Común Europea, que no es de obligado cumplimiento; queda en manos de los estados miembros su aplicación o interpretación. Sus criterios se incluyeron en el artículo 8 de la Ley de comercio de armas española, pero de un modo vago”.
El primer criterio de la Posición Común Europea rechaza “la exportación de material militar a países sometidos a embargo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Otros son más ambiguos, pues hacen referencia al respeto a los derechos humanos por parte del país receptor”, dato que está sujeto a interesado análisis por parte de los distintos gobiernos emisores. Por ejemplo, España exportó armas a Egipto tras el golpe militar de julio de 2013. Otros buenos compradores de material militar español son Arabia Saudita, segundo cliente en 2013 y célebre por su respeto a los derechos humanos, sobre todo de las mujeres; Bahrein, que pidió la ayuda de las fuerzas armadas saudíes para frenar las revueltas democráticas iniciadas en 2011; e Israel, que recibió armamento español en plena crisis de Gaza (2014).
Tampoco se puede exportar material militar a países en conflicto. El gobierno de Mariano Rajoy debió entender que no era el caso de Ucrania, porque le donó cascos y chalecos antifragmentación en septiembre de 2013. Pero, ¿solo cascos y chalecos? “Carecemos de herramientas para negar la versión oficial sobre esta y otras operaciones, pero debería favorecerse la transparencia, para que no hubiera suspicacias de ningún tipo.”
Otra transacción dudosa entre las admitidas por el ejecutivo español durante los últimos años: la exportación a Ghana de millones de cartuchos de munición de caza. “La Secretaría de Comercio Exterior lo justificaba diciendo que la subsistencia de la población local depende en buena medida de la caza de monos y, literalmente,
En el reino de las sombras
En cuanto a la compra de material militar, está sumida en el mayor de los secretismos, “en tanto que acogida a la Ley de secretos oficiales. No existen datos acerca de tales adquisiciones, salvo cuando al ejecutivo le interesa publicitar la compra de determinado material; solo puede encontrarse alguna información parcial en los registros de aduanas”, explica Simarro.
Igualmente opacas son las donaciones de armamento entre estados, algunas de ellas efectuadas por el gobierno español. ¿Se esconde algo detrás de ellas? Solo se especifica el artículo donado –pero no la cantidad– y el precio, en este caso nulo. ¿De dónde procede ese material, de las fuerzas armadas o de un fabricante privado? ¿Ha costado dinero al Estado, antes de su donación? ¿Se entrega como complemento de otra transacción? Finalmente, ¿qué se entrega en realidad? Demasiados interrogantes para que estos asuntos permanezcan fuera del conocimiento de la opinión pública.
Me asombro de tamaño secretismo, pero mi interlocutora me advierte de que en otros países todavía lo es mayor, pues ni siquiera las exportaciones se computan oficialmente. El mejor ejemplo lo brinda Rusia, primer exportador mundial de armas, cuyo comercio militar permanece completamente oculto a efectos oficiales. Pero en todas partes cuecen habas, también en la Unión Europea, donde “el Reino Unido tampoco publica sus exportaciones de armamento y hay indicios de que países como Rumania y República Checa son activos reexportadores”.
Un desinterés a subsanar
Volviendo a los asuntos de España, queda claro que los recortes informativos acerca del comercio armamentístico no son patrimonio del presente gobierno, sino que vienen precedidos de la ocultación de datos por todos los ejecutivos anteriores. El Congreso tampoco se ha mostrado muy preocupado por el asunto, la ocultación se asume como una de esas miserias necesarias que son inherentes al poder.
“Ninguno de los grandes partidos políticos españoles –explica Simarro– tiene entre sus propuestas estelares el control o la supresión del comercio de armas. Las únicas muestras de preocupación proceden de organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, que han desarrollado campañas de concienciación, pero tampoco se trata de un tema que despierte el interés de una parte mayoritaria de la sociedad.”
El desinterés popular puede parecer justificado en una época de recesión aguda como la que vivimos, cuando la gente tiene su atención puesta en otros asuntos más inmediatos de la vida cotidiana, pero podría cambiar si se considerara que “el Ministerio de Defensa tiene actualmente una deuda de 37.000 millones de euros”, casi tanto como el rescate bancario concedido a España por la Unión Europea; un “dinero que engrosa la deuda pública española y sería mucho más útil, por ejemplo, en la sanidad y la educación”.
