La perseverancia de unos y la indiferencia de otros garantizó una consulta tranquila.
El 9 de noviembre de 2014 tuvo lugar la manifestación de respaldo a la autodeterminación de Cataluña más importante de la historia, con más de dos millones de participantes en una votación que ciertamente carecía de validez legal, pero aquilataba un elevado significado simbólico.
La jornada en que los ciudadanos de Cataluña estaban llamados a las urnas en una consulta alternativa impulsada por los partidos del llamado frente soberanista, llegó acompañada por el mal tiempo en distintas comarcas de la comunidad autónoma y estuvo precedida por eventos sociales de distinta naturaleza.
Los prolegómenos de la consulta
La noche del viernes, decenas de miles de personas se reunieron en el paseo de la feria de muestras de Barcelona, al pie del Palau Nacional y las fuentes mágicas de Montjuïc, convocadas al acto de clausura de la campaña de invitación al voto Ara és l’hora (Ahora es la hora).
La mañana del sábado, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, atribuyó a la consulta “o como se le quiera llamar” (así dijo) nula efectividad política. Sin embargo, la Fiscalía de Catalunya abrió una investigación sobre si el uso de locales públicos como centros de votación constituía delito. La orden de activación de la pesquisa llegó desde la Fiscalía General del Estado, que parecía más preocupada por la consulta que el máximo responsable del poder ejecutivo.
También daba mayor impresión de preocupación Albert Rivera, líder de Ciutadans, quien pidió públicamente al gobierno que hiciera valer la ley e impidiera la celebración de la consulta. Así lo declaró el sábado a mediodía, al finalizar la concentración convocada por la plataforma Libres e Iguales en la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, donde se registró un enfrentamiento sin consecuencias entre los participantes en el acto antisoberanista y un grupo de independentistas que acudieron al lugar con banderas estelades e ikurriñas.
El sábado por la tarde, un comunicado oficial de Ara és l’hora denunció que los miembros y trabajadores de la campaña, así como representantes del Secretariado Nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de la Junta de Òmnium Cultural, estaban sufriendo acoso telefónico desde temprana hora de la mañana, con decenas de miles de llamadas que perseguían el bloqueo de sus comunicaciones. También se habían detectado correos electrónicos falsos, pretendidamente remitidos desde asambleas y agrupaciones territoriales de la ANC. El mismo escrito recordaba que esta táctica de boicoteo ya fue empleada sin éxito el pasado 11 de septiembre, con ocasión de la gran “V” trazada sobre las calles de Barcelona por más de millón y medio de personas. Las organizaciones afectadas presentaron denuncia ante los Mossos d’Esquadra (policía autonómica).
La jornada de votación
Los más de 40.000 voluntarios responsables de la gestión de la consulta estaban convocados a las 7.30 h en sus respectivos destinos. El conseller de Presidencia y portavoz del gobierno autonómico, Francesc Homs, les dio el espaldarazo moral y jurídico al afirmar que “pueden estar absolutamente tranquilos porque su tarea, sea cual sea, es perfectamente legal», según aseguró en declaraciones a Catalunya Informació, además de recalcar que el responsable de la consulta no era otro que el ejecutivo presidido por Artur Mas.
La votación comenzaba a las nueve de la mañana y media hora antes ya había colas de dimensión considerable ante muchos centros de votación. En la conurbación barcelonesa, esta afluencia variaba mucho según los barrios, tanto de la Ciudad Condal como de los demás municipios metropolitanos, y había noticia de unos pocos casos de boicot (el ya clásico siliconado de cerraduras). De cualquier modo, los 1.317 centros de votación lograron ponerse en funcionamiento.
La doble pregunta que se presentaba a los ciudadanos rezaba así: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”. Por supuesto, el “No” al primer supuesto libraba de responder al segundo.
Votaban todos los ciudadanos con dieciséis años cumplidos. También los de origen extranjero con permiso de residencia y empadronamiento en la comunidad autónoma desde hacía como mínimo tres años (este hecho desmiente las acusaciones de nacionalismo etnicista recibidas por la causa soberanista). Sin embargo, y debido a los husos horarios, los primeros votos no se registraron en Cataluña sino en la delegación de la Generalitat en Sidney (Australia). Los 220.000 catalanes de la diáspora también podían votar si en su país de residencia funciona una de las 18 oficinas de relaciones internacionales del Govern, situadas en Berlín, Bruselas, París, Milán, Londres, Conpenhague, Montreal, Nueva York, México, San José de Costa Rica, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Tokio, Hong Kong y la ya citada Sidney. En Shangai, donde no había lugar de votación, un grupo de catalanes improvisó una mesa en plena calle: se depositaron 22 papeletas, con 17 votos a favor del Sí+Sí, cuatro por el No y uno en blanco.
La jornada de votación se inició sin incidentes importantes. Los únicos contratiempos derivaron, como se ha dicho, del siliconado de algunas cerraduras en Barcelona, Sabadell, Girona, Tarragona, El Prat, Reus y Roda de Ter, que causaron retrasos sin impedir la apertura de los centros. Con la apertura de puertas dio comienzo también la temprana labor de los observadores internacionales invitados por la Generalitat a través del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (DIPLOCAT); la delegación estaba integrada por un centenar de personas de distintos países –entre ellos, ocho diputados europeos– y patrocinaba su misión la International Commission of European Citizens (ICEC), organismo europeo en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. Por otra parte, más de 800 periodistas se habían acreditado en el centro de prensa habilitado por el govern.
Pasadas las 9.30 h, representantes de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) interpusieron ante el juzgado de guardia de Barcelona una denuncia contra Artur Mas, cuya detención solicitaban, junto con la de los consellers de Interior (Ramon Espadaler) y Educación (Irene Rigau). Poco después se iniciaba la batería de denuncias presentada por la organización antisoberanista Societat Civil Catalana ante los juzgados de guardia de distintas localidades, en demanda de la suspensión cautelar de las votación. Al caer la tarde, ninguna de estas medidas había sido estimada por los jueces.
En el ámbito judicial también jugaba la Fiscalía, que no se inhibió de la consulta pese a lo que a muchos les parecía. Los Mossos d’Esquadra se vieron obligados a entregarle la relación de todas las dependencias públicas utilizadas para las votaciones.
Los datos de participación recopilados a la una de la tarde y anunciados por la vicepresidenta del gobierno autonómico, Joana Ortega, sumaban 1.142.910 votantes (casi 700.000 en la ciudad de Barcelona). El gobierno central declaró que no daba ningún crédito a esos datos ante la inexistencia de “mecanismos de control”, descalificación indirecta de la honradez de los voluntarios que gestionaban la consulta. Claro que mucho más afrentosas fueron las palabras de Albert Rivera, líder de Ciutadans, que comparó las colas en los centros de votación con el franquismo y el nazismo… Dos regímenes poco dados a la urna, como sabe toda persona con un mínimo de cultura.
Las colas fueron largas hasta la hora de comer, pues a eso de las 14 h, el tráfico de ciudadanos en los centros de votación decreció notoriamente, de modo que los votantes vespertinos no tuvieron que someterse a prolongadas esperas. Entre tanto, el partrido ultraderechista y xenófobo Plataforma per Catalunya (PxC) compareció en el juzgado de guardia de Barcelona, para presentar denuncia contra la vicepresidenta Ortega. Como es vieja costumbre la de matar al mensajero cuando nos trae malas noticias, los abogados de PxC acusaron a la mandataria de un delito de desobediencia y pidieron su detención, cómo no, si volvía a comparecer en público con datos sobre la consulta. Tampoco recibió esta demanda respaldo judicial.
A pesar de la reducción del número de votantes, por la tarde prosiguió el depósito a un ritmo sostenido, de modo que a las 18 h, cuando tocaba el segundo recuento de participación, ya habían pasado ante las urnas 1.977.531 ciudadanos. Esta cifra aseguraba un buen resultado final para las cuentas de los soberanistas y un espaldarazo a la labor de los 40.000 voluntarios.
Finalmente, tras el cierre de los colegios a las 20 h, al filo de la medianoche se conocieron los resultados provisionales del escrutinio: con el 88,44 % de los centros de votación ya contabilizados, se habían sumado 2.043.226 de papeletas, de las cuales 1.649.239 (el 80,72 %) apoyaban la independencia de Cataluña; 206.599 (10,11 %) preferían que Cataluña fuera un Estado, pero no independiente; y 92.939 (4,55 %) se inclinaron por el “No”. Según cálculos de la Generalitat, el número total de papeletas rondaría los 2.250.000.
Algunas consecuencias
No resulta insignificante la cifra de participación en la consulta, 2.250.000 votantes. En las elecciones generales de 2011, celebradas con todos los avales y medios oficiales, votaron 3.510.366 ciudadanos, y el partido con más respaldos, Convergencia i Unió (CiU), obtuvo 1.014.263 sufragios. Al año siguiente, en los comicios autonómicos de 2012, acudieron a las urnas 3.668.310 votantes; volvió a ganar CiU, con 1.116.259 sufragios a su favor, mientras que los partidos contrarios a la celebración de la consulta no llegaron a sumar, reunidos, 1.300.000 votos (por lo tanto, bastantes menos de los cosechados en el 9-N por la opción independentista).
Se hace evidente que la consulta no logró arrastrar a las urnas a la masa social partidaria del “No”, que sigue confiando en la judicialización del conflicto como garantía de la prevalencia de su opción, pero también es cierto que se ausentaron de las urnas muchos partidarios de la soberanía, ora dentro de España ora fuera de ella, desencantados por el formato final de la consulta.
A pesar de estas ausencias, la opción soberanista –en sus dos versiones– cosechó un número de sufragios notable. Sin duda ha sido la mayor manifestación pública de la historia de Cataluña a favor de su autodeterminación. La duda estriba en saber si el independentismo, con indudable capacidad de movilización, ha tocado techo definitivamente; en otras palabras, si ese millón y medio largo de votos que lo ha favorecido en el 9-N variará o no al alza en una consulta oficial. Las circunstancias afirmarlo con rotundidad, pero no cabe duda de que la exigencia de cambio del estatuto político catalán es una realidad social incuestionable, que no puede resolverse ni en los tribunales ni con la apelación a una reforma constitucional cuya oferta defrauda las aspiraciones de millones de ciudadanos catalanes.
El gobierno español, con su habitual discurso autista, niega valor a la consulta. Aún más, niega la realidad. Todo lo contrario que la prensa internacional, presente en el 9-N con un número de profesionales y un interés equiparables a los que caracterizarían la cobertura de un plebiscito oficial.
