Un megacasino y dos hoteles con forma de guitarra eléctrica de cemento, cristal y acero de 75 metros de altura terminó por tumbar los presupuestos catalanes y forzó el adelanto electoral. Los Comuns exigían la cancelación de este macrocomplejo de ocio y juego (Hard Rock Tarragona) para apoyar las cuentas catalanas y el Govern de Pere Aragonès (ERC) se negó a aceptar la paralización del plan urbanístico que lo haría posible. De hacer cedido, tendría que haber roto con el PSC, con quien se había comprometido a apoyar el megaproyecto a cambio de sus votos favorables en la votación de los presupuestos.
Las circunstancias que llevaron al adelanto electoral continuarán después del 12M. Todas las encuestas señalan un escenario más que complejo para la investidura y un gobierno estable. La mayoría más probable según todos los sondeos, la que alcance la suma de los escaños de PSC, ERC y Comuns, volverá a chocar con la guitarra gigante, un “proyecto tóxico, nocivo y del pasado”, según la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach.
El rechazo al megaproyecto también es compartido por la CUP, candidatura que tiene una perspectiva de voto superior al 4%. “El Hard Rock es un caso paradigmático. Un megaproyecto que no reparte la economía con el pueblo, sino que precariza aún más a la juventud dibujándole un futuro sin posibilidades en un momento de emergencia climática. Algo así no se puede repetir en esta legislatura”, decía la número dos de esta formación por Barcelona, Laure Vega, en una entrevista en El Salto. Para esta candidata, ERC cada vez comparte más postulados con PSC y Junts, también en materia urbanística y política medioambiental, no solo con el proyecto del Hard Rock Tarragona sino también con la ampliación del aeropuerto del Prat o la celebración de la Copa América de Vela. Según las CUP, el partido de Pere Aragonès defiende “un modelo de país vendido al turismo”.
Parar el Hard Rock Tarragona
La Plataforma Aturem Hard Rock lleva más de una década luchando contra las diferentes versiones del proyecto —primero Eurovegas, luego BCN World y ahora Hard Rock Tarragona—, denunciando la insostenibilidad de unas infraestructuras que causarían grandes daños al medioambiente y a la población en una de las regiones más turistificadas de Catalunya y con menor renta.
A pesar de que este megraproyecto desencadenó el adelanto electoral, los principales partidos han hecho todo lo posible por no hablar de ello. De hecho, solo Comuns Sumar y las CUP lo mencionan en sus programas electorales.
Pese a este silencio, la sombra de esta guitarra de 75 metros sigue presente en la campaña electoral. El 7 de mayo, uno de los candidatos de Junts por Barcelona, Josep Rull, defendía el Hard Rock de Tarragona por su valor turístico como un “gran centro de convenciones y de turismo familiar” en el sur de Europa. Una posición defendida a ultranza por el PSC, quien condicionó su apoyo a los últimos presupuestos al futuro de macrocasino de Tarragona. Un día antes, el 6 de mayo, Albiach, acusaba a ERC de haber “aceptado acríticamente” las demandas del PSC en infraestructuras “especulativas” como el Hard Rock o la prolongación de la carretera B-40 en el Vallès Occidental. Según denuncia Albiach, el megacasino consumiría tanta agua como una ciudad de 30.000 personas en medio de la “peor sequía de la historia”. La paralización del proyecto, dijo esta candidata, es una línea roja para cualquier acuerdo de Gobierno en el que participe Comuns Sumar.
La posición de ERC es más enrevesada: afirman “no tener simpatía” por el Hard Rock Tarragona, pero justifica su apoyo a que una cancelación del proyecto llevaría a reclamaciones millonarias —una teoría que no comparten desde los Comuns y las CUP— y que hay una mayoría parlamentaria favorable a su construcción, sumando los votos de Junts, PSC, PP y Vox.
Desacuerdos en temas de vivienda
Los desacuerdos en materia de vivienda también complican la intrincada geometría del día después de las elecciones. Los partidos soberanistas —Junts, ERC y las CUP— tienen ideas muy distintas sobre los topes de precios de los alquileres, también sobre los pisos turísticos y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Y algo parecido ocurre con el eje centro-izquierda —ERC, PSC, Comuns Sumar y CUP—, cuyas propuestas en materia de vivienda no siempre coinciden.
La entrada en vigor de la regulación de los precios de los alquileres el pasado 16 de marzo en 140 municipios catalanes —ahora ya son 271, donde vive el 90% de la población catalana— no ha resuelto por sí solo el problema.
A falta de datos oficiales, todo indica un trasvase masivo de pisos del mercado residencial hacia alquileres de temporada. Según una prospección del diario El País realizada el día en el que entraba en vigor la regulación, nueve de cada diez anuncios nuevos publicados en los principales portales inmobiliarios se correspondían a anuncios de temporada.
La explosión de alquileres temporales, una modalidad que deja libertad a los propietarios para que decidan libremente la duración de los contratos y su precio, llevó al Govern a decretar el 24 de abril la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones. Una regulación pionera en el Estado español que incluye multas de hasta 900.000 euros y que, según celebró el Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos), podría significar el fin de este tipo de contratos con fines especulativos.
Sin embargo, este decreto está lejos de estar asegurado ya que tanto el PSC como Junts se han mostrado contrarios a esta medida, que calificaron de “electoralista”, y que tendrá que ser revalidada en pleno escenario postelectoral, con el Parlamento disuelto y con una votación en la Diputación Permanente de la Cámara donde ERC deberá contar con el apoyo de socialistas o convergentes. Solo los Comuns, la CUP y ERC se han comprometido en campaña a salvar la regulación de los alquileres de temporada. Y sus votos no son suficientes.
La aplicación de la regulación de los alquileres de la Ley de Vivienda es un escollo para un posible pacto entre Junts y ERC. El partido de Carles Puigdemont se ha mostrado radicalmente contrario a la regulación de precios, con posiciones más cercanas al PP o Vox. “El control de precios no solo perjudica a los propietarios, sino que también tiene efectos contraproducentes sobre la población de inquilinos vulnerables que se pretende proteger”, reza su programa electoral.
El PSC evita hablar en su programa sobre la regulación de los alquileres más allá de un escueto compromiso de “desarrollar la aplicación de la Ley de vivienda, en especial el Índice de referencia de alquiler”. El Partido Socialista centra su apuesta para atajar la crisis habitacional en un gran aumento del parque público —entre 140.000 y 200.000 viviendas en siete años—, pero sin hablar de dinero y sin compromisos presupuestarios.
La necesidad de limitar los alquileres turísticos también es una fuente de desencuentros en los partidos candidatos a entenderse en pactos postelectorales. La presión del PSC contra la ley que pretendía limitar estas viviendas en más de 200 municipios turísticos y costeros se llevó buena parte de la ambición de la norma lanzada por el Govern en diciembre de 2023. Tras la negociación con el PSC, la decisión de marcar un umbral máximo de pisos turísticos y de retirar licencias corresponde a los Ayuntamientos y no al Gobierno catalán, como pretendía ERC y los socios de izquierda.
Propuestas desde las organizaciones sociales
El 6 de mayo, 16 organizaciones de la sociedad civil se daban cita frente a la Casa Orsola, emblemático bloque en lucha contra los alquileres de temporada y la especulación inmobiliaria en Barcelona, para hacer público un manifiesto en el que ponían por escrito diez demandas dirigidas a los partidos que se presentan a las elecciones del 12M.
Según sostienen, “las dificultades generalizadas para acceder o mantener una vivienda digna y asequible son uno de los principales vectores de desigualdad en la sociedad catalana”. La emergencia habitacional ha llegado a “una situación límite” que hay que revertir para que Catalunya tenga un “futuro viable”. Entre los firmantes figuran organizaciones de inquilinos, ecologistas, vecinales, que luchan contra la pobreza energética, las PAH catalanas o el Sindicat de Llogateres.
Para ello proponen un plan de choque para acabar con el sinhogarismo y la “vergonzosa” lista de espera, así como alcanzar una inversión en políticas de viviendas del 2% del PIB catalán “hasta poner la lista de 86.876 solicitantes a cero”. Además de blindar el patrimonio público de vivienda y hacer cumplir los amplios derechos garantizados por la llamada Ley Antidesahucios —la 24/2015—, exigen la prohibición del alquiler turístico “mientras no esté garantizada la primera residencia a toda la población” e impulsar el cooperativismo de vivienda en cesión de uso y otras fórmulas de control comunitario. También proponen sancionar a los propietarios que incumplan las leyes de regulación de alquileres y de alquiler social obligatorio para grandes tenedores, así como poner en funcionamiento de forma urgente la norma que regula los alquileres de temporada.
En ese sentido, el Sindicat de Llogateres se reunió con diferentes formaciones políticas para exigir por escrito su compromiso con la revalidación del decreto que regula el alquiler temporal y de habitaciones. Solo aceptaron poner su rúbrica ERC, Comuns Sumar y la CUP.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/elecciones/hard-rock-regulacion-alquileres-complican-acuerdos-post-12m-catalunya
