Los nuevos datos del Incasol presentan de nuevo el alarmante ahogo inquilino: los precios continúan subiendo sin tregua desde el 2020 y logran una cifra nunca vista antes: 1.123,56 euros en el mes de media en Barcelona, 36 euros más respecto de los tres primeros meses del año, y 830,34 euros en Cataluña, 17,47 euros más que el primer trimestre. De hecho, desde el 2013, los alquileres en ciudades como Barcelona prácticamente se han doblado. Una evidencia más de que el mercado, cuando se deja actuar de forma desregulada, es totalmente ineficiente, generando más exclusión residencial y empobreciendo a las inquilinas.
Hoy, la cifra récord del precio de alquiler supera los 1080 € del sueldo mínimo, cuando los expertos recomiendan que el alquiler no llegue al 30% del sueldo. Estos 1.123,56 euros mensuales están gritando que hay que poner límite a la especulación en la vivienda. Las personas trabajadoras necesitamos un lugar para vivir en la ciudad: los contratos se nos acaban y estamos recibiendo propuestas de subidas del 40% o 50%.
Tanto en Barcelona como en Cataluña, el número de contratos firmados ha caído un 9.5% y 6,36% respectivamente. Esto se debe a la nueva táctica del sector inmobiliario para extraer más rentas: ofreciendo contratos de temporada, que no tienen que ser declarados al Incasòl. La duración más corta de estos contratos y el hecho de que escapan a las regulaciones de la LAU, hace que cada vez más inmobiliarias los ofrezcan de forma fraudulenta a inquilinos que viven de forma permanente. El paisaje de la ley de la selva que está dejando el mercado desregulado es desolador: se dispara la ganancia de los rentistas mientras las inquilinas cada vez sufren más abusos, y el problema de la vivienda sigue sin solución.
La ministra Raquel Sánchez tiene que desbloquear urgentemente la regulación en Cataluña
Es urgente regular el mercado de alquiler y para hacerlo hay que aplicar la regulación de alquileres en Cataluña. La regulación de precios de alquiler, hasta ahora, se ha demostrado el único instrumento capaz de revertir la tendencia alcista: entre 2020 y 2021, el precio de los alquileres disminuyó una media del 5% en los municipios donde se aplicó la regulación. Después de que fuera tumbada por el Tribunal Constitucional en marzo del 2022, los precios volvieron a subir sin medida.
Gracias a la lucha de los sindicatos de inquilinas, el 26 de mayo de este año se consiguió recuperar la legalidad de la regulación de alquileres en el marco de la Ley de Vivienda estatal. Ahora tenemos sobre la mesa la oportunidad de regular de nuevo los precios, pero el ministerio del PSOE está bloqueando la aplicación de su propia ley. Mientras esto sucede, miles de hogares quedan totalmente desprotegidos ante un mercado salvaje que tiene barra libre para especular con la vivienda.
La entrada en vigor de la regulación de alquileres en Cataluña depende de un trámite administrativo. El Departament de Territori catalán, liderado por Ester Capella, terminó a finales de agosto los trámites necesarios para aplicar la regulación a 140 municipios catalanes. La ley encarga al gobierno estatal la publicación trimestral de las áreas tensas declaradas. A pesar de que ha pasado un mes y medio desde entonces (y casi cinco meses desde la aprobación de la ley), el ministerio de Raquel Sánchez sigue sin comerlo ni beberlo.
La ministra Raquel Sánchez está bloqueando la aplicación de su propia ley en la única comunidad autónoma que quiere utilizarla. La excusa para llevar a cabo estas declaraciones no puede ser la carencia de un índice de precios: Cataluña ya tiene un índice vigente que se ha utilizado con éxito para regular los precios. E incluso, si fuera cierto que hace falta un nuevo índice, la publicación de esta lista de áreas tensas haría entrar en vigor, de momento, la congelación, a la espera de un índice que permita, además, forzar bajadas de precios.
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