La sesión constitutiva del Parlament de Catalunya que tuvo lugar el pasado miércoles se abrió con un discurso de Ernest Maragall, que muchos tildaron de “claramente independista”. Parece ser que defender los principios democráticos más básicos significa posicionarse a favor de una determinada orientación política. La república catalana no es ya sólo la opción de los independentistas, se ha convertido en un símbolo de rechazo de la tiranía del Estado español.

Maragall habló de dignidad, de un pueblo que no quiere resignarse, pero también de indignación y de humillaciones. “El Estado español no quiere saber nada de reconciliaciones (…) sólo sabe derrotar, imponer, humillar y castigar” decía, entre las risas de los diputados de Ciudadanos. Estos últimos, avaladores de los encarcelamientos, los exilios forzados y las destituciones, creen ahora poder hacer un llamamiento a la democracia para exigir que el nuevo gobierno de Cataluña esté constituido por la fuerza más votada en las elecciones del 21 de diciembre. Ciudadanos dice estar harto del “monotema” de la independencia y afirma que se debe hablar de los problemas reales de los catalanes, cuando ni tan sólo se ha molestado en girarse para contemplar los cadáveres políticos que se han quedado en el camino. Pretender hacer “borrón y cuenta nueva” cuando hay personas que siguen pasando los días y las noches en una celda y otros, incluido el president Puigdemont, permanecen lejos del país por temor a las represalias de un gobierno central desafiante, supone una vergonzante apuesta política. Más aún cuando nadie ha querido dialogar con aquellos que defendían la consecución de una república catalana y, sin ni tan sólo escucharles, han desplegado toda su artillería para condenarles en un entramado bien llamado “Causa General contra el independentismo”.

Querer pasar página con los hechos del 1 de octubre a las espaldas es un grave ejercicio de escarnio hacia la población que pretenden gobernar. PP, Ciudadanos y los partidos que respaldan los autoritarismos de la Constitución, amparados por los tribunales que ellos dirigen, pretenden que la excesiva violencia que se dio hace tres meses contra la población catalana quede impune. Favorecer la impunidad es ya un clásico en España.

La intervención de las instituciones de la Generalitat es directamente proporcional a la resistencia catalana, que sigue apostando por sanar la democracia agredida. Roger Torrent, el nuevo presidente del Parlament, dio cuenta de ello: “A pesar de todas las dificultades, este país siempre persiste”, toda una declaración de intenciones con la que terminó su discurso, que no fue aplaudido por todos los diputados de la cámara. Como tampoco todos respaldaron la delegación de voto por parte de los parlamentarios encarcelados.

Para finales de mes, se debe celebrar la investidura del presidente de la Generalitat y, después de la victoria del bloque independentista en las elecciones impuestas por Madrid, todo apunta que debería de ser el presidente elegido en la pasada legislatura, Carles Puigdemont. Son muchos los que han arremetido contra su posible investidura telemática, pero si Puigdemont acumula el mayor consenso en la cámara, deberá ser de nuevo investido presidente a pesar de todas las amenazas externas. El pueblo perseverante no permitirá ser asaltado de nuevo. Pero tampoco los contrarios a la independencia dejarán que los sagrados principios constitucionales sean nuevamente quebrantados. La situación en Cataluña seguirá dividida en dos bloques, cada uno con sus razones y modelos de legalidad, cada uno andando por caminos destinados a no cruzarse, porque es muy difícil converger con quien te da la espalda y usa la violencia para reprimirte. Una democracia moribunda seguirá invadiendo el país, sin que ni los catalanes puedan hacer nada para reanimarla.