Apenas cuatro días después de las elecciones, el PSC de Jaume Collboni ha enviado un operativo policial compuesto por más de 100 agentes de los Mossos d’Escuadra, la Guardia Urbana y la Policía Nacional para desahuciar a primera hora de esta madrugada a las 35 personas que vivían en La Tancada Migrant de Barcelona.
Según denuncia el Sindicat d’Habitatge del Raval, la policía ha montado un “checkpoint racista” para identificar a los ocupantes y ha detenido a cuatro integrantes de La Tancada —la cifra aún está por determinar—. El teniente alcalde en materia de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, se ha felicitado en rueda de prensa por la “recuperación” del edificio y ha sostenido que ofreció en dos ocasiones una alternativa habitacional, a los migrantes que residían en el edificio, algo que desmiente este sindicato de vivienda.
Desde varios colectivos se ha pedido, contraponen, la asistencia de servicios sociales y “siempre se han negado, aduciendo precisamente que carecían de papeles”. El desahucio del centro social La Tancada, okupado por el movimiento antirracista desde 2018, “no es un hecho aislado”, sostiene el sindicato, sino que forma parte del llamado Plan Endreça (Plan Limpieza, en castellano, que oficialmente incluye “controlar” desde las pintadas en las paredes hasta la venta ambulante).
Tras la okupación de La Tancada, el anterior equipo de gobierno, encabezado por Ada Colau, inició el proceso de desalojo al ser un edificio de titularidad municipal, pero lo frenaron a raíz de las protestas. El PSC de Jaume Collboni lo retomó tras ser nombrado alcalde y realizó un primer intento de desahucio en septiembre sin pasar por los juzgados. El Ayuntamiento aducía que, al ser el propietario del edificio, no hacía falta acudir a los tribunales. También se negó a dar acceso al expediente de desalojo a la otra parte. El Sindicat paralizó el desahucio y el Consistorio acudió entonces a los tribunales. Pese a los dos recursos interpuestos por este colectivo de vivienda, el juez decretó el 26 de abril el desahucio sin medidas cautelares para las personas de máxima vulnerabilidad que habitaban el espacio, explica el portavoz del Sindicat, Max Carbonell.
En respuesta a este desahucio, el Sindicat d’Habitatge, la Organització Juvenil Socialista y la Antiga Massana han convocado esta tarde una concentración a las 18.30 h en la sede del distrito de Ciutat Vella. Carbonell advierte de que desde que el PSC ha llegado a la alcaldía, “se han parado las negociaciones para regularizar la situación de pisos públicos, ha aprobado medidas que contribuyen a la privatización del espacio público y el encarecimiento del barrio y la expulsión de sus vecinas”.
De hecho, recuerda que mañana está previsto el desahucio de ‘Pitote’, un vecino de 70 años que lleva 50 viviendo en el piso que mañana, si no se frena a la ejecutiva judicial y el dispositivo policial, se quedará fuera de su casa.
