Jaume Collboni, líder del Partido Socialista, ha anunciado esta semana que quiere derogar el 30% de vivienda de protección oficial en Barcelona, una medida que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% de las nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones a hacer vivienda de protección oficial -tanto de compra como de alquiler. Y el primer paso de los socialistas es llevar a votación este viernes en el Pleno del Ayuntamiento una moción que propone modificar la normativa del 30% y permitir a los promotores evitar reservar esta vivienda a protección oficial.
Según los socialistas, esta medida “no funciona”, si bien no han sido capaces de aportar ningún estudio o datos concretos que lo demuestren. Así, pretenden aprobar esta propuesta por la puerta trasera -sin consultarlo con ninguna de las entidades impulsoras- y con prisas, como un movimiento claramente electoralista, y arrebatando este debate a la ciudadanía.
Denunciamos que el PSC pretende desvirtuar el contenido del 30% permitiendo que las promotoras inmobiliarias puedan evitar hacer la reserva de vivienda de protección oficial a cambio de “compensar económicamente” al Ayuntamiento y que éste adquiera promociones por su cuenta; además, la modificación afectaría a las grandes rehabilitaciones de viviendas preexistentes, que quedarían excluidas de la medida.
Para empezar, la eficacia de esta propuesta es cuestionable, puesto que si esta compensación es a precio de HPO, resultaría en la adquisición de muchas menos viviendas al mercado libre (hecho que, además, beneficiaría precisamente a los promotores que piden derogar el 30%). Por otro lado, la propuesta del PSC supondría segregar todavía más a la ciudadanía según su renta, puesto que los pocos suelos o edificios disponibles se encuentran en los barrios más periféricos -y las rehabilitaciones que se podrían hacer en los barrios del centro quedarían excluidas. De hecho, esto equivale a eliminar una de las grandes transformaciones que aporta el 30%: distribuir la vivienda de protección oficial en toda la ciudad.
No se puede evaluar y cambiar una política de vivienda innovadora y estructural sin perspectiva y en base a tacitismos electorales, como guiño a los poderes económicos de la ciudad. Es falso que el 30% no funcione, puesto que ha aportado vivienda de protección oficial y lo seguirá haciendo, siendo una medida de calado y estructural, que hará crecer el parque asequible gradualmente a través de aportaciones de los privados, que se tienen que sumar necesariamente a las políticas públicas.
Resulta además indignante que el PSC cuestione el impacto de la medida, cuando en 2018, condicionó su voto favorable a no suspender la concesión de licencias hasta que no entrara en vigor, motivo por el cual muchas promociones han quedado exentas inicialmente. Esta excepción, que respondía a presiones de parte del sector inmobiliario, ha sido utilizada después como argumento para afirmar que “no funciona como se esperaba”, a modo de “profecía autocumplida”, sumado a que los propios promotores han recibido multas por haberse saltado directamente la obligación del 30%. Para más falsedades, afirman que ha parado el sector, obviando los efectos de parálisis durante la pandemia y cuando son los propios constructores quienes paralizan las promociones mientras intentan hacer caer la medida.
En definitiva, la propuesta de Collboni es inaceptable, ineficaz y clasista. Exigimos al Partido Socialista que sea riguroso y mantenga su compromiso con aquellas políticas que ellos mismos aprobaron y en consecuencia, que retire la proposición del orden del día en el Pleno del Ayuntamiento de este viernes. Así mismo, exigimos a los partidos y a sus cabezas de lista que se comprometan a debatir lo que proponen sobre vivienda con las organizaciones sociales que promovimos el 30% en el 2018 y con todos los colectivos y vecinas que defendemos este derecho día a día en los barrios de la ciudad. Por último, exigimos al próximo gobierno municipal que mantenga el 30% de vivienda de protección oficial, una medida clave y de largo recorrido: apenas ahora se está empezando a implementar en otros municipios como Mataró, Montcada i Reixac y Ripollet. La medida del 30% tiene como objetivo principal que Cataluña aumente su parque de vivienda asequible hasta los niveles de los países más avanzados y deje de ser la Comunidad Autónoma con más desahucios de todo el Estado, 8.574 el 2022.
No permitiremos que Barcelona retroceda en políticas de vivienda recortando el 30% y vaciándolo de contenido, en un contexto en el cual los alquileres se han incrementado tres veces más que los ingresos de las familias, las vecinas son expulsadas de sus barrios por la turistització y después de saber que en los próximos 7 años perderá un 50% del parque de vivienda de protección oficial. Ya tenemos el 30% y queremos vivir en una Barcelona con derecho a la vivienda!
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