Las negociaciones para tratar de desencallar la nueva legislatura catalana han terminado. Junts pel Sí ha puesto sobre la mesa una última propuesta a la CUP que no contiene cambios en el principal escollo, porque Artur Mas seguiría siendo el presidente de la Generalitat.
Las novedades con respecto a las últimas ofertas son pocas. Se trata, sobre todo, de la paralización del complejo de ocio y juego BCN World, que ya estaba en el aire por problemas con los inversores, y de la promesa de replantear la gestión del agua.
Pese a que desde el entorno de Junts pel Sí se había presentado la rueda de prensa de esta mañana como la del anuncio de un «acuerdo», pronto ha quedado claro que los negociadores de la CUP no han dado su visto bueno al documento. Los militantes del partido anticapitalista votarán el texto en asamblea el próximo domingo en Girona, y de ese cónclave saldrá una decisión definitiva.
«En función de lo que pase entonces valoraremos la situación», ha explicado Raül Romeva, número uno simbólico de Junts pel Sí (la coalición que unió a Convergència y Esquerra en las última selecciones catalanas), en una frase que puede interpretarse como una puerta abierta a un cambio de candidato de última hora si las bases de la CUP vuelven a rechazar a Mas. De hecho, en las 63 páginas del documento no aparece el nombre de Mas.
Frente a las dudas de algunos dirigentes de Convergència sobre la legalidad del proceso de 18 meses que debería desembocar en la independencia y que se abriría con la investidura, Romeva ha prometido que se darán «todas las garantías jurídicas». Pero después ha explicado que se refería a que habrá «un nuevo marco legal cuando se vote una declaración de independencia». Es decir: que se cambiará un marco legal por otro, y que por eso entienden que en ningún momento se transgredirá la ley.
En cuanto al jefe del Govern, no hay grandes novedades con respecto a la propuesta que expuso Mas en el segundo debate de investidura. Junts pel Sí dice que habrá una Presidencia compartida, donde Mas seguirá liderando el Ejecutivo pero con tres lugartenientes -Neus Munté, Oriol Junqueras y el propio Romeva- con amplios poderes en tres grandes áreas. A los 10 meses de la investidura, Mas convocaría una cuestión de confianza para que el Parlament pudiera fiscalizar su gestión hasta ese momento.
En total, las medidas sociales incluidas en el documento costarían a la Generalitat 270 millones de euros. Romeva no ha explicado de dónde saldrán, pero sí ha dicho que no han hablado con el Ministerio de Hacienda para saber si podrán financiarlo.
El sector más reacio de la CUP a investir a Artur Mas como ‘president’ de la Generalitat ha rechazado en la tarde del martes la última propuesta presentada por Junts pel Sí. En un comunicado Endavant afirma que la contundencia del resultado del 20-D («muy negativo para CDC», apuntan, «y muy positivo para la fuerzas que pedían cambios sociales») valida la opción de ir » a nuevas elecciones en marzo, antes que aceptar una propuesta rebajada y sin una presidencia de consenso»
En clave estratégica, Endavant, del que forman parte los diputados Anna Gabriel y Josep Manel Busqueta, afirma que, de aceptar la oferta de la coalición, la CUP «estaría regalando todo su capital político al proyecto regeneracionista de Podemos» y estancaría «el voto explícitamente independentista por debajo del 40%:
Asimismo, este sector de la CUP «alerta» sobre la «la apertura al pacto expresada por Mas» y llama a anticiparse a los movimientos de la «derecha soberanista dispuesta a pactar con el Estado antes que perder la hegemonía en una futura república catalana».
En materia de plan de choque, la posición de la CUP Llamada Constituyente ha consistido en todo momento a evidenciar la importancia que cualquier paso hacia la República catalana debe dar señales de políticas tendentes al cambio social y de reversión de las políticas neoliberales, se trata de ensanchar la base del independentismo y esto tiene que pasar para incluir nuevos sectores que puedan sentirse identificados con este paradigma. Por ello, para acercar posiciones y porque además no sería coherente con la apertura de un proceso constituyente a corto plazo, se ha propuesto la moratoria en muchos ámbitos como instrumento para detener el desmantelamiento de lo público que se ha producido en las legislaturas de gobiernos de CDC.
Además, la CUP Llamada Constituyente ha trabajado para contextualizar cada una de las medidas propuestas, pedir presupuesto y calendarización para su aplicación. Concretamente además, hemos solicitado:
La radiografía de la situación actual así como del alcance de los recursos realmente existentes, concreción de los beneficiarios y beneficiarias actuales y los de la nueva medida o de la ampliación presupuestaria propuesta.
El despliegue de aquellos mecanismos reglamentarios, convenios y acuerdos que se encuentran pendientes de desarrollar en relación a leyes ya aprobadas por el Parlamento de Cataluña; así como su estado de tramitación en aquellos supuestos en los que ya se han empezado a desarrollar.
El acceso a la información relativa a proyectos sobre los que se ha discutido y la consulta de los anteproyectos correspondientes.
La emisión de dictámenes jurídicos y de valoración económica de determinadas medidas previstas legalmente y no implementadas; así como en relación a nuevas medidas tendentes a forzar el marco normativo autonómico para incluir algunas propuestas hechas para el nuevo marco jurídico republicano que no se proponen en este momento por falta de competencia.
La distinción de lo jurídico de lo político y la estratificación de las obligaciones jurídicas entre las que son autonómicas, estatales e internacionales a fin de aclarar en cada momento en qué marco jurídico se centra la propuesta de Juntos X Sí.
Evitar que bajo la excusa de políticas sociales se destinen fondos a la contratación de obra pública y se reproduzcan políticas del pasado de alto costo y poca incidencia en materia social.
La aclaración siempre que ha sido posible de cuál es el sistema de gestión de la medida pidiendo que todo el gasto sea realizada en el sistema público y nunca suponga un refuerzo de conciertos, externalizaciones ni de empresas privadas que prestan servicios públicos.
En este último aspecto ha habido una concreción específica en el ámbito sanitario en que por parte de la CUP-CC ha exigido que todo el gasto público del plan de choque se desarrolle en centros del ICS siempre que ello permita equidad territorial; han expuesto las consecuencias negativas del modelo de consorcios sanitarios y al mismo tiempo que se han hecho demandas concretas en relación a reapertura de CAPS ya proyectos en trámite del Departamento de Salud.
La actitud propositiva ha tenido también un capítulo específico en el hecho de poner sobre la mesa de conversaciones una larga lista de medidas en materia de fiscalidad a fin de aumentar los ingresos públicos y la financiación del mejor plan de choque en emergencia social posible.
Finalmente la CUP-CC ha sido la encargada de aportar el listado de procedimientos judiciales vinculados a la defensa de derechos sociales y libertades públicas en las que se ha pedido la retirada de las acusaciones por parte de la Generalidad.
En materia de proceso constituyente la posición de la CUP-CC ha consistido en hacer una propuesta de guión, una propuesta de marco constituyente, una propuesta de campaña de sensibilización e información en la fase preconstituyente, una propuesta de creación de la comisión de seguimiento del proceso constituyente y la creación de un Foro Social constituyente. Juntos x Sí ha incorporado buena parte de las propuestas en su documento final.
En relación a la hoja de ruta desde la CUP-CC en la tabla se han pedido aclaraciones sobre los tres anteproyectos de ley acordados en la declaración del 9-N. En las diversas sesiones monográficas la parte cupaire hemos tenido una actitud de análisis profundo de los textos y propuestas entregados por Juntos X Si a pesar de que se trata en la majora de casos de trabajos pendientes de terminar como coalición parlamentaria. De acuerdo con nuestra comprensión del significado de esta legislatura hemos propuesto acompañar estas leyes estrictamente organizativas de debates e iniciativas de carácter sustantivo dirigidas a modificar tanto la fiscalidad como el catálogo de prestaciones sociales ya desde un primer momento con el fin de dar señales del sentido del proceso de independencia.
