Entrevistamos al juez Elpidio José Silva en su despacho de Barcelona. Con él, echamos la vista hacia nuestro pasado más reciente para encontrar las conexiones con la situación que se está viviendo actualmente en el país.
Mientras en países como Portugal y Grecia se llevó a cabo la depuración de las personalidades políticas relacionadas con sus regímenes, que además fueron juzgadas por un tribunal, en España tuvimos un proceso llamado transición a la democracia, alabado por muchos pero también criticado. ¿Opina que fue un proceso lógico o adecuado para la democracia que se pretendía construir?
La Transición política es un hecho histórico. Su análisis, con el tiempo, será más objetivo. Aquellos que defendieron la Transición fueron los que la protagonizaron y los procesos históricos no pueden venir determinados por sus protagonistas, es por eso que se puede obviar todo lo que se ha dicho sobre ella. Su efecto es lo que vivimos ahora. La Transición política no podía salir bien porque se trató en todo momento de garantizar la paz bajo la premisa de que pudieran sobrevivir en la democracia las cloacas del franquismo. La Transición fue más bien una transacción política entre las fuerzas de carácter fascista que alimentaban los cimientos del franquismo. La democracia tuvo que arrastrar y salvar a todo el franquismo antropológico. Eso es lo que ha generado la situación de corrupción galopante que hemos vivido en los últimos treinta y cinco años. Esas fuerzas no fueron controladas por la democracia, porque si no hubieran tenido que ser enjuiciadas.
Uno de los momentos determinantes en la Transición fue la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977. ¿Reconoce esta ley como una autoamnistía de los franquistas y como una ley de punto final?
La Ley de Amnistía es nula, se tiene que revisar. Lo debería hacer el Tribunal Constitucional o bien el poder constituyente. El Tribunal Constitucional ha perdido todo su prestigio en España, es un órgano liquidado sobre todo a raíz de los sucesos que se han desencadenado en relación al independentismo catalán. Nadie respeta ese tribunal ni se cree en su legitimidad, ni en el ámbito jurídico ni en el extrajurídico.
La Ley de Amnistía fue una estrategia de transacción para que pudieran sobrevivir los agentes del franquismo dentro de la democracia. Esa ley es un punto más, no me parece que tenga tanta relevancia como el hundimiento del sistema financiero y la forma en que, tanto desde el Banco de España como desde las instituciones de supervisión, se dejó de controlar lo que estaba pasando en el sector financiero.
En palabras del ministro de justicia del gobierno español, Rafael Catalá, los delitos de los franquistas “no eran delito según la legislación de la época y, en todo caso, habrían prescrito”. ¿Tiene este argumento alguna base jurídica, es decir, se pueden pasar por alto los crímenes cometidos por sistemas totalitarios según este razonamiento?
Ese argumento es falso. El ministro Catalá está reprobado por el Congreso, además, es una de las alma mater de que se nombrara a Manuel Moix como fiscal anticorrupción. No hay más descalificación formal que la reprobación por el Congreso.
No es cierto que los delitos cometidos y perdonados en el ámbito de la Ley de Amnistía estuvieran permitidos en el franquismo. Los homicidios, los asesinatos o los delitos de tortura no estaban formalmente permitidos por las leyes franquistas.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha dicho recientemente que se siente comprometido con la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y que apoya el hecho de que no prescriban pero denuncia su carácter retroactivo, es decir, nuevamente el gobierno del PP poniendo obstáculos para que los crímenes franquistas no sean investigados y juzgados. Este es el ministro que negó la brutalidad policial el 1 de octubre en Cataluña y sostuvo que algunas imágenes eran falsas. ¿Hasta cuándo cree que vamos a poder soportar el cinismo del gobierno español?
La sociedad española todavía no termina de despertar. Ha estado inmersa en una narcosis de cuarenta años que son la prórroga de cuarenta años anteriores de dictadura. A partir del 15M hubo una movilización social importante que denunció una situación insoportable, pero ese movimiento no ha sido capaz de rentabilizar en posición política todo lo que había conseguido. Podemos no termina de ser un grupo político con una capacidad clara de gobierno. Este partido no pudo asumir todo el 15M porque es difícil generar una supremacía política tan rápido, sobre todo cuando el poder lo mantiene un grupo político que está calificado como organización criminal, asediado por todo tipo de tramas sistémicas de corrupción.
Cuando Mariano Rajoy llegó al gobierno en 2011 desactivó por completo la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, dejando su presupuesto a cero. ¿Por qué cree que a la clase política protagonista de la democracia, concretada en el PP y PSOE, le ha interesado tan poco recordar el pasado reciente? ¿Eso les convierte en cómplices del desamparo de las víctimas del franquismo y sus familiares?
El inconsciente de nuestra democracia es el franquismo. Todo lo que sea penetrar en la memoria histórica es penetrar en la raíz de la democracia actual, que está fallida porque es dependiente de unas fuerzas que se controlaban en el franquismo pero que no se pueden controlar en democracia. El Partido Popular, ya desde su configuración en Alianza Popular, nunca participó de la Constitución. Fraga vio con mucha compresión que hubiera miembros de AP que no votaran a favor de la Constitución. El Partido Popular no tiene interés en penetrar en hechos criminales con personajes políticos y públicos que trabajan en ese partido y están en su entorno. El PP está en las antípodas del PSOE porque en los orígenes de éste sí hay una contribución para la democracia, tanto en la Segunda República como posteriormente, en la posguerra.
¿A qué país se parece España en términos de salud democrática?
España no se puede comparar con ningún otro país. El Estado de derecho está dinamitado. Es un Estado que puede reclamar idiosincrasia por derecho propio, todo nace aquí. No tiene referentes. Todos los países que nos han rodeado han podido culminar sus historias políticas y democráticas. Nosotros hemos sufrido un retroceso de libertades de treinta años. Había más libertades en el periodo de 1978 a 1990 que hoy. A este paso, Marruecos nos superará. Es muy pronosticable que, si esto no cambia, de aquí a cincuenta años, Marruecos tenga una democracia más perfecta que la española.
Estamos asistiendo a una ola de imputaciones a jóvenes raperos y tuiteros acusados de delitos de odio. ¿La Audiencia Nacional es la criatura del Tribunal de Orden Público franquista?
Mantener la Audiencia Nacional fue uno de esos elementos fundamentales de la transacción o transición política. Había que mantener un centro de poder importante desde el punto de vista del poder judicial con los delitos de mayor relieve que se pudieran cometer en el país. Había que situar este tribunal especial en Madrid, lo cual carece totalmente de sentido porque ya tenemos el Tribunal Supremo, con una jurisdicción que se extiende a todo el territorio nacional. Además, la Audiencia Nacional no tiene la más mínima especialización en derecho penal económico. Es el poder ejecutivo quien controla lo que sucede en este tribunal.
¿La Audiencia Nacional está juzgando delitos políticos de la misma forma que lo hacia el TOP?
No, las formas cambian, eso es lo que estamos descubriendo ahora. Hoy en día, la dictadura no necesita ningún tanque, con una firma del Tribunal Constitucional ya se da un golpe de Estado. Machacado la información, controlando determinados medios de comunicación, adulterando todo el sentido del relato y utilizando como títeres al poder judicial, desde una dictadura que sigue siendo bancaria, ya te quedas con el país. Hace poco, 300.000 familias lo han perdido todo en el Banco Popular, y no hay nadie en la cárcel.
En el año 1977 se destruyeron los archivos del Movimiento y la Falange por orden del gobierno de Suárez para eludir la justicia por falta de pruebas si algún día se planteaba iniciar un proceso penal contra los responsables franquistas. Actualmente, el PP destruye también las pruebas de sus delitos económicos. ¿La corrupción es un mal endémico en España?
La corrupción en España es sistémica. Viene heredada de la forma en que se llevó a cabo la Transición y consolidada por la falta de un poder judicial independiente y un Ministerio Fiscal autónomo. Este último depende, en una cadena de transmisión jerárquica, del poder ejecutivo.
¿Cómo escapar del pez que se muerde la cola, es decir, de esa corrupción política juzgada por unos tribunales dirigidos por las mismas fuerzas que cometen los delitos?
Mientras el Partido Popular siga en el poder, no hay salida. En este sentido, el problema de España ahora mismo es político. En la base hay una sociedad que no termina de ser bien informada de lo que sucede en el país, pero el problema es político.
¿La corrupción es vertical?
No, es absolutamente dispersa, no tiene ningún sistema. Existen veinte o treinta grupos de bandas corruptas. No está verticalizada y eso la hace más fuerte.
¿Cree que la impunidad es una constante en el sistema judicial español? ¿Para acabar con la impunidad es necesario acabar también con el régimen del 78?
Sí, el régimen del 78 y la impunidad, junto con falta de división de poderes, son las dos caras de la misma moneda.
Usted fue inhabilitado de su profesión de juez y acusado de prevaricación, la misma condena que fue impuesta al juez Garzón por el caso Gürtel. ¿Qué objetivo común esconde su caso y el de Garzón?
En el mío, que no se investigaran los créditos que Caja Madrid estaba concediendo a los “amiguetes”. Nosotros habíamos demostrado, a través de una prueba pericial, que el crédito concedido a Díaz Ferran estaba criminalizado. Había que parar esto radicalmente, esta investigación no podía seguir adelante porque si se ponían en el punto de mira a otros amigos, se estaban tocando personas fundamentales para la supervivencia del régimen político. Actualmente, los delitos de estas personas están prescritos y el caso Blesa está archivado. Todo esto lo explico con sumo detenimiento en un libro llamado “La verdad sobre el caso Blesa” (RBA Libros) y nadie ha sido capaz de contestar el libro ni de rectificar una sola línea.
¿Por qué cree que la gente sigue votando al PP, a pesar de los escandalosos casos de corrupción? ¿Cree que la población prefiere “malo conocido que bueno por conocer”?
El control de los medios de comunicación, el clientelismo y el adoctrinamiento son tres factores fundamentales para explicar el voto al Partido Popular.
Usted investigó a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid por su gestión de la entidad bancaria. Murió el año pasado, al igual que decenas de personas vinculadas con la Gürtel y, también, el juez Pedreira, instructor de la trama. ¿No le parece demasiada casualidad?
Hay una serie de personas que mueren y lo que habría que hacer es investigar por qué han muerto. Yo no lo sé. Soy agnóstico ante este tema.
¿El delito de sedición es un delito de carácter jurídico o político? ¿Ha existido en Cataluña?
El delito de sedición es un delito jurídico que está contemplado en el Código Penal. Pero este delito no se ha cometido en Cataluña, ni el de rebelión, ni el de malversación de caudales públicos, ni siquiera tengo claro el de desobediencia. No lo opino yo, lo opinaban los fiscales que no veían claro acusar a Artur Mas de desobediencia. Fue entonces cuando el fiscal general del Estado tuvo que entrar para impulsar estas acusaciones. Quienes están actualmente impulsando estos delitos tendrán que responder, ya sea a nivel judicial o de responsabilidades disciplinarias.
¿El gobierno defiende la unidad de España o es revanchismo?
El gobierno no defiende la unidad de España. El principal factor de crecimiento del voto independentista ha sido el Partido Popular, con Aznar y Rajoy. Ellos han impulsado la reacción de más de un millón de personas que han votado a los independentistas por percibir como insoportable este tipo de gobierno. La unidad de un país no se consigue si hundes el sistema financiero. El país está de rodillas desde el punto de vista económico. Somos dependientes del Banco Central Europeo que, por cierto, ha dicho que no comprará más deuda soberana.
¿Qué opina sobre las declaraciones de Ciudadanos entorno al conflicto catalán y sobre su victoria como fuerza política en las elecciones del 21D?
Ciudadanos es un partido político que está creciendo en apoyo porque hay un sector del IBEX que percibe que el PP se puede hundir como partido y hay que buscar algún otro que pueda conservar esos votos. Es un partido emergente desde la derecha. Habrá que ver si Ciudadanos es capaz de crear una derecha moderna en España, que no ha existido hasta hoy. No se ve claramente que sea así, hay aspectos en que sí tienen una lucha un poco más decidida contra la corrupción, pero no percibo que sea una derecha claramente democrática, sobre todo en Cataluña. El posicionamiento de Ciudadanos frente al movimiento de 1 de octubre carece totalmente de sentido y está basado en un gran relato propagandístico.
Con este panorama, ¿podemos esperar que los presos políticos tengan un juicio justo?
No lo veo posible. Están en la cárcel por delitos que no han cometido. El magistrado Llarena les está reprochando su ideología. España se ha pasado treinta años engañando a todos los agentes internacionales y a los propios españoles cuando decía que se perseguía a ETA no por su ideología, sino porque cometían crímenes que, de hecho, los cometían. Hemos engañado a todo el mundo, en realidad les perseguíamos también por su ideología.
¿Qué le parece la reacción o, mejor dicho, la no reacción internacional sobre las cargas del 1 de octubre?
La reacción ha sido favorable en términos generales, pero la Unión Europea no ha estado mínimamente a la altura de lo que los españoles percibíamos que tenía que estar. Quizás la UE sea otra farsa.
¿Cree que el futuro, nuestro futuro, está cada vez más cerca de la boca del lobo?
España tiene una situación abismal con la deuda soberana, con la crisis financiera y con el hundimiento de las entidades. Si esto no se resuelve y la política sigue en su afán de no establecer una democracia y un Estado federal asimétrico donde podamos vivir todos en paz, España puede irse a la quiebra. Hay unas cuantas cúpulas que mandan en el país y que constituyen un régimen de corrupción sistémica. Si esto lo permite Europa y no aprecian, por ejemplo, lo que significó el 1 de octubre ni protege a la gente que se rebela contra una situación que es antidemocrática, ilegal, criminal e insostenible, España puede irse a pique y eso beneficiará a otros países europeos. Tenemos que evaluar si en España lo que se está cociendo es el fin de la Unión Europea.
