A finales de 1936 se estableció en Fuencarral el cementerio en el que iban a descansar los brigadistas internacionales que vinieron a España a combatir el fascismo y que lucharon en las batallas más importantes cercanas Madrid, como son el caso de las Batallas del Jarama, Guadalajara o el asedio de la ciudad. En este espacio se sabe, a través de la desclasificación de archivos soviéticos que hay cientos de combatientes enterrados de más de 20 nacionalidades, cuerpos que tras la guerra fueron profanados por el régimen franquista y que esperaron hasta la llegada de la democracia para obtener algún tipo de reconocimiento. El reconocimiento del cementerio como lugar de interés memorístico llegó tras la restitución de la democracia, es más, desde entonces el memorial a las Brigadas Internacionales recibe todos los años visitas de asociaciones y partidos políticos, que reivindican la necesidad de preservar la memoria de quienes lucharon por la democracia en España.
88 años más tarde, el Partido Popular está decidido, haciendo gala de su extremismo reaccionario, a acabar con este espacio dedicado a la memoria de los 451 combatientes (o más), situando un cantón en medio de donde se sabe que descansan los restos de estos españoles, porque si, según las leyes de Memoria Histórica de 2007 y Memoria Democrática de 2022 son españoles. La medida del PP de colocar cantones en el distrito es tremendamente impopular entre los vecinos de Montecarmelo, pues quieren colocar varios en los peores lugares posibles, es decir, junto a bloques de viviendas, colegios Públicos (no privados, ya que los ciudadanos de segunda son los que van a la pública) o en lugares de memoria, como es el caso del cementerio de Fuencarral.
No deberíamos de sorprendernos por este ataque directo a las víctimas tras los intentos de derogar las leyes de memoria autonómicas en los territorios donde PP y VOX gobiernan de la mano, tampoco el descaro, pues la derecha cree que Madrid es su cortijo y el resto estamos de prestado. La situación es tan infame que, ante la solicitud de asociaciones como Amigos de las Brigadas Internacionales y de grupos como el PSOE, el ayuntamiento se ha negado sistemáticamente a realizar una prospección arqueológica donde se sabe que pueden estar los restos de los brigadistas, ya no solo es que no realizan su trabajo, sino que ponen todo tipo de trabas.
Como ciudadano y divulgador de la Memoria Democrática solo puedo expresar mi bochorno ante lo que considero una conducta totalmente antidemocrática que no hace más que desprestigiar el Estado de derecho y las instituciones autonómicas, que el PP usa a su antojo con fines absolutamente partidistas. No espero nada de este ayuntamiento, que ya ha demostrado que es capaz de saltarse todas las reglas de la convivencia democrática, sin embargo, si confío en que la justicia y la ley de Memoria Democrática protejan estos recintos por la dignidad y memoria de las víctimas.
