La consellera de Enseñanza en funciones de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, desvinculó este martes a su departamento y a todo el Govern de la conocida como ‘consulta de las urnas de cartón’ celebrada el 9 de noviembre de 2014, después de que el Tribunal Constitucional prohibiese a Artur Mas la celebración de un referéndum sobre la posible independencia de Catalunya.
Imputada por un delito de desobediencia que conllevaría su inhabilitación, compareció durante una hora como responsable última de los colegios e institutos públicos, que ese día abrieron para facilitar la votación.
Tengo la conciencia tranquila. No he hecho nada negativoLa dirigente contestó a las preguntas del juez y de su defensa, no así a las de la Fiscalía y los abogados de la acusaciones populares. Durante su comparecencia, declaró que la Generalitat no cedió las instalaciones públicas para la consulta. Aunque admitió reuniones con grupos de directores, aseguró que únicamente se les comunicó que podían ceder las instalaciones como punto de votación, si así lo estimaban.
«Tengo la conciencia tranquila. No he hecho nada negativo. Cumplí con un mandato del Parlament», aseguró. Rigau detalló que, una vez el Constitucional suspendió el decreto mediante el que Mas convocó su consulta oficial, la Generalitat decidió «parar máquinas».
Toda la organización de la votación alternativa, insistió, quedó en manos de voluntarios. Si la Generalitat no detuvo esta segunda iniciativa, justificó, fue porque no sabía qué consulta había ordenado suspender el Constitucional, a quien se le solicitó una aclaración que nunca llegó, según la acusada.
Su departamento, recalcó, no firmó ni transmitió instrucciones a los centros educativos. En su lugar, remitió a los directores a la web ‘Participa’, donde los grupos pro independencia coordinaban la gestión de las instalaciones públicas para el 9-N. A pesar de ello, reconoció que en la consulta se utilizaron ordenadores nuevos comprados con dinero público para los colegios e institutos.
Gritos por la independencia Rigau llegó a declarar poco antes de las 10.00 horas acompañada por los miembros del Govern catalán en funciones, por los diputados de la candidatura independentista Junts Pel Sí y de la CUP, entre otros.
La comitiva fue recibida en la Avenida Lluís Companys por más de un centenar de personas al grito de «¡Independencia!». Un grupo de manifestantes entonó ‘Els segadors’ a las puertas del TSJCEntre los que arroparon a la política de Convergència Democràtica de Catalunya se encontraban varios consellers y altos cargos de su departamento, el cantante Lluís Llach; el número 1 de la candidatura Junts Pel Sí, Raül Romeva; el líder de la CUP en el Parlament, Antoni Baños, la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y el dirigente de CDC Jordi Turull.
La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ostentó la máxima representación institucional, ya que Artur Mas no hizo acto de presencia. Al llegar al Palau de Justicia, Rigau y el resto de asistentes aplaudieron a los concentrados, que, con las banderas esteladas en alto, les dedicaron consignas como «No tengo miedo» y «Poner las urnas no es delito», además de la canción de ‘Els Segadors’, himno de Cataluña. «Es incomprensible e inadmisible que en un Estado de derecho por poner las urnas a una persona se la impute y se la procese», criticó este martes Raül Romeva, cabeza de lista de Junts Pel Sí. Marta Rovira (ERC), añadió a las puertas del TSJC que los imputados promovieron la votación del 9-N «para preservar el derecho a decidir».
Joana Ortega, «muy tranquila» Tras la declaración de Rigau, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, acudió a declarar «muy tranquila» como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta alternativa del 9-N, arropada por casi todos los consellers del Govern y miembros de la candidatura de Junts pel Sí.
La exvicepresidenta y exconsellera de Gobernación, de UDC, ha entrado en el TSJC flanqueada de su abogado, Rafael Entrena, y varios consellers de la Generalitat, entre ellos la de Enseñanza, Irene Rigau.
Ambas pidieron la palabra al magistrado para una intervención propia casi calcada. «Asumo la responsabilidad de la organización del proceso participativo del 9-N, tanto por lo que respecta a mis actos personales, como por los de mis subordinados», afirmó Ortega ante el juez, en la única idea que le distinguió de Rigau. Ambas se aferraron al mandato del Parlament y a las competencias estatutarias en materia de consultas populares para justificar que, una vez prohibida la consulta original, la Generalitat decidiese impulsar, que no organizar, un 9-N alternativo. «Di órdenes de parar inmediatamente todos los expedientes económicos y todas las actuaciones administrativas vinculadas con la consulta», aseveró Ortega. «Cuando el TC dictaminó, paramos máquinas», metaforizó Rigau ante el magistrado, según explicaron fuentes judiciales.
Como ejemplos de que no existió voluntad de desobediencia, tanto la exnúmero dos del Govern como la titular de Ensenyament alegaron que no dieron nuevas instrucciones relacionadas con la consulta tras la resolución del Constitucional. Y recordaron que el alto tribunal no contestó a los requerimientos de la Generalitat para que aclarase el alcance de la prohibición, por lo que no quedaba claro qué actos podían llevarse a cabo y cuáles no.
La exvicepresidenta afirmó que si informó del resultado de la consulta alternativa fue porque la Generalitat lo consideraba un «hecho muy relevante» y la consellera reconoció que su departamento se reunió con los directores de los institutos a solicitud de estos, pero no para darles instrucciones sobre el 9-N, sino solo para informarles de que sus centros podrían ser usados como puntos de votación. Y para dar solidez a su argumento, Rigau expuso que la directora de un colegio de L’Hospitalet se negó a ceder su centro para el 9-N, y que la Generalitat en ningún momento le obligó a hacerlo pese a que se trataba de un espacio de titularidad pública.
La declaración de Ortega y Rigau se convirtió en un acto de ‘autoinculpación’ colectiva del Govern y las fuerzas partidarias del 9-N, que acompañaron unidas a las imputadas hasta el juzgado, donde también acudieron medio millar de manifestantes. Un acto de apoyo a las imputadas que, según el TSJC, tenía por objeto «cuestionar la legitimidad de los jueces e influir en su toma de decisiones», y que es «inadmisible» por estar «favorecido, diseñado y encabezado» por miembros del Govern y dirigentes políticos. «Pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política», zanjó el tribunal 48 horas antes de una movilización similar, quizá corregida y aumentada, en apoyo a Mas
