Las elecciones generales celebradas en España el 20 de diciembre de 2015 concluyeron con un resultado hasta la fecha inédito en la historia de la democracia española, puesto que las urnas dieron la posibilidad de formar gobierno o de participar en el mismo a cuatro formaciones políticas: el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos y Ciudadanos (C’s). Como consecuencia de esta circunstancia, la noche del 20-D se convirtió en la primera cita electoral en que los ciudadanos, una vez concluido el escrutinio, se acostaron sin saber quién presidirá el gobierno durante los próximos cuatro años. La máxima magistratura ejecutiva del país será designada por los futuros pactos que puedan entablar los partidos en liza.
Con su voto, la ciudadanía española rompió el tradicional bipartidismo que desde 1982 enfrentaba a PP (antes Alianza Popular) y PSOE, partidos que se habían alternado en el ejecutivo a partir de esa fecha. Cierto que ambos siguen siendo las fuerzas más votadas, pero a costa de un retroceso evidente en beneficio de fuerzas emergentes, sobre todo en el caso del PP, que perdió aproximadamente un tercio de los escaños ganados en las elecciones generales de 2011. La razón de esta merma de sufragios y representantes obedece a dos causas fundamentales. En primer lugar, la cuestionable gestión de la crisis económica iniciada en 2007, primero por el PSOE y más tarde por el PP, que ha repercutido en un elevado índice de desempleo y en el empobrecimiento general de las clases populares españolas. En segundo lugar, los graves casos de corrupción que han afectado a los dos grandes partidos.
En el PP repitió liderazgo el presidente del gobierno saliente, Mariano Rajoy; obtuvo 123 escaños, 63 menos que en 2011, pero fue el partido más votado en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra (donde concurría en coalición con Unión del Pueblo Navarro), La Rioja, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias. La primacía del PP en el voto rural le supuso una vez más ventajas objetivas en la asignación de escaños, debido a que la ponderación de sufragios de la ley electoral española prioriza las mayorías obtenidas en las circunscripciones menos pobladas.
A la zaga del PP —si bien con notable desventaja— quedó el PSOE de Pedro Sánchez, profesor de economía que cosechó el peor resultado de la historia reciente: le correspondieron 90 escaños, veinte menos que hace cuatro años, y solo pudo imponerse en su tradicional feudo político, Andalucía.
Podemos, fuerza de izquierda heredera del espíritu contestatario del movimiento 15-M, se colocó en tercera posición con 69 diputados y claras victorias en las comunidades de Cataluña y País Vasco; liderada por el profesor universitario Pablo Iglesias, Podemos ya tenía una importante representación en el Parlamento Europeo y el ámbito autonómico y municipal, pero nunca había concurrido a unas generales. Por otra parte, este partido libraba una peculiar batalla contra el otro debutante, C’s, formación centroderechista que pretendía aprovechar el desgaste electoral del PP para convertirse en segundo partido parlamentario. Sin embargo, las listas encabezadas por el abogado barcelonés Albert Rivera —que había ganado protagonismo público por su ardiente defensa de la españolidad de Cataluña— tuvieron que conformarse con la cuarta plaza, la que les proporcionaron sus 40 escaños.
También obtuvieron escaños los partidos nacionalistas, favorecidos igualmente por la ley electoral: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Democràcia i Llibertat (la nueva marca de Convergència Democràtica de Catalunya), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskal Herria Bildu saldaron su participación en los comicios con nueve, ocho, seis y dos diputados, respectivamente, aunque ninguna de estas fuerzas ganó en su comunidad autónoma.
La noche electoral fue especialmente amarga para tres formaciones: Unidad Popular (UP), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Unió Democràtica de Catalunya (UDC). UP, la coalición de izquierdas articulada en torno al Partido Comunista de España, no soportó el empuje de Podemos y perdió nueve de los 11 diputados con que contaba desde 2011 su predecesora, Izquierda Unida. A UpyD le ocurrió lo propio con la otra fuerza emergente, C’s, pero aún fue mayor su debacle, porque desapareció del arco parlamentario (en 2011 había obtenido cinco escaños). Y UDC, escindida de su tradicional aliado Convergència Democràtica (con quien había logrado 16 bancas en 2011), quedó igualmente sin representación parlamentaria.
Las reacciones de los principales líderes políticos mostraban evidente satisfacción una vez concluido el escrutinio. Rajoy se felicitó como cabeza de la lista más votada, Sánchez agradeció el apoyo de los votantes leales al PSOE, Iglesias anunció que el resultado electoral anunciaba un cambio de sistema y Rivera tampoco ocultó su satisfacción por la cuarta plaza de C’s. A partir de ese momento se abrían las especulaciones sobre cuál sería la combinación que pudiera sustentar un gobierno estable. Las fuerzas de centro-derecha (PP y C’s) sumaban 163 escaños y parecían las más proclives a entenderse. Por su parte, una potencial alianza de centro-izquierda (PSOE) e izquierda (Podemos y UP) se situaría en los 161 diputados, pero a priori presentaba mayores dificultades de entendimiento, sobre todo por las diferentes posiciones con respecto a la reforma constitucional que preconiza Podemos y el compromiso de este partido con la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, rechazado por el PSOE. De cualquier modo, ambas opciones parecían insuficientes por sí mismas a tenor de los escaños reunidos, y precisarían la ayuda de otras formaciones para alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria (176 bancas). Una tercera posibilidad sería la gran coalición popular-socialista, al estilo de la alianza de partidos que gobernó Alemania durante el primer mandato de Angela Merkel, pero los reiterados enfrentamientos entre PP y PSOE suponen un obstáculo no menor para logra ese entendimiento. El plazo para formar gobierno es de dos meses, agotado el cual se procedería a convocar nuevas elecciones.
