Es difícil no reconocer el espacio para cualquier persona que haya pasado por la plaza del mercado de la Boquería, en pleno centro de Barcelona. Situada en la calle Floristes de la Rambla, al lado de las llamativas paredes rosa fucsia de la Antiga Massana, se encuentra una enorme puerta de madera. Se trata de la Tancada Migrante, un antiguo local público abandonado que durante los últimos cinco años ha servido de acogida a centenares de personas migrantes. Ahora, a partir de esta semana se encuentra en peligro inminente de desahucio.
La Tancada lleva siendo un refugio, además de un espacio de trabajo y organización política, desde 2019, convirtiéndose en un núcleo fundamental para el barrio en la etapa más dura de la pandemia. De acuerdo con la Comisión Jurídica del Movimiento por la Vivienda en Catalunya, que lleva a cabo la defensa legal del espacio, la actividad del local se ha venido desarrollando de forma pública y con el pleno conocimiento del Ajuntament desde entonces.
De hecho, el expediente de desalojo administrativo quedó archivado en 2023 durante el anterior mandato municipal del En Comú Podem de Ada Colau, bajo la orden del regidor del Districte de Ciutat Vella Jordi Rabassa, quien señalan que estudiaría la propuesta de “consolidar La Tancada como un proyecto cultural y social”, con el consentimiento del propio Ajuntament.
Sin embargo, con el cambio de Gobierno municipal y la victoria del PSC de Jaume Collboni, se inició un expediente de recuperación del inmueble municipal, con fecha 26 de septiembre de 2023. De esta forma, el consistorio retoma un proceso de desahucio por la vía administrativa sin intervenir a través de la vía judicial. Una notificación de desalojo que indican que está impulsada por el nuevo regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle.
Además de por ostentar los cargos de tercer teniente alcalde de Barcelona y el de Dirección del área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen de Interior, Batlle también es conocido por ser el antiguo director de los Mossos d’Esquadra hasta 2017 y por mantener una opinión crítica con algunas cuestiones migratorias, llevando en el pasado al Govern a rechazar su propuesta de repatriar menores migrantes no acompañados.
El concepto de “limpiar la ciudad”
La amenaza de desalojo de La Tancada ha ocasionado un gran descontento en el barrio del Raval, donde varios colectivos, incluyendo el Sindicato d’Habitatge del Raval, el Sindicato de Manteros de Barcelona o el espacio de la Antiga Massana en su conjunto -un inmueble municipal antes en desuso y posteriormente ocupado y recuperado por los vecinos del barrio, que actualmente lleva a cabo diversas iniciativas sociales y políticas- se han unido a la lucha por defender el espacio, consiguiendo reunir a un centenar de personas para parar el primer intento de desahucio el pasado 20 de noviembre de 2023. Este último mes, la tensión también se ha podido palpar en los plenos del distrito, donde decenas de militantes de varios movimientos del barrio han intervenido para protestar por la decisión del consistorio.
“Nosotros somos de la Antiga Massana y le queremos decir a Albert Battle que sabemos que le han traído aquí al Raval para hacer de “sheriff” y solucionar los problemas del barrio, pero lo único que ha venido a hacer es solucionar los problemas de los empresarios, de los hoteleros y de los fondos de inversión. En eso consiste el Plan Endreça, en poner una alfombra roja a empresarios y especuladores a costa de hacerle la vida imposible a la clase trabajadora”, exclama una de las portavoces de la Antiga Massana ante la atónita reacción de los presentes, incluyendo Albert Batlle.
“Collboni y el PSC quieren limpiar el barrio, pero de pobres. Y no se acaba con la pobreza acabando con los pobres, expulsándonos y reprimiéndonos. No dejaremos de existir. El señor Batlle y el PSC tienen un problema político al que no pueden hacer frente”, indica la portavoz del Sindicat d’Habitatge del Raval a El Salto. “Sabemos que la solución del PSC a los problemas del Raval es poner más policía, pero no cabemos toda la clase trabajadora en los calabozos de la guardia urbana. Ante cualquier ataque, nos encontrarán de cara”, sentencia.
El llamado “Pla Endreça”, al que se han destinado 435 millones de euros en el marco del Plan de Ordenamiento Integral, representa una de las prioridades políticas del PSC. Traducido al castellano “endreça” significa “ordenar”. Algo que permite entrever la línea general de las reformas planteadas; el pla Endreça, de acuerdo con el propio Ajuntament, está orientado a intensificar las actuaciones municipales en materia de limpieza, seguridad y convivencia, intensificando la vigilancia en cuanto a “las conductas incívicas que estropean el espacio público”, haciendo referencia al vandalismo, pero también a actividades desarrolladas mayoritariamente por personas migrantes como la venta ambulante.
Una actividad que también se lleva a cabo en el local de La Tancada como uno de los limitados medios de autogestión a los que tienen acceso sus ocupantes. “Es inadmisible que lo primero que vean los turistas al llegar a Barcelona sean los manteros. Es una actividad ilegal y como tal la combatiremos”, señalaba Batlle ya en 2019.
Esta línea política también ha provocado el descontento de movimientos como el Sindicato Mantero de Barcelona, junto a otros agentes sociales como End Fosil, el Sindicat de Llogateres y la plataforma juvenil en defensa de la Renta Básica Universal. “El Ajuntament de Barcelona ha activado el Pla Endreça con el objetivo de poner orden en el espacio público, pero todo el mundo sabe que lejos de ordenar, lo que hace este plan es poner bajo la alfombra las verdades que incomodan”, denunciaba Aziz Faye, miembro de la formación en un vídeo que señala como verdaderos problemas el turismo de masas, la gentrificación, el aumento de pisos turísticos, la contaminación y la exclusión social.
La hostilidad contra la migración y la vida
Desde esta semana las más de 35 personas que habitan el local de la Tancada Migrante podrían ser desahuciadas y señalan que no se les ofrece ninguna alternativa habitacional. Denuncian que el Ajuntament “no respeta sus recursos legales, saltándose sus propios medios”, pero han presentado nuevas alegaciones mientras preparan la defensa efectiva y multitudinaria del espacio.
La Comissió Jurídica del Movimiento por la Vivienda se respalda aquí en una triple nulidad ante la amenaza inminente del desahucio, donde destaca que el procedimiento recuperación del inmueble se ha de dar por vía judicial y no administrativa, al tratarse de un bien inmueble con categoría patrimonial, abandonado y que no ha sido destinado a uso público. Además, en este proceso señalan que se habría incumplido la normativa pertinente al no haber notificado debidamente varias resoluciones del expediente, ni se estaría acreditando el acuerdo con el Ajuntament de Barcelona que legitimaría al regidor de Distrito a iniciar la tramitación de recuperación del bien.
Barcelona continúa siendo la ciudad donde más se desahucia de todo el Estado, según la información más reciente del Consejo General del Poder Judicial, donde el acceso a la vivienda se complica con un aumento de más del 60% del precio de alquiler en la última década. El sector poblacional más afectado por el sinhogarismo son las personas migrantes, que engloban la mayoría de personas sin hogar del según el INE (casi el 29% de la Encuesta a Personas sin Hogar de 2022). Solo en 2023, la migración por vía irregular aumentó un 82%, en la que casi 57.000 personas se sumaron a una situación de vulnerabilidad agravada por una ley de extranjería que desplaza, más si cabe, los derechos de las personas migrantes.
*Fuente: https://www.elsaltodiario.com/vivienda/amenazan-echar-calle-35-migrantes-barcelona-collboni-quiere-limpiar-calles-pobres
