Ex integrantes de la criminal CNU amenazan a familiares y abogados de la acusación en la recta final del juicio que, por crímenes contra la humanidad, se celebra en estos días en Mar del Plata (Argentina).
Son once acusados, y las maniobras procesales y extraprocesales que buscan la nulidad del juicio son continuas. Según familiares y abogados de la acusación, los hostigamientos y labores de contrainteligencia son realizados por miembros de la Inteligencia Naval. Es la primera vez que se celebra un juicio oral contra la CNU, y entre los acusados está el ex fiscal Gustavo Demarchi.
¿QUÉ FUE LA CNU?
La Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) fue una organización ultraderechista y paramilitar creada por la Marina de Guerra argentina en 1968, durante la dictadura militar llamada Revolución Argentina (1966-1973). Su objetivo era reprimir en las universidades nacionales lo que llamaban la “subversión roja”, para ello utilizaron la tortura, el secuestro, los actos terroristas y los asesinatos. Vinculada a la Juventud Peronista, luego se relacionó con la Triple A. El ideólogo de la CNU fue el peronista y profesor de lenguas clásicas, Carlos Disandro.
Su primer asesinato lo cometieron en 1971, cuando tirotearon en la universidad de Mar del Plata una asamblea estudiantil. Allí cayó muerta Silvia Filler, de 18 años de edad. Una bala del calibre 38 atravesó la cabeza de la joven, que moriría al poco tiempo en el hospital Clínico Central de la citada localidad. La CNU actúo antes y después del golpe militar de 1976, y en 1974, pasó a ser la sección regional de la Triple A en La Plata, de cuyas élites universitarias había surgido la CNU. Actuaron en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades del interior del país. Entre sus miembros había funcionarios de la Universidad de Mar del Plata, de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal. Y para cerrar el círculo de la impunidad, también había miembros de la Fiscalía Federal de Mar del Plata.
LOS HECHOS
La CNU actúo de una forma sistemática, planificada y con una preconcebida política de exterminio de los opositores políticos, por ello la categoría de sus crímenes son tipificados como crímenes contra la humanidad, que no prescriben según el derecho internacional. Lo mismo que pasó con la represión franquista y posfranquista, donde toda una maquinaria se puso al servicio de la represión y eliminación de los opositores políticos, con militares, policías, tribunales, jueces, funcionarios, etc.; incluso la prensa adicta al régimen también participó de esta estrategia –como veremos en este caso, también- de terror y posteriormente de impunidad, impunidad que ha llegado hasta nuestro días. No en vano las instituciones españolas siguen llenas de franquistas, simpatizantes y de familiares de aquellos, por ejemplo, jueces militares que juzgaron a civiles y los mandaron fusilar un 27 de septiembre de 1975 y que conmemoraremos en estos días.
Las investigaciones judiciales han sacado a la luz que el juez Pedro Federico Hooft, junto al ex fiscal Demarchi, dentro de la CNU, presuntamente crearon los grupos de exterminio a partir de 1972, aunque en esta causa sólo juzga por crímenes de lesa humanidad cometidos en el periodo de 1975 y 1976. La criminal organización recibía el nombre de Grupo de Tareas 6, que tenía su sede en la base de submarinos de Mar de Plata. Las órdenes las recibían del Servicio de Inteligencia Naval de la Marina de guerra, cuya sede estaba en Puerto Belgrano. El juez Hooft, hoy uno de los paladines de la llamada bioética y el derecho de los enfermos a no ser tratados contra su voluntad -¡qué ironía!- fue acusado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, porque: “contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que pudiesen cometerse delitos de lesa humanidad”. El juez Hooft, cuyo padre fue el alcalde de la población holandesa de Utrecht durante la ocupación nazi, al final de la guerra emigró con su familia a la Argentina. Tiene defensores acérrimos, así como muchos detractores, que lo tildan de nacionalsocialista. Miembro de los grupos católicos y ultranacionalistas de Mar del Plata, para muchos marplatenses, la sombra del magistrado estuvo detrás de la llamada “Noche de las Corbatas”. Entre el 6 de 13 de julio de 1977, fueron secuestradas once personas, en su mayoría abogados. Todos se habían distinguido por la defensa de las garantías constitucionales que la dictadura había pisoteado y, lo más peligroso, se habían distinguido por su oposición a la CNU. Siete de estas personas nunca aparecieron. Como era habitual en este tipo de operativos de crímenes de Estado, la zona fue “liberada”, lo que significaba que ningún policía, miembro de seguridad, ambulancias, etc., podían estar por el lugar a la hora señalada, lo que muestra la connivencia de las autoridades locales, tanto policiales como judiciales, en la ejecución de actos criminales. Finalmente, después de ocho años de continuas recusaciones y tácticas dilatorias, en 2014 el juez Hooft fue absuelto y se reincorporó a su antiguo puesto.
LOS PROCESADOS
El juicio a la CNU se inició el 8 de junio de 2015 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Mar de Plata. Son ocho los casos objeto del proceso, que van desde el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, la detención ilegal y la pertenencia a banda armada, todo ello dentro de una política represiva que auspiciaba el crimen de Estado. Todos los acusados pertenecían a la CNU y, salvo un militar retirado, son civiles, algunos abogados, de una posición social y económica privilegiada. En el proceso han participado más de doscientos testigos y en estos días de septiembre de 2016 se han reanudado las sesiones. Inicialmente, los imputados fueron diez:
-José Luis Granel, abogado.
-Roberto Alejandro Justel, comerciante.
-Luis Roberto Coronel, abogado.
-Juan Carlos Asaro, taxista.
-Mario Ernesto Durquet, profesor de filosofía.
-Raúl Rogelio Moleón, fotógrafo.
-Juan Pedro Asaro, librero.
-Marcelo Arenaza, bróker en comercio exterior.
-Fernando Alberto Otero, militar retirado.
-Gustavo Modesto Demarchi, abogado y ex fiscal.
Según el diario Página 12, en una crónica sobre el caso –de 18 de enero de 2013-: “El ex librero Piero Assaro y Mario Durquet, quien confesó en privado el asesinato en mayo de 1975 de María del Carmen Maggi, secretaria general y decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica marplatense”. A esta lista se añadió un imputado que estaba prófugo, Raúl Arturo Viglizzo, y que se entregó a la justicia. Durante el proceso fallecieron Luis Roberto Coronel y Marcelo Arenaza. Luego hay otros imputados que no están en la lista por ser prófugos de la justicia, se trata de Fernando Federico Delgado y Eduardo Salvador Ullúa, a los que se les considera responsables de numerosos asesinatos y por los que se ofrecen recompensas millonarias. También hubo Órdenes Internacionales de Detención de la Interpol contra Daniel Alejandro Ullúa y Beatriz María Arenaza Corres. Ésta última es la única mujer encausada y, junto a Daniel A. Ullúa, fueron detenidos en España en enero de 2013, pero no extraditados. Beatriz M. Arenaza ya fue condenada por el asesinato de Silvia Filler en los años setenta. En España se sentía tan impune, que incluso mantenía abierta cuentas en redes sociales –una aún activa mientras se escribía este reportaje- y trabajó para Continental Parking y Comsa S.A., después en una empresa que vende productos antienvejecimiento. En este caso se les acusaba de asociación ilícita, no por ningún homicidio concreto –aunque son 18 asesinatos los que cometieron los miembros de la CNU-, pero cuando se les citó para la declaración indagatoria ante el juez Santiago Inchausti, huyeron. No sólo no fueron extraditados por España, sino que después de unas semanas en prisión fueron puestos en libertad. El Ministerio Fiscal pidió su libertad aduciendo que los hechos por lo que se les buscaba en Argentina habían sucedido hace mucho tiempo y que los reclamados estaban arraigados en nuestro país. Beatriz Arenaza vivía en Oleiros (Galicia), y Daniel Ullúa en Palma de Mallorca. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz siguió el dictado del Ministerio Fiscal y puso a los detenidos en libertad. Quizá ahora se entienda porque los denunciados por torturas y muertes durante el franquismo y reclamados por la jueza argentina María de Servini, no son extraditados. Parece que se hayan puesto de acuerdo, de uno y otro lado, para perpetuar la impunidad y no calificar estos hechos como crímenes de lesa humanidad, crímenes que por ser generalizados y sistemáticos contra la población o una parte de ella, no prescriben.
Sin duda, el encausado más mediático por su relevancia es el ex fiscal Gustavo M. Demarchi, que protagonizó una sonada fuga en noviembre de 2010. Finalmente fue detenido en Bogotá (Colombia), y posteriormente extraditado a la Argentina el 21 de septiembre de 2012, donde ingresó en prisión preventiva. El gobierno colombiano estuvo a punto de darle el asilo político que había solicitado, pero la Corte Suprema colombiana al final resolvió la extradición.
CUANDO LA PRENSA ES CÓMPLICE
Desgraciadamente, y casos recientes hemos tenido en nuestro país con las denuncias a los Mossos d’Escuadra de Catalunya, una de las primeras tácticas de la impunidad consiste en desprestigiar a la víctima. Si era drogadicto, si tenía contacto con grupos violentos, si vestía con cierta estética que la hacía sospechoso y toda suerte de juicios de valor que puedan poner a la opinión pública a favor de la llamada “Verdad Oficial”. En esto, muchos medios de comunicación acríticos y abonados a las oficinas de información oficiales, ponen su inestimable colaboración al servicio de no pocos montajes policiales o judiciales. En el caso que nos ocupa, hay medios que están colaborando en la estrategia de los procesados. El fiscal Demarchi, en su estrategia de obstrucción del proceso -según nos informan desde Nizkor-, presenta a los acusados como víctimas, y a los acusadores como investigados. Para ello no son pocos los medios de comunicación que le siguen el juego de Demarchi. Incluso se ha acuñado un eslogan que se utiliza en estos medios para referirse a los querellantes contra la CNU: “Mafia judicial de Mar del Plata”, ya que los ataques no sólo van contra los abogados de la acusación, los acusadores y sus familiares, sino contra miembros de la magistratura que participan en el juicio. El control político y social que ejerce el Almirantazgo sobre los medios de comunicación en el territorio donde se cometieron los crímenes de la CNU, y que están bajo la jurisdicción de sus bases navales, es muy grande. Por ello no es raro que las campañas difamatorias contra abogados de la acusación y víctimas, y de apoyo a los presuntos victimarios, se lancen desde emisoras de AM como Radio Atlántida, Radio Mar del Plata y Radio 14.60, así como varias emisoras musicales de la FM, según denuncian los informes de Nizkor. A ello hay que añadir los diarios La Prensa y La Capital, y los más conocidos del ámbito estatal, el Clarín y La Nación. En la campaña de descredito contra los querellantes y sus abogados se ha significado un medio: Noticias y Protagonistas. En un artículo en este medio de fecha 17 de agosto de 2016, el abogado defensor de Gustavo Demarchi, el señor Horacio Insanti, y ante la renuncia de uno de los jueces por temas de salud, el magistrado Elbio Osores Soler, declaró a este medio afín a su defendido: “A partir de este nuevo escenario, Insanti advirtió sobre la posibilidad de que el juicio sea declarado nulo: “Hay temor a la no continuidad del juicio. Por el momento, lo reemplaza el Dr. Ruiz Paz, pero si a alguno de los otros dos jueces le sucediera cualquier cosa que requiera una licencia de más de 30 días, el juicio automáticamente es nulo y no se podría volver a celebrar. Esto determinaría inmediatamente la libertad”. En un proceso donde se ha llegado a ofrecer reducciones de condenas a narcotraficantes y otros delincuentes comunes a cambio de que incriminaran a testigos o al propio abogado Sivo, esa frase que dice el doctor Horacio Insanti pone los pelos de punta: “pero si a alguno de los otros dos jueces le sucediera cualquier cosa…”. Noticias y Protagonistas, con clara irresponsabilidad por no decir otra cosa, ha llegado a publicar fotos del domicilio del defensor de los derechos humanos César Sivo. En otra nota anterior, de 8 de marzo de 2015, y que traigo a colación para que vean el estilo del medio: “Gustavo Demarchi fue traído de Marcos Paz hasta Mar del Plata sólo para dar otra escenificación de escarnio innecesario a los que vocinglean por algunos derechos humanos. Ausencias notorias, entre ellas la del narcoabogado César Sivo. Bajo perfil de organizaciones otrora ruidosas, hoy enfrentadas en el universo del poder por casos como el de César Milani. Todo pasa, todo cambia. Los probos de ayer son los réprobos del mañana”. ¿Vocinglean por algunos derechos humanos? ¿Escarnio innecesario? ¿Narcoabogado?
Florencio Aldrey Iglesias, oriundo de A Coruña (España), es un empresario de complejos hoteleros, factorías, etc. Es el propietario del diario La Prensa y del grupo multimedia La Capital, integrado por el matutino del mismo nombre de Mar del Plata y LU9 Radio Mar del Plata, LU6 Emisora Atlántica; y La Capital Cable. Además de ser socio del grupo Clarín. En fin, todos los medios que defienden, o por lo menos quieren echar tierra sobre el asunto, a los procesados en el caso CNU.
LAS AMENAZAS
El “Front Line Defenders”, organización irlandesa cuyo objetivo es proteger a los defensores de los derechos humanos en riesgo, dijo en su momento: “… en momentos claves de juicios por crímenes de lesa humanidad en los cuales el abogado César Sivo –abogado de los querellantes- ha tenido un papel crucial, la campaña de desprestigio, amenazas y ataques contra él se intensificaron. Familiares del defensor de derechos humanos también han sido acosados en redes sociales y en dos ocasiones entraron forzosamente en la oficina de su esposa, quien también es abogada, para destruir propiedad privada y retirar información confidencial, sin que nada de valor monetario fuera sustraído”. La intimidación contra el abogado César Sivo viene de lejos. Y para que no quedara duda de la intervención de la contrainteligencia naval, en 2006 –en el proceso contra el juez Hooft- una pared enfrente de su casa amaneció con los colores del reglamento naval y un ancla dibujada. Y en 2008, cuando fueron detenidos ocho represores de la Escuela de Suboficiales de infantería de Marina, la abogada Natalia Andrea Messineo tuvo que solicitar la intervención urgente del Ministerio Fiscal para garantizar la seguridad del jurista. “Front Line Defenders” denunció el 3 de agosto de 2016, que el ex fiscal Gustavo Demarchi declaró durante la audiencia que quienes presentaran cargos contra él “iban a tener problemas”. Y continúa la organización irlandesa: “Previamente, en julio de 2016, un individuo que se identificó como el abogado de Demarchi contactó a un amigo de César Sivo y pidió que le dijera al defensor que “se empezara a preocupar”. La ONG insta a las autoridades argentinas, entre otras cosas a que: “Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de intimidación contra Laura Figueroa, César Sivo y sus familiares, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley”.
FUENTE: Con informaciones de Radio Nizkor, Mar del Plata (Argentina), Radio Nizkor, Madrid (España) y “Front line Defenders”, Dublín (Irlanda) y la consulta de los medios citados.
Nizkor es una Organización Internacional Pro Derechos Civiles y por la aplicación del Derecho Internacional.
