Barcelona en Comú, la candidatura de confluencia en la que se integran Guanyem Barcelona, ICV-EUiA, Podem Barcelona, Procés Constituent y Equo, sigue afinando su proyecto de cara a las próximas municipales una semana después de presentar el acuerdo entre todas las fuerzas que la componen. La activista y previsible cabeza de la lista, Ada Colau y el portavoz de Guanyem Gerard Pisarello han presentado un plan de choque para los primeros seis meses de un hipotético mandato municipal y que contempla una serie de medidas como la realización de una auditoría y la revisión de la política municipal de privatizaciones, así como actuaciones en favor de un empleo digno y para impedir los desahucios.
Colau explicó que el plan de choque -complementario al programa electoral aún en elaboración- surge como una necesidad «para hacer frente a la situación de emergencia social», se dirige «a toda la población de toda la ciudad» pero tendrá como objetivo principal «las personas, colectivos sociales y barrios más vulnerables». El plan de emergencia, comentó Pisarello, ha sido elaborado con la ayuda de entidades sociales y plataformas vecinales y consensuado con los técnicos de Barcelona En Comú. Según el portavoz de Guanyem, un buen número de medidas contempladas en este programa de actuación no tendrán coste alguno, pero otras requerirán unos 160 millones de eurosdurante el último trimestre de 2015 y el primer semestre de 2016. Para la candidatura, el coste de este plan es perfectamente asumibles por las arcas del ayuntamiento pues, aseguró Pisarello, el presupuesto municipal «mantiene 380 millones de euros destinados a inversiones». En esta misma línea, se expresó Colau que interpreta el plan como «ambicioso y factible» y que tendrá cuatro líneas de actuación básicas -ocupación, derechos sociales, revisión de las privatizaciones y auditoría municipal- y una treintena de acciones concretas.
El plan de choque dedicará 50 millones de euros a medidas en fomento de la ocupación. La candidatura Barcelona en Comú propone la puesta en marcha de un programa de formación y creación indirecta de ocupación sostenible y digna, concentrado en áreas como la rehabilitación energética de viviendas, la prevención y gestión sostenible de residuos, el apoyo al comercio de proximidad, la atención y cuidado de las personas dependientes, así como una apuesta por la economía cooperativa y la actualización tecnológica. «Este plan tiene como objetivo crear 2.500 puestos de trabajo en los primeros seis meses», avanzó Pisarello.
Para garantizar los derechos sociales básicos, Barcelona en Comú prevé una inversión de 110 millones de euros. Este bloque comprende seis ejes básicos de actuación: derecho a la vivienda (50 millones de euros), alimentación (20 millones), suministros básicos (5 millones), salud (5 millones), movilidad (5 millones) y una renta municipal complementaria básica (25 millones). Algunas de las propuestas de la candidatura municipal se basan en que el consistorio ejerza todas sus competencias para evitar los desahucios por razones económicas y se garantice además un alojamiento en condiciones dignas a cualquiera que lo necesite. Las medidas también contemplan una batería de acciones contra la pobreza energética y una política tarifaria en los transportes públicos que beneficie a los parados. En este aspecto, Pisarello ha asegurado que Barcelona en Comú llevará a cabo una política activa de empadronamiento para ampliar mejorar el acceso a la tarjeta sanitaria e introducirán una renta municipal complementaria hasta llegar a la renta media de suficiencia de la ciudad, que es de 570 euros.
“Frenar, limitar o revisar privatizaciones es esencial para devolver la ciudad a las personas” declaró Pisarello, para el que es necesaria una moratoria inmediata en la apertura de hoteles y apartamentos de uso turístico «mientras no haya una auditoría y un estudio del impacto de estos proyectos» en la ciudad. El portavoz de Guanyem puso ejemplos concretos como la ampliación de centros comerciales en toda el área urbana, la creación de una pista de esquí en la Zona Franca o la concesión de la Marina del Port Vell «en un barrio castigado como la Barceloneta» como algunos de los procesos a rediseñar o, directamente, ser liquidados. Algunos de estos proyectos ya están aprobados, por lo que Barcelona En Comú, propone que la ciudadanía pueda elegir el modelo de ciudad que quiere. Corresponsabilizar a las empresas privadas que prestan servicios públicos, reforzar la autoridad pública y obligar a estas empresas a cumplir con sus exigencias.
Colau y Pisarello vincularon la auditoría del ayuntamiento y de todas las sociedades municipales a la aplicación del código ético de la candidatura. Dentro del desarrollo de este plan se reducirán los salarios de los altos cargos de la administración municipal y se revisarán una serie de privilegios y prebendas. Los dos portavoces han avanzado que las subvenciones que recibe el Circuit de Montmeló -16 millones de euros- o BCN World Race, o el dinero destinado a las avenidas de lujo de la ciudad serán revisadas de inmediato.
