Río de Janeiro se preparó para acoger la final de la Copa del Mundo de fútbol de la misma forma en que comenzó: con detenciones en el Mundial de Brasil preventivas de activistas sociales. En total, unas veinte personas fueron detenidas la víspera de la final, unas horas previas a las manifestaciones convocadas para esta última jornada. La policía les acusa de integrar banda armada, un delito que ha causado estupefacción entre los representantes de los colectivos sociales que ven en ello un paso más en la criminalización de estos movimientos.
Wadih Damous, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, no ocultaba su perplejidad ante estas actuaciones. “Sesenta mandatos de detención provisional en las calles, veinte personas presas para impedir manifestaciones públicas antes del partido final. Se trata de una aberración judicial”, comenta. En su opinión se trata de unas medias totalmente injustificadas. “Las prisiones son absolutamente ilegales porque las decisiones que las decretó no aportan ninguna prueba de práctica de delito penal. Hasta los abogados son impedidos en el ejercicio profesional, o son detenidos o se les impide el acceso a los autos”.
A su juicio, todo esto “es más un intento de impedir las manifestaciones garantizadas por la Constitución en este momento de Copa del Mundo”. En este sentido, Damous no ocultaba su preocupación al afirmar: “Brasil tendrá que escoger qué legado quiere: el de la dictadura o el de la democracia”.
También Amnistía Internacional mostraba su preocupación por estas acciones policiales que, en su opinión, “repiten el patrón de intimidación que ya había sido identificado por la organización antes del inicio del Mundial”. Por todo ello, la entidad defensora de los derechos humanos hizo pública una nota de protesta en la que reclamaba a las autoridades de Río de Janeiro que cesen los actos intimidatorios contra los manifestantes y que se garanticen los derechos de todos los detenidos, levantando las restricciones que están sufriendo sus abogados, impidiéndoles acogerse al habeas corpus.
La policía basa las acusaciones de banda armada en el hecho de haber encontrado una pistola en uno de los domicilios registrados, propiedad del padre de uno de los activistas buscados. Por el momento, no ha transcendido si el arma estaba legalizada o no. De hecho, la posesión de armas de fuego está muy extendida entre la población brasileña, hasta el punto de que el gobierno viene impulsado desde hace tiempo campañas de desarme. El resto de presuntas pruebas para justificar las detenciones en el Mundial de Brasil han sido la posesión de marihuana, algún petardo, periódicos y banderas contrarias a la Copa. También se ha tomado como prueba incriminatoria la posesión de alguna máscara antigás cuyo uso es habitual entre manifestantes, periodistas y personal sanitario voluntario durante las protestas.
Tras las detenciones en el Mundial de Brasil, diversos parlamentarios de izquierdas han hecho público un comunicado mostrando su repulsa ante estas detenciones en el Mundial de Brasil. “Mientras los brasileños sufrían con la derrota de la selección, se estaba engendrando un hecho mucho más grave: la derrota de la democracia y de la Constitución”. Para los parlamentarios, la acción policial de este sábado representa “una arbitrariedad inaceptable, que agrede el estado democrático de derecho”. Por todo ello, los diputados progresistas hacían un llamamiento a la ciudadanía para que “independientemente de ideología o filiaciones partidarias, se unan contra el arbitrio y la violencia de estado, perpetrada irónicamente sobre la falsa justificación de evitar la violencia”.
Precisamente, la reclamación de libertad para los activistas presos fue una de las principales consignas coreadas por los manifestantes que hoy recorrieron algunas calles de Río de Janeiro. Unos cientos de personas que volvían a cuestionar el gasto que había supuesto la Copa en relación con las muchas carencias sociales que afectan a Brasil.
