La causa contra el Procés entra en una nueva fase y se sitúa a las puertas del juicio. En poco más de medio año de investigación, el procesamiento por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia ya es una realidad. El Supremo ha encausado un total de 25 personas, 13 de las cuales por rebelión, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al frente. Dentro del Gobierno sólo se libran de la pena máxima los consejeros Santi Vila, Carles Mundó, Meritxell Serret, Meritxell Borràs y Lluís Puig, pero igualmente se enfrentan a hasta 10 años de prisión por malversación. De los 28 imputados, los únicos que no son procesados son la coordinadora del PDECat Marta Pascal, la ex del AMI Neus Lloveras y el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, aunque Llarena el considera el ideólogo de todo el Proceso y quien puso las bases de la hoja de ruta hacia la independencia.
Cinco presos políticos en centros penitenciarios de Madrid. Órdenes de detención europea e internacional para casi todos los exiliados. Amenaza de penas de prisión de hasta 30 años para buena parte del Gobierno y los líderes sociales del independentismo por rebelión. Y otro pleno de investidura frustrado por la vía judicial. El Tribunal Supremo actuó ayer por todos los frentes en contra del Proceso. El juez Pablo Llarena volvió a enviar a prisión al aún candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, así como la ex presidenta del Parlamento Carmen Forcadell y los consejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Todos ellos ya han pasado la noche en Estremera o en la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco. Pocas horas después, Llarena reactivaba las euroórdenes de detención contra Carles Puigdemont y el resto de consejeros en el exilio, y sumaba la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que esta mañana no presentarse al Supremo y anunció que emprendía un «camino duro» para «recuperar la voz política» desde el extranjero
Ni dejar el escaño, ni renunciar a la política, ni respetar la aplicación del artículo 155 son suficientes para el juez para dar por desactivada la vía unilateral del independentismo. Es más, cree que hay un riesgo «latente» que vuelvan a repetirse hechos como los de la consejería de Economía del 20 de septiembre, que compara implícitamente con la «toma de rehenes con disparos al aire» del 23-F, y en los que basa su afirmación de que hubo la violencia necesaria para el delito de rebelión.
Básicamente, Llarena no se cree los encausados con la pena máxima y, previendo un riesgo aún más alto de reiteración delictiva y de fuga con la instrucción casi cerrada, cree que hay que encarcelar todos los que se enfrentan a una condena por rebelión. Por ello Llarena también reactivó ayer las euroórdenes. El 5 de diciembre, justo después de asumir la causa de la Audiencia Nacional, retiró las órdenes de detención para evitar que se juzgara Puigdemont y los consejeros exiliados por un delito menor. Ahora la intención es que se les detenga y encarcele a España sólo si es para juzgarlos por un delito equivalente a la pena de rebelión, que conlleva entre 15 y 30 años de prisión. Bélgica, por ejemplo, sólo veía posible procesar Puigdemont por malversación antes de que fuera encausado.
Llarena, en cambio, no dictó orden de detención internacional contra el ex portavoz de la CUP Anna Gabriel, exiliada en Ginebra. Sobre ella, al igual que sobre la ex diputada anticapitalista Mireia Boya y toda la anterior mesa del Parlamento menos Forcadell, pesa un presunto delito por desobediencia a la autoridad, penado con inhabilitación.
En el auto de procesamiento, de 69 folios, el Supremo reescribe la historia política de Cataluña de los últimos seis años a partir de documentos que han sido siempre públicos y que hasta ahora ninguna instancia judicial había cuestionado. Comienza en 2012 con el pacto entre Artur Mas y Junqueras y basa todos los pasos del Proceso en el Libro blanco elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional en 2014. El documento Enfocados, en el que hasta ahora habían descansado todos los informes de la Guardia Civil, se convierte en unas meras notas al pie de página. Llarena evita así aferrarse a las anotaciones encontradas en un powerpoint en casa de Josep Maria Jové, número dos de Junqueras, que no está encausado.
El Libro blanco se convierte en la piedra angular de todo el relato del juez, y los hechos de la conselleria, en el momento álgido. Considera que la aplicación del delito de rebelión es «plenamente exigible» a los líderes independentistas porque incorporaron a la «su actuación criminal» -el camino hacia la independencia- un «ineludible estallido social». Es decir, que convocaron el referéndum del 1-O sabiendo que «el fanatismo violento de muchos de sus seguidores debía desatarse». «Este proceso […] integra una gravedad y persistencia inusitadas y sin precedentes en ninguna democracia de nuestro entorno», concluye Llarena.
El juez también argumenta que el Proceso podría estar «latente» a pesar de la aplicación del 155 y afirma que cada vez lo está «con más nitidez», en un argumento que parece ir dirigido a poner más leña al fuego en el riesgo de reiteración delictiva, que puede justificar el mantenimiento o ingreso en prisión provisional de los encausados. Según el relato de Llarena, los hechos interrumpidos por la suspensión de la autonomía «parecen pendientes de reanudación una vez se recupere el pleno control de las competencias autonómicas», y lo justifica afirmando que el ‘Libro blanco’ ya preveía una segunda ola de desobediencia tras la suspensión de la autonomía.Indignación por los encarcelamientos de Jordi Turull, Josep Rull, Carmen Forcadell, Dolors Bassa y Raül Romeva. El independentismo ha salido a la calle en saberse la noticia y en Barcelona los Comités de Defensa de la República han cortado la avenida Diagonal donde, en la confluencia con el paseo de Gracia, han lanzado proclamas contra el juez del Tribunal Supremo. «Llarena prevaricador», exclamó la muchedumbre, que reúne cerca de un millar de personas. Los manifestantes también han pintado un lazo amarillo en la calzada y han quemado una fotografía del rey Felipe VI entre gritos de «muerte al Borbón».
Los asistentes se han desplazado hacia la Delegación del Gobierno, en la esquina entre la calle de Mallorca y Roger de Llúria, los gritos de «huelga general!», «Ni un paso atrás» y «libertad presos políticos». Al frente, en una pancarta se podía leer «Obedecer el mandato popular no es ningún delito».
La movilización convocada por los CDR no ha podido llegar hasta delante de la Delegación del Gobierno para que los Mossos lo han acordonado. Se han vivido momentos de tensión y, incluso, los manifestantes han lanzado huevos contra las furgonetas de la policía catalana. En un ambiente visiblemente crispado, los manifestantes han llamado «Llarena, prevaricador» y «fuera, justicia española» acompañados de bocinas de los coches que intentan atravesar la Diagonal. Los Mossos han cargado contra algunos de los manifestantes.
Por su parte, el ANC, Òmnium, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) se han concentrado a las 20.00 h en la plaza de Cataluña y después se han dirigido hacia la Delegación del gobierno en Cataluña. A la misma hora también se han concentrado cientos de personas frente a los ayuntamientos de toda Cataluña.
La actriz Mercè Martínez ha sido la encargada de comenzar el acto en plaza Catalunya, con una denuncia firme contra la acción de la justicia española, la cual, afirmó Martínez, «ha gastado su sed de venganza quedándose Turull, Rull, Romeva, Forcadell y Bassa «. «Ya son nueve rehenes», lamentó. Una denuncia que también ha hecho la actriz Sílvia Bel, con la lectura del manifiesto unitario de las entidades: «Es una ola represiva mayúscula, se vulneran los derechos más básicos para eliminar cualquier signo de identidad catalán».
«Nosotros les damos miedo, somos un pueblo tercamente alzado que quiere decidir democráticamente cuál debe ser su futuro», avisan las entidades. Ante esto, aseguran que el Estado «ha decidido volver a ofrecer porrazos, menosprecio y humillación, es una causa general contra el independentismo feroz y salvaje». Las entidades, sin embargo, avisan: «No callaremos». En este punto, los manifestantes han llamado durante tres minutos seguidos «Libertad» ante un escenario lleno de representantes políticos como Xavier Trias o Alfred Bosch, y también de entidades.
Por su parte, el portavoz de Òmnium, Marcel Mauri, ha vuelto a denunciar la acción «represiva» del Estado y le preguntó al juez Pablo Llarena: «¿Dónde has visto la violencia? ¿Cómo os atrevéis acusarnos de violentos? Cuántas amenazas y mentiras «. Mauri ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas, pero también de la sociedad civil. «Tenemos que recuperar la unidad, y esto implica generosidad. Su represión sólo puede vencerse con nuestra unidad. Dejamos los reproches y de señalarnos unos a otros».
Agustí Alcoberro, vicepresidente del ANC, ha rechazado frontalmente el encarcelamiento hoy de cinco dirigentes independentistas más y ha denunciado que «los procesos judiciales españoles pretenden acabar con personas dignas, pretenden humillarlos y, con ellos, humillar todo un pueblo. todo Cataluña es una inmensa prisión «. El acto en plaza Catalunya ha acabado con los manifestantes alzando los carteles que han llevado hoy a la concentración que se podía leer «Unidos contra la represión» y con el canto de ‘Los segador
