El abogado Carlos Sánchez Almeidatiene una larga y reconocida trayectoria profesional en el ámbito de Internet y las nuevas tecnologías. Nos recibe en su despacho mientras prepara las alegaciones contra una denuncia del PP al agregador de noticias Menéame presentada ante la Junta Electoral de Málaga. Defensor de los derechos civiles en Internet, mantiene la vigencia de las reclamaciones surgidas a través del 15M y advierte de las posibles consecuencias para los derechos fundamentales si siguen adelante las reformas legislativas presentadas por el gobierno Rajoy.
Entrevista a Carlos Sánchez Almeida sobre derechos civiles en Internet
¿Se pueden perseguir de oficio los comentarios vertidos en Twitter? ¿El objetivo es la fiscalización de la actividad de los usuarios de las redes sociales?
La censura previa está prohibida por ley. Todo lo que sea una fiscalización de los contenidos y la realización de seguimientos indiscriminados de usuarios, entiendo que representa en sí mismo un acto ilícito. La ley de protección de datos prohíbe hacer ficheros con el único fin de recopilar datos relativos a la ideología. De la misma forma que era ilícito cuando lo hizo la Generalitat de Catalunya, a través del Cesicat, con la elaboración de listas negras de activistas sociales catalanes, entre las que, por cierto, nos incluyeron, seria también ilícito que ahora se hiciese así. Otra cosa seria que a raíz de un tuit en concreto, que pueda suponer una vulneración de derechos fundamentales, o un delito de opinión por sí mismo, se actúe, pero siempre sería a posteriori, y en cada caso en función del tipo de delito, por ejemplo, por injurias y calumnias no puede actuar de oficio la Guardia Civil, porque eso es un delito privado y sólo se puede actuar a partir de la denuncia del propio perjudicado.
¿Por qué esos detenidos por comentarios en Twitter?
Se trata de brigadas policiales que quieren ganar méritos. Son unidades, por lo general, con escasos medios que consiguen reconocimiento de sus superiores gracias a salir en medios de comunicación. Muchos policías y guardias civiles admiten, en privado, que la competencia entre estos dos cuerpos es de una rivalidad casi empresarial, como Coca Cola y Pepsi. Hay que conseguir vender producto, y la forma es conseguir titulares, con independencia de lo que suceda luego, si es que llega finalmente a juicio. Pero de momento, se consigue un efecto disuasorio. Se pretende intimidar a la población a través de esos titulares en los medios de comunicación.
Las denuncias por antisemitismo abarcan 17.500 comentarios. ¿Es viable una investigación tan amplia?
Cualquier denuncia que se presente en un juzgado debe ser investigada pero una denuncia masiva de este tipo es absurda, aunque los comentarios, como en este caso, sean vergonzosos e insultantes y digan muy poco de este país. El sentido a una denuncia de este tipo nos lo dará hasta que punto Twitter colaborara en la investigación. No es lo mismo la apología del terrorismo que los delitos de opinión, que, por ejemplo, en Estados Unidos están amparados por la primera enmienda y que rige de manera distinta a los límites impuestos por el artículo 20 de la Constitución española, y además ofrece unas garantías refrendadas por su Tribunal Supremo en casos como el de Larry Flint.
¿Les falta entonces a los políticos españoles una concepción abierta de la libertad de expresión?
Sí, y les sobra un sentido inquisitorial de su actividad.
¿Estas intervenciones del Estado ponen en riesgo los derechos fundamentales?
En este momento, estamos en un estado de excepción no declarado. La agresión contra los derechos fundamentales, ya bien preparada desde la última legislatura de Zapatero, se incrementó a partir del 15M y desde entonces, hemos entrado en una pendiente. Se atacan los derechos fundamentales, los cívicos, los sociales, el derecho a la sanidad, a la educación. Simultáneamente a los recortes, hay una actitud por parte del PP y de todos sus adláteres, porque no olvidemos que la clase social que da sustento al PP está enquistada en todos los órganos de la administración, incluyendo la de justicia. Es una ofensiva global contra todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. En especial, contra la libertad de expresión que es el vehículo esencial para ejercer todos los derechos. El PP está obcecado en controlar los medios de comunicación, a través de subvenciones, de publicidad institucional, de las presiones de la banca a la prensa, esta obsesión es extensible a Internet. La primera gran ley sobre Internet la aprueba el PP en 2002 y su primera intención es que para abrir una página web en España los usuarios tendrían que inscribirse en un registro especial. Otra medida prevista era el cierre de páginas sin intervención judicial, algo que también ocurre con la ley Sinde-Wert. Con independencia de quién gobierne, PP o PSOE, se ha ido endureciendo toda la legislación.
¿Por qué este endurecimiento? ¿Hay miedo a una posible movilización social o es simple ignorancia ante las posibilidades del medio?
Porque no pueden controlar Internet. Es su enemigo. Saben que es un medio distribuido donde no se pueden cortar cabezas de directores de diario. Tanto PP como PSOE quieren poner coto a la libertad y evitar actos como el 15M, que sin las redes no hubiese sido posible. Los dos partidos saben que un estallido así puede volver a pasar en cualquier momento y lo quieren evitar, no sólo controlando Internet y las redes sociales, sino también con otros medios legislativos, como por ejemplo, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal de Gallardón, con artículos como el 559 que criminaliza el apoyo a protestas o a la convocatoria de manifestaciones a través de Internet. Se pretende responsabilizar de posibles incidentes a cualquiera que anime una protesta o se solidarice con ella. Y de paso, se extiende la responsabilidad, por ejemplo, a los titulares de un cibercafé desde donde se haya conectado alguien que retuitee algo molesto.
¿La intención es penalizar cualquier protesta?
El objetivo es la crimininalización de cualquier tipo de resistencia social basado en redes telemáticas, pero no lo van a conseguir. La lucha va a ser feroz y va a haber muchas víctimas de la libertad de expresión, como se está viendo ya ahora con detenciones de tuiteros sin mediar denuncia previa. Se lanza una persecución para evitar la crítica, justo en medio de la campaña para las elecciones europeas. El anonimato no tiene ningún impacto. La ceguera de esta gente les impide comprender que un mensaje si sólo llega a 20 personas no tiene ninguna incidencia, lo que realmente tiene credibilidad es alguien que firma con nombre y apellidos y mantiene una cuenta con 20.000 seguidores, con lo que la difusión de sus mensajes se puede multiplicar por millones.
¿El PP sigue obsesionado con la movilización popular vivida tras los atentados del 11M?
Sí, es evidente. Esa es la prehistoria de lo qué vivimos ahora. En el 11M se dio una movilización telemática, los SMS llegaron a un montón de personas y fueron un factor que hizo que esas personas saliesen a la calle. La propia dinámica de la red, sin liderazgos, con personas capaces de influir a través de tuits, a eso es a lo que tiene miedo el PP, el PSOE y CiU, porque son lo mismo. El núcleo duro del sistema son esos dos grandes partidos y sus bisagras autonómicas y nacionalistas: CiU, UPN, PNV, etc. Con siglas diferentes defienden el mismo modelo económico y social. La demostración fue la modificación del artículo 135 de la Constitución que blinda el pago de la deuda y subordina cualquier derecho ciudadano al pago de los intereses de esa deuda.
¿Las reformas legales propuestas limitarán la libertad de expresión?
Van en un camino peor que la ley de prensa de Fraga, aún vigente y que debería derogarse ya, porque esta aún siendo una norma franquista y represora delimita claramente contra quién se puede actuar. En la ley de seguridad ciudadana y en el Código Penal se considera instigador a cualquiera. En este país no ha habido una revolución burguesa y llevamos 200 años gobernados por herederos de la Inquisición. Todos los partidos que han encarnado a la burguesía en este país, y que en este momento son PP y PSOE, funcionan bajo los postulados del Antiguo Régimen. Aquí hasta que no haya un salto revolucionario como hubo en Francia no se solucionará nada. Hay un peso enorme del caciquismo, como se ve claramente en el caso de Isabel Carrasco.
Pese a la directiva europea, se siguen denunciando las webs de enlaces de contenidos.
Ha habido una gran cantidad de sentencias que exculpan a las webs de enlaces, se han conseguido también sentencias del Tribunal Supremo en las que se establece que no hay responsabilidad por los contenidos almacenados, tal y como establecen la directiva europea y todos los tratados internacionales sobre libre expresión. Entiendo que hay un cuerpo de sentencias que impide la persecución de los enlazadores de contenidos, pero el problema es que hay mala fe y un ejercicio antisocial y se pretende equiparar a las webs que enlazan con los medios de comunicación tradicionales.
Este tipo de actuaciones no se llevan a cabo contra Google o Facebook, por citar sólo dos webs.
Ahí es donde vamos. De hecho, y por poner un ejemplo, Menéame es un intermediario como lo es Facebook o Twitter, con lo cual el régimen de responsabilidad que está establecido por una directiva comunitaria, y no por la ley de prensa, elimina la responsabilidad de los propietarios de la web y sólo se retira el contenido. Es una obsesión. El PP sabe que contra Twitter o Google no tiene nada que hacer con lo que ataca al más débil que, de hecho, es su política habitual.
¿Se están tomando iniciativas similares en Europa para controlar las redes sociales?
En Europa, así como en materia de propiedad intelectual en todos los países hay sus dimes y diretes, con una fuerte influencia de los lobbys. Pero lo que frena muchas iniciativas de estos lobbys son los derechos de privacidad de los usuarios y a la libertad de expresión. Desde luego, en Francia o Gran Bretaña sería inimaginable la aparición de leyes como las que propone el PP. El término free speech en Estados Unidos, en los países anglosajones, es sagrado. Hay una diferencia fundamental, las democracias avanzadas lo son porque decapitaron reyes en su momento. Para que España sea una democracia del estilo de estos países debería seguir algunos de sus pasos. La defensa de la libertad de expresión por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1996, que paró un intento de controlar Internet por parte de la administración Clinton, es inimaginable en España por la casta política y judicial que tenemos. Todos tienen, y es algo que no se debe olvidar, el mismo origen social, familias acomodadas de provincias que se pueden permitir pagarle a un hijo una carrera y una oposición, algo que no está al alcance de cualquiera. Ese goteo constante es lo que hace que esa casta caduca, provinciana, xenófoba y represora siga manteniendo altos cargos en las administraciones, en los registros civiles, de la propiedad, y sobre todo, en la administración de Justicia.
¿El seguimiento realizado por el Cesicat a activistas catalanes es un ejemplo de lo que puede venir?
En ese momento fue una innovación. En Cataluña, las élites políticas siempre han querido establecer una diferencia con Madrid en la forma de ejercer el poder, pero a la hora de la verdad sus innovaciones son igual de pedestres. El Cesicat integró a un grupo de hackers en la administración de la Generalitat y, con el furor de los conversos, comenzaron a rastrear la red en torno al primer aniversario del 15M. Se dio un seguimiento rastrero de la actividad pública de gente que no se escondía en ningún momento, con el objetivo de criminalizar el comportamiento en la red. El Cesicat era una institución pública puesta a servicio de fuerzas policiales y que no hacía lo que debía hacer, que es proteger la intimidad de los ciudadanos catalanes.
¿Estas actuaciones cómo se ven desde Europa?
La Unión Europea es políticamente inoperante, es una unión económica y financiera. Ya hemos visto en Polonia y en Hungría dónde y cómo acaban las llamadas al orden. También los retrocesos en materia de libertades públicas, y no hay una reacción contundente desde la Unión, reacción que si se produce cuando un país se desvía económicamente. La desviación política se acepta, pero si estallase una revolución social en cualquier país europeo, estoy convencido, que no sólo la UE intervendría, sino también la OTAN. Todo lo más que se consigue es a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia Europeo. Se anulan sentencias, a veces después de cumplir las penas, cosa que estoy convencido que ocurrirá con Arnaldo Otegi. Pasan tantos años que esa justicia se convierte en inoperante. Y lo que no hay es un liderazgo político en Europa que responda al sentido fundacional de la Unión Europea que es la protección de los derechos y libertades fundamentales.
¿Los políticos van por un lado y la ciudadanía por otro?
Los políticos han dejado de lado el liderazgo social y están representando otros intereses. La clase política está al servicio de la clase financiera. Esa es la realidad actual y frente a eso, la única alternativa es devolverle a la política su sentido real como expresión de la voluntad de los ciudadanos. En el caso español, no sólo no se defiende a los ciudadanos sino que se busca la represión. El Estado juega a ser Gran Hermano y a dividir.
En tu blog -Jaque Perpetuo- denuncias habitualmente la intromisión de lobbys en la actividad política y las recompensas que muchos políticos reciben de la élite financiera.
Se agradecen los servicios prestados, de la misma forma que Franco enviaba el telegrama con el motorista. Ahora, si se ha perdido el poder político siempre hay amigos en las empresas para acomodarte en el consejo de una eléctrica, concederte un premio literario o editarte un libro. El poder económico premia a sus servidores del poder político.
¿El problema que presenta Internet para el Estado es que no es tan controlable como la televisión?
La televisión es un medio de comunicación unidireccional. Se emite desde un nodo central rígidamente controlado, estructurado y jerarquizado. Está muy claro quién manda en las televisiones y lanza un mensaje que no se puede responder. La única forma de contestar el mensaje de la televisión hoy día es Twitter. Sin embargo, ya no sólo Internet, sino toda la confluencia de medios que se pueden usar en red permite una comunicación multidireccional. Todos somos capaces de emitir y de agrupar nodos distribuidos, que impiden decapitar la cadena de mando, porque sencillamente no existe, no hay jerarquía. El conflicto es entre un modelo de organización que viene del Antiguo Régimen y que es similar al Ejército o a la fábrica y entre un modelo descentralizado, no jerárquico y en forma de red.
¿La crisis económica y social actual es una expresión de ese conflicto?
Sí, pienso que sí, es una crisis surgida del conflicto entre dos modelos de sociedad. Estamos en los albores de una sociedad nueva, por ejemplo, la expansión de la telefonía móvil en África va a ser absolutamente revolucionaria. El ejemplo de la “primavera árabe”, de Turquía, de la misma España, de Venezuela, de Brasil, de ‘Occupy Wall Street’, nos permite comprobar cuáles son las potencialidades de las redes sociales y de esos modelos descentralizados, heterogéneos y con dinámicas propias. Son movimientos que crean nuevas formas de liderazgo, en el caso español, el ejemplo claro es Ada Colau, su forma de ejercer el liderazgo es completamente diferente a las tradicionales. Se puede permitir abandonarlo porque sabe que está dentro de un movimiento líquido, que su papel ahora es apartarse, quizás vuelva, pero nunca será la líder salvadora. Lo que se debe entender es que las nuevas formas de acción política se basan en cambios de actitud, en escuchar al colectivo, a los diferentes nodos que conforman ese colectivo.
¿Esa movilización en la red se traduce a acciones reales, en la calle?
El 15M está en ebullición permanente precisamente por eso, por su dinamismo. Está en las mareas, en la PAH…según las emergencias sociales que van surgiendo. Cuando llegue el verdadero momento del cambio político ya veremos qué pasa porque, en mi opinión, lo que vamos a vivir en estas elecciones es un error político, un infantilismo de los nuevos movimientos. Qué Podemos y el Partido X vayan por separado no hay quien lo entienda, lo mismo ocurre con Equo. Cuando estás compitiendo en la arena electoral no estás en la red, que es un mundo de abundancia. El voto se basa en una economía de la escasez, se juega con unas reglas que benefician a los dos partidos más votados, con lo que la fragmentación de partidos minoritarios no sirve de nada en un escenario general. Habría que hacer un frente amplio.
¿Es un problema de tácticas o de egos?
Se basan en egos y en métodos de funcionamiento que son del pasado. Es una forma errónea, esa personalización del líder… Hay que empezar a entender que los liderazgos deben ser completamente sustituibles. En ese sentido, que el Partido X presente a un perseguido como Hervé Falciani como cabeza de lista tiene su gracia, aunque creo que no han sido capaces de trasladar a la gente esa innovación. El hándicap fundamental de todo esto es que se debía haber contado con todas las bases del 15M y no sólo con una parte. Se deberían haber incluido las mareas, hay que tener la humildad de reconocer que solos no se cambian las cosas.
¿Habrá condenas por los casos de corrupción y malversación de fondos públicos que agitan la política española?
Tengo muy poca confianza en la justicia. El poder judicial como hijo de la burguesía que es responde a las alarmas sociales de la burguesía. Los principios fundamentales del derecho en España son “al amigo, el culo; al enemigo, por el culo; y al indiferente, la legislación vigente”. Esto es lo que hay. Tenemos jueces serios que cumplen con su trabajo, pero el problema es la rutina, el exceso de trabajo, las consecuencias sobre aquellos jueces que investigan por libre. Se ha instalado una supervivencia acomodaticia muy difícil de cambiar. Si a esto se añade la escasez de medios y que se investigan hechos que atañen al poder, que en última instancia puede remover al juez de su sillón porque tiene las herramientas para hacerlo, por si mismo o través del CGPJ. El juez Santiago Vidal lo dijo muy claro en una conferencia en el Ateneo de Madrid, los cambios en la justicia están sucediendo por la presión popular. Los jueces han de interpretar la ley de acuerdo a su tiempo. La única forma de que cambien es cambiar la realidad. Todo lo que no sea movilización social y política no comportará cambios. Es posible que sea condenado Bárcenas, pero que sea condenado el presidente del Partido Popular, que sea disuelto el partido lo veo muy difícil en estos momentos.
¿La administración de justicia tiene las manos atadas?
La justicia española no está dotada de los medios ni de las personas para llevar a cabo esta tarea. Si la justicia española tuviese los medios que tienen las justicias de otros países europeos, la mitad de los políticos españoles podrían acabar en la cárcel.
