El filme Ciutat Morta revisa un caso de probable corrupción policial contra miembros del colectivo okupa de Barcelona.
Hay noches en que más le valdría a uno quedarse tranquilo en casa. Algo así debe pensar Rodrigo Lanza, que el 4 de febrero de 2006 dio con sus pasos en la barcelonesa calle de Sant Pere Més Baix, rebasada la medianoche, cuando iba camino del metro acompañado por unos amigos. No solo se confabularon los hados contra su persona, quizá también la corrupción policial. El caso es que su vida iba a cambiar como resultado de una acusación presumiblemente falsa.
La calle de Sant Pere Més Baix (Baja de San Pedro) se encuentra en el cuadrante norte de la antigua ciudad medieval, en un barrio de retícula intrincada que la piqueta municipal ha esponjado en fecha todavía reciente. El número 55 distingue al caserón del marqués de Alós, un edificio de orígenes medievales que debe su semblanza actual a la reforma efectuada en el siglo XVIII, como recuerda una placa de su zaguán. En la actualidad, la mansión está ocupada por servicios municipales, pero entre 1935 y 1994 albergó el teatro de la Penya Cultural Barcelonesa, una entidad ciudadana que promovía las artes escénicas. Expropiado por el Ayuntamiento, el inmueble quedó abandonado durante años, hasta que en 2000 se convirtió en centro okupa, el rebautizado Primer Palau de la Pau (Primer Palacio de la Paz).
Un desalojo con tragedia
La madrugada del 4 de febrero de 2006, unidades de la Guardia Urbana (policía municipal) de Barcelona acudieron al lugar por quejas de los vecinos ante el gran ruido procedente del inmueble. Dentro se estaba celebrando un concierto, al que asistían más de medio millar de personas. El choque dialéctico entre jóvenes y policías se encrespó, dando paso al lanzamiento de objetos desde el tejado del centro okupa hacia la calle. Uno de los agentes desplazados, Juan José Salas Rodríguez, sufrió el impacto en la cabeza de un tiesto o una piedra (según las distintas versiones, pues nunca pudo aclararse la naturaleza del objeto). Ingresó en el hospital en estado de coma y sobrevivió con lesiones perennes; en la actualidad está tetraplégico y ha perdido el habla.
A partir de ese momento dio comienzo una batalla campal en la que se vieron envueltas centenares de personas que estaban dentro del caserón –y por tanto, potenciales culpables de la tragedia sufrida en carne propia por el agente de la Guardia Urbana–, pero también muchas otras presentes fuera del inmueble, en la calle, y por tanto ajenas a la agresión. Los tres detenidos que fueron acusados de intento de homicidio pertenecían al segundo grupo, el exterior; sus nombres eran Rodrigo Lanza (que iba hacia el metro, según sus declaraciones), Álex Cisternas y Juan Pintos. Los tres vestían según la estética punk y, para mayor sospecha, son de origen latinoamericano (chilenos los dos primeros, argentino el tercero, aunque todos poseen la nacionalidad española).
El proceso judicial
El primer juicio del caso se celebró en la Audiencia Provincial de Barcelona, en febrero de 2008.
Durante la vista resultaron decisivas las declaraciones de dos agentes de la Guardia Urbana, Víctor Bayona y Bakari Samyang, que afirmaron haber visto cómo los acusados lanzaban piedras contra el compañero herido. Los tres médicos forenses convocados por la defensa desmintieron este testimonio, al negar cualquier posibilidad de que el impacto sufrido por el agente fuera de tipo frontal; el golpe provino necesariamente de un lanzamiento lejano y desde lo alto, según sus conclusiones. Esta tesis fue respaldada por las declaraciones de los vecinos, varios de los cuales grabaron escenas del suceso, y convergía con un informe de los Mossos d’Esquadra (policía autonómica) que daba fe de buen número de tejas arrancadas de la cubierta del edificio. Cabe pensar, por tanto, que los dos guardias no dijeron la verdad, ora porque cometieron perjurio en sus declaraciones ora porque el marasmo del momento les indujo a confusión. Sin embargo, la jueza rechazó las pruebas de la defensa.
(Se da la circunstancia de que los agentes Bayona y Samyang fueron inhabilitados de sus funciones y condenados a dos años y tres meses de cárcel en octubre de 2011, por detención ilegal y torturas a una persona arrestada en una discoteca. Para desgracia de ambos, la noche de autos no se propasaron con un ciudadano de a pie, sino con el hijo de un diplomático extranjero.)
Durante el juicio, los tres encausados varones manifestaron haber sufrido malos tratos y torturas en los calabozos policiales, pero su denuncia no prosperó.
Las sentencias
Lanza –considerado autor material de la fatídica pedrada– fue condenado a cuatro años y medio de prisión por un delito de atentado y una falta de lesiones dolosas, y a otro año por el delito de lesiones imprudentes, además de verse obligado a pagar una indemnización millonaria. Cisternas y Pintos, a tres años y tres meses por un delito de atentado y una falta de lesiones dolosas, más una multa diaria de seis euros durante 40 días.
La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en julio de 2009. Presentado recurso ante el Tribunal Constitucional, esta corte aún no se ha pronunciado sobre el asunto.
El caso de Patricia Heras
Hubo una cuarta persona juzgada por los sucesos del 4F: Patricia Heras… que no fue detenida en el lugar de la trifulca, sino en el Hospital del Mar.
Heras regresaba a casa con un amigo, en bicicleta, cuando tuvieron un pequeño accidente que les supuso erosiones y heridas en la cabeza. Llamaron a la ambulancia y el personal de esta les recomendó acudir a las urgencias del Hospital del Mar. Allí se encontraron con varios okupas y policías heridos en la batalla del Primer Palau de la Pau. Para su desgracia, Patricia también vestía a la usanza alternativa. Uno de los agentes creyó reconocerla como participante en la algarada; es más, la acusó de haber lanzado una valla contra él y sus compañeros. Allí mismo fue detenida.
Cabe decir que todos los condenados mantuvieron siempre su inocencia, aunque una declaración de culpabilidad dentro de la prisión podría haberles reportado beneficios penitenciarios, pues se les habría considerado en “proceso de reinserción”. En la actualidad, ninguno de ellos sigue entre rejas. Tampoco Patricia Heras: condenada a tres años de cárcel, estuvo encarcelada seis meses y fue la única víctima mortal del suceso, pues se suicidó en 2011, durante un permiso penitenciario. La tortura psicológica a que se vio sometida por la falsa acusación quedó plasmada en su blog Poeta muerta.
Ciutat Morta
Todos estos hechos han sido reconstruidos y analizados en el filme Ciutat Morta, un trabajo videográfico de investigación de la productora Metromuster, con la colaboración de semanario La Directa y la Comisión Audiovisual del 15M de Barcelona, y costeado mediante micromecenazgo. Xavier Artigas y Xapo Ortega se encargaron de su realización, según guión de Jesús Rodríguez y Mariana Huidobro (madre de Rodrigo Lanza).
Con hábil trabazón de imágenes originales del suceso, entrevistas y reportaje, Ciutat Morta sostiene la tesis de que los cuatro jóvenes eran inocentes, por tratarse el caso 4F de un montaje policial, realizado con la complicidad imprescindible de las autoridades municipal y judicial. Dada la imposibilidad de capturar al verdadero responsable de las lesiones sufridas por el agente herido, se aplicaron medidas ejemplares contra chivos expiatorios, con el propósito de desprestigiar al conjunto del movimiento okupa y rebajar su entidad a la categoría de organización delincuencial.
Entre las personas que aparecen en el filme figura Gonzalo Boyé, abogado de Rodrigo Lanza, para quien «todos sabíamos que los policías estaban mintiendo. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que llevábamos toga», acusación no disimulada a la jueza que dictó condena contra los encausados.
Otra de las denuncias efectuadas en la película estriba en la desaparición y modificación de documentos oficiales, circunstancia que sobrepasa la mera inculpación a unos policías quizá mentirosos, para presumiblemente implicar a la estructura administrativa y de mandos de la Guardia Urbana de Barcelona.
Como conclusión podrían servir las palabras de Rodrigo Lanza que abren el documental: «No sé si hay justicia y cada vez sé menos qué es la justicia. Pero tengo claro que no está en los juzgados”.
Ciutat Morta ha sido galardonada con los premios del Festival de Cine independiente de Madrid (PNR), en la categoría de largometraje, Premio del Jurado Joven y Premio de la Crítica; el premio del Público Caracola-Alcances en la 46ª edición del Festival Alcances de Cádiz; y la Biznaga de Plata al mejor documental del Festival de Málaga de 2014. Además, recibió la Mención Honorífica del Festival Internacional Miradas Doc de 2013 (Uruguay). También fue presentada en el Festival Internacional de San Sebastián de 2014 y en la sección especial del Docs Barcelona, entre otros certámenes.
