La huelga de controladores aéreos en España provoca por primera vez en democracia el decreto del estado de alarma. Miles de personas en tierra sin poder viajar a sus destinos. Todavía no se han podido calcular las pérdidas millonarias de este caos. La tensión entre controladores aéros y gobierno aún no ha terminado.

Después de casi un año de negociaciones, el viernes 3 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 13-2010, por el cual se establecen las nuevas condiciones de los servicios aeroportuarios, incluyendo aquí las nuevas directrices laborales para los controladores aéreos. Este fue, sin duda, el desencadenante de un conflicto sin precedentes en nuestro país, que ha dejado durante casi 24 horas nuestros cielos libres de la circulación de aviones y que todavía no ha llegado a resolverse completamente.

El inicio de la huelga de controladores aéreos encubierta comenzó el mismo viernes en el aeropuerto de Santiago de Compostela, donde los controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo a lo largo de la mañana, algunos alegando motivos de salud y otros directamente sin dar ninguna justificación. Rápidamente las ausencias a los puestos de trabajo se contagiaron a otras ciudades hasta forzar el cierre del espacio aéreo español. A partir de las cinco de la tarde todos los aeropuertos empezaron a colapsarse de pasajeros esperando en tierra y otros que tuvieron que bajarse de los aviones en el último momento.

Una hora después del inicio de la huelga de controladores aéreos, sobre las seis, el Ministro José Blanco convocó un gabinete de crisis en el Ministerio de Fomento, al que se incorporaron a lo largo de la tarde la Ministra de Defensa Carme Chacón y el Vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. Mientras tanto, los pasajeros se iban agolpando en interminables filas en los aeropuertos, donde reinaba la falta de información y el nerviosismo. AENA empezó a advertir a los controladores aéreos que estaban infringiendo el artículo 409 del código penal por el cual se castiga el abandono ilegal de un servicio público, pero éstos hicieron caso omiso de las amenazas. A las 8 de la tarde quedó cerrado todo el espacio aéreo español.

A partir de ese momento se empezó a plantear desde el gabinete de crisis la militarización de los aeropuertos para reestablecer el tráfico aéreo pero para entonces el caos en las terminales ya era incontrolable. AENA intentó advertir a los usuarios de que no acudieran a los aeropuertos pero las vías de información eran inexistentes, ni la agencia ni las compañías de vuelo fueron capaces de informar y menos de dar una solución viable a todas las personas que se habían quedado en tierra ante la huelga de controladores aéreos.

Pasaron las horas y el desconcierto y la crispación hicieron mella tanto en los viajeros como en el personal de los aeropuertos. Más tarde, en el siguiente turno, correspondiente a las 10 de la noche, los controladores aéreos acudieron a sus puestos de trabajo pero se negaron a firmar las hojas que certificaban su presencia, de manera que no podían ejercer su responsabilidad.

Diferentes medios apuntaron a que desde la Fiscalía del Estado ya se estudiaba el abrir expedientes a todos aquellos controladores que se habían ausentado de sus puestos para imponerles sus correspondientes sanciones por un posible delito de sedición (con penas de entre 8 y 10 años de cárcel).

A las 11:30 de la noche se produjo la comparecencia de Rubalcaba en la que hizo las siguientes declaraciones: vistas las circunstancias extraordinarias provocadas por los controladores de tráfico aéreo se ha procedido conforme a la constitución y la legislación vigente a activar los mecanismos correspondientes para estos casos. El jefe del estado mayor del ejército tomará las funciones de supervisión, control y planificación hasta que se estabilice la situación y exigirá la comparecencia de los controladores civiles.

De esta manera, el personal civil quedó a las órdenes de la autoridad militar y se vio obligado a reestablecer el servicio público bajo la amenaza de incurrir en delito de sedición y delito contra las órdenes directas del Estado Mayor, así como delito por la perturbación de un servicio público. Adicionalmente la Fiscalía anunció que empezaría a tomar declaraciones a partir del día siguiente a los controladores que hubieran abandonado sus puestos de trabajo.

Fue a partir de entonces cuando muy poco a poco se empezó a recuperar la actividad de los aeropuertos, dando prioridad a los aterrizajes y al despegue de algunos vuelos mercantiles. El aeropuerto del Prat comenzó a funcionar de nuevo a las 00h aproximadamente, en cambio Barajas fue de los últimos en reestablecer el control. Iberia anunció también a media noche que reanudaría los vuelos a partir del sábado a las 11 de la mañana, dando prioridad a las salidas del aeropuerto de barajas.

El gabinete de crisis permaneció reunido toda la madrugada pero las negociaciones con los controladores aéreos se hicieron inviables alrededor de las 4:30h, por lo que a las 9 de la mañana un Consejo de Ministros extraordinario declaró el estado de alarma.

Al fin, el espacio aéreo fue reabierto el sábado al mediodía. Entre las 3 y las 4 de la tarde se reincorporaron la mayoría de controladores a sus puestos de trabajo dando por finalizada la huelga de controladores aéreos. En total fueron cancelados más de 2800 vuelos en todo el Estado español y unas 330.000 personas se quedaron sin poder viajar. Pese a la rehabilitación de los servicios, se cree que pasaran varios días hasta que se recupere del todo la normalidad y aun no se ha podido hacer un cálculo preciso de las pérdidas que va a suponer el paro de los controladores.

El estado de alarma

Por primera vez se decreta el estado de alarma en España después de la dictadura. Éste fue publicado en el BOE de forma extraordinaria el mismo sábado y con validez de 15 días. Después de este plazo, la prolongación del estado de alarma debe someterse a votación en el Congreso de los Diputados. El gobierno ha blindado jurídicamente esta decisión y puede tomar decisiones extraordinarias sobre la circulación de personas en el Estado. Los controladores pasan a ser considerados personal militar y quedan bajo las órdenes del ejército. Si no acuden a su puesto de trabajo pueden incurrir en un delito de desobediencia contra la autoridad militar.

La huelga de controladores aéreos afecta a todos

Mariano Rajoy fue otro de los afectados. El líder de la oposición quedó atrapado en el aeropuerto de Lanzarote el viernes por la tarde. Rajoy declaró que el problema de los controladores lo tiene que resolver el gobierno y que la imagen que estaba dando España era vergonzosa.

Enfrentamiento directo entre controladores aéreos y pasajeros

Los controladores aéreos del aeropuerto de Barajas, una vez abandonados sus puestos de trabajo decidieron reunirse en el hotel Auditórium, cercano a la terminal. Un grupo bastante numeroso de pasajeros decidió dirigirse allí cuando supieron de su ubicación. Se produjeron momentos de mucha tensión y finalmente la policía tuvo que escoltar uno a uno a los controladores para evitar cualquier tipo de agresión, lo que tampoco impidió que los viajeros que allí se encontraban les dirigieran toda clase de insultos.

Pocas alternativas ante el caos

A medida que pasaba la noche del viernes al sábado miles de pasajeros intentaban buscar otros medios de transporte que les permitieran llegar a sus destinos. Las alternativas de tren y autobuses no fueron suficientes. Los billetes se fueron agotando rápidamente entre el viernes por la tarde y el sábado. Las compañías de alquiler de coches también están viendo como durante estos días aumenta la demanda. RENFE habilita más de 9000 plazas extra para estos días.

Ni todos moros ni todos cristianos

La crisis provocada por los controladores aéreos a lo largo de estos cuatro días ha puesto a un país entero en alerta. No es necesario decir que la noticia ha dado la vuelta al mundo y sin duda no habrá contribuido demasiado a mejorar la imagen de España, por no hablar de las pérdidas millonarias que ha generado.

Todo el conjunto de los medios de comunicación y la sociedad han atacado de forma indeliberada a los controladores sin cuestionar en ningún momento el papel de AENA y el Gobierno en todo este conflicto. Es evidente que la actitud de los controladores no es justificable bajo ningún concepto, pero siempre es recomendable intentar adoptar diferentes puntos de vista para comprender una problemática, y más cuando hablamos de unos empleados que manejan las vidas de cientos de miles de personas cada día.

Si bien el organizar una huelga encubierta que ha perjudicado a tantas personas en tan poco tiempo no es la mejor manera de reivindicar unos derechos, que el Consejo de Ministros apruebe un Decreto Ley sobre las condiciones laborales de este colectivo el día antes del inicio de un puente, tampoco da muestras de un gran sentido común por parte del ejecutivo.

Tal y como reconoció el mismo José Blanco, el gobierno no se esperaba una huelga tan salvaje aunque preveía que la aplicación del decreto podría tener repercusiones importantes. No solo esté hecho, ya de por sí decisivo, puede llevar a plantear una mirada crítica sobre todo lo sucedido. Entran en juego otras cuestiones como por ejemplo la privatización de la gestión de los aeropuertos, la finalización de un año de negociaciones sobre condiciones laborales con la aprobación de un Decreto, o el uso de un arma de doble filo como es el estado de alarma que tiene unas implicaciones estratégicas de enorme magnitud pero que a nadie parece preocuparle demasiado.

De momento parece que el gobierno ha ganado el pulso, pero realmente cabe plantearse como va a funcionar a partir de estos acontecimientos la seguridad aérea española y si éste solo será el principio de una larga cadena de conflictos.