Hace ya cinco años que se inició la guerra en Siria y millones de personas tuvieron que huir de su país para sobrevivir en Europa. Una situación -que junto a otras crisis humanitarias alrededor del mundo- ha hecho responsable a los europeos de la vida de hombres, mujeres y niños que solicitan ayuda diariamente. Y, ¿cómo han reaccionado las administraciones? Su respuesta deja mucho que desear según la coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña, Adriana Ribas.
– ¿Cuál es la diferencia legal entre un inmigrante, un refugiado y un solicitante de asilo?
Un inmigrante es alguien que cambia de país, por el motivo que sea, y un refugiado -en cambio- huye de un conflicto armado, de la violencia y la persecución. Solicitante de asilo es aquel que se acoge al derecho internacional para vivir en un país seguro: entre los refugiados, hay personas que solicitan asilo y otras que no.
– Una de las críticas al acuerdo entre la UE y Turquía es el hecho de que no se garantiza que todas las personas que llegan a suelo europeo sean informadas de su derecho a solicitar asilo. ¿Cuál es el procedimiento?
Lo primero es garantizar este derecho. Una vez informada, la persona debe explicar porque es perseguida -además de huir de un conflicto-, y no puede volver a su país de orígen. Se lleva a cabo un procedimiento en que las autoridades del país donde se solicita el asilo verifican si es necesaria la protección internacional.
– ¿Los refugiados que llegan a las costas europeas deberían tenerlo asegurado?
Sí, se trata de población civil atrapada en un conflicto armado. Y es que -además- una de las tendencias que hemos identificado en lo que se refiere a violación de derechos humanos es que, a nivel internacional, los conflictos cada vez atrapan más civiles. El papel de los grupos armados se ha radicalizado y esto expone a la población al contexto bélico.
– Aunque la de Siria representa la mayor crisis de refugiados actual, no es la única.
A nivel global, vivimos la peor crisis desde la II Guerra Mundial: hay más de 50 millones de personas refugiadas. En el caso de Siria, cuatro millones de ciudadanos han huído a otros países, pero también es importante recordar los siete millones de desplazados internos. Se trata de una situación cruenta con cifras impresionantes y que ya dura cinco años, pero no la única: de hecho, Amnistía Internacional prevé una campaña global sobre personas en movimiento.
– Nadie debería poner en juego su vida en un viaje para obtener una protección a la que tiene derecho. ¿Cómo evitar que esto ocurra?
Los estados crean fronteras en lugar de garantizar que estas personas puedan acceder a un lugar seguro y -sobretodo, después del gran número de muertes en el Mediterráneo- deberían existir vías legales y seguras. La experiencia nos ha demostrado que cerrar una ruta abre otra -no supone el fin del flujo migratorio- y vallar las fronteras terrestres lleva a emprender caminos mucho más peligrosos, como los marítimos. Nadie que huye de la guerra debería tener la necesidad de saltar una valla o subir a una barca para que no le intercepte la policía.
-¿Cuales son estas vías legales y seguras?
Corredores humanitarios, sobretodo en casos como el de Siria o Eritrea, que padecen una situación de pobreza extrema. Es primordial que estas personas puedan llegar a países seguros y garantizar su reasentamiento, que no tiene porque darse donde soliciten asilo: si llegas a España por vía marítima pero tienes familia en Alemania, tienes que poder realizar este salto entre países.
– A día de hoy, no está pasando…
Se está haciendo con muchas dificultades. El sistema de asilo está bloqueado por el volumen de peticiones que llegan y -en los campos de refugiados griegos- las autoridades no tienen capacidad para gestionarlas: otros países han empezado a mandar apoyo, pero es mucho menor al que la realidad pide. Una de nuestras principales preocupaciones del acuerdo entre la UE y Turquía es que -aparte de considerar Turquía un país seguro, cosa que Amnistía Internacional niega con investigaciones que demuestran que viola el derecho internacional, la legislación europea y la suya propia- se pone en marcha de una forma tan rápida y poco preparada (sin la logística necesaria) que ha colapsado el sistema. Y las respuestas tienen que llegar en un tiempo prudente para que los refugiados puedan ejecutar sus derechos.
– La situación de indefinición legal de estas personas -además de las condiciones después del acuerdo con Turquía- han convertido los campos de refugiados europeos en prisiones.
Amnistía Internacional envió una misión a Kios y Lesbos y uno de los testimonios que recogimos nos dijo que había huido de Siria para no entrar en una cárcel y -en Europa- se había encontrado con una. Por un tema de supuesta seguridad y burocracia interna, hay campos que se han convertido en prisiones para personas que solicitan protección.
– La UE, entonces, ¿no cumple las leyes?
No. En primer lugar, ha firmado un acuerdo -que implica un mercadeo de personas- con un país que vulnera el derecho internacional: Amnistía Internacional documentó el mes de marzo la devolución desde Turquía de 30 afganos que podían ser perseguidos por grupos armados en su país; en abril, documentamos devoluciones forzadas diarias de cientos de personas desde el mes de enero, devoluciones de menores sin acompañantes o el caso de una mujer embarazada de ocho mesos devuelta a Siria.
– Pero Turquía no es el único país que realiza devoluciones en caliente…
Amnistía Internacional también ha denunciado en las fronteras de Ceuta y Melilla estas devoluciones en grupo que vulneran el derecho a solicitar asilo. Es por eso que Turquía no puede considerarse un país seguro por norma general -porque no se analizan individualmente los casos- y para una persona puede serlo, pero para otra no: puede que alguien huya de una situación en un país que -en el territorio que lo acoge- no se considere un elemento que pueda suponer persecución; o a la inversa, que su vida siga corriendo peligro. Ningún país puede considerarse seguro por definición genérica, y más teniendo en cuenta que las personas refugiadas presentan características muy diferentes.
– ¿No existe un patrón común?
Algunos. En el campo de Lesbos y Kios, nos sorprendió el gran número de mujeres que había y decidimos seguir de cerca el doble riesgo de ser refugiada y mujer (por el peligro de ser víctima de explotación sexual, acoso, etc.). Fue entonces cuando detectamos que -en muchos casos- los cabeza de familia son mujeres viudas, con los maridos presos, aún en Siria o desaparecidos. Por otro lado, hemos documentado cifras muy altas de menores, personas discapacitadas y con enfermedades graves; personas en situaciones muy diferentes. Y las diferencias deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar políticas de protección.
– Sobretodo, porque existen personas más vulnerables a la explotación y los abusos de quienes se dedican a la trata y al tráfico ilícito de personas.
Cerrar fronteras está promoviendo la aparición de mafias: a día de hoy, se pagan unos 1.000 dólares americanos para acceder a Turquía desde Siria. Los primeros cuatro años de conflicto, Turquía tuvo una política bastante abierta en materia de refugiados, pero recientemente los hemos visto cerrar la frontera terrestre -con excepciones para las personas con enfermedades graves-, incrementar los requisitos para el visado de los sirios que llegan por aire y nos consta que han disparado a personas que intentaban entrar al país por via terrestre.
– España debía acoger 17.000 refugiados y han llegado menos de una veintena. ¿Cómo actuar a partir de estas cifras?
Mediante la campaña ‘Yo acojo’, Amnistía Internacional pide al gobierno español que amplíe las plazas de reasentamiento para personas refugiadas y haga un esfuerzo realista respecto a las cifras: con cuatro millones de personas que han huido de la guerra de Siria, acoger a uno o dos centenares no es proporcional con la realidad. En este sentido, el valor que ha tenido la movilización ciudadana y diversos ayuntamientos para exigir responsabilidad al gobierno central -poniendo a disposición plazas de reasentamiento- ha ayudado a aumentar la presión. Pero España aún tiene mucho trabajo por delante y debe cumplir con sus responsabilidades en esta crisis internacional.
– Ya vamos tarde… ¿Cómo obligamos a los gobiernos a cumplir los plazos?
La UE habla de la posibilidad de multar aquellos que incumplan con sus acuerdos, aunque muchos estados no han acogido la propuesta con entusiasmo.
– En casos como el de Alemania, hemos visto dificultades en la integración de los refugiados. Una vez alguien es reasentado, empieza el trabajo de acogida.
Amnistía Internacional trabaja con las autoridades para que la acogida se lleve a cabo de acuerdo con la legislación internacional y se garantice una vida digna, porque esto tiene una incidencia muy clara en posibles factores de discriminación o xenofobia. Además, es una cuestión clave para garantizar la buena convivencia con los autóctonos.
– ¿Cómo debe llevarse a cabo?
El derecho internacional establece una serie de criterios: desde la tramitación burocrática -garantizar que una persona no está en una situación de indefinición jurídica- hasta la integración en el mundo laboral, el derecho a la educación del menor, la acogida en pisos o la garantia de privacidad de una família o grupo de personas (esta es una de las cuestiones que se denuncia en los campos de refugiados, la falta de un espacio de intimidad familiar). En definitiva, garantizar que puedan ejercer todos sus derechos igual que cualquier ciudadano documentado.
– También existe un riesgo de rechazo por parte de la población…
Las autoridades tienen la obligación de no difundir un discurso que criminalice a los refugiados e incite al odio y al racismo y -además- de facilitar la convivencia y erradicar prácticas discriminatorias respecto a los colectivos más vulnerables.
– ¿Afecta el trato europeo hacia las generaciones más jóvenes de refugiados en la manera en que actuarán en un futuro?
Las políticas de seguridad nunca serán seguras si no van de la mano de los derechos humanos y el derecho internacional: sino, hablamos de un ‘ojo por ojo, diente por diente’ a gran escala. ¿Dónde nos ha llevado la guerra contra el terror de la era Bush? Además, hemos identificado una nueva tendencia: hasta ahora, todos los estados violaban derechos humanos, pero ahora ha empezado un ataque a instituciones destinadas a protegerlos. Un ataque a las Naciones Unidas -ignoradas, no financiadas o abandonadas- o organismos regionales como la UE.
– ¿En qué sentido se ha abandonando la ONU?
Muchos estados aplican políticas de interés propio, muchas veces fruto del miedo al terrorismo o los grupos armados. Y esto les interesa a aquellos que cometen violaciones de derechos humanos: en España, cuando trabajábamos sobre derechos sexuales y reproductivos, queríamos ser influyentes para garantizarlos en Nicaragua, pero aquí había un proyecto de ley sobre el aborto que significaba un paso atrás en protección de derechos. Esto pasa en el marco de los organismos internacionales: ¿como los legitimas si tu mismo vulneras derechos?
Las Naciones Unidas viven una situación de bloqueo y -cuando, el 2017- se escoja su nuevo secretario general, debe darse la vuelta a la organización: para tener un papel fuerte, el veto del consejo de seguridad para situaciones de atrocidades como las que se están viviendo en Siria debería no poder utilizarse. Una ONU fuerte facilitaría la gestión de la crisis.
– ¿Cómo se explica el auge de la extrema derecha en Europa? ¿Es la crisis de refugiados un factor influyente?
No me atrevería a decir si han coincidido en el tiempo -seguramente, se han retroalimentado-, pero confiamos en que las organizaciones de la sociedad civil, las personas concienciadas y las autoridades -que son las verdaderamente responsables de garantizar una paz social- puedan evitar que este auge llegue a España.
– Esta crisis, ¿se trataría de otra manera si los afectados fueran cristianos? ¿Es una cuestión de discriminación religiosa?
El factor añadido de la islamofobia puede generar un plus al conflicto: los derechos humanos están interrelacionados y la vulneración de uno -a menudo- comporta la de otros. Las políticas de seguridad contra el terrorismo van vinculadas a sentimientos xenófobos, discriminatorios o racistas por parte de las autoridades y la sociedad que criminaliza aquellos que no son como ellos.
– La política antimigratoria se ha extendido por todo el mundo y uno de los casos más populares es el de Donald Trump y su valla en la frontera americana con México. ¿Qué hacer para pararlo?
Los discursos populistas sobre inmigración son una de las cuestiones clave en las fases electorales en todos los países del mundo, en España también. Con personas como Donald Trump, que utilizan discursos xenófobos y racistas, siempre insistiremos en lo ilegal y las vulneraciones de derechos humanos que suponen. De toda manera, tendremos que ver como acaban estas promesas electorales.
– ¿Debe implicarse Estados Unidos en la acogida de refugiados?
En 2012, Amnistía Internacional lanzó una campaña de ámbito europeo y – una vez la crisis de refugiados se ha visibilizado- nos planteamos actuaciones internacionales. En septiembre, lanzaremos una campaña global de prioridad máxima para todas las Amnistías que durarà dos años. Todos los estados deben implicarse con la crisis de refugiados mundial, corresponsabilizarse.
– Las razones por las cuales las personas migran son diversas y a menudo complejas. Hay algunas que se trasladan a otros países para mejorar su situación económica o continuar su educación… ¿Debe actuar también Amnistía Internacional en estos casos?
Como Amnistía Internacional, nos fijamos en personas que ven sus derechos vulnerados respecto al derecho internacional y -en este sentido- los refugiados son un colectivo especialmente vulnerable. En el caso de inmigrantes económicos o de cualquier otro tipo, insistimos en protegerlos de una discriminación que, en el caso de España, es real.
– ¿Qué dicen la Constitución española y la Ley de Extranjería acerca de los derechos y libertades de los inmigrantes? ¿Ha habido cambios legislativos a raíz de la crisis de refugiados?
Antes del inicio de la crisis de refugiados -a raíz de los casos del Tarajal y la frontera Sur- España legalizó las devoluciones en caliente, sumarias o colectivas, aunque vulneran el derecho internacional y el de la UE: das por hecho que las personas que llegan a España son inmigrantes, pero deben tener la opción de declararse solicitantes de asilo. Y aunque en 2016 no se hayan documentado, no quiere decir que no se estén haciendo.
– Y las medidas de España para evitar la llegada de inmigrantes, ¿son legales?
Las concertinas, el foso entre las vallas o las puertas intermedias -cuando sirven para las devoluciones en caliente- no pueden tolerarse. Cuando pisas suelo español, deben llevarte a un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), donde deberías estar sólo temporalmente y recibir asistencia médica y jurídica con la que se te informe sobre tus derechos para que puedas tomar una decisión. Pero los CETI de Ceuta y Melilla están sobrepoblados, no están dando respuesta a las necesidades de los inmigrantes y las condiciones son pésimas. No tienes porque estar en una cárcel: no tener documentación es un tema administrativo, no penal, y no se te puede retener.
– También existe un acuerdo de cooperación entre la policía española y la de Marruecos, un país que viola los derechos humanos en varios aspectos.
Se trata de un microacuerdo UE-Turquía: externalizar tus fronteras con un país que incumple el derecho internacional. Amnistía Internacional ha documentado en Marruecos tortura bajo detención policial y España pacta un acuerdo de contención, que hará de barrera vulnerando derechos humanos: es ilegítimo e ilegal, y -o esto también forma parte de tu política- o no deberíamos hacerlo. Que España coopere con Marruecos pone en evidencia que ambos tienen una política de violación de derechos humanos en la contención fronteriza.
– ¿Es cuestión de colores y partidos políticos?
No, hace años que España mantiene el acuerdo, aunque la política migratoria cambia en cualquier país dependiendo de los gobiernos.
– ¿Son cómplices, entonces, las fuerzas de seguridad en las fronteras?
Hemos documentado uso excesivo de la fuerza o, incluso, de material antidisturbios en las fronteras españolas -y de otros países- por parte de los cuerpos policiales: esto ha de ser el último mecanismo a utilizar y siempre en condiciones de proporcionalidad y necesidad. Todos los cuerpos policiales reciben formación sobre cómo realizar cargas y -si después de una evaluación con todas las garantías- se prueba que se ha hecho mal, deben existir mecanismos de rendición de cuentas: si es un tema de protocolo ha de actualizarse y, en caso que sea una mala práctica de un agente, éste debe enfrentarse a una sanción administrativa o penal.
– Recientemente, se ha hecho pública la sentencia del caso Benítez: los Mossos admiten patadas, puñetazos y 28 lesiones.
Todavía no tenemos una respuesta al respecto, pero siempre lanzamos una pregunta en casos similares. Una vez finalizado el procedimiento judicial, ¿Interior quiere éste tipo de gente en el cuerpo policial? Esto es independiente de lo judicial.
– ¿La forma en que los medios de comunicación presentan las cuestiones relacionadas con la migración tiene un impacto en cómo la gente recibe a las personas refugiadas?
Por definición, su papel es clave. Es importantísimo que traten cuestiones de derechos humanos: aunque el enfoque puede condicionar mucho la opinión pública, visibilizar esto ayuda a generalizar una crítica. Poner el tema en la agenda contribuye a nuestro trabajo de incidencia política en las autoridades, los hemos forzado a movilizarse por la crisis de refugiados: al principio, no la veían como algo que les afectase, pero hoy mucha gente entiende que la inmigración es un tema de derechos humanos. Los atentados de París o Bruselas visibilizaron el horror que se vive en Siria diariamente.
– ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Debería Europa intervenir en los conflictos bélicos?
No podemos dar un sí a todas las intervenciones, pero tampoco un no. Es un tema a tratar caso por caso: saber cual es la situación real, que partes están implicadas, cual seria el papel de Europa, qué impacto que tendría. Pero si la actitud de las autoridades no cambia, sin duda la crisis de refugiados irá a más.
