La corrupción que más se sufre es la urbanística, un fenómeno que afecta gravemente al desarrollo y planificación de las ciudades, generando importantes costes sociales y económicos. Este tipo de corrupción suele manifestarse a través de decisiones administrativas que favorecen intereses privados sobre el bien común, afectando la confianza pública en las instituciones.
Algunos de los efectos negativos de la corrupción urbanística incluyen:
- Daño a la legitimidad y credibilidad de las instituciones políticas y burocráticas.
- Resultados espaciales, sociales y económicos injustos, especialmente para grupos desfavorecidos y marginados.
- Mayor degradación ambiental y uso peligroso del suelo.
- Disminución de la eficiencia de las administraciones.
La corrupción en este ámbito suele estar impulsada por la especulación inmobiliaria urbana. A medida que los bienes raíces se han convertido en el mayor depósito de riqueza mundial, también se han vuelto una herramienta clave para el lavado de dinero y el fraude fiscal. Los intereses comerciales en grandes ganancias inesperadas pueden inducir a los profesionales de la planificación a tomar decisiones contra el interés público que están obligados a proteger.
Las decisiones de planificación tienen repercusiones a corto plazo e implicaciones a largo plazo para las comunidades, empresas y entornos socioecológicos. Sin embargo, parece haber una falta de rendición de cuentas en el sector de la planificación urbana, a pesar de que afecta desproporcionadamente, a las personas vulnerables y los grupos marginados, exacerbando aún más la desigualdad y arraigando la pobreza. Los casos existentes sugieren que Cataluña efectivamente enfrenta serios problemas de corrupción institucional.
En 2022 se condenó a varios implicados en una trama de corrupción para la concesión irregular de licencias de apartamentos turísticos en el distrito de Ciutat Vella (Barcelona). La fiscalía de Girona abrió más de 70 investigaciones por corrupción urbanística y otros delitos cometidos por políticos y funcionarios desde 2014. Específicamente, 11 casos involucraban a alcaldes y concejales por corrupción urbanística.
En Tarragona se produjo un caso similar relacionado con el centro comercial Parc Central. El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, está siendo juzgado junto a otros dos acusados por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en relación con la tramitación del proyecto del centro comercial Parc Central.
Incluso en ciudades más pequeñas existen conflictos de esta índole como el relacionado con la rehabilitación de un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) en la ciudad de Valls (Tarragona). El Ayuntamiento de Valls parece ser que emitió una orden de ejecución para que la comunidad de propietarios realizara obras de rehabilitación en la cubierta de un edificio. Los administradores del inmueble no notificaron bien la realización de las obras a los propietarios. Este hecho generó diversas denuncias por parte de algunos propietarios por daños en propiedades privadas contiguas y por la falta de medidas de seguridad entre otros. La situación se complicó cuando un detective vinculado en la ciudad descubrió un posible conflicto de intereses e incompatibilidades debido al comportamiento inicial del consistorio. Se identificó una conexión entre un político local de Junts per Catalunya, partido gobernante en Valls, y una de las empresas encargadas del proyecto.
Aparentemente, el político había vendido sus participaciones en dicha empresa en 2021. Se pudo comprobar por parte de Revista Rambla que la venta aparecía en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) pero las participaciones no aparecían en los bienes personales en la web de Transparencia. La entrada en el cargo público había sido en el año 2019 dentro la resolución de alcaldía 289 del Ayuntamiento. Según la Ley de Transparencia en España, los cargos públicos deben presentar su Declaración de Bienes y Actividades. Esta obligación se establece en la Ley 19/2013 de transparencia y en artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Las declaraciones incluyen información sobre patrimonio inmobiliario, depósitos bancarios, ingresos y actividades que puedan generar conflictos de interés. Deben presentarse al inicio del mandato, anualmente y al finalizarlo.
Además, se sospecha que el presupuesto del proyecto se incrementó mediante requisitos técnicos adicionales impuestos en parte por el consistorio. Existe una incoación por parte de la Oficina Antifraude de Catalunya en Barcelona. Destacar que los hechos están supuestamente siendo investigados por Fiscalía General del Estado en Madrid. Existe la posibilidad de que existan entre otros delitos con cabida como prevaricación administrativa, el uso ilegítimo de información privilegiada, fraude, cohecho y tráfico de influencias. Cabe destacar que la anterior concejala de urbanismo de esta ciudad también tenía algunas sospechas de corrupción, según referencias periodísticas, también presuntos cobros de subvenciones a empresas familiares que presuntamente no fueron investigados.
Otro caso reseñado de corrupción fue en la Diputación de Lleida, conocido como “caso Boreas”, ha sido una investigación extensa y compleja que involucra a numerosos funcionarios y empresarios. Solo una de las piezas separadas llegará a juicio, implicando al exjefe de carreteras de la Generalitat en Lleida, para quien la fiscalía pide 12 años de prisión.
Según el informe de la Universidad de Gotemburgo apoyado por la Comisión Europea del año 2021: El Govern de Cataluña es percibido como el “peor y más corrupto” de España. Cataluña ocupa los últimos puestos en imparcialidad, calidad de servicios públicos y corrupción. Se trata del Índice de Calidad de los Gobiernos Subnacionales de la Unión Europea, un informe elaborado periódicamente por la Universidad de Gotemburgo con el apoyo de la Comisión Europea. Dirigido por los profesores Nicholas Charron, Víctor Lapuente y Monika Bauhr, evalúa la percepción ciudadana sobre los gobiernos regionales en tres aspectos principales:
- Imparcialidad.
- Corrupción.
- Calidad de los servicios públicos (específicamente en salud, educación y cumplimiento de la ley).
Es importante destacar que este índice se basan en la percepción ciudadana y no necesariamente en medidas objetivas de corrupción o eficiencia gubernamental.
Principales tipos de corrupción municipal:
- Malversación de fondos públicos.
- Fraude en contrataciones y licitaciones.
- Tráfico de influencias.
- Nepotismo.
- Uso indebido de bienes públicos.
- Sobornos para agilizar trámites o permisos.
Es fundamental la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la participación activa de la ciudadanía para lograr gobiernos locales más honestos y eficientes.
