La organización sindical CGT (Confederación General de Trabajadores) es uno de los sindicatos más rebeldes frente a cualquier conflicto laboral. Sus miembros acumulan centenares de procesos judiciales en otros tantos actos de rebeldía social y enfrentamiento contra situaciones laborales injustas y abusivas. Son habituales sus actos para informar de situaciones represivas, por parte de los estamentos judiciales y acudir a uno de ellos da como resultado una progresiva encolerización irrefrenable.
Nos hemos reunido con Álvaro Barreiro, miembro fundador de AST (Alternativa Sindical de Trabajador@s), que vino invitado para hablar sobre el encarcelamiento de Alfon, miembro de Bukaneros, organización antifascista de Vallecas (Madrid).
El trabajador español, o catalán, ahora que el debate sigue candente, del siglo XXi se caracteriza por un enconado interés en ser explotado. Los sucesivos gobiernos de PSOE y PP, desde la fatídica mayoría absoluta de José María Aznar allá por el año 2000, han ido mermando los derechos laborales como mejor han sabido, con la imprescindible connivencia de la CEOE y el poder judicial.
Cualquier motivo ha sido bueno, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria hacia finales del 2003 ha devenido la excusa perfecta para inflamar artificialmente una crisis económica, que no ha dejado de ser una estafa masiva, utilizada para justificar atroces políticas laborales y vergonzantes sumisiones por parte de trabajadores que se han visto superados por las circunstancias y han decidido, no siempre acertadamente, arrodillarse ante sus jefes y «tragar con todo«.
Sin embargo, aún quedan sindicalistas que no dudan en enfrentarse al orden establecido y, por ello, sufren consecuencias judiciales que no son publicitadas por medios generalistas, o, por el contrario, son explotadas para criminalizar todo movimiento obrero.
Ermengol Gassiot. Secretario General de CGT Catalunya y profesor de Arqueología de la UAB. Imputado por el «Caso UAB«, en que se produjeron ocupaciones del rectorado en 2012 y 2013. Se le acusa de coordinar una ocupación que duró cuatro semanas y que, según el rectorado, supuso pérdidas para la universidad de 400 mil euros.
La UAB se ha personado como acusación particular, lo que, para Gassiot, ejemplifica que «la universidad funciona como una institución más del Estado, en busca de eliminar cualquier disensión política«. Afirma que es una obviedad que cada vez más gente entra en prisión injustamente y se está buscando menguar la participación política y social de la ciudadanía, por lo que no descarta «intensificar las acciones directas, ante este clima represivo que criminaliza acciones pacíficas«. Afirma que existe represión hacia, en este caso, CGT «por el simple hecho de existir, ya que donde hay lucha, hay represión«.
Carles Hernández. Afiliado a CGT desde 2002, participa en un espacio socio-político llamado Trobada Alternativa de Nou Barris, distrito barcelonés donde fue detenido el 14 de noviembre de 2012, mientras volvía a casa, tras acudir a un piquete informativo en el barrio, que se saldó sin incidentes ni detenciones in situ.
Hernández pasó 48h en la Comisaría de Les Corts, en lugar de las 24h que son habituales y, para su sorpresa, pasó a disposición judicial ante la misma juez que llevó el caso 4-F (relatado en el aconsejable documental Ciutat Morta). Durante su declaración, Hernández tuvo que solicitar la corrección de la transcripción, ya que la juez convirtió su afirmación de que había participado en un piquete informativo en un reconocimiento de haber participado en una «manifestación ilegal«.
Aún así, a Carles se le imputaron tres delitos por daños, por poner en peligro la seguridad vial y por desórdenes públicos, para los cuales la fiscalía solicita 4 años de cárcel y 7600€ de multa. Una imputación a todas luces desproporcionada.
Saturnino Mercader. Conductor de autobús y delegado sindical, fue detenido a raíz de su participación en el piquete informativo en su empresa del distrito de Sant Andreu, durante la Huelga General del 29 de marzo de 2012.
Se le solicitan dos años de prisión por un supuesto delito de resistencia a la autoridad, al, presuntamente, intentar liberar a Roger Sánchez, vecino de Sant Andreu al que se le solicitan 6 años de prisión por su participación en la misma huelga, de los agentes que le habían detenido violentamente.
En el momento de los hechos, uno de los policías reconoció a Mercader y éste le recriminó no llevar el número de placa visible. La situación no fue a más, pero Saturnino recibió una llamada al día siguiente, por parte de los Mossos d’Esquadra, en la que se le instaba a presentarse en comisaría por haber sido denunciado. Ayuntamiento, Fiscalía y Generalitat formaban parte de la demanda presentada contra él.
El juicio se ha postergado debido a una instrucción, de tres años, que ha resultado incorrecta y que se ha de repetir.
Pedro Duque. Secretario General de CGT en Baix Penedès, en 2004, en que Expert, inició un ERE para despedir a 70 trabajadores fijos de plantilla y mantener 80 subcontratados por una Empresa de Trabajo Temporal.
Duque estaba presente en una asamblea informativa en la sede de la empresa para informar a los trabajadores sobre el avance de las negociaciones, cuando la Guardia Civil intervino, cargando violentamente contra los trabajadores y asistentes. Hubo numerosos heridos y cinco miembros de la CGT acudieron a denunciar los hechos ante la propia Guardia Civil.
Los cinco denunciantes coinciden exactamente con los cinco imputados por la Fiscalía tarraconense.
En 2010, el fiscal del caso recomendó el archivo de la causa contra los imputados, pero el caso está aún abierto gracias a las diligencias de un nuevo fiscal y la continuación de la instrucción por parte del propio juzgado, por lo que Duque se enfrenta a cargos de rebelión y no permitir el acceso al puesto de trabajo a la plantilla (a pesar de que se había pactado con Expert una jornada no laboral, para evitar conflictos), que le pueden suponer más de tres años de prisión. Los otros cuatro imputados, hoy ya padres y madres de familia se enfrentan cargos similares, con penas de prisión variables, pero que superan todas, también, los tres años de prisión.
El próximo 2 de diciembre se celebra una nueva vista en el Juzgado Penal 2 de Tarragona, donde está previsto que se archive definitivamente el caso, gracias al «regreso» del fiscal que recomendó esto en 2010.
Para Duque no hay duda que se ha tratado de un caso totalmente politizado, en que se ha intentado reprimir y amenazar a quien puso de relieve las ilegalidades cometidas por la Guardia Civil de L’Arboç. Y, por tanto, solicita el apoyo de la gente el día 2 de diciembre, para luchar contra la injusticia en una ciudad «tan de derechas como es Tarragona«.
Albert Capella. Secretario de Acción Social de CGT del sector del metal en el distrito de Poblenou, que no fue detenido, sino identificado en el curso de la Huelga General del 29 de marzo de 2012, pero aun así ha sido imputado.
Capella formó de un piquete informativo para informar a la gente del barrio, que realizó varias acciones durante la jornada de huelga. Debido a un retraso de un compañero que venía de Hospitalet, Capella llegó tarde a la convocatoria y no llegó a juntarse con el piquete más grande, pues una carga de los Mossos d’Esquadra se produjo antes de lograrlo. Capella fue identificado, registrado y puesto en libertad en el mismo momento.
El Ayuntamiento de Barcelona se personó en la causa como acusación y a Capella y otros tres imputados se les solicitó desde la fiscalía penas de 5 años y medio de prisión. Con la llegada del nuevo consistorio en junio, sin embargo, éste se retiró de la acusación y la solicitud de pena se ha rebajado a tres años de prisión, por cargos de daños continuados, por poner en riesgo la seguridad vial y por desórdenes públicos.
Para Capella, la Fiscalía pretende con esto relacionar todos los hechos acaecidos el 29-M, en que se produjeron alborotos y destrozos en el centro de Barcelona, para criminalizar todas las acciones de ese día, considerándolas como orquestadas y coordinadas. Resulta ridículo, a su entender, pues él fue retenido a las 9 de la mañana en Poblenou y los destrozos se produjeron por la tarde y noche en Ciutat Vella. Denuncia, también, que no les ha sido autorizada la presentación de pruebas ni testimonios exculpatorios y se les culpa de actos violentos producidos a las 11 de la mañana en Poblenou, cuando ya no estaban allí. Por ejemplo, no se les ha permitido el acceso a las imágenes de las cámaras de vigilancia públicas, que podrían exonerarles.
El 9 de octubre, en un, inusual, alarde de sentido común, se dictó sentencia absolutoria para los cuatro encausados.
Eva Sánchez / Laura Gómez. (Sindicalistas contra la mordaza) Miembros de CGT Barcelona, imputadas por una performance frente a la Bolsa de Barcelona el 29 de marzo de 2012 (quema simbólica de papel como si fuese dinero). Le son solicitadas penas de dos años y medio a cada una y 23 mil euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil y 19 mil euros de indemnización para la aseguradora de la Bolsa de Barcelona, por presuntos destrozos.
Según Sánchez, el piquete al que pertenecían, congregó a 17 mil personas, hecho que asustó mucho a las Fuerzas del Orden, encabezadas por Felip Puig, Conseller d’Interior en aquellos momentos, que consideró los actos llevados a cabo por el piquete como «el pistoletazo de salida para quemar Barcelona y crear en terror«. Se repite pues la teoría de la coordinación de la violencia.
También se ha negado el acceso a las imágenes de las cámaras que podrían exonerar a ambas.
Eva considera que se trata de una cuestión política, que intenta atemorizar a la gente y menguar la resistencia de los trabajadores. La fiscalía pretende «montar un circo» a su costa, como demuestra el hecho de que el juicio se compone de cinco días de sesión, para sólo dos imputadas.
Para Gómez, ninguna acción merece las actuaciones judiciales tan exageradas que se están llevando a cabo. Hay miedo por parte de las instituciones hacia la rebeldía de la gente. «La represión es un proceso muy largo que se mantiene durante mucho tiempo para generar miedo y temor a los trabajadores y su entorno«. Sirve de ejemplo y aviso para navegantes. Pero «no se ha de tener miedo, pues, en ese caso, los esfuerzos de otros compañeros que están sufriendo o en prisión no habrá servido para nada«.
Laura se toma su juicio como «un acto de denuncia«, en el que intentar demostrar la vulneración de los derechos fundamentales, como el derecho a manifestarse, prohibido cada vez que se produce una detención por un largo periodo de tiempo.
Tanto Eva como Laura no niegan los actos, pero sí las exageraciones del atestado y las desorbitadas imputaciones. Consideran que se produjeron en un contexto de legítima protesta social.
El 6 de octubre, se dicta sentencia condenatoria de 13 meses y medio para cada acusada, por daños (9 meses) y desórdenes públicos (6 meses y medio), a pesar de la retirada del proceso de la Generalitat y la aseguradora de la Borsa de Barcelona… La CGT emite el siguiente comunicado:
NO SE HA HECHO JUSTICIA
Ante el empecinamiento y la actitud beligerante de la Fiscalía para conseguir una sentencia ejemplarizante, a pesar de la retirada de la Generalitat y la Aseguradora de la Borsa de Barcelona, se nos ha impuesto una injusta condena de 9 meses por daños y 4 meses y medio por desórdenes públicos.
A la CGT nos indigna una sentencia de conformidad que se aleja de la absolución que pretendíamos, ante la posibilidad real del ingreso en prisión de nuestras compañeras Laura y Eva, a las que se les solicitaba dos años y medio de prisión.
No se ha hecho justicia. Este proceso tenia como objetivo coartar la libertad de expresión, de manifestación y de ejercer nuestro derecho a la huelga. También pretendía criminalizar y reprimir cualquier acción en un día de huelga general. No lo han conseguido, seguiremos luchando y defendiendo nuestros derechos.
Durante este largo proceso de más de tres años de duración hemos recibido el apoyo de la afiliación de la CGT así como de otros colectivos con los que coincidimos en la lucha diaria. Hoy se ha plasmado dicho apoyo con la asistencia de mas de 600 personas muchos de ellos venidos de diversas localidades del país, concentrándose desde las 9 de la mañana y realizando cortes de tráfico intermitentes. Los lemas mas coreados han sido “Si nos tocan a una nos tocan a todas” y “esta justicia es una mierda”.
Álvaro Barreiro. Miembro fundador de AST. Pertenece al grupo de apoyo por la libertad de Alfon, miembro del grupo antifascista Bukaneros, relacionado con el club de fútbol Rayo Vallecano, que fue detenido en 2012 por encontrar, supuestamente, materiales explosivos en la mochila que llevaba.
Alfon sufre, según Álvaro, una persecución política fruto del clima represivo que vive el país actualmente. Fue detenido a las puertas de su casa, a las 5 de la mañana del 14 de noviembre de 2012, durante la Huelga General. e incomunicado durante cuatro meses, al aplicársele la ley antiterrorista. Su familia tiene gran tradición en la lucha social del barrio.
Una vez fue puesto en libertad, Alfon declaró que había sido presionado para denunciar a los miembros de las redes de lucha social existentes en el barrio so pena de «comerse un gran marrón» en el caso de no hacerlo. Su negativa a hacerlo fue la causa de que su detención e incomunicación se prorrogara durante cuatro meses.
En el juicio, prosigue Álvaro, se produjeron numerosas incoherencias en las declaraciones de los policías. Pone como ejemplo la no aplicación del protocolo policial, en caso de encontrar un artefacto explosivo (la mochila de la discordia fue llevada a comisaria dentro del propio coche policial, sin ningún tipo de seguridad ni avisar a los TEDAX). Aún así, Alfon fue condenado, en un principio, a cinco años y medio de prisión.
Alfon fue detenido el pasado junio e ingresó en la prisión de Soto del Real. Su sentencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero Barreiro se muestra pesimista al respecto, dada la politización de esta institución. Más proclive se muestra a recurrir ante la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha recriminado en numerosas ocasiones a España por «condenas absolutamente indecentes«. Asimismo, está convencido que los presos que sufren la misma situación de Alfon han de ser liberados gracias a la presión popular, «el pueblo será quien los libere y no un tribunal«, afirma. La situación de Alfon ha fomentado la creación de numerosas plataformas ciudadanas, como, por ejemplo Madres contra la represión.
Actualmente, Alfon va a ser trasladado a la prisión de Navalcarnero, al cambiar su régimen penitenciario a uno más duro, en donde permanecerá incomunicado. Alfon se muestra satisfecho, pues considera que esto demuestra que se trata de un preso político.
«Los jueces y los fiscales están pringados y la calle ha de seguir luchando«, sentencia Álvaro.
Ante estos testimonios, y con la cautela propia de conocer todas las opiniones, no puede uno menos que indignarse. No es una cuestión de malos y buenos, sino de justicia moral y decencia.
Las sentencias absolutorias han de servir para seguir batallando. Las condenatorias, aún más.
