Una vez más, los fondos de inversión y las entidades financieras actúan en sintonía con el narcotráfico. Esos grandes propietarios se quedan de manos cruzadas cuando sus propiedades inmobiliarias son utilizadas para delinquir o se caen a trozos (o las dos cosas a la vez), pero sí actúan con toda su influencia cuando se trata de desahuciar a una familia.
En este caso (Vistalegre, 4), la vivienda había estado utilizada por narcotraficantes durante años (desde 2012 a 2017), hasta que las vecinas y los vecinos y la familia aprovechamos unos días en que no había nadie en la vivienda (mientras lo traspasaban a otros traficantes, como se verificó más tarde) para protegerla y darle el uso que debería tener: habitacional de verdad.
También las vecinas tuvimos que acudir en varias ocasiones a defender a la familia que había empezado a utilizarla ante los intentos de los traficantes de recuperarla por la fuerza. Los vecinos y vecinas hemos tenido que hacer todo esto porque las instituciones que deberían garantizar el derecho a una vivienda y el buen uso de las que ya existen no lo han hecho. Después que lo hubiéramos denunciado pública y reiteradamente, ni las administraciones competentes en vivienda, ni las policías, ni el sistema judicial, ni los propietarios actuaron como hubieran debido.
Gracias a nuestra acción, la calma volvió en ese edificio desde 2017 hasta el día de hoy. Logramos garantizar que la vivienda no cayera en manos de las mafias y pacificar la zona (lo que la propiedad, las administraciones y la policía
debería de garantizar). Durante todo este tiempo la familia ha querido normalizar la situación mediante un alquiler asequible pero la propiedad Bankia prefiere la vivienda para seguir especulando con el inmueble.
Todos los esfuerzos y recursos para evitar el desahucio no están sirviendo. Incluso se ha presentado una solicitud para la moratoria de desahucio con un informe de vulnerabilidad, familia mono parental y por ser de un gran tenedor, pero el criterio del juez ha desestimado esta circunstancia. Así que el lunes día 19 de julio a las 10:30H, si nadie lo remedia, Elisa será desahuciada junto a sus dos hijos.
Ya llevamos más de cinco años de lucha contra el uso de viviendas destinadas a actos delictivos, que proliferaron mientras se desahuciaban familias o se embargaban propiedades. Durante la crisis financiera, miles de viviendas cayeron en manos de los bancos que, posteriormente, el Estado tuvo que rescatar con dinero público.
Ya va siendo hora que los responsables políticos y judiciales obliguen a los grandes propietarios a cumplir con las leyes y la propia Constitución: el derecho a vivienda y el sometimiento del mercado inmobiliario a los intereses públicos.
