Una consultoría técnica y legal especializada en instalaciones de antenas y equipos de telefonía móvil en edificios y comunidades de vecinos lleva denunciando varias instalaciones de telefonía móvil al Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2020 por el incumplimiento de la propia ordenanza municipal de radiocomunicaciones.
Barcelona dispone de una Ordenanza Municipal de Radiocomunicaciones que protege a los ciudadanos frente al crecimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones. Y tenemos la suerte de tenerla, ya que lo peor sería su derogación como les gustaría a los operadores. Es una normativa de sencillo cumplimiento que impide que los operadores sobrecarguen y añadan antenas sin control y, sobre todo, sin un técnico responsable de cada ampliación que se realice.
El poco control que al Ayuntamiento ejerce sobre estas instalaciones al no cumplir su propia normativa está poniendo en riesgo a los vecinos ya que no existe control sobre ruidos (que van aumentando por la falta de mantenimiento de las estaciones base), instalaciones de seguridad como pararrayos (en varios proyectos ya se ha detectado el cálculo erróneo y la no instalación del pararrayos aun siendo necesario) y medidas contra incendios (en la ciudad de Barcelona ya ha habido varios incendios de estaciones base, presumiblemente por aumento de consumo y un mal dimensionamiento de las acometidas eléctricas). Este último caso es muy preocupante ya que pone en riesgo a todo el edificio y colindantes por la propagación del fuego, tal y como se ha visto por desgracia en Valencia recientemente.
Sin esta ordenanza o sin la aplicación de la misma, como está ocurriendo, se consigue que los operadores sigan ampliando estaciones base sin control de ruidos, sin responsables y sin recaudación por parte del ayuntamiento en concepto de tasas como se verá más adelante.
Al parecer, en octubre de 2020 un bufete de abogados, en colaboración con la consultora especializada “Tengo una Antena”, realizaron una auditoría aleatoria de 30 instalaciones en la ciudad de Barcelona. El resultado fue que se contabilizaron 71 antenas de telefonía móvil ya que en una instalación de telefonía móvil pueden estar varios operadores. De esas 71 Estaciones Base, ninguna estaba correctamente legalizadas. El aumento de nuevas tecnologías añadidas sin control del ayuntamiento comporta aumento de peso en las estructuras que en muchos casos sobrepasan los 20 años de antigüedad y en sus inicios no se calcularon para soportar las ampliaciones del 3G, 4G y sobre todo del 5G, por lo que existe un riesgo claro de seguridad. Ya se han producido caídas de mástiles y torres en varias localidades de Catalunya, por ahora y afortunadamente, sin daños personales. Sin embargo, el peligro está latente y así se le informó al Ayuntamiento haciendo caso omiso hasta la fecha.
La consultora “Tengo una Antena”, no es una entidad antiantenas, sino que, por el contrario, asesora a las comunidades de vecinos o asociaciones de vecinos que tienen una infraestructura de telecomunicaciones en su cubierta o en sus inmediaciones, y vela para que las estaciones base de telefonía sean seguras, para lo cual procura hacer cumplir estrictamente las normas y ordenanzas. Se encarga de realizar auditorías técnicas y legales de las instalaciones; revisión de contratos de arrendamientos para garantizar a las comunidades que reciban la compensación económica justa, así como realizar mediciones radioeléctricas y de ruidos ya que las de los operadores no se hacen públicas.
Dentro de las competencias del Ayuntamiento se encuentra el impacto visual, y la emisión de licencias de obra para las antenas de telefonía móvil. Sin embargo, hasta la fecha, estas competencias no han sido ejercidas de manera efectiva por los técnicos del ayuntamiento barcelonés. Desde 2020 se le han presentado denuncias, que han sido obviadas tanto por el Departament de LLicències d´Activitat, como por los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona, demostrando una desidia incomprensible.
Las denuncias y las constantes reclamaciones sin respuesta hacen referencia a varios conceptos:
-Impacto visual. Barcelona dispone en su Ordenanza de un catálogo de soluciones constructivas para integrar las antenas en el entramado urbano. El Ayuntamiento está permitiendo con su desidia que los operadores construyan sin respetar el aumento de impacto visual.
-Ampliación de nodos sobre un mismo mástil de antenas, a la que se han ido añadiendo operadores y antenas 2G, 3G, 4G y 5G, con el consiguiente incremento de peso y sobrecarga en la terraza del edificio. Hay un serio peligro de desprendimientos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos mástiles se diseñaron para el 2G de hace 20 años.
– Perjuicio económico para las arcas municipales. Esta desidia se traduce en que se han dejado de cobrar mediante tasas muchos miles de euros. Cada vez que un operador añadía una nueva tecnología en tasas pagaba más de 2.000 € entre Licencias de Obras, Ambientales y Certificados de Compatibilidad Urbanística.
– De las 71 estaciones denunciadas, ninguna cumplía la ordenanza municipal, y en 21 de ellas el operador de telefonía no había presentado nunca ninguna documentación, es decir, se ha instalado toneladas de hierro sobre un edificio sin pagar ni un euro y sin un solo proyecto que lo supervise. Algunos operadores llevan funcionando de forma ilegal desde hace 20 años.
– En 41 antenas no se había realizado Control Inicial (CI), y en otras se han realizado ampliaciones posteriores sin que se haya presentado nueva documentación ni Control Inicial. De nada sirve un CI del año 2012 si desde entonces han ampliado la estación con 3G, 4G y el actual 5G.
Los denunciantes que acusan al ayuntamiento de incumplimiento de su propia ordenanza municipal en materia de telefonía móvil, siguen esperando recibir una respuesta, y la actuación subsiguiente por parte de Ayuntamiento. Al parecer han detectado más de 200 antenas en el mismo mal estado, sólo en la ciudad de Barcelona.
La NO exigencia de aplicación o el incumplimiento de la Ordenanza de Radiocomunicaciones provoca en la ciudadanía lo siguiente:
– Antenas repletas de hierro sin calculo estructural que acredite su estabilidad y la del edificio donde se ubican.
– Incremento de altura máxima en edificios sin tener en cuenta la protección contra descargas atmosféricas. Esto provoca un claro riesgo de incendio.
– Falta de comprobación de la existencia de sistemas de prevención contra incendios en dichas actividades.
– Emisiones de ruidos no comprobadas por la administración o entidades acreditadas.
– Menor recaudación en concepto de tasas ya que los operadores instalan y aumentan sus instalaciones sin conocimiento del ayuntamiento.
